México cae seis lugares en el Índice de Percepción de la #Corrupción 2017


Los ciudadanos perciben niveles iguales a Honduras, Kirguistán, Rusia y Laos; en la región, el país está peor que Brasil, Argentina y Colombia, señala informe.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, al pasar del sitio 129 al 135 –de 180 países evaluados en materia anticorrupción–, y a nivel regional se colocó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe.

El documento publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana destaca que México obtuvo una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor calificado en la materia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil (en el lugar 96, con una calificación de 37 puntos), Argentina (en el lugar 85, con 39 puntos) y Colombia (en el sitio 96, con 37 puntos), y ocupa la misma posición que Honduras y Paraguay. Además, es el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con un comunicado difundido por Transparencia Mexicana, esos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia por sí sola no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción.

Y en México, agregó, ha habido “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, además de la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones.

Según el índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como la mejor nación del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad.

“Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito”, se lee en el comunicado.

De igual manera, destaca que diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como privado.

E hizo cuatro recomendaciones al país, entre ellas asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional, así como incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasmas”.

Asimismo, crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados. Y, por último, avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos.

Fuente: Proceso

Saludos

Mario Meneses

 

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El Cisen que dejó Ímaz: desorden, simulación e ineptitud. #SeguridadNacional


Realmente siempre estamos hablando de lo deficiente que resultan los servicios de Seguridad Publica, por ejemplo: que si tienen buenas presentaciones, que si su unidades automotrices están en buenas condiciones, que si tienen suficiente capacitación y un sin numero de detalles que nunca nos convencen, los argumentos de sus representantes siempre suelen ser los mismos, “estamos revisando el presupuesto para mejorar las condiciones de nuestros policías”. Pero que hay de cierto, cuando dicen que si la cabeza no esta bien, los pies van en otra dirección.

Lo que siempre nos llama la atención, es como el presupuesto para seguridad siempre va en aumento, porque es prioridad para una nueva administración o un compromiso con la ciudadanía, pero la realidad es muy diferente, en esta ocasión le toca al CISEN, veamos como esta nuestra Seguridad Nacional.

Saludos!!!

Veamos la siguiente publicación de Contralinea

febrero 8, 2018 at 9:00 am

AUTOR: 

Durante este sexenio, el Cisen recibió más de 31 mil millones de pesos, el presupuesto más alto de su historia. Pero la seguridad nacional empeoró. El propio Centro se desdibujó y hoy es un cascarón sin identidad ni rumbo. Eugenio Ímaz usó al Centro para intentar hacer presidente de la República a su jefe, Osorio Chong, y dejó el país al garete. Fracasó en todo

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no termina de tocar fondo. La crisis en que lo metió el gobierno de Vicente Fox se profundizó en el de Felipe Caderón y su deterioro continuó con Enrique Peña Nieto.

Al finalizar 2018, el servicio de inteligencia civil del Estado mexicano habrá erogado más de 31 mil 300 millones de pesos a lo largo del presente sexenio. Se trata del monto más abultado desde la fundación del organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob). La cifra se desprende del estudio ElPresupuesto Público Federal para la Función Seguridad Nacional, ediciones de 2013 a 2018, elaboradas por el investigador parlamentario Reyes Tépach, del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la nación es más vulnerable: los cárteles del narcotráfico son más poderosos y controlan amplias regiones del país (a donde el mismo presidente de la República no puede arribar); la supervivencia de México depende ahora de actores externos hostiles, como los estadunidenses, y la corrupción se enquistó en los tres poderes y niveles de gobierno.

La violencia, lejos de disminuir, se incrementó: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce más de 120 mil asesinatos durante el sexenio; además, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, los desaparecidos suman más de 32 mil, entre ellos los 43 de Ayotzinapa, y –de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos­– en el país hay más de 310 mil personas desplazadas.

Todo es consecuencia de mantener una política de seguridad nacional totalmente errónea, “de continuidad con la de Felipe Calderón”, considera el doctor Guillermo Garduño.

“Y lo único que se ha conseguido es un debilitamiento en la opinión pública de las Fuerzas Armadas; un avance innegable del crimen organizado; una penetración cada vez más fuerte de estas organizaciones en la vida cotidiana de México”, considera el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

Y es que, remata el doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, “la seguridad del Estado está en manos de gente que nunca debió de haber entrado en este tipo de dinámicas”.

La “malformación” del Cisen

Sobre el Cisen recaen las principales responsabilidades en materia de seguridad nacional. Pero hoy poco sirve para las funciones que fue creado. Jorge Carrillo Olea, director fundador del organismo, da cuenta de la transformación que ha sufrido el Centro.

En un libro de próxima aparición, el general retirado señala que “sin tener un proyecto de un órgano de inteligencia criminal especializado, sino solamente una idea producto de un deseo, en 5 años se ha ido transformando al Cisen, de una instancia de inteligencia para la seguridad nacional a una de investigación criminal”.

Lo cierto es que hoy el Cisen no es lo uno ni lo otro. Carrillo Olea –quien además de fundar el Cisen se desempeñó como jefe de la Sección Segunda (inteligencia) del Estado Mayor Presidencial, subsecretario de Investigación Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, entre otros cargos, subsecretario de Gobernación– lo explica así: “Ha habido buenas intenciones, no un método de transformación; pero 5 años son muchos y, aun inercialmente, de aquel Cisen ha resultado un malformado órgano de inteligencia criminal, dejando en ayunas a la inteligencia para la seguridad nacional, como si ésta no fuera primordial”.

CISEN
CIUDAD DE MÉXICO, 26JULIO2017.- Eugenio Imaz, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y MIguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, durante la ceremonia de entrega de menciones honoríficas y reconocimiento a unidades y persona del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en la explanada del Campo Militar no. 1-A.
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Esta situación es más preocupante si se tiene en cuenta que las otras instancias que debieran velar por la seguridad nacional también se están transformando en instituciones estrictamente anticrimen. El libro de Carrillo Olea, Prospectiva de la seguridad pública en México. Buscando la aguja en el pajar, que se encuentra en proceso de impresión, da cuenta de la confusión y el fracaso de estos organismos.

“Participan en materia de este fallido esfuerzo de inteligencia, sin confesarlo, negándose a toda transparencia, la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] y la Semar [Secretaría de Marina]. Indebidamente en esta primordial tarea [de la seguridad nacional] la SRE [Secretaría de Relaciones Exteriores] está ausente: no se les convoca firmemente y ellos eluden comprometerse; el despliegue diplomático en todo el mundo poco aporta.”

Sólo fracasos

Pero incluso, en materia de inteligencia criminal, el fracaso del Cisen es estrepitoso. Han pasado más de 5 años y, a decir de Guillermo Garduño, el Centro no ha podido penetrar a los grupos de carácter delictivo. Las detenciones más escandalosas de los capos del narcotráfico se deben a información proporcionada por las agencias estadunidenses.

Y si no sirve para combatir a la delincuencia organizada, en lo demás el Cisen está peor. No funciona para proteger a la nación. “¿Qué tanto se ha a anticipado a las amenazas que proceden del exterior? ¿Qué tanto se han evaluado los riesgos de las acciones que en este momento está desarrollando la administración federal?”

