Escenarios de la #Tortura por @InsydeMx


Después de firmar la declaración falsa, el detenido es presentado ante los medios de comunicación y el Ministerio Público como culpable de algún delito.

Por: Ernesto Cárdenas Villarelo

Hablemos de tortura: supongamos que existe un ciudadano que nunca en su vida ha tenido el más mínimo encuentro con representantes de la ley, pero sabe que la policía está facultada para solicitar o exigir la modificación de ciertas conductas que violan las leyes o reglamentos aplicables; además está informado que todo policía, sin excepción, ha sido perfectamente capacitado y entrenado para aplicar la fuerza necesaria, incluido el uso de armas de fuego de acuerdo a normas y procedimientos establecidos y actualizados. No tiene duda de que la policía puede invitarlo, someterlo, detenerlo y conducirlo sin dilatación ante la autoridad correspondiente para deslindar cualquier tipo de responsabilidad que se le impute; tampoco tiene duda que sus derechos serán plenamente respetados y que puede seguir su proceso en libertad porque la ley presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Este ciudadano no tiene el menor asomo de desconfianza porque la policía le subraya sus derechos y con seriedad acude o acata la convocatoria de los representantes de la ley.

Desafortunadamente, el perfil de este ciudadano no existe en México; menos aún las condiciones institucionales para que se desarrolle. La mayoría de las experiencias de primer contacto con policías describen hechos totalmente contrarios al ideal. Cualquier ciudadano tiene suficientes razones para preocuparse en caso de cualquier contacto con la policía y reaccionar, con verdadero terror, cuando se percibe como finalidad la detención sin justificación. El problema con la detención no es en sí el hecho mismo de la detención en un Estado de Derecho, sino la frecuencia de su ilegalidad en un régimen de inseguridad e injusticia como el que vivimos los mexicanos. Aquí comienzan los verdaderos problemas.

Supongamos que este hipotético y desafortunado ciudadano es detenido con violencia cuando circulaba por una calle poco transitada y exige una explicación de su detención; como respuesta recibe insultos, amenazas, golpes y es subido a una patrulla de policía con lujo de violencia, donde se le identifica como socio de una banda de delincuentes, se le extraen sus pertenencias, tarjeta bancaria y se le exige dinero para liberarlo; es conducido a un cajero automático y después a su domicilio para completar el monto requerido; tanto él como la familia es informada de la supuesta conducta delictiva del detenido y todos son advertidos de evitar cualquier denuncia ya que “la situación se puede complicar”.

Este escenario es muy frecuente en zonas urbanas pobres, las víctimas son principalmente jóvenes de sexo masculino −también mujeres son objeto de abusos, nadie está exento. Los patrones de detención registran muchas variaciones: por ejemplo, el detenido puede ser conducido en casos extremos a “casas de seguridad” a merced sólo de la policía; también puede ser obligado a declararse culpable o señalar a terceros incluso desconocidos; con frecuencia la policía “siembra” evidencia como drogas y armas y así los detenidos son presentados ante el agente del Ministerio Público, siempre bajo amenaza; en otros casos, aparece el policía “bueno”, cuya finalidad es pedir sumas de dinero sólo para “ayudarlo”, la escena es acompañada de amenaza subyacente, implícita. En otros casos, cuando la víctima se atreve a denunciar hechos de tortura y extorsión, incluso casos de robo con violencia, se revierte en su contra y el denunciante resulta inculpado, detenido y torturado por los mismos perpetradores, en este caso por los mismos policías. O en situaciones extremas de tortura con resultado de muerte o de serios daños físicos o sicológicos irreparables, el caso se convierte de “alto impacto” y con sorprendente eficacia se ubican culpables (auténticos o designados); con mucha frecuencia estos casos son celosamente resguardados y simplemente no pasa nada.

Los casos de tortura se convierten en un hecho público hasta que son denunciados por organizaciones nacionales o internacionales especializadas en la defensa, la promoción y el litigio de casos graves de violación a los derechos humanos, aunque son poco reconocidos por las autoridades aun cuando las disposiciones provengan de las cortes internacionales de derechos humanos. Se generan observaciones, recomendaciones y con cierta frecuencia se declaran compromisos oficiales para erradicar la tortura. En otros casos todo se niega: “aquí no hay tortura”. Con todo, el ciclo de la tortura se reproduce en todos lados, la tortura se multiplica en circunstancias y escenarios propicios donde la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas se constituyen en cultura institucionalizada. La tortura es generalizada pero también sistemática, al menos en zonas específicas, donde existe evidencia de una clara intencionalidad; hay estudios en proceso que demostrarán que la sistematicidad en zonas específicas existe o se presentó con especial gravedad en el último sexenio.

Volviendo a nuestro hipotético ciudadano, su caso seguramente pasará a engrosar las estadísticas de la impunidad, si acaso se registrará en una base datos de nula utilidad y será muy difícil identificar si fue objeto de actos de tortura o no. Nadie lo sabrá, nadie lo investigará y nadie reparará el daño sufrido. Recordemos que la ley permite tres formas de detención: en flagrancia, en caso urgente (por riesgo de evasión o falta de otras condiciones) y por orden judicial. A este ciudadano no le aplica ninguna de las tres, aun así es detenido. Fin de la historia.

