Minuta Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior.


Ley de Seguridad Interior

Ley de Seguridad Interior

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.
Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos
constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se Expide la Ley de Seguridad Interior, con número CD-LXIII-III-lP-
298, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes
Secretario

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Mario Meneses

 

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Licencia para matar


Licencia para matar

De acuerdo a datos del SINAIS, en los últimos cinco años, al menos 518 personas han muerto a manos de policías, soldados o marinos. Creemos que esta es una enorme subestimación: tan sólo en 2011 la base de datos de enfrentamientos publicada por el CIDE reportó 2,107 muertos a manos de autoridades contra apenas 53 del SINAIS.

Se encuentra en el senado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que otorga un marco legal para que las fuerzas de seguridad nacional cumplan también con tareas de “seguridad interior”, un término que no existe en nuestro marco constitucional, pero que incluye tareas de seguridad pública. Hay múltiples argumentos en contra de esta iniciativa, uno de ellos tiene que ver con la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas frente al uso excesivo de la fuerza y el asesinato de civiles, presuntos criminales o no, en enfrentamientos.

Hasta 2014, mediante solicitudes de información investigadores lograron contabilizar los saldos de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado http://www.redalyc.org/pdf/139/13925007004.pdf; sin embargo, a partir de dicho año Sedena respondió que no guardaba un registro de muertos, heridos y detenidos en sus enfrentamientos, dado que esa tarea quedaba a cargo de las procuradurías estatales. Así, nos quedamos sin una fuente central de información para evaluar el uso de violencia por parte de fuerzas federales y construir al menos un diagnóstico para movernos hacia mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, el CIDE hizo públicos los datos y resultados de una base de datos sobre enfrentamientos con detalles antes desconocidos sobre víctimas, contexto y características de los enfrentamientos. Lamentablemente, esta base sólo llega hasta 2011, año en que se dejó de publicar la base de “homicidios por presunta rivalidad delincuencial”.

La diferencia entre ambas fuentes es brutal: en 2011 la base del CIDE contabilizó 2,107 muertos en enfrentamientos con fuerzas policiales o federales; contra apenas 53 casos en SINAIS; al tiempo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ni siquiera distingue víctimas a manos de autoridades. Dicho de otro modo, hoy no tenemos forma de conocer el número real de estos homicidios y el SINAIS nos da una imagen pequeñísima de un problema enorme.

En este ejercicio queremos aproximarnos a lo que ocurrió desde 2014 a partir de una categoría contenida en la base de datos de homicidios SINAIS publicada por INEGI cada año. Del mismo modo, queremos contrastar estos datos con los datos de enfrentamientos para entender su composición. Una limitante de estos datos es que nos impiden distinguir qué autoridad participó en el enfrentamiento y/o fue responsable de la muerte de civiles (i.e. Ejército, Marina, Policía Federal, policías ministeriales, estatales o municipales. En total, entre 2011 y 2016 contabilizamos 518 civiles asesinados por autoridades.

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Mario Meneses

El abogado Ulrich Richter Morales gana juicio contra amparo solicitado por Google Inc.


Suprema Corte de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una sentencia en contra de Google en México que da competencia a jueces mexicanos para juzgar a cualquier empresa con domicilio fuera del país y cuyos actos produzcan efectos en México. La Primera Sala desechó este miércoles un recurso de amparo solicitado por Google Inc., a través de su apoderada legal en México, Ana Rosa Bobadilla Gallardo, y con ello dejó en firme una resolución de 2016 que otorga competencia a los jueces mexicanos sobre compañías extranjeras.

El proyecto de la ministra ponente Norma Lucía Piña Hernández se decantó por desechar el recurso promovido por Google Inc. debido a que la compañía se dio por desistida el 24 de octubre pasado y por ello el recurso de revisión quedó sin materia. Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votaron en favor del proyecto de la ministra, con lo que el amparo fue desechado por unanimidad y confirmada la sentencia que da competencia a los jueces mexicanos. El ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la sesión.