En el panorama no se precia siquiera que se pueda vencer a los cárteles del narcotráfico mediante la estrategia vigente.

Guillermo Garduño señala que el Centro funcionará cuando trabaje por contar con una perspectiva del futuro del país y por estudiar la capacidad de la nación para asegurar a sus habitantes un futuro probable y deseable de bienestar. “Y ya no dedicarse a estar espiando personas, periodistas; dejarse de chantajear con información privilegiada; o servir de gancho para beneficiar con información a grupos corruptos”.

Ímaz, otro inexperto

Eugenio Ímaz Gispert asumió el cargo de director del Cisen en diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue investido presidente de la República. A pesar de que la ley exigía que el director del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano contara con estudios profesionales, en esos momentos el flamante director no estaba titulado.

Como se documentó en Contralínea 410, Eugenio Ímaz no acreditó su capacidad para estar al frente de la institución encargada de la seguridad nacional. En respuesta a este medio de comunicación, la Secretaría de Educación Pública tuvo que reconocer que no había expedido cédula profesional alguna a nombre del director del Centro.

Además, en su trayectoria laboral no había desempeñado cargos relacionados con la seguridad nacional. Su formación, más bien, incluía intentos por desarrollarse en la cinematografía, donde pudo participar como actor de reparto en la película El coyote emplumado, de la actriz María Elena Velasco, conocida como la India María.

Para Guillermo Garduño, Eugenio Ímaz sólo usó al Cisen como instrumento al servicio de los intereses personales de quien lo nombró: el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Señala que una vez que Osorio Chong perdió la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República frente a José Antonio Meade y renunció a la Secretaría de Gobernación, estaba claro que Ímaz también dejaría al Cisen.

CIUDAD DE MÉXICO, 21DICIEMBRE2017.- Eugenio Ímaz Gispert, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, a su llegada al la XLIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en salón Tesorería de Palacio Nacional.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

“El señor Ímaz había llegado al Cisen para preparar la campaña de Osorio Chong. No llegó con un proyecto de Estado, sino con el proyecto pervertido de que Osorio llegara a la Presidencia. La idea de Estado, de lo que sería un sistema de inteligencia de Estado, es otra cosa.”

Agentes en el extranjero, desperdiciados

No es la única pifia. El Cisen ha sido incapaz de comportarse institucionalmente. Durante la dirección de Eugenio Ímaz, las representaciones del Cisen en el extranjero no fueron utilizadas para proteger a la nación, sino para espiar a los propios mexicanos.

Carrillo Olea califica de “lastimoso” el papel desempeñado por el Cisen en el extranjero, concretamente en Estados Unidos. Ofrece un ejemplo. “Las tareas de los representantes del Cisen en 11 ciudades estadunidenses, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Nueva York y San Antonio, por falta de un proyecto desde su creación, penosamente han estado enfocadas a investigar actividades de agrupaciones o asociaciones de mexicanos legales e ilegales, y no en las explícitas responsabilidades de su competencia. Es un caso preocupante y penoso que revela una gran ineptitud más que mala fe”.

De acuerdo con información obtenida por Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 11 oficinas que el Cisen mantiene abiertas en el extranjero erogan alrededor de 8 millones de pesos cada año.

Esas oficinas no han servido para nada, pues no han ofrecido ninguna información valiosa para proteger a la nación. Señala Carrillo Olea en su libro inédito: “Si [los mexicanos] nos quejamos tanto, ¿por qué nunca se dan aseguramientos de tráfico de armas ni en México ni en Estados Unidos? Quizá para no molestar a los destinatarios, a los remitentes, a algún gobierno amigo”.

El asunto es que la relación del Cisen con sus contrapartes estadunidenses es sospechosa. “Una relación más formalizada daría la oportunidad a la sociedad de participar por medio de un observatorio ciudadano o individualmente. La secrecía con que se maneja tan delicada relación da lugar a disimular muchas omisiones”.

Ahora bien, a decir de Carrillo Olea, México sí necesita un centro especializado en inteligencia criminal. Pero no puede ser el Cisen, porque este organismo tiene otra encomienda.

“El afán por improvisar en busca de solución a problemas que ellos mismos crearon, como la deformación del Cisen, que debería haberse mantenido como vaso regulador de la inteligencia para la seguridad nacional, la actual administración creyó inventar un supletorio de esa instancia de coordinación que en otros países es llamada ‘comunidad de inteligencia’. Así creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia con cinco centros regionales que son otra simulación.”

El también exgobernador de Morelos y exasesor de la Presidencia de la República en materia de asuntos internacionales sobre el control de drogas, señala que el desorden campea a simple vista. Ni siquiera es necesario indagar demasiado para ver la precariedad de tal proyecto.

“Nadie sabe con claridad qué es, quién lo dirige ni cómo opera: otra vocación por inventar lo que ya existe. Al crearse, la Secretaría de Gobernación [Segob] informó que el centro está integrado por funcionarios de la propia secretaría dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, el Cisen y expertos de la Sedena, la Semar y la PGR [Procuraduría General de la República]. No dijo más ni se ha sabido de sus beneficios.”

Seguridad, cada quien entiende lo que le conviene

Uno de los principales problemas es que las instituciones encargadas de la seguridad no tienen claridad sobre sus objetivos y atribuciones. “No hay unidad de criterio”, señala Jorge Carrillo Olea.

En el libro explica: “Es evidente la disparidad de interpretaciones en el seno de la administración pública sobre los conceptos de seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad internacional, defensa exterior, Guardia Nacional, Fuerza Armada Permanente, seguridad interior, seguridad de la nación, Fuerzas Armadas, seguridad pública, seguridad ciudadana, inteligencia, policía, algunas de ellas de origen constitucional y aún más conceptos”. Lo anterior, concluye, “ha provocado divergencias en percepciones e interpretaciones”.

Carrillo Olea expone algunos aspectos de la confusión interinstitucional. El galimatías gubernamental empieza con que “La Segob, por seguridad nacional, entiende esencialmente lo vinculado a la política interior en algunas de sus facetas. La SRE debe hacer lo propio de cara al exterior. La Sedena, posponiendo aspectos de amenazas externas intangibles en nuestras realidades, se asume actor principal de seguridad pública. La Semar también se asume como actor fundamental de la materia: lo interpreta de manera semejante a la Sedena y se planta en una mal disimulada rivalidad con ella. La SHCP sólo percibe el tema como un rubro de erogaciones, poco entiende el apoyar en la investigación de movimientos ilícitos de capital. La PGR cree que el vórtice de tan plural materia es asunto de ministerio público. La Presidencia, que debiera promover una unidad de criterios doctrinales globales, darle una vigencia nacional y proponer su adopción, se limita a expedir programas sin seguimiento y a presumir los muertos del día (los llama “abatidos”).

El legislador Luis Humberto Fernández Fuentes apunta: “La confusión ha reinado. Y como están confundidos, gastan mucho y mal”. El integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional advierte que, además, la opacidad está en la propia ley. Y esta “imprecisión jurídica” resulta muy costosa: “todo lo considera de ‘seguridad nacional’, y esto los exime de cumplir los requerimientos de transparencia”.

