Ciudadanos, clave para la seguridad.


 ¿Existe plan eficaz para mejorar la seguridad? (I)

Por Vidal Romero  @vidalromero_
Mayo 06, 2014   3 Comentarios

Vidal Romero es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Es profesor-investigador del ITAM y actualmente es profesor visitante del Center on Democracy, Development, and the Rule of Law de la Universidad de Stanford.

Conforme pasan los meses y los años que hemos vivido con alta incidencia de crimen y violencia en México, el debate sobre el tema de seguridad afortunadamente transita del diagnóstico y la queja hacia la discusión de posibles soluciones.

Desde el gobierno y desde la oposición no se ha presentado un plan que establezca de forma concreta y clara los objetivos de los distintos niveles de gobierno, cómo específicamente ayudará la sociedad a lograr dichos objetivos, y financieramente cuánto nos costará. Lo que existe es una multitud inmanejable de planes, acciones, fondos y buenos deseos. Las soluciones más eficaces son probablemente más sencillas que todo lo que actualmente tenemos.

El problema de inseguridad no es nuevo en México ni en el mundo. Existe por ello conocimiento acumulado sobre lo que potencialmente funciona y lo que no. Hay un amplio menú de opciones, algunas más viables que otras, algunas que imitan lo que se ha realizado en otros lugares y otras que innovan.

Sabemos que no existe una variable única que al modificarse, vaya a resolver en el corto plazo la inseguridad. Hay muchos tipos de inseguridad que varían en función de las condiciones de cada sociedad: desarrollo, geografía, instituciones, entre otras.

Para discutir seriamente soluciones efectivas, habría que amablemente ignorar soluciones como “acabar con la pobreza” o “mejorar la educación”. Éstas son obviamente deseables, y existe evidencia de que menos pobreza y mejor educación reducen el crimen; pero son inviables, al menos en el corto plazo. Y son temas que de todas formas el Estado debe atender. Si solucionamos el problema de la pobreza y de la educación para llegar al nivel de países desarrollados, mejorará no sólo la seguridad, sino todo lo imaginable en el país, quizá hasta ganemos el mundial de futbol.

Van aquí dos puntos iniciales a considerar para diseñar políticas que reduzcan la inseguridad a niveles satisfactorios:

1. El punto de inicio de los tomadores de decisiones y de los ciudadanos debe ser que no es posible “acabar con el crimen”. El costo marginal de combatir al crimen es constante o creciente y los beneficios decreciente; esto, resulta altamente ineficiente, y probablemente inviable dada la escasez de recursos, llevar la incidencia del crimen a cero. Siguiendo la lógica del recién fallecido Gary Becker, dados recursos escasos, la pregunta clave es: ¿cuánto crimen de cada tipo estamos dispuestos a soportar?

Esto implica que el tomador de decisiones debe elegir qué delitos y qué delincuentes combatir. Por deseable que sea, no es posible combatir todos los delitos y a todos los criminales simultáneamente.

Dado que no es viable eliminar por completo al crimen, la mejor inversión es aquella que minimiza los efectos nocivos del crimen para la sociedad.

Primero, la política de seguridad debe enfocarse a los delitos violentos. Este es un punto repetido sistemáticamente, pero que no ha terminado de materializarse en el énfasis y eficacia de las acciones de gobierno.

Y, segundo, la política debe reducir la percepción de miedo de los ciudadanos. El costo en estrés y en medidas “excesivas” de seguridad es inmenso en sociedades que enfrentan olas de crimen. La difusión de la información sobre acciones e incidencia de delitos es fundamental.

2. No se debe dejar sólo en manos del gobierno la decisión sobre qué políticas aplicar y, especialmente su implementación. Las políticas de seguridad exitosas requieren continuidad en el tiempo; el gobierno es especialmente deficiente para la continuidad. Son las propias comunidades—es decir, los interesados—quienes mejores incentivos tienen para continuar programas que mejoren su entorno.

De igual forma, la comunidad es la mejor equipada para intervenir en esfuerzos para reintegrar a los criminales o vacunar a aquellos individuos en riesgo contra las actividades de delincuencia, ya que en ambas se requiere confianza. El gobierno es usualmente un actor poco confiable para muchos ciudadanos.