“Ante un precedente tan importante, como el del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Google decidió desistirse de su recurso ante la Primera Sala y conformarse con el principio pro persona”, dijo el abogado Ulrich Richter Morales, quien es el ciudadano que inició el litigio contra Google que este miércoles llegó a la Primera Sala. “Es un precedente muy importante en este mundo tecnológico”, dijo Richter entrevistado al término de la sesión.

Esta decisión de la Primera Sala robustece el criterio jurídico respecto a la competencia de los jueces mexicanos para juzgar a empresas con sede fuera del país y cuyos actos tienen repercusiones en los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Confirma el principio pro persona en México, que significa dar prioridad a la protección de las personas y abre la posibilidad de juzgar a gigantes tecnológicos como Google en México. “Con esto se construye la verdad legal, que ya no admite recurso alguno”, dijo Richter.

Para el abogado, “los algoritmos de Google a lo mejor dijeron ‘Vamos a desistirnos’, pero eso significa estar de acuerdo con el criterio de la competencia de los jueces mexicanos”. Los ministros de la Primera Sala consideraron que, ante el desistimiento, ya no había materia y desecharon la solicitud de amparo de Google Inc.

El Amparo en Revisión 587/2017 analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte es consecuencia de la demanda por daño moral que presentó Richter Morales contra Google Inc., Google México y Lino Cattaruzzi por la publicación de un blog difamatorio. Ante la negativa de Google para eliminar el blog, hospedado en la plataforma Blogger propiedad de la compañía estadounidense, Richter demandó por daño moral ante el Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México.

Luego vino un recurso de Google en el que alegó que los jueces mexicanos no tenían competencia sobre la compañía, pues ésta tiene su sede en el Condado de Santa Clara, Estados Unidos, y por tanto está sujeta a aquella jurisdicción. Ahora, con la decisión de la Primera Sala, se confirma que los argumentos de Google Inc. son equivocados y que puede ser juzgada en México.

El caso del abogado Richter contra Google por daño moral sigue abierto en el Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México y se prevé que sea resuelto a mediados de 2018.

ACTUALIZACIÓN 6 DE DICIEMBRE DE 2017 17:16 HORAS: Esta versión corrige el número de expediente del amparo en revisión atraído por la Corte.

internet@eleconomista.com.mx

Fuente:  el Economista / Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Mario Meneses

 

Contrato laboral ligado a la Seguridad de la Información


Seguridad de la Información

Seguridad de la información

El objetivo del presente dominio es la necesidad de educar e informar al personal desde su ingreso y de forma continua, cualquiera que sea la situación de actividad, acerca de las medidas de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones y de sus expectativas depositadas en los materiales de seguridad y asuntos de confidencialidad. Es necesario reducir los riesgos que generan los errores humanos, la comisión de actos ilícitos, utilización inadecuada de instalaciones y recursos y manejo no autorizado de la información, junto a la definición de posibles sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento.

Es necesario explicar las responsabilidades en materia de seguridad en la etapa de reclutamiento de personal e incluirlas en los acuerdos a firmarse y verificar su cumplimiento durante el desempeño del individuo como empleado, así como, garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en materia de seguridad de la información, y se encuentren capacitados para respaldar la política de seguridad de la empresa en el transcurso de sus tareas normales.

Suele ser responsable del área de recursos humanos para incluir las funciones relativas a la seguridad de la información en las descripciones de puestos de los empleados, informar a todo el personal que ingresa sus obligaciones con respecto del cumplimiento de la política de seguridad de la información, gestionar los compromisos de confidencialidad con el personal y coordinar las tareas de capacitación de usuarios respecto a las necesidades actuales en seguridad.

El responsable de área jurídica participa en la confección del compromiso de confidencialidad a firmar por los empleados y terceros que desarrollen funciones en el organismo, en el asesoramiento sobre las sanciones a ser aplicadas por incumplimiento de las políticas de seguridad y el tratamiento de incidentes de seguridad que requieran de su intervención.

