PGR descabezada por @EdgarCortezm


El título nada tiene que ver con Halloween, sino con la realidad política de  las últimas dos semanas.

En sólo cinco días  la Procuraduría  General  de la República (PGR) se quedó al garete. El lunes 16 de octubre el Procurador, Raúl Cervantes, renunció abruptamente al cargo y, sólo cinco días después, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales (FEADLE), Santiago Nieto, fue destituido de su cargo por el subprocurador Alberto Elías.

Las primeras interrogantes tienen que ver con la renuncia del Procurador. ¿Cuál fue la verdadera causa de la renuncia de Raúl Cervantes? Si no tenía expectativas de ser el primer Fiscal ¿por qué dejó truncó su proyecto de nuevo modelo nacional de procuración de justicia? ¿Alguien le pidió que destituyera al Fiscal electoral y optó por renunciar antes que tomar una decisión que sólo aumentaría su desprestigió?

Respecto de la destitución del Fiscal electoral una parte del debate se colocó en torno a si el subprocurador Elías tenía facultades para realizar la destitución y si existía una efectiva justificación para una determinación de esta naturaleza. Mientras que sobre al Fiscal, Santiago Nieto, los cuestionamientos eran si había revelado información de la investigación que seguía en contra de Emilio Lozoya y la posible operación para que recursos provenientes de la corrupción de la empresa Odebrecht hubieran terminado en la campaña presidencial de 2012.

La interrogante de fondo era si la destitución del Fiscal electoral era para cerrar la posibilidad al avance de esta investigación y entonces mantener en pie la práctica del financiamiento ilegal en las campañas políticas. Lo sucedido en Coahuila y el Estado de México, en junio pasado, son evidencia de la vigencia de esa práctica.

Dado que el Senado tiene la facultad de objetar las destituciones de los Fiscales especializados, el diferendo de inmediato se volvió una disputa política entre las fracciones que lo integran. Los priistas en favor de mantener la destitución, mientras que la oposición (Frente Ciudadano por México y Morena) buscando revertir el despido.

La discusión entre estas fuerzas se circunscribió al tipo de voto mediante el cual dilucidar el asunto. ¿Voto secreto o público?

Mientras tanto Emilio Lozoya, persona investigado, presentó un par de denuncias penales en contra de Santiago Nieto. Ahora sabemos que existen cuando menos seis denuncias penales en su contra.

Este affaire duró exactamente una semana, pues el viernes 27 de octubre Santiago Nieto informó que desistía de objetar la destitución para dedicarse a su defensa legal y porque consideraba inviable poder seguir desempeñando el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

Luego de esta breve crónica es necesario desentrañar las razones de fondo del conflicto y las consecuencias del mismo.

Cuando hablamos de autonomía e independencia de una institución a lo que nos referimos es al atributo que hace posible que el Ministerio Público en la investigación de los delitos esté protegido de influencias indebidas así sean externas o internas.

En este conflicto se puso de manifiesto la inexistencia de autonomía e independencia tanto de la PGR como de esta Fiscalía especializada. No olvidemos que hasta la fecha el Procurador General de la República forma parte del Ejecutivo y regularmente la selección recae en una persona cercana y de confianza del Ejecutivo.

En el caso del Fiscal Especializado en Delitos Electorales, el dictamen ciudadano del artículo 102 constitucional diagnostica que en los casos de las fiscalías especializadas […] acusan defectos de diseño por cuento a su falta de autonomía ya que en realidad se mantienen como meras unidades dependientes del Procurador General.

Lo sucedido con Santiago Nieto corresponde exactamente a esta situación.

Otro aspecto que afloró fue el del uso político de la justicia. Finalmente el ex Fiscal de Delitos Electorales tuvo que desistir de objetar su destitución para defenderse pues ahora toda la PGR está en su contra y podrá fabricarle delitos que lo lleven a la cárcel.

Un tercer problema es la politización que tiene atrapados a estos cargos, lo mismo cuando inician como cuando concluyen.

El Senado tiene la facultad de objetar estos nombramientos, bajo la idea que no sea una decisión unilateral y arbitraria del Ejecutivo. Sin embargo éste fue incapaz de ayudar resolver el diferente aplicando reglas de debido proceso. Eso significa, una parte que acusa con claridad y con información objetiva; otra que ejerce su defensa y un tercero imparcial que luego de escuchar a las partes toma una decisión sustentada y es transparente sobre quienes toman la decisión.

Lo que vimos fueron grupos políticos que trataron de usar este asunto para aventajar sus posiciones de cara al proceso electoral del 2018.

A fin de cuentas el resultado es que tanto PGR como FEADLE pierden lo poco que conservaban de credibilidad. Se torna inexistente la capacidad de investigar delitos, sobre todo los electorales, que serán cruciales para el desarrollo de la campaña presidencial del año próximo.

El saldo final es una PGR sin cabezas, sin nadie que asegure su conducción.

Edgar Cortez

Martes 31 de octubre de 2017

Fuente: somosmass99

Saludos

Mario Meneses

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