Mesa de Análisis: #SeguridadPublica El Fortalecimiento de Nuestras y Nuestros #policías.


Alianza Internacional por las Fuerzas de Seguridad y Emergencias

En un humilde y profesional ejercicio de la Causa Colectiva por la Dignificación de las Fuerzas de Seguridad y Emergencias. Nuestra Alianza Alianza (AIFSE) integrada por el Colegiado de Organizaciones que buscan coadyuvar con las Instituciones Gubernamentales, Educativas, Ciudadanas y Políticas para Dignificar el Servicio Público, a través del mejoramiento en las Condiciones Laborales, respeto a nuestros Derechos Humanos y el compromiso y responsabilidad a la Sociedad que urge contar con Seguridad, con eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, honestidad y humanismo; celebramos la apertura y convicción de los protagonistas políticos legislativos, en franca voluntad y reconocimiento de los aspectos medulares de Seguridad Ciudadana, en el saneamiento a estas problemáticas y sus acciones incluyentes de las entidades activistas que, con experiencia sustantiva construyen aportaciones y propuestas viables en la construcción de un México justo para todas y todos.

Este evento desde la perspectiva y apertura de la Dip. Federal Liliana Madrigal es reconocida y honrada por nuestra AIFSE para ser representada por nuestro hermano Oscar Rubén Aguirre de la Organización por la Dignificación y Sociabilización Policial (ODSP) ante este Macro Evento que analizará y encontrará marcos referenciales de actuación específica para la Dignificación de la Seguridad Regional y Estatal que se suscriben a la realidad Nacional.

Nuestro digno portavoz sustenta el mensaje colectivo de nuestra Alianza para sumar tanto compañer@s y sociedad organizada para provocar el cambio en activismo y conciencia a través de la Unidad con miras a nuestro objetivo dignificador.

Gracias por compartir y por registrar su asistencia con tiempo a tan relevante acontecimiento.

EL Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia.

Cmte. Cpo Acosta Acosta

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Policía Federal reincorpora a agente que no activó el código rojo tras fuga de “El Chapo” de El Altiplano.


Manelich Castilla Craviotto, comisionado General de la Policía Federal (PF), informó que se reincorporó a sus labores uno de los elementos de la corporación, Reyes Amir Mota Carrillo, quien había estado preso tras la fuga del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Amyr, policía que estuvo preso tras fuga de Guzmán Loera, se reincorpora al servicio tras cumplir requisitos de reingreso, incluyendo Control y Confianza, caso que recuerda necesidad de reformar el 123 apartado B de nuestra Constitución.”, escribió el comisionado de la PF a través de su cuenta de la red social Twitter.

Mota Carrillo había sido acusado, junto con otros 11 policías federales, por no activar el código rojo tras la fuga de “El Chapo” Guzmán Loera, por lo que estuvo recluido en el Penal de Nayarit, hasta el 23 de agosto pasado, cuando fue liberado por falta de pruebas.

Sin embargo, la PF, a través de una carta enviada a la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que “ninguno de los policías federales adscritos, o comisionados, al área de monitoreo tenía la facultad, ni estaba en el reglamento la activación del código rojo. Su labor era únicamente monitorear. Cabe señalar que los monitores no tenían audio”.

La libertad que se le otorgó al policía federal, ahora reincorporado, fue “bajo reservas de ley por falta de elementos para procesar”, sin embargo, el proceso legal continúa, “siempre y cuando no haya alguna otra circunstancia legalmente”.

Según lo confesó el propio ex líder del Cártel de Sinaloa a las autoridades federales en enero pasado, el kilométrico túnel por el que escapó del penal de máxima seguridad, en julio de 2015, había sido el segundo que se construyó para tal fin, ya que en el primero, sus cómplices llegaron a la celda equivocada.

Así lo informó el semanario Proceso en diciembre del 2016, en un reportaje firmado por Jesús Esquivel, en el que cita declaraciones de uno de los funcionarios que interrogó al narcotraficante, luego de su recaptura, en enero de este año.