La razón de su detención la podemos apreciar desde otro ángulo nada anecdótico, por razones incluso ajenas al mal desempeño policial. Las estadísticas judiciales señalan que el 60% de las detenciones en México son en flagrancia (muchas de ellas en realidad son “flagrancia simulada”). Nuestros policías son buenísimos para identificar sospechosos con tan sólo su mirada penetrante y, por esa vía, detectar “actitudes nerviosas” y “descubrir” culpables de delitos; a veces es suficiente el olor de la persona, que es un recurso muy utilizado para sumar “casos de éxito” y abultar las estadísticas de eficacia policial. La publicidad de estos datos es un auto engaño. Entre 2006 y 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) arraigó a 6 mil personas, de las cuales sólo fueron consignadas 120; desde entonces el nivel de ineficacia en el uso y abuso de esta figura ha sido reiterado en múltiples ocasiones por especialistas nacionales e internacionales.

A pesar de las demandas para eliminar el arraigo del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerarlo espacio donde la tortura se practica, la figura llegó constitucionalmente para quedarse desde la reforma penal de 2008. Es claro que una persona detenida en flagrancia (o flagrancia simulada) tiene mayores probabilidades de ser objeto de algún tipo de abuso o tortura que una persona detenida por orden judicial, y en el primer supuesto muchos ciudadanos estamos de hecho (probabilístico) en situación de riesgo. Los resultados de una encuesta difundida por Amnistía Internacional (AI) no dejan lugar a dudas, sostienen que el 64% de los mexicanos temen ser torturados en caso de detención y otros muchos afirman estar de acuerdo con la tortura. Sin duda la defensa judicial de las víctimas para la reparación del daño por tortura es indispensable, pero surge una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con las policías y el Ministerio Público cuando existe en la práctica un 100% de impunidad histórica en casos de tortura?

Insyde desarrolla actualmente un esfuerzo institucional para impulsar la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México. Hace dos años comenzamos unos cuantos, hoy estamos en 15 entidades federativas, en donde un cada vez mayor número de actores oficiales, mandos, operativos y personal administrativo y de las áreas jurídicas, académicos, sociedad civil organizada y víctimas participan en “Acciones contra la tortura”.

Decidimos posicionar el tema de la tortura en la agenda de seguridad pública y de procuración de justicia mediante la difusión de las siguientes herramientas: 1) Una ley especial para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos de tortura, para promocionarla en los congresos de los estados con la esperanza de que se apruebe; tampoco perdimos de vista la necesidad de impulsar un iniciativa de orden general y en eso seguimos trabajando. 2) Una guía para investigar el delito de tortura para agentes del Ministerio Público, porque falta profundizar en los aspectos y estrategias efectivas para cambiar la tradición que menosprecia el problema de la tortura en los procesos judiciales; esto no ha sido fácil.3) Un protocolo para el ejercicio y control de uso de la fuerza legítima con enfoque de derechos humanos y centrado en la detención, ya que confirmamos que la cultura policial se asienta en procesos reactivos antes que preventivos y es necesario desarrollar efectivos controles internos y externos al desempeño policial; la Campaña sigue trabajando junto con las policías y sus mandos en acciones para su implementación. 4) Un sistema de registro de personas detenidas por cualquier autoridad sobre una plataforma en línea de captura, para su implementación en cada etapa del proceso judicial, comenzando con la detención, esto porque confirmamos que las resistencias reales al control interno son abrumadoras y es necesario romper el ciclo de la tortura por diversos frentes. 5) Una base de datos en línea para el registro de casos de tortura, con el objetivo de evidenciar su incidencia y prevalencia en todo el país; no pretendemos sustituir la función del estado en materia de información, pero sí la negligencia de las autoridades para generar información estadística confiable sobre tortura. Y 6) Una guía para promover la defensa de los derechos de las víctimas de tortura basada en la ley general de víctimas.

Como complemento a las herramientas de la Campaña diseñadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos de tortura, y con la finalidad de impulsar su conocimiento sistemático, se diseñó una estrategia de promoción, posicionamiento y capacitación, articulada a una población objetivo compuesta de: policías, agentes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Asimismo, se diseñó una plataforma de capacitación a distancia para involucrar de manera directa a sectores amplios de la población objetivo; este método se complementa con la distribución de discos compactos y la difusión por medio de conferencias, talleres presenciales, mesas redondas y foros. Con la base de acuerdos interinstitucionales de la Campaña, se permitirá involucrar a 3 mil servidores públicos y ciudadanos de manera directa; y aproximadamente a 9 mil funcionarios y ciudadanos de manera indirecta.

Hemos avanzado pero no lo suficiente, es necesario que la población esté informada y asuma una posición de lucha contra la incidencia del flagelo que es la tortura. Es imprescindible que las autoridades sepan que somos más los que no queremos más tortura, que aquellos que la practican y la encubren; y que no cederemos un paso a la tortura en México. Los invitamos a seguir nuestras acciones y a sumarse a esta Campaña, dará mucho qué hablar en los próximos meses y años.

* Ernesto Cárdenas Villarello es coordinador Técnico de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México, de Insyde ecardenas@insyde.org.mx

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2014/09/09/escenarios-de-la-tortura/#ixzz3CsaSNdGw

Saludos

@MarioMeneses_

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s