Nace el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática


La evidencia disponible permite afirmar más allá de toda duda que las políticas de seguridad en México van a la deriva. El país está secuestrado por un patrón inercial político y social que recarga la expectativa de recuperar la seguridad en el crecimiento de los recursos y en el uso de la fuerza, aunque tal expectativa carezca de fundamentos racionales. La Ley de Seguridad Interior es la nueva promesa de una vieja historia. Tras veinte años de reformas constitucionales, legales e institucionales y de multiplicación del gasto para la seguridad, la violencia no es siquiera contenida. La historia se repite una vez más, ahora con esa ley, y la única novedad es la abierta y acaso irreversible transferencia de la seguridad pública a los militares.

Foro Nacional de Seguridad Democrática

El patrón inercial a favor de más recursos y más fuerza pública ha sido caracterizado por la teoría como “modelo incremental”. El fenómeno se alimenta a sí mismo: la violencia persiste, entonces vienen más recursos y más fuerza pública. La violencia persiste, más recursos, y así sucesivamente. Esto se sabe bien; miren la evidencia. El documento Descifrando el Gasto Público en Seguridad reporta que 4 mil 500 recomendaciones derivadas de 550 auditorías evidencian “débiles mecanismos de evaluación, mecanismos inadecuados de control y fiscalización y ausencia o insuficiencia de reportes sobre el destino del gasto”. El estudio concluye nada menos que “no existe información confiable sobre qué funciona y qué no”.

Otra investigación confirma que “el gasto federal ejercido en seguridad se duplicó en términos reales de 2006 a 2016”. Luego de desagregar dicho gasto, encuentra que “las administraciones recientes han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de combate frontal…”.

Los recursos crecen enfocados en el despliegue operativo para el uso de la fuerza civil y militar, independientemente de que los resultados esperados, léase la seguridad, no lleguen. Este modelo incremental, usando un concepto del mercadeo, merece lealtad más allá de la razón entre los gobiernos y buena parte de los gobernados por igual. Un ejemplo de lo anterior es la recurrencia de dos respuestas mayoritarias en los estudios de opinión, perfectamente contradictorias: “confío poco o nada en la policía” y “quiero más policía”. Una y mil veces confirmada entre la opinión social, esta dupla es a simple vista incoherente y a la vez consistente con la percepción generalizada que recarga la mejora de la seguridad en la disponibilidad de más recursos.

Las y los políticos lo han aprendido bien; pueden tomar decisiones sin justificarlas racionalmente: es el caso de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que prolonga y agudiza la militarización de la seguridad pública. Ocurre justo cuando, a la imposible validación de este modelo hegemónico de seguridad carente de resultados, se agrega la evidencia del desgaste militar, expresado en la reproducción de violaciones graves a los derechos humanos, cobijadas en la impunidad. Un reporte revela que en más de 500 investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República por delitos de soldados contra civiles entre 2012 y 2016, solo se lograron 16 sentencias condenatorias, esto es, el equivalente al 3.2% del total.

La otra cara de la moneda en esta historia es la débil o nula documentación, el exiguo aprendizaje formal y la prácticamente inexistente memoria del Estado mexicano en torno a los ocasionales casos prometedores y exitosos en la construcción de seguridad y la reducción de la violencia. Toda mi carrera profesional he encontrado esfuerzos positivos que parecen andar en el sentido correcto o, incluso, prácticas prometedoras y exitosas que terminan desmontadas por falta de apoyo político y se diluyen en la desmemoria. El Estado mexicano destruye la posibilidad de corregir lo que no funciona y, a la vez, de fortalecer lo que sí.

Las más graves frustraciones las he visto y vivido no en torno a la repetición de las malas conductas, sino a la indiferencia e incluso el ataque desde las propias instituciones contra el buen desempeño. Por ejemplo, sé de incontables policías y agentes del ministerio público abandonados a su suerte. No porque no funcionen, sino porque al hacerlo afectan intereses criminales poderosos, muchas veces incrustados en las instituciones policiales y en las procuradurías. En esta cara de la moneda está una de las más perversas expresiones del malogrado Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde, por ejemplo, priva la visión hegemónica que califica al municipio como un problema, siendo justamente ahí donde he podido mirar los mayores éxitos –si bien efímeros–, en la mejora policial, por ejemplo.

El proceso electoral de 2018 aún no muestra ofertas correctivas del patrón inercial a favor de más recursos y fuerza pública. Por el contrario, ya atestiguamos un circo donde parecen competir por el premio a la ocurrencia hasta alcanzar la caricatura involuntaria. Va un ejemplo tan pedestre como reiterado: instalación de más cámaras de vigilancia. El problema es que estas caricaturas convertidas en decisiones de política pública –por llamarles de alguna manera– son la plataforma que da paso a la reproducción masiva de víctimas de las violencias.

Jamás habrá una mención que haga justicia al esfuerzo que se encamina a construir la seguridad y reducir la violencia por parte de actores independientes. Se trata de un fenómeno sin precedentes que viene articulando procesos cada vez más potentes de presión social y política y que merece análisis aparte. Sin embargo, esta suerte de multiplicación incesante de anticuerpos de la crisis sigue enfrentando una resistencia al cambio de proporciones en general aún insuperables. Así lo reconocieron múltiples actores destacados que participaron en la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: la Vía Civil, celebrada en octubre pasado (aquí el video de todas las mesas de trabajo).

La constatación cotidiana del agotamiento de las políticas de seguridad en México y de su fase superior, que abre paso franco a la militarización de la seguridad pública, fue el contexto que dio paso a la organización de tal evento y al anuncio –ahí mismo– de la creación del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. La iniciativa fue convocada bajo el liderazgo del Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, y en alianza con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a su vez acompañados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México (aquí el pronunciamiento).

El Foro, ya en operaciones a partir de este 2018 que comienza, impulsará de manera permanente una agenda de investigación científica y una oferta educativa orientadas a la incidencia a favor de políticas de seguridad eficaces, legítimas, coherentes con los derechos humanos, soportadas en el conocimiento científico y la evidencia; tal como lo ordena la Constitución, conducidas por el liderazgo civil. El Foro ofrecerá una caja de herramientas teóricas y metodológicas modernas a las autoridades y a las y los actores oficiales independientes involucrados en esfuerzos a favor de un paradigma democrático de la seguridad.

Esta iniciativa incluirá la instalación del primer laboratorio de innovación en seguridad ciudadana, donde académicos, líderes sociales y representantes de la autoridad intercambiarán el conocimiento y la experiencia para crear nuevas herramientas útiles para la mejora práctica de las políticas y las instituciones responsables.

Este espacio además funcionará como una ventana al mundo por donde serán miradas y convocadas las experiencias y lecciones aprendidas más allá de nuestras fronteras. Es el caso del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), cuya directora anunció públicamente, en la conferencia mencionada, la alianza con el nuevo Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. En la experiencia de 30 años del EFUS, agregó, el camino correcto es crear lenguajes y metodologías comunes entre actores diversos, oficiales e independientes, desde un espectro que rebasa las instituciones policiales y el sistema de justicia penal e incluye la educación, la salud y la planeación urbana, entre otros. Especialmente valioso, a decir de las representantes de la oficina sede del EFUS ubicada en París, Francia, es el liderazgo académico en la creación de este foro.

Comenzamos.

Ernesto López Portillo Vargas es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.

Fuente: Foro Mexicano para la Seguridad Democrática

Saludos

Mario Meneses

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