El doctor Martín Gabriel Barrón Cruz observa que el desastre de la seguridad nacional en México tiene uno de sus orígenes en la propia legislación al respecto. “Existe una ley que norma el trabajo y la actuación de la seguridad nacional, pero es letra muerta. No se realiza. Y esa Ley de Seguridad Nacional va a quedar todavía más obsoleta con la Ley de Seguridad Interior”.

A decir del experto en seguridad e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la nueva Ley –aprobada de manera polémica y promulgada por Peña Nieto el pasado diciembre– viene a confundir aún más los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. “Y esta confusión ha generado un debilitamiento cada vez mayor de la seguridad nacional”.

Lo peor es que esta debilidad no se queda solamente en el aspecto jurídico, señala el doctor en humanidades y también docente en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena, sino que se traslada a la parte operativa.

Y advierte de un peligro: el sometimiento de las instancias de seguridad supuestamente civiles a las castrenses. Incluso, la Ley de Seguridad Interior fue una exigencia de la Sedena desde los albores del sexenio. En el programa nacional de defensa se señala con todas sus letras.

“No importa el presupuesto que le des a las instancias civiles –considera Barrón Cruz–, porque a fin de cuentas las militares son las que están dominando. Y muchos de quienes dirigen o son integrantes de las civiles son militares. ¿Dónde está realmente el carácter civil de esas instituciones?”

La falta de unidad de criterios no es un asunto menor. Carrillo Olea señala que esa carencia estructural se traduce en “descoordinación, vacíos, sobreposición de acciones y rivalidades entre las instituciones que mucho dañan al teórico sistema de seguridad y, en síntesis, se convierten en ineficacia”.

Las autoridades parecen no comprender que una unidad de criterios doctrinales “garantizaría una más elevada conciencia ética protectora de los derechos humanos, mejor determinación de funciones, una estructura orgánica más eficiente y un mejor aprovechamiento del recurso presupuestal”.

México sin autentica Agenda de riesgos

Hoy todo y nada es materia de seguridad nacional. Por eso hay muchos responsables y ninguno en realidad. Carrillo Olea destaca el caso del anteriormente llamado gabinete de seguridad nacional. Se dispuso su instauración en la Ley de Seguridad Nacional de 2005. Pero, con una “óptica ajena”, se modificó posteriormente.

“De lo simple y eficiente de ser un órgano breve, corto, presidido por el jefe del Ejecutivo federal e integrado por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Hacienda y la PGR, con posibilidades de hacerse auxiliar con asistencias circunstanciales de quien fuera necesario, se le amplía en la ley y con ello se burocratiza y complica su funcionamiento. ¿Qué tendría qué hacer en él la Secretaría de la Función Pública? Incorporar, además, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es señal de una concepción burocrática no estratégica.”

El desastre de la seguridad nacional, y particularmente del Cisen, ha impedido que el país cuente con una auténtica Agenda Nacional de Riesgos. El documento que por ley elabora el Cisen es, a decir de Guillermo Garduño, pobre y equivocado.

Considerado de carácter secreto, Contralínea tuvo acceso a tres versiones (2013, 2014 y 2015) y en un reportaje seriado de 13 partes, señaló cuáles son los riesgos y amenazas que el Centro observa. Entre ellos, figuran los movimientos sociales y la oposición a las “reformas estructurales”. Nada se dice de actores del sector empresarial, estadunidense o de la corrupción enquistada en las estructuras de gobierno.

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes señala que la administración de Peña Nieto se caracterizó por devastar instituciones. Las de seguridad nacional no fueron la excepción. “Al final del sexenio no tenemos un Estado más sólido ni más seguro. Terminó el sexenio y no hubo un planteamiento de seguridad nacional ni pública”.

Hoy el país más vulnerable. El legislador ejemplifica con tres decisiones políticas en la que no se tomó en cuenta el riesgo que correría la nación. Uno tiene que ver con el sector energético. Las políticas llevadas a cabo por Peña Nieto hoy tienen como consecuencia que el  país tenga que importar el 71 por ciento de las gasolinas que se consumen. “Y las importamos a los republicanos texanos, lo que nos coloca en una vulnerabilidad de seguridad nacional muy importante”.

Otra vulnerabilidad que observa el legislador es la del internet. No hay una idea siquiera de cómo proteger la soberanía. “La mayoría de los países han tomado precauciones para no depender en sus transacciones económicas o sociales de una potencia extranjera. Nosotros no tenemos nada de eso. Si un día se da algún tipo de bloqueo, no tendremos ninguna capacidad de respuesta”.

El otro gran riesgo del Estado mexicano que, lejos de combatirse en este sexenio se alimentó, es el de la corrupción. “No se avanzó nada en su combate. Por el contrario, se avanzó en la impunidad y en que este grupúsculo que gobierna confundió el patrimonio de Estado mexicano con sus intereses particulares”.

El Cisen, tal como lo dejó Eugenio Ímaz, no le sirve a la nación, considera Guillermo Garduño. Hoy se trata de un organismo que está al servicio de unas 100 mil personas, apunta el académico.

Además, ahora en las vísperas de las campañas electorales por las que se renovará el gobierno federal, será utilizado para favorecer los intereses de un grupo. Quienes hoy lo dirigen “están actuando con una perspectiva de régimen para conocer los escenarios y reducir su incertidumbre frente a la elección presidencial inmediata”.

Desde el 10 de enero pasado, el director del Cisen es Alberto Bazbaz Sacal. El abogado por la Universidad Anáhuac es otro de los incondicionales del presidente de la República. Se desempeñó como litigante en el sector privado y luego ocupó algunos cargos en la administración pública, siempre al amparo de Peña Nieto. Hasta antes de ser nombrado director del Centro, se desempeñaba como director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

A Bazbaz se le recuerda por el llamado “caso Paulette”. En 2010, entonces procurador del  Estado de México –cuando el gobernador de la entidad era Peña Nieto–, Bazbaz anunció que la desaparecida niña de 4 años de edad Paulette Gebara se había asfixiado accidentalmente y que su cuerpo estuvo en su propia cama durante los 9 días que la policía y familiares la buscaron. Hoy, a unos meses de que concluya el sexenio, está en el Cisen a las órdenes de lo que diga el presidente.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]

Fuente:  Contralinea

 

“Diálogo de saberes en #Seguridad COLADCA”


Así fue el desarrollo de nuestro Diálogo de saberes en Seguridad COLADCA del pasado 17 de Febrero de 2018, instalaciones de la Universidad Militar “Nueva Granada y con las presentaciones de importantes conferencistas invitados como fueron: – Ing. Miller Alexis Romero. CEO Consultores y Auditores en Gestión SAS, ingeniero industrial y Máster en Gestión de Riesgos. – CR(RA) Jairo Andrés Caceres G. Docente e investigador en la cátedra de Ciberguerra y Logística Militar en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerzas Militares. – DR. James Ricardo Celis. Superintendente Delegado de Control, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, SIPLAFT para el sector vigilancia y seguridad privada. A todos ellos y el equipo organizador muchas gracias por seguir “Dejando Huella” más información: http://www.coladca.com
Saludos
Mario Meneses

Rebelión contra las redes sociales



Redes Sociales

Sean Parker siempre fue un tipo polémico. No en vano fue el creador de Napster, la plataforma de descargas que segó los tobillos de la industria discográfica en los años noventa. Cuando el pasado 8 de noviembre tomó la palabra en un acto de la firma Axios en Filadelfia para decir que se arrepentía de haber impulsado Facebook, echó un tronco más al fuego que viene quemando las redes sociales en 2017, su particular annus horribilis. Al fin y al cabo, él fue en 2004 el primer presidente de la plataforma que comanda Mark Zuckerberg. Explicó que para conseguir que la gente permaneciera mucho tiempo en la red, había que generar descargas de dopamina, pequeños instantes de felicidad; y que éstas vendrían de la mano de los me gusta de los amigos. “Eso explota una vulnerabilidad de la psicología humana”, afirmó. “Los inventores de esto, tanto yo, como Mark [Zuckerberg], como Kevin Systrom [Instagram] y toda esa gente, lo sabíamos. A pesar de ello, lo hicimos”.