Finalmente, la innovación es fundamental para solucionar el problema. El conocimiento local es muy importante para generar soluciones efectivas.

Sobre estas líneas es posible encontrar aplicaciones de cada punto que han sido ya aplicadas en casos específicos y pensar en potenciales innovaciones, las cuales incrementalmente mejorarán el problema de inseguridad. En entregas posteriores abundaré sobre cada punto.

Dos puntos para mejorar la seguridad (II)

En esta segunda entrega continúo con puntos específicos para mejorar la seguridad, analizando los temas que debiera explícitamente privilegiar la estrategia de seguridad.

Me enfoco ahora en los criterios de selección de crímenes prioritarios que debiera seguir una estrategia de combate a la inseguridad.

El Estado no tiene recursos para prevenir y atender todos los crímenes. De hecho, económicamente sería muy ineficiente bajo una gran cantidad de circunstancias intentar hacerlo: todo constante, el costo marginal de prevenir y atender cada crimen es constante o incluso creciente, por ejemplo, cuesta igual o más caro reducir la incidencia de robos de 20 a 10, que reducirla de 1,000 a 990.

Si quisiéramos reducir literalmente a cero la incidencia de homicidios, requeriríamos información de inteligencia perfecta sobre los movimientos minuto a minuto de todos los potenciales homicidas, y vigilancia en cada centímetro del territorio nacional. Esto suena obviamente poco viable, y aún si fuese viable, los costos serían inmensos, y el costo de oportunidad de no invertir estos recursos en otras cuestiones, por ejemplo combate a la pobreza, lo hace también inviable. Y esto aplica para robos, extorsiones, y cualquier otro crimen.

Así, tenemos que elegir qué sí hacer y qué no. Dados recursos escasos, el objetivo general de una estrategia de seguridad que maximiza el bienestar del agregado social es minimizar la incidencia de crímenes que peores efectos tienen en los ciudadanos. Esto es, no necesariamente son los crímenes que implican más recursos económicos, o los que acaparan las primeras planas de los diarios.

Hay dos categorías de crímenes que califican como “peores” para la sociedad: aquellos que consideran el uso de la violencia y aquellos que atemorizan a la población llevando el miedo a niveles ineficientes.

Sobre la primera categoría, el Estado debe crear los incentivos adecuados para que las actividades criminales eviten la violencia que afecta a los ciudadanos. El uso del poder coercitivo del Estado debe usarse selectivamente en contra de los criminales que hagan uso de la violencia. Crímenes como el secuestro y el robo que daña físicamente a las víctimas debieran estar en el primer lugar de inversión de recursos de la autoridad.

Esta política debe ser explícita y publicitada para generar el efecto adecuado en los criminales, quienes al ver incrementado el costo de cometer ciertos delitos pueden ser persuadidos a cambiar sus actividades a delitos no-violentos o, en el mejor de los casos, a actividades lícitas.

De igual forma, el Estado debiera perseguir con mayor énfasis a aquellas organizaciones criminales más propensas a usar la violencia, ya sea contra otras organizaciones criminales, contra el Estado o contra la sociedad. De esta forma, envía el mensaje a los grupos criminales sobre qué tipos de comportamiento son “aceptables” y cuáles no.

Suponemos que una organización criminal racional adaptará su comportamiento para sobrevivir. Y si las organizaciones no se adaptan y si la política del Estado es consistente en el tiempo y es efectiva, entonces sólo sobrevivirán las organizaciones que menos utilicen la violencia. Esta debiera ser una meta básica de todo programa de mejora de la seguridad.

Nótese que estos puntos no requieren más presupuesto ni más burocracia de la existente, sólo requieren focalizar los recursos y esfuerzos a cuestiones específicas. El esbozar políticas con una multitud de puntos que en el papel buscan solucionar todo —por ejemplo, desde reducir la incidencia de todos los crímenes y hasta mejorar la situación económica de una región— terminan no resolviendo nada por la dispersión de recursos.