“En realidad fue muy fácil, desde que me metieron -a prisión- mis abogados se encargaron de preparar todo”, presuntamente dijo Guzmán Loera a las autoridades en enero pasado, luego que fuera capturado en Los Mochis, Sinaloa.

“No fue nada complicado. La primera vez que quisieron sacarme se equivocaron de celda, pero luego corrigieron y me fui”, según dijo “El Chapo” en sus declaraciones que fueron a su vez narradas por un funcionario al periodista.

“Al hablar de que sus personeros se equivocaron de celda la primera vez que intentaron liberarlo, dejó claro que se construyó otro túnel debajo del penal. De eso ya no quiso dar detalles porque dijo que ya no tenía sentido si lo habían vuelto a agarrar”, contó el funcionario a Proceso.

El pasado lunes, el diario Reforma publicó que un mes antes de la última fuga de “El Chapo” Guzmán, el entonces director de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, propuso a diversos mandos cambiar al capo de celda o de penal, sin embargo nada de eso sucedió y hoy el ex funcionario está en la cárcel.

Según el rotativo, Ramón Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la PF, reconoció ante un juez federal que en una reunión de trabajo que tuvo lugar en la primera semana de junio de 2015, Cárdenas Lerma pidió reasignar a otro penal al presunto líder del Cártel de Sinaloa.

A dicha reunión también acudió Juan Ignacio Hernández Mora, entonces comisionado de Prevención y Readaptación Social, según el testimonio que rindió Pequeño el pasado 31 de julio, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.

Fuente: zetatijuana.com

Saludos

Mario Meneses

Policía Federal se encuentra abandonada, los superiores desviaron recursos millonarios que eran para viáticos y hospedaje de los uniformados.


Imagen: Policías Federales desalojados

LNR.- Miembros de la Policía Federal denunciaron de manera anónima que se encuentran actualmente en una situación lamentable debido a que han sido desalojados de los hoteles que les brindaban hospedaje y alimentos en la diversas ciudades donde se encuentran en servicio por órdenes de la Comisión Nacional de Seguridad que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación después de la reforma institucional que extinguió a la Secretaría de Seguridad Pública al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La administración de los hoteles donde se hospedaban les informó que los encargados del área administrativa de la Policía Federal y de la Gendarmeria tienen un atraso en el pago de las facturas desde el mes de marzo de 2017, por lo que se ha suspendido el servicio de alojamiento a los uniformados. En el mejor de los casos se les ha permitido pernoctar en las habitaciones pero sin acceso a servicio de luz y agua ya que los operadores ya no pueden solventar el hospedaje de los policías sin recibir el pago correspondiente por los servicios.

Balance de deudas de la Policía Federal

Los federales denuncian que dicha situación se deriva del desvío de fondos destinados para el hospedaje y alimentación. El monto de los recursos se calcula en millones de pesos y la problemática se presenta en varias entidades federativas del país donde los policías continúan laborando sin acceso a la alimentación y pernoctando inclusive en casas de campaña en áreas verdes lo que representa una exposición ante el crimen organizado en ciertas regiones.

Los policías federales denuncia que la contingencia financiera que presenta la institución es culpa de la corrupción y no es la primera vez que esta situación se presenta en la institución policíaca que ha sufrido del abandono institucional en la presente administración bajo la dirección de Miguel Ángel Osorio Chong.

Policías Federales desalojados

 

Policías Federales en bodegas

 

Fuente : lanuevarevolucion.org

Saludos

Mario Meneses

El estado catastrófico de nuestras #policías


Nuestras policías son un desastre. O al menos así lo suponemos, así lo intuimos, así lo vemos, así lo dicen algunos datos sueltos y así lo grita nuestra experiencia cotidiana.