Parker se declaró ese día objetor de las redes sociales. Culminó su intervención con una frase inquietante: “Solo Dios sabe lo que se está haciendo con el cerebro de los niños”.

Hubo un tiempo en el que al que renegaba de estas plataformas se le tachaba por defecto de resistente al cambio, de viejuno. Ese tiempo pasó. Una auténtica tormenta se está desatando en torno al papel que desempeñan las redes sociales en nuestra sociedad. Y son grandes popes de Silicon Valley los que han empezado a alzar la voz. Se acusa a Facebook y Twitter de haberse convertido en espacios que crispan el debate y lo contaminan con información falsa. Circula ya la idea de que hay que deshabituarse en el uso de unas plataformas diseñadas para que pasemos el máximo tiempo posible en ellas, que crean adicción; las redes (combinadas con el móvil) como invento contaminante, adictivo, el nuevo tabaco. Un problema de salud pública. Un problema de salud democrática.

El grupo de arrepentidos de las redes se ha ido nutriendo en los últimos meses. El pasado 12 de diciembre, un exvicepresidente de Facebook, Chamath Palihapitiya, aseguraba que las redes están “desgarrando” el tejido social. “Los ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad”, declaró en un foro de la Escuela de Negocios Stanford. El 23 de enero, Tim Cook, consejero delegado de la todopoderosa Apple, afirmaba que no quería que su sobrino de 12 años tuviera acceso a las redes sociales. El 7 de febrero, el actor Jim Carrey vendía sus acciones de la plataforma y animaba a boicotear Facebook por su pasividad ante la interferencia rusa en las elecciones.

 *

La percepción que tenemos de las redes ha mutado. Nacieron como un instrumento para conectar con amigos y compartir ideas. Paliaban el supuesto aislamiento que generaba Internet. Se convirtieron en una fuerza democratizadora al calor de la primavera árabe. Parecían una herramienta perfecta para el cambio social, empoderaban al ciudadano. “Daban voz a los que no tenían voz”, recalca en conversación telefónica desde Reino Unido Emily Taylor, ejecutiva del Oxford Information Labs que lleva 15 años trabajando en asuntos de gobernanza en la Red. “En tan solo siete años, todo ha cambiado. Preocupan esas campañas políticas de anuncios dirigidas a alterar los procesos electorales”.

Si Facebook te filtra la información, al final solo te muestra una visión de los hechos, te radicalizas”, dice la investigadora Mari Luz Congosto

El paso por las urnas del Brexit y la elección de Donald Trump son dos de los fenómenos que empujaron a todo el mundo a hacerse preguntas: ¿cómo nadie lo vio llegar?. La respuesta, en parte, se buscó y se encontró en las redes.

Facebook fue citada en octubre por el Comité de Justicia del Congreso norteamericano para explicar su papel en la interferencia rusa en las elecciones en EE UU en 2016. Admitió que 126 millones de personas habían podido acceder a contenidos generados por unos supuestos agentes rusos (la Internet Research Agency), que también colgaron cerca de un millar de vídeos en YouTube y 131.000 mensajes en Twitter. Entre todas esas noticias basura se deslizaban historias delirantes como la de que Hillary Clinton había vendido armas al ISIS.

CRISPACIÓN

Un estudio de Pew Research publicado en octubre de 2016 señala que el 49% de los usuarios norteamericanos consideran que las conversaciones políticas en las redes sociales son más furiosas que en la vida real. Contribuyen a la crispación.

“En Twitter”, dice la investigadora Mari Luz Congosto, “el tono es muy áspero en los últimos dos años. Se ha incrementado el tono agrio, antes era más jocoso. Los mensajes se han vuelto más duros”.

Desde las redes se arguye que eso es algo imputable a los humanos, no al vehículo que las transmite.

Y desde Twitter recuerdan que las redes están sujetas a la ley y la legislación europea y que, por ejemplo, una evaluación independiente de la Comisión Europea apunta que, de media, las compañías tecnológicas han retirado el 70% de los discursos de odio ilegales que les fueron notificados.

Pero esta no ha sido la única polémica. Las redes han estado en el foco por la compra de seguidores ficticios por parte de influencers; por los linchamientos públicos de personas que son denunciadas en las redes y quedan condenadas al ostracismo sin juicio mediante; por siniestros episodios como crímenes emitidos en directo. Y en Myanmar, Facebook ha vivido uno de sus peores episodios: el año pasado fue acusada de convertirse en el vector fundamental de la propaganda contra la minoría rohingya, víctima de un genocidio. Annus horribilis.

Un reportaje de investigaciónpublicado la semana pasada por la revista Wired pone de manifiesto el infierno interno que la organización ha vivido en los últimos dos años. La tensión sobre qué hacer una vez embarcados en lo que era una realidad — su condición de vehículo informativo global—, las dispu­tas sobre cómo enfrentar la avalancha de noticias falsas y la crispación que inundaba sus páginas ha segado el optimismo reinante, incluido el del propio Zuckerberg.

Es un hecho. Facebook es la plataforma líder en redirigir a los lectores hacia contenidos informativos desde mediados de 2015, cuando superó en esto a Google. Más de 2.130 millones de personas forman parte de su comunidad. Hay 332 millones en Twitter. Dos tercios de los adultos norteamericanos (el 67%) declaran que se informan vía redes sociales, según un estudio de agosto de 2017 realizado por el Pew Research Centre.

Facebook no crea contenidos, pero sí los ordena. Primero decidió llevar a cabo una labor editorial con un equipo de periodistas que elegían las noticias más populares. Después, tras varios escándalos durante la campaña, apostaron por los algoritmos, delegaron en la máquina. El tiro les ha salido por la culata.

El problema es el modelo de negocio. Así lo señala Emily Taylor. El usuario acepta ceder datos a cambio de un servicio gratuito. Los algoritmos usan esa información para determinar los intereses del usuario. Las firmas publicitarias pagan por ello. “No solo se extraen datos de lo que se cuelga públicamente”, precisa Taylor, “sino también de la localización, de los mensajes privados”. Cuanto más tiempo pasamos en la plataforma, más datos se pueden extraer. Una noticia chocante, sensacionalista, incluso inverosímil, llama más a la lectura que un sosegado y equilibrado análisis. Una deriva que afecta tanto a las redes como a los medios de comunicación tradicionales.

