El abandono de la #PolicíaFederal


Opinión publicada en El Universal aquí.

En 2006, el gobierno de la República no sólo tomó la decisión de confrontar al crimen organizado; igual, o más importante, fue la determinación de construir una Policía Federal (PF) que le brindara al Estado mexicano capacidades permanentes para combatir a las expresiones criminales más violentas. Ello tendría tres ventajas evidentes: retiraría gradualmente la presión sobre las Fuerzas Armadas para fungir como policías; definiría una perspectiva civil, como corresponde a una función de seguridad pública; y serviría de ejemplo para el desarrollo de capacidades análogas en los cuerpos de policía locales.

El proceso de construcción de una PF eficaz y profesional incluyó el diseño de un marco normativo al modificar el Art. 21 constitucional y promulgar la Ley de la Policía Federal y su reglamento. Además, se aprobó el Sistema Integral de Desarrollo Policial, que constituye el fundamento del nuevo modelo policial a lo largo de cinco ejes: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, certificación (individual y por corporación) y seguridad social.

A pesar de errores e insuficiencias, la PF se fortaleció. De hecho, su presupuesto se triplicó y su estado de fuerza se quintuplicó. No cabe duda de que los años del presidente Calderón estuvieron marcados por incrementos muy significativos en los niveles de violencia, pero tampoco cabe duda de que la tendencia al alza se detuvo y se revirtió a partir del 2013. Es decir, el presente gobierno heredó índices delictivos a la baja y tuvo la oportunidad de continuar con el proyecto de crecimiento y desarrollo de la PF el cual, por cierto, no debería tener una marca política ni partidista, pues se trata de un proyecto de Estado. No fue así. Hoy nos encontramos en una situación peor que la del sexenio anterior: los índices de violencia rompen récord, al tiempo que las policías locales presentan un estado lamentable y la PF ha enfrentado años muy adversos. Sobre este último punto, cabe recordar que:

1) La corporación ha sufrido una merma presupuestal significativa. En 2013, los recursos de la institución disminuyeron casi 11% respecto al año anterior, y actualmente apenas se ha recuperado el nivel presupuestal que alcanzó en 2012.

2) En esas condiciones ha sido imposible que la PF crezca. Incluso con la creación de la “gendarmería”, cuya misión todavía no nos acaban de explicar, el número total de elementos es prácticamente el mismo que hace cinco años. Y no sólo se trata de crecimiento; también se interrumpieron los procesos de equipamiento e infraestructura que la corporación requería para poder cumplir con su responsabilidad.

3) La PF atravesaba por una evolución cualitativa, basando su operación en el desarrollo de inteligencia policial. Como parte de ese diseño se creó Plataforma México, un sistema de interconexión y acopio de información a nivel nacional, el cual, como ya he mencionado en otras colaboraciones, se encuentra en un lastimoso abandono. Tan es así que ahora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública manifiesta que el Informe Policial Homologado, insumo base de Plataforma México, es poco útil. Es lamentable que se presenten estos pretextos a un año de concluir el sexenio.

4) Es ya conocida también la manera en que fueron desplazados innumerables elementos de la PF con experiencia de años en labores policiales y cómo fueron incorporadas personas cuyo único mérito ha sido su cercanía al grupo político en el poder.

Ahora, después de abandonar a la PF, y en medio de la peor crisis de inseguridad en décadas, el gobierno federal echa la culpa a los gobernadores y le endilga el problema a las Fuerzas Armadas. Así de irresponsables.

*Con la colaboración de René Rejón Piña, investigador de Causa en Común

Fuente: causaencomun

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Mario Meneses

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Crean la Universidad de la #Policía de la Ciudad de México


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció que el Instituto Técnico de Formación Policial (ITFP) se convirtió a partir de hoy, 12 de septiembre, en Universidad de la Policía de la Ciudad de México, con el acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México destacó que la Universidad de la Policía tiene como función coadyuvar en la planeación de los programas de instrucción física y académica, capacitar en materia de investigación científica y técnica, y proponer y ejecutar los contenidos de los planes y programas para la formación de la Policía de la Ciudad de México.