Antes de la contratación

Todas las responsabilidades de seguridad deben definir antes de la contratación laboral mediante la descripción adecuada del trabajo y los términos y condiciones de empleo.

Todos los candidatos para el empleo, los contratistas y los usuarios de terceras partes se deben seleccionar de forma adecuada, especialmente para los empleados sensibles.

Los trabajadores, contratistas y usuarios de terceras partes de los servicios de procesamiento de la información deben firmar un acuerdo sobre las funciones y las responsables con relación a la seguridad.
Es necesario asegurarse de que se cumpla con el proceso de verificación de antecedentes proporcional a la clasificación de seguridad de la información a la que se debe acceder en el empleado a contratar. Dicho eso, el proceso de contratación de un administrador de sistemas TI debe ser muy diferentes al de un administrativo. Es necesario realizar comprobaciones de procedencia, formación, conocimientos, etc.

Actividades de control del riesgo

Investigación de antecedentes

Se deberían llevar a cabo las revisiones de verificación de antecedentes de los candidatos al empleo en concordancia con las regulaciones, ética y leyes relevantes y deben ser proporcionales a los requerimientos del negocio, la clasificación de la información a la cual se va a tener acceso y los riesgos percibidos.

Términos y condiciones de contratación

Como parte de su obligación contractual, empleados, contratistas y terceros deberían aceptar y firmar los términos y condiciones del contrato de empleo, el cual establecerá sus obligaciones y las obligaciones de la organización para la seguridad de información.

Durante la contratación

Se tienen que definir las responsabilidades de la dirección para garantizar que la seguridad se aplica en todos los puestos de trabajo de las personas en la empresa.

A todos los usuarios empleados, contratistas y terceras personas se les debe proporcionar un adecuado nivel de concienciación, educación y capacitación en los procedimientos de seguridad y en la utilización de los medios disponibles para procesar la información con el fin de minimizar los posibles riesgos de seguridad.
Es necesario establecer un proceso disciplinario normal para gestionar las brechas en seguridad. La responsabilidad con respecto a la protección de la información no finaliza cuando un empleado se va a casa o abandona a la empresa. Es necesario asegurarse de que esto se documenta de forma clara con los materiales de concienciación, los contratos de empleo, etc.

Se debe contemplar la posibilidad de que se lleve a cabo una revisión anual por parte de recursos humanos de los contratos junto a los trabajadores para refrescar las expectativas expuestas en los términos y las condiciones de empleo, incluyendo el compromiso con la seguridad de la información.

Actividades de control del riego

Responsabilidades de gestión

La Dirección debería requerir a empleados, contratistas y usuarios de terceras partes aplicar la seguridad en concordancia con las políticas y los procedimientos.

Concienciación, educación y capacitación en Seguridad de la Información

Todos los empleados de la organización y donde sea relevante, contratistas y usuarios de terceros deberían recibir entrenamiento apropiado del conocimiento y actualizaciones regulares en políticas y procedimientos organizacionales como sean relevantes para la función de su trabajo.

Proceso disciplinario

Debería existir un proceso formal disciplinario comunicado a empleados que produzcan brechas en la seguridad.

Cese o cambio de puesto de trabajo

Es necesario establecer la responsabilidad para asegurarse de que el abandono de la empresa por parte de los empleados, contratistas o terceras personas se controla, que se devuelve todo el equipamiento y se eliminan de forma completa todos los derechos de acceso.

Los cambios de las responsabilidades y los empleos en la empresa se deben manejar en caso de su finalización en línea con esta sección, y para esto los nuevos empleados se describen la sección 7.1.

La devolución de los activos de la empresa cuando un trabajador se va de la empresa sería mucho más fácil de verificar si el inventario de activos ha sido actualizado y verificado de forma regular.