Facebook no crea contenidos, pero sí los ordena. Primero decidió llevar a cabo una labor editorial con un equipo de periodistas que elegían las noticias más populares

Luego está la cuestión del algoritmo. El usuario de una plataforma como Facebook no ve todo lo que publican sus amigos. Ve lo que la máquina elige conforme a una fórmula que Facebook no revela. “Te muestra lo que quiere el algoritmo, no sabemos con qué objetivo, si perverso o no”, dice Mari Luz Congosto, experta en redes e investigadora del grupo de telemática de la Universidad Carlos III. “Pierdes una parte de tu libertad y la plataforma hace negocio con eso. Manipula lo que la gente lee, marca el camino”.

Y el problema es que el algoritmo manda cada vez más. Hemos pasado de un Internet al que se accedía mediante ordenadores, en los que uno buscaba, exploraba, a uno al que se llega mediante aplicaciones instaladas en el móvil. Algo que sucede, sobre todo, con toda una generación de jóvenes que vivendentro de su teléfono. Y que ocurre en países pobres con mucho teléfono y poco ordenador. “Internet llega a ti mediante un algoritmo, no eres tú el que vas a buscar algo a Internet”, asegura en conversación telefónica desde Bogotá la abogada y activista digital guatemalteca Renata Ávila, asesora legal de derechos digitales de la World Wide Web Foundation, organización presidido por Tim Berners-Lee, el inventor de la world wide web. Y recurre a una metáfora: “Antes operábamos en la calle, el mundo era nuestro, entrabamos y salíamos de los edificios. Ahora estamos encerrados en un centro comercial con reglas estrictas que solo buscan maximizar el modelo de negocio”.

“Internet llega a ti mediante un algoritmo, no eres tú el que vas a buscar algo a Internet”, asegura la abogada y activista digital guatemalteca Renata Ávila

Para Ávila, el problema no es exclusivo de Facebook, ni mucho menos. Todas las plataformas funcionan igual: “El problema es la arquitectura del móvil, de las apps. El modelo de negocio”.

A todo ello hay que añadir el efecto burbuja. El usuario lee lo que le mandan sus amigos y la gente que le es afín ideológicamente: un estudio publicado en la revista científica norteamericana PNAS y que analizó 376 millones de interacciones entre usuarios de Facebook concluyó que la gente tiende a buscar información alineada con sus ideas políticas. “Si Facebook te filtra la información”, opina la investigadora de redes Mari Luz Congosto, “al final solo te muestra una visión de los hechos, te la refuerza y, por tanto, te radicalizas”.

El modelo de negocio también está detrás del problema de la adicción a las redes, diseñadas para enganchar al usuario. Algún día puede que tengan que responder por ello, como lo tuvo que hacer la industria del tabaco.

Personas esclavizadas por su perfil, por la imagen que deben dar a sus seguidores; chicas que con el paso del tiempo se fotografían cada vez con menos ropa en Instagram para conseguir más likes; adolescentes que no se despegan del teléfono por la cantidad de mensajes a los que se ven obligados a contestar y cuya amistad parece evaluarse en términos de rayitas que marcan sus interacciones en Snapchat. La lista de críticas al impacto social de estas plataformas es variada.

En la última edición del Foro de Davos, el multimillonario George Soros resumió en una intervención los problemas que, estima, plantean las redes. Dijo que mientras las compañías petrolíferas y de minería explotan el medio ambiente, las redes sociales explotan el ambiente. Que, al influir en el modo en que la gente piensa y se comporta, implican un riesgo para la democracia.

Ahora les llueven las críticas, pero tienen muchas líneas de defensa. Cuando el pasado 10 de enero el escritor Lorenzo Silva anunciaba que, harto de ruido, tiempo perdido e insultos, dejaba Twitter, la periodista y prolífica tuitera Carmela Ríos publicó un decálogo de las razones que le llevan a mantenerse en esta red social. Escribió: “Estoy en Twitter porque es una herramienta de comunicación política del siglo XXI”. Y a partir de ahí desgranó sus motivos en 10 tuits: “Porque las redes son necesarias en la era de la desinformación, no es posible detectar o combatir noticias falsas sin conocer su ecosistema natural”; “porque he aprendido con los años a racionar su uso”; “porque es una maravillosa fuente de conocimiento”; “porque he aprendido a discriminar entre sus mejores usos (el menos interesante, sin duda, la tertulia o el debate político)”; y porque permite “conocer a personas cuyas ideas, conocimientos, proyectos o sentimientos merecen la pena”.

Este periódico solicitó hablar con algún portavoz de Facebook y de Twitter para que pudieran responder a algunas preguntas. Ambas ofrecieron, en cambio, enviar información por correo electrónico.

La cuestión es qué hacer. Porque aunque Zuckerberg ha anunciado que está dispuesto a poner coto a noticias, marcas y memes, aunque vaya a retocar el algoritmo para que haya menos información y más relación entre usuarios, no querrá perder los ingresos en publicidad que entran en función del tiempo que se emplea en su red.

Jonathan Taplin, emprendedor que publicó el año pasado el libro Move Fast And Break Things: How Facebook, Google And Amazon Cornered Culture And Undermined Democracy (Muévete rápido y rompe: cómo Facebook, Google y Amazon arrinconaron la cultura y socavaron la democracia), tiene todas sus esperanzas puestas en la UE. “Europa está liderando al mundo en esto”, declara en conversación telefónica desde California este director emérito del Laboratorio de Innovación Annenberg de la Universidad de Carolina del Sur y exproductor cinematográfico. “Debemos agradecer, por ejemplo, que se multara a Google[2.420 millones de euros por abuso de posición dominante]”.

El productor Jonathan Taplin aboga por reducir el tamaño de estos imperios. Que Facebook se desprenda de Instagram y Whatsapp

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que se espera para mayo, es visto por múltiples expertos como un catalizador para fortalecer la protección de datos de los ciudadanos. “Hay que regular”, sostiene Taplin, “necesitamos leyes; no es el mercado el que va a solucionar el problema”. Taplin aboga por reducir por ley el tamaño de estos imperios: obligar a Google a que venda YouTube; a Facebook, a desprenderse de Instagram y WhatsApp; aplicar leyes de la competencia, redimensionar.

The Economist proponía en noviembre en un artículo que las redes deberían dejar más claro si un post viene de un amigo o de una fuente fiable, mantener a raya a los bots que amplifican los mensajes y adaptar sus algoritmos para poner las noticias pincha-pincha [las que provocan muchos clics] al final del muro para evitar así que los reguladores acaben imponiendo cambios en un modelo de negocio basado en monopolizar la atención.

Los grandes de Silicon Valley, mientras, han enviado a un ejército de lobistas a Washington. Temen que les ocurra como a Microsoft, condenada por prácticas abusivas de monopolio.

Hay voces que reclaman que las plataformas tengan que responder por lo que se publica en ellas. Algo a lo que las redes responden que se niegan a convertirse en árbitros de la verdad. Hay otras que reclaman que los programas educativos incluyan elementos prácticos que permitan a los más jóvenes aprender a manejar el componente adictivo de las redes.

Hay quien dice, en fin, en un claro alarde de optimismo antropológico, que la gente progresivamente pasará de ellas como de la comida basura, optará por dedicar su tiempo de lectura a bocados más selectos.

