Seguridad interior y uso de la fuerza: el hoyo negro


Seguridad Interior

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La Cámara de Diputados aprobaría la Ley de Seguridad Interior que da licencia a las fuerzas federales como la Marina, el Ejército y la Policía Federal para actuar en temas de seguridad pública.

El fracaso rotundo y evidente del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente. Van por más de lo mismo, no importa el tamaño de la tragedia humanitaria de la violencia que asola buena parte del país.

Hoy jueves 30 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, se podría escribir el más grave error por parte del Estado mexicano del que yo tenga memoria en materia de seguridad pública. Se trata de la muy posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estamos ante un inminente golpe de proporciones incalculables en contra de la rendición de cuentas en las políticas e instituciones de seguridad en México.

Centenas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, líderes sociales y víctimas se oponen a la Ley de Seguridad Interior tanto en México como en el extranjero. Los motivos en contra son muchos pero aquí solo destacaré uno de ellos, acaso el más grave: con esta norma se multiplicarán los eventos de uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y no habrá sobre tales eventos rendición de cuentas posible. La Ley de Seguridad Interior es una licencia de uso de la fuerza sin contrapeso efectivo alguno. Dadas las evidencias disponibles, las consecuencias de esto precisamente en contra de la seguridad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos son potencialmente devastadoras.

Desde el 2011 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas han venido estudiando la información disponible respecto al uso de la fuerza por parte de las instituciones federales de seguridad en enfrentamientos con el crimen organizad. El equipo encontró niveles desproporcionados en el uso de la fuerza letal desde aquel año y reportó lo mismo en el 2015. Sin embargo, en este segundo texto llamó la atención sobre algo más: el incremento de la opacidad en el acceso a la información en la materia. Luego de construir sus investigaciones usando información proporcionada por la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, esta última informó que a partir de abril de 2014 “ya no se le da continuidad” a la estadística relacionada con civiles muertos y heridos en enfrentamientos, argumentando que esa información no es necesaria para la dependencia, dado que “el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Ante tal respuesta de la SEDENA, los investigadores comentaron en el mismo texto de 2015 que ello violenta “el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado hagan públicas sus actuaciones y posibiliten su evaluación”, al tiempo que se opone al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que en su artículo 15, c, iii señala que después de una agresión se procederá a “Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarías”. Agregaron los autores: “Es contradictorio y preocupante que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria para la dependencia, cuando el manual que regula su actuación así lo exige e incluso establece responsabilidad legal para los mandos en caso de incumplimiento (art. 23, B, d).”

Pero anotaron una alerta más: “Igualmente preocupante es que al ser preguntada por el número de enfrentamientos registrados, la PGR —dependencia a la que en su respuesta la SEDENA nos sugirió canalizar nuestra solicitud— haya respondido tener conocimiento de cero enfrentamientos en 2011, uno en 2012, cero en 2013 y tres en 2014 (solicitud folio 0001700326814). La generación y disponibilidad de información sobre el uso de la fuerza es necesaria para poder evaluarla y controlarla, especialmente la fuerza letal. Constituye, pues, un mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida de todas las personas”.

En un tercer texto publicado en abril pasado, los mismos investigadores reiteraron el altísimo valor del escrutinio en esta materia y una vez más alertaron sobre le progresiva opacidad: “Evaluar el uso de la fuerza implica mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Deberíamos contar con más y mejor información sobre qué hacen y dejan de hacer. Pero en vez de ampliar la transparencia, lo que hemos visto en tiempos recientes es la aprobación de reformas legales que la sofocan. Por ejemplo, el año pasado, fueron aprobadas reformas al Código de Procedimientos Militares para facultar a la SEDENA a realizar levantamiento y reconocimiento de cadáveres. Es decir, lo que tendremos ahora es sólo la versión de la SEDENA o la Marina sobre qué sucedió en un enfrentamiento. A la vez, la propuesta del PRI en materia de Seguridad Interior que se discute en el Congreso propone que toda la información que se genere en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior sea clasificada en términos de la Ley de Seguridad Nacional. En otras palabras, la poca información que hoy tenemos para estudiar qué sucede durante los enfrentamientos, será aún más reducida. En el contexto descrito, donde la autoridad civil no realiza peritajes de los enfrentamientos y donde las denuncias por la comisión de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas, resulta sumamente preocupante que las normas legales que se impulsan vayan en sentido contrario a la transparencia y rendición de cuentas”.

En efecto, según el anteproyecto al que tuve acceso, la Ley de Seguridad Interior que al parecer se aprobará hoy dispone que “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

En un análisis reciente que hice sobre las leyes, reglamentos, protocolos y estándares sobre uso de la fuerza de la policía en el país, confirmé en entrevistas con Forné y Pérez Correa y con varios investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia que es casi imposible encontrar evidencia a lo largo del país de que la policía registra de manera regular los eventos de uso de la fuerza y utiliza la información para el análisis, la identificación de patrones de desempeño y la mejora. Confirmé que la policía en México como regla no cumple con el más básico, delicado e importante estándar de control y rendición de cuentas, es decir: registrar, evaluar y asegurar las consecuencias sobre el uso de la fuerza.

El peor escenario posible. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior metería en una bolsa inaccesible de información confidencial y reservada la operación de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando su actuar se clasifique justamente como parte de operaciones de seguridad interior, en un contexto donde, en particular en torno al uso de la fuerza, la opacidad creciente ya ha sido confirmada por la investigación especializada. Más fuerza y menos rendición de cuentas; la fórmula coloca a México en sentido contrario del paradigma democrático de las políticas de la  seguridad, cuyo norte principal es asegurar su coherencia con el respeto a los derechos humanos.

El Estado mexicano se ha negado a garantizar el gobierno civil de la seguridad bajo parámetros profesionales y de rendición de cuentas. Ahora camina hacia una fase superior que, además de negar lo anterior, habilita a las Fuerzas Armadas para expandir su intervención irregular en tareas que la Constitución no les mandata, pero además, por si fuera poco, cada vez más cobijadas por la opacidad. Más fuerza y más secreto.

Luego de tres décadas dedicándome al tema de la seguridad pública, no tengo memoria de otro evento más peligroso para el país que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El fracaso rotundo del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente y han decidido profundizarlo. Está la mesa puesta para reproducir aun más violencia. Terrible.

@ErnestoLPV

Fuente: Seguridad Interior

Saludos

Mario Meneses

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