Pero una cosa es suponer y otra es saber. Para saber, hay que investigar, rascar y medir. Y eso, para fortuna de todos, es lo que acaba de hacer el equipo de la organización Causa en Común (Nota: soy asesor externo de esa institución).

El lunes, presentaron dos instrumentos cruciales para evaluar a las policías estatales. En primer lugar, un Índice de Desarrollo Policial (Indepol), diseñado para medir la distancia entre la realidad y la norma. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), aprobada en 2009, obliga a todas las corporaciones policiales a adoptar ciertos mínimos institucionales en cinco dimensiones: profesionalización, carrera policial, certificación, seguridad social y régimen disciplinario.

La obligación no parece muy obligatoria. La mayoría de las policías estatales no llega a esos mínimos. La Policía Federal tampoco ¿Qué tan lejos se encuentran? Esa es la virtud del Indepol: nos dice la magnitud del rezago. Y no es trivial. En una escala de 0 a -100, siendo 0 la mejor calificación posible, el promedio en las cinco dimensiones de todas las policías estatales más la PF es de -41.

Y en algunos temas, el asunto es mucho peor: en lo que se refiere a la certificación policial, el promedio nacional es de -57. En materia de seguridad social, el promedio es -52. Es decir, nuestras policías salen más que reprobadas.

Hay, por supuesto, de corporaciones a corporaciones. En Baja California, Morelos o Puebla, las policías estatales no salen tan mal paradas. Hay allí evidencia de esfuerzos de construcción institucional. Pero, en otros estados, en Nayarit o Baja California Sur, por ejemplo, el asunto es zona de desastre.

En Nayarit, por ejemplo, su academia de policía no cuenta con dormitorios, comedor, servicio médico, gimnasio o pista de manejo. Sabrá Dios que le enseñan allí a los reclutas.

En Baja California Sur, la unidad de asuntos internos de la policía estatal no tiene mecanismos para recibir denuncias anónimas, no realiza investigación de campo y no tiene protocolo de investigación. Es decir, no sirve de gran cosa.

Esta distancia frente a la norma es sólo una de las caras del desastre. Otra, más dramática, es lo que refieren los propios policías en una encuesta conducida por Causa en Común. Los resultados paran los pelos de punta.

Casi la mitad refiere que su salario mensual es inferior a 10 mil pesos. Nueve de cada diez afirmaron que nunca han recibido una promoción o reconocimiento. Dos de cada tres nunca han tenido un ascenso.

Y además de estar mal pagados y no recibir reconocimiento alguno, los policías tienen que poner de su bolsillo: 41% señaló que tuvo que pagar por sus botas, 38% por su uniforme, 26% por reparaciones de las patrullas, 12% por la gasolina de las mismas, 20% por los cartuchos, y 11% por sus chalecos antibalas.

De remate, los policías son objetos constantes de maltrato dentro de sus corporaciones: 30% afirmó haber sido objeto de humillaciones, 28% de discriminación, 16% de acoso sexual y 15% de abuso físico.

Esos policías —esos que deben subsistir en instituciones contrahechas, que medio sobreviven con malos sueldos, que no reciben prestaciones ni recompensas, que deben pagar por su equipo esencial, que son víctimas constantes de malos tratos— tienen la encomienda de protegernos.

¿A alguien le sorprende que no lo hagan o que lo hagan a medias? ¿Por qué nos cuidarían si no los cuidamos nosotros primero?

alejandrohope@outlook.com@ahope71

Fuente: eluniversal

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Mario Meneses

México, paraíso de lavadores de dinero


La respuesta de los lavadores de cuello blanco, o evasores para llamarlos elegantemente, es que todas sus operaciones en los paraísos fiscales son “legales y transparentes”. Foto: Especial

Por Sanjuana Martínez

SinEmbargo

noviembre 13, 2017

México tiene el tercer lugar en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros de lavado de dinero. Estamos hablando de 60 mil millones de dólares en promedio, aunque seguramente el monto es más elevado porque se trata de dinero negro.