Fuente: Redes Sociales

Saludos

Mario Meneses

“Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y #Salarios en la Administración Pública Federal 2017”


Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó el “Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2017″, en donde mencionó que son evidentes los desafíos que se enfrentan para consolidar una cultura de verdadera Igualdad entre los géneros.

Además la CNDH emitió una Recomendación al titular del IMSS por inadecuada atención y negligencia médica que ocasionó la muerte de un menor en Baja California.

Los banqueros de la guerra. #Armas


Munición de 7.62 mm preparada para su distribución internacional en Puckapunyal, Australia. (Fotografía de U.S. Air Force Tech. Sgt. Michael Holzworth)

   

Los Estados invierten importantes cantidades de recursos públicos en el complejo militar-industrial, pero la financiación de otros organismos privados, como los bancos y las entidades financieras, también es esencial para la industria de la guerra. En ocasiones, la laxitud de la normativa de algunas de estas organizaciones supone un gran riesgo para controlar el desvío de fondos, que terminan financiando los destinos más indeseados.

¿Cuánto te preocupa ser —o alguien de tu entorno— víctima de un ataque terrorista? El Pew Research Center desvela que en ocho de diez Estados europeos encuestados la mitad o más de la población teme que las personas refugiadas incrementen la posibilidad de atentados terroristas en sus países. En Francia han perdido la vida más de 230 personas desde el atentado de 2015 contra la revista Charlie Hebdo, pero la probabilidad de morir en un accidente de coche es 27 veces mayor que a manos de terroristas, un consuelo humillante para las víctimas de estas atrocidades. Lo cuestionable es que la “guerra contra el terror” se base en representaciones deliberadamente exageradas de un temor razonable y se convierta, a la postre, en una ocasión lucrativa para ciertos sectores.

El gasto militar mundial aumentó en 2016 por segundo año consecutivo hasta alcanzar los 1,69 billones de dólares, lo que supone un 2,2% del PIB mundial. La financiación de la industria armamentística precisa tanto de recursos públicos como privados, y es en este segundo ámbito donde la inversión de las entidades bancarias supone una parte fundamental en el complejo militar-industrial.

Para ampliar: Shock tactics: how the arms industry trades on our fear of terrorism”, Paul Holden enThe Guardian, 2017.

Los veinte principales países exportadores de armas. Fuente: SIPRI

El coladero del secreto bancario

Los flujos financieros entre los bancos y las empresas armamentísticas implican la participación de actores intermediarios que dificultan la rastreabilidad en las transacciones de armas. En el marco de la globalización, la transnacionalización de las actividades criminales se ha beneficiado de la reducción de los controles aduaneros en ciertas zonas de libre comercio, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo o donde la persecución y legislación contra el crimen organizado son más laxas. Un ejemplo paradigmático es Viktor Bout. Considerado como uno de los mayores traficantes de armas del mundo, el apodado Mercader de la muerte se sirvió de las 16 aerolíneas de las que era propietario para proveer de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los talibanes de Kandahar o a los niños soldados de Charles Taylor, entre otros.

Charles Taylor apoyaba a la milicia sierraleonesa Frente Unido Revolucionario usando a niños soldados a cambio de diamantes. Fuente: ProPublica.

Si bien el blanqueo de capitales no es un fenómeno nuevo, su carácter transnacional ha apremiado a los distintos países a adaptar sus legislaciones nacionales hacia un consenso general y uniforme. En este sentido y especialmente dirigido hacia la actividad de las entidades financieras y los bancos, destaca el papel del Grupo de Acción Financiera Internacional, constituido por el G7 en 1989. Su sistema de “40 recomendaciones” impone una serie de obligaciones a estas personas jurídicas para que conozcan con la máxima exactitud cuál es la procedencia de los negocios que efectúan y la verdadera identidad de sus clientes, así como prevenir e informar de cualquier actividad que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Evidentemente, este cometido supone un choque para los intereses tanto de las entidades privadas como de sus clientes, pero su incumplimiento conlleva una serie de sanciones, además de incurrir en una potencial responsabilidad penal.

Para ampliar: “Envíos letales. El Tratado sobre el Comercio de Armas y los controles de transporte”, Amnistía Internacional, 2010

Aun así, la consumación de estos principios está lejos de ser efectiva. Amnistía Internacional ha identificado importantes lagunas en las normativas bancarias del tercer centro financiero europeo, Luxemburgo. Por ejemplo, la política de ING —el vigésimo octavo mayor banco del mundo—  establece que, aunque una transacción sea inicialmente “inaceptable” en términos de responsabilidad social corporativa, se pueden aplicar excepciones y terminar aceptándola “en circunstancias excepcionales”; no obstante, la entidad no especifica por qué criterios se rige en estas ocasiones. Otro caso sonado fue el del británico HSBC Holdings, sexto banco en la clasificación mundial. La entidad fue acusada por Estados Unidos de ser la “institución financiera preferida” de los cárteles mexicanos y colombianos —que llegaron a mover 881 millones de dólares provenientes del narcotráfico— y de haber efectuado transacciones con Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, todos países sancionados por Washington. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló, a través de las filtraciones de Hervé Falciani, que entre los clientes del HSBC se encontraban supuestos financiadores de Al Qaeda y Osama bin Laden provenientes de Arabia Saudí y otros países del Golfo. Las acusaciones quedaron finalmente desestimadas y HSBC evitó un proceso penal al aceptar el pago de una multa de 1.470 millones de euros.

Para ver: Inside the Awkward U.S.-Saudi Alliance Against ISIS | Confronting ISIS”, Frontline, 2016.

Principales exportaciones armamentísticas de 2011 a 2015. Fuente: Le Monde Diplomatique

Armas de responsabilidad estatal y corporativa

El Derecho internacional prohíbe taxativamente la fabricación, almacenamiento, uso o transferencia de determinadas armas, como las biológicas y químicas, las minas antipersona y las municiones de racimo. En 2010 entró en vigor un tratado internacional que prohibía este último tipo de armamento; seis años después, ha sido firmado por 119 países.

En 2011 una investigación de SETEM concluyó que 14 bancos españoles —entre ellos el BBVA, Santander, Bankia o La Caixa— habían financiado a 19 productores de armas “controvertidas”, en cuyas reservas podían encontrarse armamento nuclear y de uranio empobrecido. Las bombas de racimo MAT-120, utilizadas por Muamar el Gadafi en zonas residenciales ese mismo año, habían sido fabricadas por la empresa española Instalaza en 2007, un año antes de que estas armas fueran prohibidas. Aunque la empresa era conocedora de la futura prohibición, detuvo la producción, pero no la venta de este tipo de armamento. Igualmente es destacable que el anterior ministro de Defensa español y actual embajador en Estados Unidos, Pedro Morenés, fue consejero de Instalaza hasta 2007 y su representante hasta 2011.

De todos modos, el caso del exministro no es el único que evidencia la cercanía entre el sector político y el armamentístico. En Francia, Serge Dassault ha sido senador de Los Republicanos, el partido de Nicolás Sarkozy, y alcalde de Corbeil-Essones entre 1995 y 2009 mientras compaginaba la dirección del Grupo Dassault, fabricante de los cazas Rafale y puesto 57.º en la prestigiosa lista Forbes. Su hijo, Olivier Dassault, también es diputado del mismo partido.

