“Así estamos…” Julio 2017 por @causaencomun


El sistema político mexicano está podrido. Son ya 16 gobernadores presos, prófugos o con procesos abiertos y, aún así, el gobernador de Nayarit encuentra pertinente importar caballos pura sangre. Como ningunas otras, las imágenes de un Javier Duarte desquiciado, retratan a una generación de saqueadores delirantes que llevaron la política al ámbito de la psiquiatría. Peor se pone la cosa cuando a la corrupción sólo la alcanza la ineptitud de eso que todavía llamamos, por inercia quizá, “gobierno”. Ineptitud que mata es el resumen del socavón en el que murieron, asfixiados, un padre y su hijo. Para rematar, la inverosímil incapacidad de toda una secretaría de Estado, la SCT, ya no para supervisar un libramiento, ya no para redactar unos cuantos mensajes enérgicos, solidarios, decentes, sino al menos unos que no fueran tan torpes e insensibles. Sorprende incluso tratándose de un gobierno que nunca supo construir proyecto ni discurso.

Lo anterior no alcanza para terminar de crear a la Fiscalía Anticorrupción ni, para el caso, la nueva Fiscalía General de la República. Quizá porque los partidos políticos están ocupados en eso que se ha dado en llamar “posicionamiento”. Según Mitofsky, la actual fotografía electoral se ve de la siguiente manera: el PAN iría primero en preferencias (18.6%) y tercero en rechazo (34.6%); Morena iría segundo en preferencias (17.7%) y cuarto en rechazo (32.8%); el PRI iría tercero en preferencias (16.6%) y primero en rechazo (59.8%); y el PRD iría en cuarto lugar en apoyos (6.7%) y segundo en rechazo (35.7%). En este contexto de rechazo y escasos apoyos, los escenarios se vuelcan sobre las coaliciones y, ni así, los números dan para que nadie brinque de gusto: un frente de todos los partidos de izquierda, incluidos PRD y Morena, sumaría un 26.7% de las preferencias; una alianza PAN-PRD, un 25.3%; una del PRI con el PVEM y Nueva Alianza, 19%; y una de Morena con el PT, 18.7%.

La único que se movió, de “negativa” a “estable”, fue la perspectiva de la calificación soberana (Standard and Poor’s). Otra cosa es la economía real. La inversión continúa estancada, con un crecimiento promedio de 0.6% anual desde el 2014. El crecimiento económico esperado es cercano al 2%, éste y el próximo año, siendo que, a estas alturas del sexenio, la Secretaría de Hacienda estimaba crecimientos por encima del 5%.

El empleo supuestamente ha crecido, misteriosamente casi al doble que la economía (a junio, la tasa era de 4.4%), lo que implicaría la creación de más de 800 mil empleos en los últimos 12 meses. Sin embargo, la disparidad entre el crecimiento económico y la generación de empleo se explica en buena medida por la formalización de empleos ya existentes (entre el 40%, según la Secretaría del Trabajo, y un 60%, según algunos analistas). Además, de acuerdo al INEGI, el 57% de la población ocupada trabaja en la informalidad y casi la mitad (24.7 millones) ganan hasta dos salarios mínimos al mes (4,800 pesos), mientras que los que ganan más de tres salarios mínimos disminuyeron de 11.3 millones en 2012 a 10.3 el año pasado. Esos son los números de la informalidad, de la precariedad y de la subsistencia.

Deben destacarse las noticias positivas relacionadas con las dos principales reformas estructurales: en el sector energético, el hallazgo de yacimientos en Tabasco que podrían representar hasta 2 mil millones de barriles; en el sector educativo, la “devolución” a las escuelas de 44 mil plazas de “aviadores”, que representan un gasto de 5 mil millones de pesos anuales, mil millones de pesos más que lo que cuesta el Seguro Popular cada año.

Donde no hubo reforma ni nada, y se nota, mes con mes, es en seguridad. Van los números:

  • El 75% de la población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro. Nunca se había registrado una proporción tan elevada desde que el INEGI comenzó el levantamiento de la encuesta en 2013.
  • En junio se cometieron 2,234 asesinatos dolosos (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Es la cifra más alta en la historia reciente, y casi 40% mayor que la de junio del año pasado. El promedio diario de asesinatos en junio fue de 85, cuando en junio de 2014 era de 47. En cuanto a masacres, las hubo al menos en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.
  • El total de homicidios dolosos en el primer semestre del año fue de 13,729, para un incremento del 33% con respecto al año pasado.
  • Según el INEGI, hasta el año pasado se acumularon 88 mil asesinatos en el sexenio, a los que habrá de sumar los cerca de 27 mil de este año. Y, a esos 115 mil, los que se sumen el año entrante…
  • No es todo. Los datos del Secretariado muestran un aumento en el número de secuestros, extorsiones y especialmente en robo de autos. El robo de vehículos se incrementó en 31% durante el primer semestre (42,800 unidades) comparado con el mismo periodo del año pasado, la mayor cifra y el mayor incremento de que se tenga registro.

Los responsables políticos de este desastre van acumulando pretextos y últimamente les ha dado por culpar al nuevo sistema de justicia penal. Después de desperdiciar ocho años para preparar a los policías, los peritos y los ministerios públicos, sólo alcanzan a promover una contrarreforma para ampliar la prisión preventiva y nos recuerdan que existe impunidad. Y sí, claro que existe; de hecho, la impunidad y la injusticia definen al sistema, con o sin reforma. Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra (sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados), tenemos que la “impunidad simple y llana”, es decir, los delitos sin castigo, serían el 99% de los casos (Índice de Impunidad México 2016, Universidad de las Américas). Además, del total de internos en los centros penitenciarios que hay en el país, un 40% no han recibido sentencia (Comisión Nacional de Seguridad).

El hecho es que los recursos para la reforma se dilapidaron, que no hubo capacitación, que las investigaciones criminales prácticamente no existen y que las detenciones en flagrancia siguen siendo “el pilar” del sistema. Si la solución fuera la encarcelamiento masiva sin juicio y sin sentencia, ya tendríamos la seguridad de un cantón suizo.

Al final, cuanto mejor sean las leyes que se escriban en materia de seguridad y procuración de justicia, con más garantías y más transparencia, más en evidencia quedará el estado que guardan nuestras policías y fiscalías. No tiene mucha ciencia: nos la pasamos discutiendo leyes pero dejamos de construir instituciones, la brecha entre ambas se ensancha, la frustración crece y luego se proponen nuevas leyes que tampoco pueden aplicarse porque el problema es, y siempre ha sido, institucional.

Tan es así, que uno de los principales quejosos del nuevo sistema de justicia penal, el encargado del gobierno de la Ciudad de México y jefe, de paso, de una corporación de alrededor de 95 mil policías, se esmera en explicar, con supuestos tecnicismos, que la capital es la única entidad mágica del país en la que no operan carteles, pero le pide a la Armada que “se haga cargo” de un narcomenudista en Tláhuac. Por su parte, López Obrador y su equipo salen en defensa del delegado, quien tiene probables vínculos con el cartel o con la banda o con la banda del cartel, o lo que sea, en un caso que recuerda al alcalde Abarca y Ayotzinapa.

Así se van entrelazando la ineptitud y las complicidades, y desde luego no sólo en Tláhuac o en Iguala, y así nos va…

Fuente: causaencomun

Saludos

Mario Meneses

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