Sistema de Justicia Penal en México.


ABC del nuevo Sistema de Justicia Penal en México

¿PARA QUÉ va a servir LA REFORMA AL SISTEMA PENAL?
Para que un sistema de justicia penal se considere eficiente, los jueces deben dictar sentencias condenatorias a aquellas personas que hayan cometido un delito y sentencias absolutorias a quienes sean inocentes. Esto podría parecer una simpleza…No lo es.
Si pretendemos que un juez desarrolle su tarea con pulcritud, es necesario que agentes del Ministerio Público y defensores apuntalen rigurosamente sus argumentos ante un tribunal. Sin embargo, agentes del Ministerio Público y defensores estarán imposibilitados de conseguirlo si la policía no recaba las pruebas de manera oportuna.

Así, nos guste o no, todo sistema penal depende, en primera instancia, de la policía.
Cuando ésta no funciona, agentes del Ministerio Público y defensores no pueden desarrollar un trabajo digno. Los jueces, como consecuencia, tampoco pueden cumplir con el suyo. Como en el caso de un reloj, basta que un sencillo engrane no gire, que un resorte no impulse, para que la maquinaria entera trastabille.
Ante la imposibilidad técnica —o política— de hacer reparaciones a fondo, algunos operadores jurídicos se han conformado con ceñirse a ciertas prácticas burocráticas.

Si los inocentes van a prisión o los autores de un delito quedan libres —aducen—, ése ya no es asunto suyo. En el siglo xxi, esto se antoja alarmante. La conveniencia de modernizar nuestros sistemas penales —el federal y los locales— se convierte, así, en exigencia.
Ahora bien, si debemos comenzar por el principio, hay que preguntarnos qué es lo que hace que una policía dé resultados: ¿Su preparación?, ¿su honestidad?, ¿los salarios dignos? La experiencia internacional nos enseña que, independientemente de todo esto, lo que permite que un cuerpo policiaco cumpla a cabalidad con las tareas que la Constitución y la ley le han asignado es su proximidad y capacidad de diálogo con la sociedad civil. Repitámoslo: su proximidad y capacidad de diálogo con la sociedad civil.

La razón es fácil de entender: ni los más profesionales servicios de inteligencia o los operativos más sofisticados, ni los dispositivos tecnológicos mejor diseñados o los agentes infiltrados más perspicaces, pueden disponer de los datos con los que cuenta la ciudadanía: ésta sabe dónde están las casas de seguridad donde mantienen oculto a un secuestrado, en qué zonas de la ciudad se vende droga y dónde se hallan los almacenes en que los grupos delictivos acopian armas. Sabe, incluso, la fecha y hora en que va a cometerse un delito…

Conocedores de esta riqueza informativa, las autoridades se esmeran en invitar a la sociedad civil a que denuncie, a que colabore con ellas… Desgraciadamente, la invitación no es suficiente. Ninguna persona en su sano juicio aceptaría delatar a sus cómplices o rendir testimonio ante un juez si sabe que su denuncia acabará difuminándose en un turbio litigio, en el que el acusado pueda acabar corrompiendo al policía, al agente del Ministerio Público o al juez. A ninguna persona puede exigírsele una conducta cívica valiente si es probable que ésta no vaya a servir de nada o —peor aún— vaya a poner en peligro su vida.

¿Qué hay que hacer, pues, para que la sociedad civil participe, hombro con hombro, con sus autoridades? Esta respuesta también es simple: brindarle confianza. Dicha confianza, desde luego, nunca va a conseguirse con un sistema penal laberíntico y tenebroso, como el que padecemos actualmente: un sistema donde pocos rinden cuentas y donde los jueces condenan o absuelven sin que la sociedad sepa por qué.
La reforma que impulsó el Presidente Felipe Calderón, en 2008, parte de la premisa de que sin transparencia no hay justicia. Aunque los detractores del cambio han apuntado que la reforma no va a acabar con la inseguridad como por arte de magia —lo cual es cierto—, soslayan el hecho de que el fin de la reforma no es abatir la impunidad de la noche a la mañana, sino crear un sistema que inyecte agilidad al proceso y propicie que la sociedad confíe en sus policías, sus agentes del Ministerio Público y sus jueces.

Quienes temen que sus intereses se vean afectados, ya han salido a protestar. Aducen que los juicios orales son lentos y costosos. Esto también es cierto. Pero la idea de la reforma no es aumentar el número de juicios, sino, al contrario, instigar a que la mayoría de los asuntos penales se diriman a través de mecanismos de justicia alternativa, como la mediación, la conciliación y el arbitraje. En suma, que no tengan que llegar a juicio. “¿Entonces va a negociarse la justicia?”, claman furiosos los enemigos del sistema acusatorio. La verdad es que la solución de conflictos es uno de los fines del Derecho y, si ello se logra a través de acuerdos amistosos entre las partes, esto no debiera inquietar a nadie.

El propósito de la reforma, a la manera de otros países más desarrollados, es que sólo los casos más delicados se presenten ante un juez, quien deberá dirimirlos con celeridad y transparencia. La sociedad debe verificar qué pruebas obtuvo la policía y cómo elaboró sus acusaciones el Ministerio Público. Por añadidura, el juez tendrá que explicar el motivo de su decisión en una audiencia pública. Si todo esto se logra, no es aventurado apostar a que pronto veremos una participación más intensa —mucho más intensa—, por parte de la sociedad, en lo que a seguridad pública, procuración e impartición de justicia se refiere.

La reforma penal tiene riesgos, naturalmente. Conforme pasa el tiempo y se avanza en la legislación secundaria, se han ido advirtiendo algunas insuficiencias. Pero las insuficiencias pueden enmendarse de forma paulatina, en miras a construir un país más justo. Lo que no parece razonable es mantener un sistema tan intrincado y, por ende, tan alejado de la ciudadanía. Un sistema así no abona al desarrollo económico y político de México. Menos aún, en una época en que el país busca incentivar la inversión nacional y extranjera, convertirse en un interlocutor respetable en el mundo globalizado y, sobre todo, consolidarse como Estado democrático de Derecho.

Gerardo Laveaga
Director General del
Instituto Nacional de Ciencias Penales

Descarga: ABC Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s