Marcas de la explosión de una bomba de racimo. Fuente: Human Rights Watch

A pesar de la prohibición internacional, las municiones de racimo continúan fabricándose y financiándose. Actualmente, seis empresas siguen produciendo este tipo de armas en China, Corea del Sur y Estados Unidos y son financiadas por 166 instituciones financieras. De las diez principales firmas, ocho son estadounidenses y las otras dos radican en China y Japón.

Para ampliar“Privatizar la solidaridad”, Ramón Lobo en InfoLibre, 2017

La reciente atrocidad del bombardeo químico sobre la ciudad de Jan Shijún, en Siria, en el que fallecieron al menos 86 personas —lo que elevó la cifra a más de 1.100 muertes por ataques químicos desde que empezó la guerra—, planteó dudas razonables. ¿De dónde procede ese arsenal químico? Un informe de la CIA de 1983 señalaba que Siria “tiene, probablemente, la mayor capacidad de ‘guerra química’ del mundo árabe”, en buena medida porque el país fue uno de los mayores importadores de armas químicas de las extintas Unión Soviética y Checoslovaquia. Entre 1982 y 1993, el Gobierno alemán también autorizó 50 entregas de “material sospechoso” a Siria y el ministro de Economía germano aprobó la exportación de cien toneladas de sustancias químicas de doble uso entre 2002 y 2006. También el Gobierno británico reconoció haber autorizado el envío de productos químicos entre 2004 y 2010 que podrían haberse utilizado para fabricar gas sarín, sustancia que quizá produjo las muertes civiles de Jan Shijún.

Fuente: Cartografía EOM

Para ampliar: “British banks are go-betweens in global conflict. This can be stopped”, The Guardian, 2017

Evidentemente, no solo las compañías del sector privado son protagonistas del comercio armamentístico: la responsabilidad fundamental recae en los Gobiernos, bajo el pretexto legítimo del derecho a la propia defensa. Sin embargo, los Estados tienen una serie de obligaciones y responsabilidades para asegurar que no se cometan violaciones graves del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, protagonizadas por el armamento que estos financian o porque no se haya llevado a cabo un seguimiento y control efectivo de él. Sobre este aspecto, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) representa el marco normativo fundamental para avanzar en el control y seguimiento de las exportaciones de armamento convencional.

El TCA es un acuerdo internacional vinculante por el que los Estados partes se comprometen a respetar normas estrictas respecto a las transferencias de armas y a detenerlas en caso de conocimiento de que existe un “riesgo preponderante” de que se están utilizando para cometer crímenes de lesa humanidad o de guerra. Actualmente, 130 Estados han firmado el acuerdo, pero solo 83 lo han ratificado. Estados Unidos, a pesar de ser el mayor exportador armamentístico —acumula el 30% de las ventas internacionales—, aún no lo ha ratificado. Tampoco lo han hecho la Federación Rusa y China, segundo y tercer exportadores mundiales respectivamente, ni India, primer importador de armas en el mundo.

Las municiones de racimo MAT-120, de fabricación española, fueron utilizadas por Gadafi en zonas residenciales en 2011. Fuente: The New York Times.

Concretamente, los artículos seis —prohibiciones—, siete —exportación y evaluación de las exportaciones— y once —desvío— establecen los parámetros fundamentales de la transferencia de armas. Por ellos, los Estados partes deben evaluar, entre otros factores, si existen riesgos tales como ejecuciones extrajudiciales o si se están cometiendo genocidios o atentados contra los derechos humanos. Además, en Europa existen mecanismos para fomentar la unificación de una postura europea al respecto, como la Guía del usuario de la posición común de la UE. Sin embargo, la realidad demuestra que el cumplimiento de estos principios es, en ocasiones, exiguo.

Para ampliar: La industria bélica, un negocio seguro”, José Bautista en La Marea, 2016

Es el caso de las relaciones que mantienen algunos Estados ratificadores con la coalición liderada por Arabia Saudí y su responsabilidad desproporcionada en la guerra de Yemen, que desde 2015 ha dejado más de 10.000 víctimas mortales, según la ONU. En concreto, once Estados firmantes han suministrado equipaje militar a Arabia Saudí por valor de más de 4.900 millones de dólares. España se posiciona como el tercer mayor exportador armamentístico de Riad con casi 900 millones de euros. Especialmente polémica ha sido la venta de cinco corbetas fabricadas por Navantia, una de las mayores empresas armamentísticas españolas y financiada por el Banco Santander, posiblemente para ser utilizadas en Yemen en un momento en el que el país más pobre de la península arábiga se encuentra bajo un bloqueo naval, lo que supone que más de la mitad de los 28 millones de yemeníes sufran escasez de alimentos. Oesia, otra gran fabricante española e igualmente financiada por Santander, desarrolla tecnología para los aviones de combate Typhoon, de los cuales Arabia Saudí ha adquirido 76 unidades, seguramente con el mismo fin contra Yemen.

Para ampliar: “Corruption and terrorism: the casual link”, Sarah Chayes en Carnegie Endowment for International Peace, 2016.

Principales ventas de armas a Arabia Saudi. Fuente: ATT Monitor

La entidad bancaria también financia a otras empresas, como Maxam, dedicada a explosivos y municiones. En 2016 un camión que transportaba un millón de unidades de cuerdas detonantes producidas por el fabricante español permaneció retenido cinco días en la frontera turca cuando se dirigía a Amán, la capital de Jordania, pasando por Siria. Durante el trayecto, parte del cargamento desapareció y los investigadores albergaban serias dudas de la existencia real de la supuesta empresa compradora jordana. En el caso de haber podido cruzar a Siria, el camión habría tenido que pasar por algunos puestos fronterizos controlados por distintos grupos rebeldes de corte yihadista y aliados del Frente Al Nusra.

La travesía descontrolada del armamento

El artículo 11.2 del TCA expone que “el Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transferencias de armas convencionales (…), por medio de su sistema nacional (…), evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación y examinando la posibilidad de establecer medidas de mitigación”. Pero la realidad vuelve a demostrar que los controles sobre el desvío de armas no son tan rigurosos como deberían serlo idílicamente. Oxfam Intermón apunta que casi un millón de los ocho millones de armas que se producen cada día en el mundo se extravía o es robado y que la corrupción interna de la industria armamentística supone un coste de 20.000 millones de dólares al año.

La opacidad y la laxitud de estos controles supone que una parte importante de las transferencias de armamento terminen engrosando los arsenales del crimen organizado y organizaciones terroristas mediante el mercado negro. También es interesante considerar el llamado mercado gris: desde este enfoque, se considera que la mayoría de los flujos de armas ligeras acaban en manos de destinatarios ilícitos por autorizaciones inapropiadas desde los Estados exportadores. En este limbo, estos países envían armas en forma de ayuda encubierta bajo el pretexto de causas políticas que los destinatarios importadores no podrían autorizar de forma enteramente legal.