Este país es una gran lavadora de dinero procedente de actividades ilícitas y al gobierno no le interesa combatirlo, prefiere hacer la vista gorda, regodearse en la podredumbre y repartir las utilidades entre autoridades y delincuentes de cuello blanco.

Los lavadores están en todas partes. Se lava poquito, más o menos y mucho. Hay lavadores para todos los gustos: clase media, clase alta y clase multimillonaria.

Solo hay que ver la lista de los llamados “Paradise Papers”, la investigación periodística internacional realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que ha revelado los nombres de los grandes lavadores, los peces gordos del dinero negro.

Y en México, un país que sirve de paraíso para los lavadores de dinero, la lista es bastante barriopinta: un sacerdote, un líder sindical charro, un multimillonario y muchos empresarios acumuladores avaros de riqueza desmedida, especializados en incrementar la fábrica de pobres.

Esta investigación periodística que podría ser un libro abierto para la Secretaría de Hacienda (siempre y cuando quisiera investigar a los peces gordos de la evasión fiscal), revela los nombres de 62 mexicanos, entre magnates, empresarios, ex funcionarios, futbolistas y políticos, que bajo el viejo sistema de las empresas de papel o las llamadas cuentas offshore para no pagar impuestos.

En la lista aparece desde luego, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo que vive en uno de los países más desiguales del mundo y en donde su riqueza, representa una obscenidad, frente a los 60 millones de pobres y sobretodo, frente a los 28 millones de pobres alimenticios.

Como se podrán imaginar, gracias a esta investigación, sabemos que el emporio telefónico del multimillonario mezquino Slim, se inicio en el 2000 en las Bermudas donde creó la empresa Telecom Américas Limited. Los resultados ya los conocemos, 17 años después, controla las telecomunicaciones de 25 países en Latinoamérica y ofrece 362 millones de líneas.

Pero a Slim todo se le perdona. Tal vez por eso, su empresa en el paraíso fiscal funcionó 7 años y a continuación la convirtió en una orgullosa y prospera empresa mexicana. Aquí todo se puede con dinero. Para eso tenemos las autoridades más corruptas, para que se pueda cualquier operación que signifique ganar dinero destinado a unos cuantos en detrimento de muchos.

Y allí están el priísta Javier Miguel Afif, el flamante ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe, multiasesor de multinacionales, Alejandro Gertz ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Vicente Fox y por supuesto, los multimillonarios evasores empresarios Ricardo Salinas Pliego, Enrique Coppel y Alberto Bailléres González, todos con prósperos negocios.

Y como en este país el que no vuela, corre, pues en la lista aparece el ex líder charro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Joaquín Gamboa Pascoe, un hombre que hizo su fortuna gracias a empresarios charros que le llenaron los bolsillos para no aumentar los infames minisalarios.  El señor supuestamente defensor de los intereses de los trabajadores legó a su esposa e hijos 15.5 milloncitos de dólares que durante años ocultó en estos payasos fiscales. Gamboa Pascoe fue muy claro en sus intereses y declaró sin ninguna vergüenza: “Si los trabajadores están jodidos, ¿yo también tengo que estarlo?”…. evidentemente no. El líder charro recibió de empresarios charros millones de dólares a través de bancos de Alemania, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra entre 2014 y 2015.

El pasado exitoso de Gamboa Pascoe incluye su puesto de presidente de la Gran Comisión del Senado y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por supuesto, dotes de empresario para crear un fideicomiso en las Islas Caimán y ocultar a través de sus empresas offshore panameñas.

El colmo de los colmos, aunque no nos debería de sorprender en un país donde hay sacerdotes que mandan mucho más que algunos gobiernos y se dedican a acumular riqueza mal habida. Y el gran ejemplo, es el padre Marcial Maciel, sacerdote pederasta por antonomasia de la iglesia católica universal del mundo mundial.