Para ello, añadió, cuenta con seis licenciaturas, con duración de cuatro años: Administración policial, Seguridad policial, Derecho policial, Criminología e investigación, Tecnologías Aplicadas a la Investigación, y Filosofía, además de dos maestrías con duración de dos años (Seguridad Pública y Sistema de Justicia Penal Acusatorio).

De acuerdo con la SSP, después de 24 años de haber sido creado el ITPF, “se convierte en la primera casa de estudios en la Ciudad de México, reconocida como Universidad de la Policía, por su alta calidad en la profesionalización policial, con estándares de vanguardia a nivel nacional e internacional”.

Al respecto, el titular de la dependencia capitalina, Hiram Almeida Estrada, precisó que la SSP cumple uno más de sus preceptos fundamentales: “proporcionar a la ciudadanía una policía más eficaz y moderna, capacitada en los mejores aspectos en tecnología académica y policial, así como con una metodología táctica operativa”.

Este jueves, durante la ceremonia de graduación de más de mil 432 cadetes (869 preventivos, 435 auxiliares y 129 de la Bancaria e Industrial), Almeida puntualizó que la seguridad “es un tema de vital importancia y los resultados son reflejo de que la capital es una ciudad habitable”.

Ejemplo de ello, presumió, es la disminución en el robo a cuentahabiente del 7.1%, lo que significa 19 delitos menos, además de que se detuvo a 26 personas, con lo que se logró la desarticulación de seis células delictivas y se decomisaron siete armas de fuego.

El jefe de la policía capitalina resaltó que el robo de vehículo ha disminuido 1.3%, es decir que se contabilizaron 129 delitos menos. En este caso, detalló, se detuvo a mil 184 personas, con lo que se logró la desarticulación de 60 bandas y 148 células delictivas y se decomisaron 34 armas de fuego, cifras comparadas con el año pasado, donde se refleja una disminución de 41.3%.

En el acto, Mancera Espinosa entregó a la SSP-CDMX 18 nuevas autopatrullas, 277 motopatrullas, 50 cuatrimotos, seis camionetas Pick up, dos vehículos Unimog, 20 radares preventivos, 300 equipos antimotín, 12 torres tácticas, 203 armas largas, 290 cortas, 212 mil 772 uniformes y mil 66 chalecos balístico.

Fuente: proceso

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Mario Meneses

Estados Unidos sopesa cerrar su embajada en #Cuba por el misterioso caso de los ataques sónicos


El secretario de Estado Rex Tillerson califica lo ocurrido de “muy grave”

Miami 

Un misterio de novela de espías ha puesto de nuevo en peligro las delicadas relaciones entre EE UU y Cuba. Los problemas de salud sufridos por 21 diplomáticos americanos y cinco canadienses por causas desconocidas –atribuidos a un supuesto ataque sónico pero sin resultados concluyentes aún en la investigación liderada por el FBI– han llevado a la Casa Blanca ha sopesar incluso la posibilidad de cerrar su embajada en La Habana, reabierta en el verano de 2015 tras más de medio siglo de antagonismo diplomático. “Lo tenemos bajo evaluación”; ha dicho Rex Tillerson.

El secretario de Estado entreabrió la puerta a esta drástica decisión este domingo en una entrevista en televisión. Tillerson calificó el asunto de “muy grave”. El viernes cinco senadores republicanos, entre ellos el poderoso cubanoamericano con potencial presidencial Marco Rubio, enviaron una carta al Departamento de Estado en la que urgían a exigir a Cuba una explicación de lo ocurrido y proponían clausurar la legación si el gobierno de la isla no aclaraba lo sucedido con premura.

Washington de momento no ha culpado de nada a La Habana y el presidente Donald Trump no se ha manifestado al respecto, un hecho llamativo dada su tendencia a entrar el tapo de las controversias y a su aversión al régimen cubano. En junio el mandatario anunció una reversión parcial –todavía por concretarse sobre el papel– de la política de acercamiento a La Habana de Obama.