Para ampliar: “Cómo llegan las armas a manos de los yihadistas”, El Mundo, 2016

Los veinte principales países importadores de armas. Fuente: SIPRI

El proceso de desviación puede ocurrir mediante el robo de los materiales en los depósitos legales —controlados por las fuerzas militares y policiales—, por el extravío deliberado durante el trayecto del envío o cuando el Estado o el importador retransportan inmediatamente la carga a otro destinatario no autorizado. Los ejemplos de este proceso son muy numerosos. Las investigaciones del diario Spiegel han desvelado informaciones que apuntan a que algunas armas pequeñas suministradas por el Gobierno alemán a la coalición liderada por Arabia Saudí acabaron en mano de las fuerzas huzíes, precisamente el objetivo a combatir en Yemen por la coalición. También se desvió este tipo de armamento al grupo radical Emirato de los Protectores del Credo.

En la misma línea, los planes de entrenamiento y militarización de grupos rebeldes contrarios a regímenes opositores tienen muchas posibilidades de traer consecuencias indeseadas. En 2015 un arsenal de armas —valorado en millones de dólares y que incluía rifles Kaláshnikov, morteros y RPG, muchos comprados en países balcánicos y del este europeo— enviado por Washington a Jordania para entrenar a grupos rebeldes sirios fue sistemáticamente robado por operativos de inteligencia jordanos, que terminaron vendiéndolas en el mercado negro. También fueron utilizadas en un tiroteo en noviembre de ese mismo año que mató a dos oficiales estadounidenses. En 2007 la Oficina de Contabilidad del Gobierno estadounidense reconoció que se desconocía el paradero de 110.000 rifles de asalto Kaláshnikov y 80.000 pistolas compradas por Washington para el Gobierno de Irak.

Para ampliar: “El mercado necesitaría una guerra o una recesión para despertar, según Goldman”, María Igartua en El Confidencial, 2017

La hipocresía como principio

Se puede argumentar que la venta de armamento sirve para tratar de poner fin a un conflicto, que las exportaciones cumplen rigurosamente una serie de garantías iniciales o que resulta un incentivo para la creación de puestos de trabajo. Pero estos razonamientos caen por su propio peso cuando la violencia y la inseguridad que se pretende combatir no solo permanecen, sino que de hecho empeoran.

Entre 2003 y 2014, los países miembros de la Unión Europea autorizaron la exportación de armamento a 63 de 65 países en tensión o conflicto por un valor de 427 mil millones de euros. Entre los países importadores, en 26 la situación no ha mejorado e incluso ha empeorado. Tales son los casos, entre otros, de Siria, Irak, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Somalia, todos ellos principales focos de emergencias humanitarias de los que provienen la mayoría de las personas refugiadas del planeta. Esto sin olvidar la connivencia para con terceros responsables de atrocidades humanitarias al tiempo que se evoca la defensa de los derechos humanos y los valores “universales”.

Pero esta ambigüedad retórica y conductual no es exclusiva de las instituciones públicas. Puede parecer sorprendente que las principales entidades bancarias recojan el respeto y la promoción de los derechos humanos en sus políticas generales cuando, en el caso de España, tres de cada cuatro armas no existirían de no ser por el apoyo de los bancos. O que las grandes multinacionales anuncien que hace falta una gran guerra para que el mercado despierte, aunque “se tomen muy en serio” la tarea de proteger la dignidad humana. Igualmente llamativo es que ya haya quienes calculan los beneficios de reconstruir zonas devastadas por la guerra mientras la población civil se arriesga a morir por recuperar lo que pueden con sus propias manos.

En un momento en el que la hipocresía parece alcanzar límites esperpénticos, quizá sea una ocasión adecuada para plantear: ¿hasta cuándo se permitirá que el miedo y la vida humana sigan cotizando en bolsa?

Un hombre sentado sobre los escombros de una casa en Sanaa (Yemen) tras un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí. Fuente: Vocativ.
Acerca de Jimena García  5 Articles
Madrid, 1992. Graduada como juntaletras por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estudiando Ciencias Políticas. Interesada en asuntos de derechos humanos y también en inteligencia y seguridad internacional. Con la vista puesta en Rusia y en la vasta región del Cáucaso. Twitter: @jim_flaneuse
Saludos
Mario Meneses

Pendrives que parecen inofensivos pero que son armas para hackear


Los BadUSB parecen inofensivos USB pero realmente son pequeños equipos que sirven para hackear ordenadores.

11/02/2018 a las 20:15 UTC · Elías Rodríguez García

Los BadUSB pueden parecer pendrives pero realmente no lo son. En apariencia, nadie se atrevería a decir que no es un pendrive, pero, realmente, se trata de, en muchas ocasiones, mini-equipos capaces incluso de destruir tu ordenador.  Es básicamente, uno de los grandes motivos por lo que nunca deberíamos conectar un usb que veamos por la calle en nuestro ordenador.

Como decíamos, son mini-equipos, literalmente, pues tienen su memoria de almacenamiento, igual que también tienen su propio procesador (y todo ello, sí, dentro de la carcasa de un simple pendrive). Emulan ser un teclado, y eso es justamente lo que nuestro ordenador creerá que es cuando lo conectemos a nuestro ordenador.

Un teclado que simula ser un pendrive USB inofensivo

Al tratarse de un teclado, puede inyectar pulsaciones de teclas en nuestro ordenador sin que nos enteremos. Y a ojos del ordenador, es como si esas teclas las pulsásemos nosotros. Por ejemplo, podría ejecutar la combinación de teclas Windows + ‘R’, abrir el registro de Windows y liarla parda en nuestro ordenador borrando cosas esenciales. Este es un solo ejemplo de cosas que se podrían hacer con este USB que parece inofensivo.

O incluso hacer que recoja todo aquello que el usuario escriba con el teclado de verdad (la definición de keylogger), de modo que pueda sacar incluso contraseñas.

Puede ejecutar, incluso, comandos en la terminal

Simplemente con un tipo de imaginación podemos hacer barbaridades realmente interesantes. Y es literalmente como si tuviésemos acceso al teclado de una persona, de modo que podemos hacer casi cualquier cosa. Pero la naturaleza de este ‘USB’ en sí no es maligna, sino que ese es el uso que le dan muchos usuarios. Es decir, que no solo sirven para hacer el mal.

El USB no está conectado a Internet ni nada de eso, sino que las teclas que inyecta ya están precargadas en la tarjeta micro-SD del USB. El dueño puede precargar lo que quiera dentro del USB y, una vez se conecte en un ordenador, hará aquello para lo que esté programado.

BadUSB, pendrives para hackear desde pocos dólares

Su precio puede ir desde las decena de euros, como el USB Rubber Ducky, uno de los más avanzados, hasta simplemente costar unos pocos euros (los podemos adquirir en tiendas chinas online). Incluso también se pueden construir a mano, aunque muy posiblemente el resultado sea algo más notorio y voluminoso, por lo que no pasaría por un pendrive y no nos serviría. En Amazon podemos encontrar uno por ejemplo a unos 16 euros, aunque sin carcasa.

 BadUSB en Amazon (16 euros)

En cuanto a la programación, encontraremos muchos proyectos en Internet que muy probablemente se aproximen a lo que estamos buscando. Hay mucho soporte en Internet para este tipo de dispositivos, puesto que su uso está bastante extendido dentro del mundo del hacking.

Fuente: Pendrives

Saludos

Mario Meneses