Ahora sabemos que a Maciel, además de violar niños, incluidos sus propios hijos y consumir drogas, también le gustaba generar riqueza para sí mismo y sus discípulos más fieles de su podrida congregación religiosa. Para ello, montó una estructura financiera exitosa en las Islas Vírgenes y Bermudas desde 1992, con la ayuda de los directores y recortes de sus escuelas: la Universidad Aanahuac, el Cecvac, el Himalaya, el Cumbres, el Irlandés y tantos otros colegios donde actualmente se educan nuestras distinguidas élites sociales, hijos de las élites empresariales, funcionarios y políticos diversos.

Desde el epicentro del Vaticano, es decir, desde su sede en Roma ubicada en Vía Aurelia 677, Maciel y sus discípulos fieles (el sacerdote Jesús Quince Andrés, y los laicos Mario Olivieri Sangiacomo y Javier Vargas Díez Barroso) recibían 300 millones de dólares anuales para alimentar su fondito fiduciario llamado Ecyph Limited donde acumulaban las ganancias obtenidas con sus escuelas para las élites de México y otros países, según reveló el semanario italiano L’Espresso.

La respuesta de los lavadores de cuello blanco, o evasores para llamarlos elegantemente, es que todas sus operaciones en los paraísos fiscales son “legales y transparentes”.

Si así fuera, entonces, ¿por qué llevarse el dinero a los paraísos fiscales? ¿por qué crear empresas fantasma? ¿por qué evadir millones de dólares en impuestos? y en algunos casos, ¿por qué lavar dinero negro?

Cualquiera pensaría, que la Secretaría de Hacienda ya está tomando cartas en el asunto, investigando, procesando y condenando a estos evasores o lavadores, pero claro, esto es México y aquí nunca pasa nada.

México es el país de los lavadores de dinero. Allí está el Global Financial Integrity (GFI) para demostrarlo con un estudio que lo coloca en tercer lugar con 60 mil millones de dólares al año de flujo de capitales de procedencia ilícita.

El lema de moda es: lava, luego averigua, aquí no pasa nada.

Fuente: sinembargo

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Mario Meneses

CNDH: en México, siete #feminicidios cada día


Urgen políticas públicas para frenar ataques contra mujeres, dice

Llama a los estados a dar la importancia requerida a alertas de violencia.

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 13 de noviembre de 2017, p. 4

Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México.

En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político.

A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida.

De este total, en 12 entidades ya son alertas declaradas por violencia feminicida (estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán).

El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las Alertas de Género, que se presentó hace un par de semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete se determinó no declarar la alerta (Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de AVGM.

Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a la solución del problema. (Algunos lo consideran un golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es un reproche hacia el pasado, pero es más bien una propuesta hacia el futuro, enfatizó el ombudsman nacional.

La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es mediante el impulso de políticas públicas, generar una cultura de igualdad en la sociedad y establecer acciones que permitan que los ambientes y condiciones en las entidades donde se presenta el problema sean seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó que la CNDH está en la total disposición para coadyuvar en la resolución.

Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, donde hasta septiembre de este año se habían presentado 83 feminicidios, aún no haya una declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –instancias federales que forman parte del mecanismo de revisión de los procesos de alerta– a analizar a detalle el caso en esa entidad.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que en México casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual. Son 10 las entidades que presentaron números por encima de la media nacional: en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 por ciento) declararon haber sufrido al menos una situación de violencia; en el estado de México lo reportó 75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y en Baja California, 66.2 por ciento.

Fuente: jornada

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Mario Meneses

Vigila #Ejército trenes de carga


Por Mario Luis Ramos Rocha

AGUASCALIENTES, AGS. (OEM-Informex).-

Gracias a la intervención del Ejército Mexicano se logró abatir la alta incidencia de robos a convoyes de carga que cruzaban por nuestra entidad.