Si bien pareciera, en principio, poco atractivo políticamente el no prometer que se resolverá todo, habría que pensar que es aún menos rentable el anunciar que todo se resolverá y no resolver nada.

En la siguiente entrega, la tercera de cuatro, trataré el tema de la segunda categoría de efectos nocivos de la inseguridad: el miedo a ser víctima de un delito.

Ciudadanos, clave para mejorar la seguridad (III)

Ésta es la tercera entrega sobre puntos específicos para mejorar la seguridad. Discuto aquí algunos casos para comprender el grado de involucramiento del gobierno en las intervenciones para mejorar la seguridad.

Si bien en primera instancia es el gobierno a quien primero se culpa cuando las cosas van mal en seguridad pública, y también de quien se espera que ofrezca soluciones, existen varias circunstancias en las que es deseable que el gobierno no intervenga directamente. Muchas veces la intervención estatal, incluso en asuntos de seguridad, genera más costos que beneficios.

En el caso de políticas de recuperación de espacios públicos –las que son fundamentales para reducir el crimen– la participación de los ciudadanos es vital para que sean soluciones sustentables en el tiempo. El Estado no es el mejor equipado para la continuidad de políticas públicas.

Existen programas, en la lógica de la teoría de ventanas rotas que, con distintas variantes, ya se han instaurado en distintas localidades y que generan los incentivos adecuados para que sean los particulares quienes mantengan el entorno público en buenas condiciones, reduciendo la probabilidad de incidencia criminal.

Un buen caso es la concesión de bajo-puentes a negocios en donde la renta del espacio público es muy reducida o nula, y, a cambio, la empresa se compromete a mantener en buen estado el espacio. El empresario tiene suficientes incentivos para cumplir con su parte del acuerdo: la baja renta y la atracción de clientela gracias a las buenas condiciones del entorno. Gana la empresa y la sociedad con el espacio recuperado y con el cual el gobierno no gasta un solo peso de nuestros impuestos, e incluso puede tener ingresos.

Otro caso positivo es el de conservación de espacios públicos con participación de empresas privadas y de los vecinos.

El gobierno concesiona un espacio en el parque o unidad deportiva para que se instale en exclusiva alguna empresa –por ejemplo, un café, un restaurante, o una tienda de conveniencia. La renta es baja, comparada con el precio del mercado o nula. A cambio, la empresa se obliga a mantener en buen estado el espacio público.

Es posible, incluso, incluir en las condiciones que a quienes contrate la empresa para las labores de mantenimiento sean vecinos del espacio público, quienes tendrán más incentivos para conservar el espacio público en buenas condiciones y recibirán un salario. En este caso, también el gasto del gobierno es cero y ganan empresarios y la comunidad.

En distintas intervenciones en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, se ha promovido el entrenamiento y créditos blandos a microempresarios para que instalen o mejoren sus empresas –por ejemplo, tiendas de abarrotes, estéticas, e incluso hoteles.

Además del potencial efecto directo de mejorar la economía local, la instalación de negocios genera incentivos para que los dueños y empleados mejoren el entorno comunitario.

Éstos son programas que ilustran soluciones en las que el Estado sólo regula y apoya indirectamente, pero no interviene directamente en la solución como tal. Los incentivos de empresarios y de la comunidad hacen sostenible la solución en el largo plazo. Y no hay gasto público ni creación de nuevas burocracias.

Por construcción, el gobierno en un sistema democrático está mal equipado para darle continuidad a las políticas públicas.

Se requiere que existan individuos o grupos suficientemente interesados en que los programas continúen, y con fuerza suficiente para inducir al gobierno a mantenerlos. Este efecto es el que genera el interés de empresarios en la ganancia económica y de los ciudadanos en la mejora de su entorno.

Estos actores se involucran por interés propio, y no por algo abstracto como el “beneficio social”. Esto es lo que hace sostenibles este tipo de programas. Y lo hace, además, sin cargo a nuestros impuestos.

Estaremos pendientes para continuar la IV parte de estas publicaciones.

Saludos

@MarioMeneses_

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