Cuba ha aseverado que no tiene nada que ver con los supuestos ataques. La inteligencia cubana está colaborando con el FBI y la Real Policía Montada de Canadá en la investigación y el presidente Raúl Castro se ha reunido con el jefe de la diplomacia de EE UU en Cuba, Jeffrey DeLaurentis, para darle su palabra de que los suyos son inocentes. Los analistas coinciden en que es inverosímil pensar que los altos mandos cubanos hayan decidido atacar a la diplomacia estadounidense cuando desde 2014 están inmersos en un proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales. El turismo y el potencial inversor de EE UU son claves para el desarrollo económico de la isla.

Tillerson se ha referido al enigmático caso con la palabra “incidentes”. El Departamento de Estado ha empleado el término “ataques a la salud”. Todo es vago porque el FBI es incapaz de averiguar qué pasó. Los hechos tuvieron lugar, salteados, entre noviembre de 2016 y primavera de 2017 en las residencias de funcionarios estadounidenses y canadienses, provistas por el Gobierno cubano, y un caso se dio en el hotel Capri de La Habana. El personal afectado y sus familias fueron trasladados de vuelta a sus países. Entre los estadounidenses se han registrado daños en el sistema nervioso, lesiones auditivas, lagunas de vocabulario y otros síntomas como mareos o náuseas.

La principal hipótesis ha sido hasta ahora la del ataque sónico. De acuerdo con las fuentes de la investigación citadas por medios americanos, se baraja que se haya podido tratar de una agresión con algún aparato de infrasonidos –ondas por debajo del espectro audible– pero también se ha contemplado la opción de que fueran ultrasonidos –por encima de lo audible–. Algunas víctimas han asegurado que oyeron sonidos extraños. También se menciona la posibilidad de que se haya empleado un arma electromagnética. Pero a estas alturas no se sabe lo que ocurrió ni quién es culpable.

Sobre los responsables, se maneja la hipótesis de que haya podido ser una facción de la inteligencia cubana contraria al acercamiento a EE UU o un tercer país rival de EE UU –se mencionan Rusia, Irán y Corea del Norte– por su cuenta o aliado a tales agentes boicoteadores del régimen.

El exanalista de la CIA especializado en Cuba Brian Latell afirma: “Nunca había visto nada igual y no soy capaz de explicármelo. Una posibilidad es que fuera una operación de inteligencia cubana que salió mal, y otra que estén detrás elementos que quisieran hacer descarrilar el proceso con Washington. En caso de que se tratara de esto último supongo que el Gobierno cubano tendrá que encargarse de ellos, pero si fuera así y lo hacen nunca se hará público y nunca nos enteraremos”, razona el profesor e investigador de la Florida International University (FIU). William LeoGrande, experto en asuntos cubanos de la American University de Washington, subraya que el caso no tiene precedentes, que Cuba jamás pasó de “hostigar sin daños” al personal americano en la isla y apuesta por un desenlace similar: “Probablemente no sabremos quién, por qué ni cómo lo hizo”.

Pese a este turbulento episodio sin resolver –que en mayo llevó a la expulsión de dos diplomáticos cubanos de EE UU como represalia– y a la declaración de hostilidad en junio de Trump hacia La Habana, las relaciones impulsadas por la administración de Obama prosiguen. El viernes funcionarios de ambos países se reunieron en Washington para tratar la colaboración bilateral en materia de seguridad, justicia y combate al crimen organizado. “La reunión transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad”, resume la nota de Granma, órgano de prensa del Partido Comunista de Cuba.

Fuente: elpais

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Mario Meneses

 

La #ONU dio un nuevo paso para respaldar el proceso de paz en #Colombia


Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Septiembre 14, 2017 – 07:16 P.M.Por: 

Agencia EFE

La ONU dio este jueves un nuevo paso para respaldar el proceso de paz en Colombia al aprobar el mandato de su nueva misión en el país, encargada de verificar el cumplimiento de partes claves de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc.

“Este será un periodo fundamental, tal vez el más difícil”, afirmó en la sala del Consejo de Seguridad, la embajadora de Colombia ante la ONU, María Emma Mejía, que fue invitada a participar en la sesión.

En la reunión, el consejo aprobó una resolución que define los detalles de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, encargada de supervisar el cumplimiento de compromisos políticos después de que las Farc abandonaran las armas.