Software para Seguridad de la Información

El Software ISO 27001 para la Seguridad de la Información se encuentra compuesta por diferentes aplicaciones que, al unirlas, trabajan para que la información que manejan las empresas no pierda ninguna de sus propiedades más importantes: disponibilidad, integridad y confidencialidad.

Fuente: Seguridad de la Información

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Mario Meneses

Libertad de expresión en México.


Libertad de expresión

Mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

La Relatoría Especial es una oficina de carácter permanente, con estructura operativa propia y con independencia funcional, que opera dentro del marco jurídico de la CIDH [1].

La Relatoría Especial tiene como mandato general la realización de actividades de protección y promoción del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluyen las siguientes funciones:

  • Asesorar a la CIDH en la evaluación de casos y solicitudes de medidas cautelares, así como en la preparación de informes;
  • Realizar actividades de promoción y educación en materia del derecho a la libertad de pensamiento y expresión;
  • Asesorar a la CIDH en la realización de las visitas in loco a los países miembros de la OEA para profundizar la observación general de la situación y/o para investigar una situación particular referida al derecho a la libertad de pensamiento y expresión;
  • Realizar visitas a los distintos Estados Miembros de la OEA;
  • Realizar informes específicos y temáticos;
  • Promover la adopción de medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión;
  • Coordinar acciones de verificación y seguimiento de las condiciones del ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los Estados miembros con las defensorías del pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos;
  • Prestar asesoría técnica a los órganos de la OEA;
  • Elaborar un informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en las Américas, el cual será considerado por el pleno de la CIDH para la aprobación de su inclusión en el Informe Anual de la CIDH que se presenta cada año a la Asamblea General; y
  • Reunir toda la información necesaria para la elaboración de los informes y actividades precedentes.

Durante 1998, la CIDH llamó a concurso público para ocupar el cargo de Relator Especial. Agotado el proceso, la CIDH decidió designar al abogado argentino Santiago A. Canton como Relator Especial, quien asumió el cargo el 2 de noviembre de 1998. En marzo de 2002, la CIDH designó al abogado argentino Eduardo A. Bertoni como Relator Especial. Bertoni se desempeñó en este cargo entre mayo de 2002 y diciembre de 2005. El 15 de marzo de 2006, la CIDH eligió al abogado venezolano Ignacio J. Álvarez como Relator Especial. En abril de 2008, la CIDH convocó a concurso para la elección del sucesor de Álvarez. Durante el período en que este puesto estuvo vacante, la Relatoría Especial estuvo a cargo del entonces Presidente de la CIDH, Paolo Carozza. El concurso se cerró el 1º de junio de 2008 y los candidatos preseleccionados a ocupar este cargo fueron entrevistados en julio de 2008, durante el 132º Período de Sesiones de la CIDH. Tras la ronda de entrevistas, el 21 de julio de 2008, la CIDH eligió a la abogada colombiana Catalina Botero Marino como Relatora Especial [2]. La nueva Relatora Especial asumió el cargo el 6 octubre de 2008.

[1] Al respecto, ver los artículos 40 y 41 de la Convención Americana, y el artículo 18 del Estatuto de la CIDH.

[2] CIDH. Comunicado de Prensa No. 29/08. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2008/29.08sp.htm.

Fuente:

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Mario Meneses

Conoce la forma en como realizar una #DenunciaAnónima


Denuncia Anónima

Denuncia Anónima

En México podemos decir que prácticamente no se denuncian los delitos. De acuerdo con la ENVIPE 2016, la denominada cifra negra alcanzó un 93.7% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa alguna, es decir, que de los 29.3 millones de delitos cometidos, no se denunciaron 27.45 millones.

La gente no denuncia porque no tiene confianza en la autoridad, tiene miedo de exponerse a ser extorsionada, considera que denunciar es una pérdida de tiempo, que el trámite es largo y difícil, o bien, tiene miedo al agresor, el delito lo considera de poca importancia o, de plano, por no tener prueba alguna.