Luego de que casi a diario se registraran atracos, especialmente en la zona del Ojo de Agua, actualmente la cifra se redujo a cero, reveló el secretario general de la Sección Dos del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), José Ángel Muñoz Hernández.

Los artículos más sustraídos de los vagones de carga hasta antes de la intervención de la milicia eran partes automotrices, llaves inteligentes para autos de las armadoras automotrices que operan en la entidad; vinos y licores, así como artículos electrodomésticos.

También existía una alta incidencia de robo de combustible a las locomotoras, por parte de delincuentes que obstruían las vías férreas para robar parte de la mercancía que era transportada y aprovechaban para vaciar los tanques de diésel de las máquinas.

“Ante esta situación el dirigente nacional de nuestra organización, Víctor Flores Morales, solicitó el apoyo de la milicia y hoy se ha logrado reducir a cero el número de robos gracias a las labores de vigilancia conjunta que se han implementado”, explicó.

La vigilancia en convoyes que transportan todo tipo de mercancía se realiza de manera conjunta entre elementos castrenses, integrantes de una compañía de seguridad privada que fue contratada exprofeso para ello y elementos de corporaciones policiacas estatales y municipales.

“El Ejército Mexicano participa en el tramo que comprende de la comunidad de Felipe Pescador hasta Aguascalientes”, expresó el dirigente obrero.

Actualmente transitan por nuestra entidad hasta 15 trenes de carga cada día, tanto en dirección norte-sur como sur-norte.

 Fuente: elsoldelcentro
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Mario Meneses

Policía Federal y FBI crean grupo de fuerza para atender delitos de alto impacto


El Comisionado General de la PF Manelich Castilla dijo que este acuerdo permitirá atender delitos que afectan a la población mexicana y poner énfasis en temas como ciberseguridad y trata de personas.

La Policía Federal y el Buró Federal de Investigación (FBI) crearán un grupo de trabajo entre ambas agencias con la finalidad de que contribuya a la atención de delitos de alto impacto como el secuestro y el tráfico de armas.

En representación del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, se reunió con Carlos Cases, agregado jurídico del FBI, con la finalidad de continuar con la coordinación entre ambas corporaciones.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Policía Federal en la Ciudad de México, donde el Castilla Craviotto reconoció la colaboración constante que se tiene con el FBI y celebró la creación de un grupo de trabajo entre diversas agencias de Estados Unidos de América con instituciones de seguridad de México.

“Celebro la conformación de esta fuerza de tarea entre agencias de ambos países, que permitirá mayor colaboración para atender delitos que afectan a la población mexicana y poner énfasis en temas como ciberseguridad y trata de personas; sin duda, unir esfuerzos entre los dos países nos permitirá tener mayor éxito”, enfatizó el comisionado de la Policía Federal.

Castilla Craviotto refrendó su compromiso de continuar colaborando con las agencias de seguridad de Estados Unidos de América como el Buró Federal de Investigación, con el fin de formar capacidades entre elementos policiales de ambos países, además de solidificar el grupo de fuerza de trabajo conjunto.

Por su parte, el Agregado Jurídico del FBI expresó que la conformación de este grupo multiagencial beneficiará por completo a México y que tiene por objetivo trabajar en los delitos de alto impacto.

Ambos funcionarios acordaron fortalecer las capacitaciones al personal de la Policía Federal en temas como la identificación y el adiestramiento en explosivos, así como la participación de elementos de esta institución en el programa de la Academia Nacional del FBI.

JMSJ

Plan de Protección Familiar.


En términos de prevención de delitos, los expertos siempre recomiendan elaborar un Plan de Protección Familiar. Este consiste en identificar todas las amenazas a las que está expuesta una familia (robo, asalto, secuestro, chantaje, fraude, entre otros), en su hogar, en su sitio de trabajo y durante sus traslados, contemplando también sus lugares de visita frecuente.

 

Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

Blog informativo y de consulta, dedicado a promover la Cultura de la Seguridad y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

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