Esta misión fue creada el pasado 10 de julio, pero quedaba pendiente definir su tamaño, los aspectos operacionales y el mandato que cumplirá, vinculado en la parte política del acuerdo de paz alcanzado entre las dos partes.

Este grupo de la ONU, que iniciará su mandato el 26 de septiembre, estará integrado por 120 observadores, sin uniformes ni armas y que estarán desplegados en 26 zonas territoriales, de acuerdo con la recomendación hecha por el secretario general de la ONU, António Guterres.

La resolución aprobada este jueves unánimemente por el consejo, de un solo artículo, simplemente acoge y aprueba las recomendaciones hechas por Guterres sobre este tema, recogidas en un informe fechado el pasado 30 de agosto.

Su mandato es el de “verificar la reincorporación política, económica y social” de los antiguos combatientes de la Farc, así como “la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”, según lo que recomendaba Guterres.

Esta misión es sucesora de otro grupo anterior, de perfil militar y civil, que verificó el alto el fuego y el desarme de las Farc y cuyo mandato termina el día antes de que comience a funcionar el nuevo grupo.

La nueva misión estará encabezada por el representante especial de Guterres para Colombia, Jean Arnault. La idea es que el proceso que verificará pueda cumplirse “en el plazo más breve posible”, decía Guterres en su informe.

Por medio de su representante, el Reino Unido, encargado de llevar este jueves el tema al Consejo de Seguridad, sostuvo que se trata de “un importante paso para apoyar a las partes para consolidar los avances” de la paz firmada el año pasado.

“Parece que cada vez que nos reunimos en esta sala para ver temas de Colombia hay otro hito histórico al que hay que dar la bienvenida”, afirmó el embajador británico, Matthew Rycroft.

El diplomático afirmó que el proceso para alcanzar la paz en Colombia es “irreversible”, pero eso no significa que sea “sostenible”, por lo que considera que la ONU debe prestar todo su apoyo para que culmine con éxito.

“La reincorporación de las Farc en la sociedad no ocurrirá inmediatamente. Requerirá de tiempo, compromisos, sacrificios y poner al lado temas que dividían desde hace tiempo a los colombianos”, agregó el embajador británico.

Por su parte, la número dos de la misión de Estados Unidos ante la ONU, Michele Sison, expresó su apoyo a Colombia en este “proceso crítico”. “Colombia es un ejemplo para la región y para el mundo”, agregó la diplomática.

La embajadora colombiana agradeció a los quince miembros del consejo este “nuevo espaldarazo” que recibe su país de parte de la ONU y dijo que “va a significar mucho para el logro de la paz”.

“El reto es enorme”, agregó Mejía, pero también señaló que los miembros del consejo son testigos de cómo paso a paso Colombia ha ido “venciendo los tropiezos y las diferencias” para llegar a esta etapa.

Fuente: http://m.elpais.com.co

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Mario Meneses

ONGs piden a EU retener apoyo económico en materia de seguridad


“La situación de derechos humanos ha empeorado en el país los últimos 6 meses con el asesinato de periodistas, activistas anti-corrupción y defensores de derechos”

México no cumplió requisitos en materia de derechos humanos y, en consecuencia, Estados Unidos no debe entregarle “fondos específicamente apartados” para militares mexicanos, señalaron la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y cinco organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales..

En un memorando entregado al Departamento de Estado de EU, las organizaciones señalan que la violación a derechos humanos ha empeorado en el país los últimos seis meses, con el asesinato de periodistas, activistas anti-corrupción y defensores de derechos humanos.

Suscriben el documento, con WOLA, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG).

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, subrayó el documento.

A continuación el comunicado de prensa:

Washington, DC—A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos. De acuerdo con un nuevo memorándum de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y cinco organizaciones de derechos humanos nacionales, mexicanas e internacionales, México no cumplió los requisitos y Estados Unidos no debe entregarle esos fondos.

Una vez más el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA. “Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”.

Por ejemplo, recientemente un juez resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos.

A continuación WOLA describe los requisitos que México debe cumplir para recibir la asistencia de Estados Unidos y las razones que demuestran que no se cumplieron.