Informe completo…  Denuncia Anónima

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Mario Meneses

 

Seguridad Nacional – Estrategia de #Seguridad por Manuel Sánchez Merelo


Recientemente se ha aprobado en España una nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2017, sucesora de la del año 2013 y de la Estrategia Española de Seguridad de 2011. Sobra decir que la Seguridad Nacional es responsabilidad del Gobierno, implica a las Administraciones Públicas y nos compromete a todos de una manera definitiva. Manuel Sánchez Gómez-Merelo […]

a través de La nueva Estrategia de Seguridad Nacional ENS 2017 – UN PROYECTO COMPARTIDO DE TODOS Y PARA TODOS — Manuel Sánchez Gómez-Merelo

Gestión de Riesgos


Beneficios de la Gestión de Riesgos

La Gestión de Riesgos permite a las empresas administrar de la mejor manera posible sus exposiciones al riesgo, minimizando pérdidas ante hechos imprevistos, pero predecibles en cuanto a su probabilidad de ocurrencia. Minimiza las pérdidas ante hechos muy probables, evitándolos con las medidas adecuadas.

El Risk Management se encuentra inmerso dentro del pensamiento estratégico. Es una de las herramientas con las que se debe contar para aumentar la probabilidad de cumplir los objetivos de la organización. Se trata de saber a qué se está expuesto y gestionarlo oportunamente, mejorando la capacidad de reacción en momentos de crisis.

La Gestión de Riesgos se concibe actualmente como una herramienta para apoyar la toma de decisiones de los directivos de forma proactiva, con un proceso de planificación y aplicación de acciones que se ponen en práctica con el objetivo de modificar aquellas condiciones generadoras de riesgos. De hecho, su principal propósito se centra en minimizar los riesgos relativos a un ámbito determinado de la sociedad.

Beneficios de la Gestión de Riesgos

Entre los beneficios obtenidos por las empresas al realizar una buena Gestión de Riesgos se encuentran los siguientes:

  1. Reducción de costes.
  2. Mayor nivel de satisfacción de clientes y empleados.
  3. Incremento de la productividad, al reducirse los siniestros.
  4. Disminución drástica de la incertidumbre.
  5. Logro de los objetivos organizacionales.
  6. Posibilidad de evitar situaciones que podrían causar pérdidas inesperadas y no planificadas.

El área de Gestión de Riesgos es uno de los principales del Buen Gobierno Corporativo, dado que permite identificar, evaluar y proponer medidas de control y transferencia, respecto de las exposiciones a riesgo que los activos de la empresa y sus empleados enfrentan en el día a día. El mapa de riesgos busca prever situaciones, diseñado en función de la experiencia de la empresa, de datos de otras empresas del sector y de información del entorno.

Información extraída del webinar impartido por Roberto Castro para EALDE Business School.

Fuente: Gestión de Riesgos

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Mario Meneses

Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción


Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción

La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción es un colectivo amplio formado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones anticorrupción, académicos, periodistas y personas interesadas en acabar con la corrupción e impunidad estructural que existe México.

La impunidad, junto con los escándalos de corrupción, nos obliga a buscar nuevas alternativas de trabajo y coordinación para poner un alto a las violaciones graves de derechos humanos así como a la impunidad y la corrupción. El colectivo trabaja en precisar las preocupaciones comunes, identificar las posibles estrategias para superar la crisis y las acciones en las cuales nos comprometemos de manera colectiva.

Dentro de las actividades de la Plataforma se han llevado a cabo reuniones con expertos internacionales para conocer y analizar experiencias nacionales e internacionales de mecanismos de cooperación con países que enfrentan problemas de derechos humanos, impunidad y corrupción, como son la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Comisión de la Verdad en Perú y el reciente trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en nuestro país.

Fuente: Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción

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Mario Meneses