Ley de #SeguridadInterior contradice recomendaciones internacionales


La iniciativa que busca aprobar el Congreso para dar atribuciones de seguridad pública a los militares es contraria a las recomendaciones de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos.

16/01/2017 5:00 AM CST | Actualizado 16/01/2017 8:38 AM CST
Manuel Hernández Borbolla Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014.

La Ley de Seguridad Interior que el Congreso pretende aprobar para legalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, contradice las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes consideran que la militarización de la seguridad pública propicia violaciones graves de los derechos humanos.

Esto, debido a que la lógica militar de abatir al enemigo en lugar de detenerlo para que sea juzgado, ha promovido un incremento notable en violaciones graves de derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, tal como lo evidencian casos como las masacres de Tlatlaya o la ejecución de un civil a manos de ocho marinos en Nuevo León, casos que al día de hoy permanecen impunes.

De acuerdo con las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México, publicado por la ONU en 2014, “es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares; y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno”.

En junio pasado, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En el mismo tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein recomendó al gobierno de México que “las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”.

Ninguna de estas recomendaciones figura en las propuestas de Ley de Seguridad Interior presentadas por el PRI, PAN y PRD.

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Pero no sólo eso, sino que además, el concepto mismo de seguridad interior ha propiciado violaciones graves de derechos humanos, según advierte la CIDH en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

“Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia”, señala el documento.

“La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos ‐en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil, actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial”, añade el informe.

Una situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por los principales partidos políticos que pretenden aprobar la nueva Ley de Seguridad Interior de manera exprés y sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones de derechos humanos.

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“Las fuerzas armadas están inmersas en la lógica bélica que implica anular al enemigo. Y esa lógica en un contexto de despliegue territorial para labores de seguridad pública propicia que se comentan violaciones a derechos humano. En México eso ha sucedido”, explica Santiago Aguirre, subdirector del del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en entrevista con el Huffington Post.

Prácticamente todos los indicadores de violaciones a derechos humanos han aumentado en 10 años de guerra contra el narcotráfico con el agravante de que han ido seguidas de una impunidad recurrente cuando se trata de abusos castrenses. Ese contexto no debería ser dejado de lado en estas discusiones”.Santiago Aguirre, Centro Prodh

De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, otro punto preocupante es que las leyes presentadas por los legisladores plantean puntos que violan la Constitución, además de que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública es un supuesto que no puede sostenerse con los datos oficiales luego de una década en que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para pelear en la llamada “guerra contra el narco”.

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“Desde nuestra perspectiva el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir legislación en materia de seguridad interior, pero considerando también que el artículo 21 de la Constitución señala con mucha claridad que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles. Nos parece que hay ahí un primer problema de constitucionalidad preocupante”, añade Aguirre.

“En el Senado se insistió en la pertinencia y necesidad de que las fuerzas armadas aumentaran su presencia en algunos territorios, sugiriendo que esta presencia sería eficaz para combatir la inseguridad. Nosotros consideramos que la evidencia empírica de los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico pone en entredicho este supuesto, pues lo real es que hoy tenemos un país más violento que hace 10 años”, señaló.

Fuente: Huffingtonpost

Saludos

Mario Meneses

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