REQUISITO 1) El Gobierno de México debe investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la masacre de Tlatlaya ocurrida en junio de 2014, de conformidad con la legislación mexicana.

  • La investigación penal sobre el homicidio de 22 civiles por soldados mexicanos en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014 no ha progresado. Las autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados por homicidio, encubrimiento, y manipulación de evidencia ni han investigado la “orden de matar” bajo la cual operaba el ejército mexicano cuando ocurrió la masacre.
  • No ha habido condenas en varios casos emblemáticos de violaciones y abusos sexuales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados mexicanos, la Policía Federal lo que ha obligado a las víctimas a llevar dos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente están pendientes de resolverse.
  • A pesar de las reformas de 2014 que dan competencia a la PGR para investigar los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, las investigaciones militares obstruyen las investigaciones civiles, además de que las investigaciones de la PGR son lentas, burocráticas y no son transparentes.
  • De forma consistente, la PGR no investiga la cadena de mando, lo que quiere decir que en sus investigaciones la PGR no toma en cuenta que los delitos cometidos por soldados a menudo ocurren cuando esos soldados están cumpliendo órdenes militares.
  • El Congreso de México está debatiendo una Ley de Seguridad Interior que normalizaría el papel de los militares en operaciones de seguridad pública en el país. Estos debates no han tomando en cuenta suficientemente las implicaciones que esto tendría en los derechos humanos en el país.

REQUISITO 2) Cumplir de manera vigorosa las prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de la tortura.

  • Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México y la PGR han recibido decenas de miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del ministerio público presentaron cargos en sólo 22 casos. Sólo hay pruebas de 15 condenas por tortura en México desde 1999.
  • La Ley General contra la Tortura de México, que entró en vigor en junio de 2017, corrige algunos defectos en la legislación anterior sobre la tortura. La aplicación plena y correcta de esta ley será crucial si México quiere poner fin a la práctica generalizada de la tortura en el país.

REQUISITO 3)  Búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las personas responsables de tales crímenes.

  • Según cifras oficiales, hay más de 32.000 desaparecidos en México. Los recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus familias.
  • La discusión de la Ley General Contra la Desaparición Forzada ha sido larga y complicada, y los miembros de la sociedad civil y familiares de los desaparecidos siguen luchando para asegurar que sus aportes sean considerados e incorporados en la versión final de la ley.

REQUISITO 4)  El Comité espera la cooperación completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014.

  • El GIEI ha refutado científicamente la teoría del gobierno federal sobre lo que sucedió en la noche de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, funcionarios mexicanos aún insisten en que esta teoría debe ser considerada.
  • Aunque ha habido algunos avances en la investigación este año no se ha hecho ninguna nueva acusación en el caso.
  • Aunque la PGR abrió una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de funcionarios mexicanos, como había recomendado el GIEI, la investigación no tuvo el resultado esperado y el Visitador General que inicialmente estaba a cargo de la investigación reveló que había sido presionado para cambiar su decisión sobre el caso (en la que consideraba que habían existido faltas graves).
  • Los miembros del GIEI han reportado haber sido objeto de intentos de espionaje digital mientras que trabajaban en México. Esta información viene después de una serie de casos documentados del uso de espionaje contra activistas y periodistas en México, incluyendo a tres miembros de Centro Prodh, los representantes legales de las familias de Ayotzinapa.

La solicitud al gobierno de Estados Unidos se realizó a través de un memorándum enviado a la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos, Procuración de Justicia de Estados Unidos y a la embajadora Roberta Jacobson. “Se presenta la investigación y casos documentados por nuestras organizaciones que demuestran que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos en derechos humanos señalados por el Congreso para el año fiscal 2017”, afirma el documento.

Además, se considera que el informe presentado sobre los requisitos de derechos humanos incluidos la ayuda para Financiamiento Militar Exterior a México representa una oportunidad importante para realizar una evaluación meticulosa y completa del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos establecidas por el Congreso.

Fuente: aristeguinoticias.com/

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Mario Meneses

Blog informativo y de consulta, dedicado a promover la Cultura de la Seguridad y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

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