No a la #tortura sexual


Tortura sexual

La crisis de violaciones a derechos humanos y violencia generalizada que ha caracterizado la llamada guerra contra la delincuencia de la última década ha implicado para las mujeres una mayor y diferenciada victimización a manos de las fuerzas de seguridad,1 aunada a las otras violencias que les afectan en diversos ámbitos sociales, la cual se ha invisibilizado en las discusiones prioritarias sobre la crisis de seguridad.

La tortura es una de las caras más dañinas de esta crisis. Expertos de la ONU han confirmado que la tortura es generalizada en México, cometida por autoridades civiles de los tres niveles de gobierno y por integrantes del Ejército y de la Marina.2 Especialmente, han mostrado alarma debido al gran número de denuncias por tortura y malos tratos a mujeres (principalmente detenidas), incluyendo la violencia sexual.3

La impunidad —regla general en la investigación de delitos en México4 es aún mayor en los casos de tortura, puesto que el Estado difícilmente muestra voluntad para investigarse a sí mismo. Según datos de la Procuraduría General de la República obtenidos vía una solicitud de acceso a información, entre 2012 y 2016 se registraron más de 10 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación por tortura, pero sólo 22 fueron consignadas ante la autoridad judicial.5

En la otra cara de la impunidad, el uso de la tortura contra personas detenidas representa una doble injusticia, pues además de los impactos físicos y psicológicos en la víctima de tortura y su familia no se realiza una investigación diligente para dar con el verdadero responsable del delito investigado.

A pesar de que organismos nacionales e internacionales lleven décadas documentando la tortura en México, hasta hace pocos años no había un análisis sobre su práctica e impacto en víctimas mujeres. Hoy los casos y las investigaciones demuestran que los actos de tortura contra mujeres suelen incluir la tortura sexual, practicada en ellas de manera desproporcional6 y como forma extrema de discriminación de género.

En la actualidad la defensa y atención a mujeres torturadas sexualmente recae primordialmente en las sobrevivientes y sus familias. Sin duda, es hora de que las autoridades cumplan con su obligación de poner fin a esta práctica, prioridad que debería estar en la plataforma de cualquier aspirante a cargos de elección popular.

Los casos documentados a lo largo de los últimos años demuestran que la violencia sexual contra mujeres detenidas alcanza niveles alarmantes. De 2006 a 2016 en el 72% de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación a la integridad personal en casos de mujeres víctimas, los hechos incluyeron actos de índole sexual.7 En 2016 Amnistía Internacional analizó los casos de 100 mujeres detenidas en 19 entidades federativas; de ellas, 72 informaron haber sufrido violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas por agentes del Estado.8

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales que informan haber sobrevivido a la tortura sexual. A partir de lo documentado se desprende que esta categoría de tortura se expresa a través de una diversidad de actos que impactan negativamente en la sexualidad de la mujer. Incluye, entre otras, la violación, entendida como la penetración vía vaginal, oral o anal, con cualquier parte del cuerpo u objeto; la amenaza de cometer dicho acto, los tocamientos y/o descargas eléctricas en pechos, glúteos y/o genitales, y obligar a la víctima a realizar actos sexuales u observar un acto sexual que se comete en otra persona.

Un caso emblemático de tortura sexual, como discriminación y violencia extrema en contra de mujeres, es el caso de Taylín Clotet Wang, acompañado por el Centro Prodh.9Taylín fue detenida arbitrariamente en la Ciudad de México la madrugada del 7 de febrero de 2014 cuando numero- sos policías federales allanaron el departamento donde vivía con su familia, detención de la que fueron testigos sus hijas e hijo menores de edad, y la atacaron. “Estaba totalmente desnuda. Ese hombre estaba encima, entonces me agarraba por ejemplo los pechos, y me decía ‘así que te gusta andar cogiendo, andar de puta’”, narró Taylín al Centro Prodh. Ella y su esposo les decían que la soltaran porque estaba embarazada, a lo que contestó uno de los aprehensores: “está embarazada la puerca”. La tortura le provocó un aborto que no fue atendido debidamente por el personal de salud bajo cuya responsabilidad se encontraba Taylín. Hoy, a más de cuatro años de su detención arbitraria y de sobrevivir a la tortura, continúa bajo arresto, mientras lucha para que las autoridades judiciales excluyan las pruebas ilícitas que sustentan el auto de formal prisión que la mantiene presa.

Como indicó el relator especial sobre la tortura de la ONU, en la mayoría de los casos de tortura sexual a mujeres no hay investigación o bien son minimizados por las autoridades, y las sobrevivientes son revictimizadas cuando denuncian o se someten a exámenes médicos.10 Lo anterior es particularmente grave tomando en cuenta que el acto de denunciar la tortura sexual implica de por sí enfrentarse no solamente al miedo a represalias sino al estigma especial que tradicionalmente se ha asignado a ser mujer sobreviviente de la violencia sexual.11

El contexto descrito dio lugar a que en 2014 las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en San Salvador Atenco12 lanzaran una iniciativa para ampliar la solidaridad entre víctimas de estas graves violaciones. La campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual” cuenta con la participación de más de 20 sobrevivientes, de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz.13

Los casos de la campaña demuestran que la tortura sexual viene acompañada de la reproducción de estereotipos y roles de género, que en ese contexto constituyen técnicas de humillación diseñadas para aumentar la sensación de vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer. Por ejemplo, humillaciones y abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres (decir a las víctimas que son “putas” o “rejegas”).14 Varios de los casos demuestran que la tortura contra las mujeres puede tener como objetivo humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (obligarlos a firmar una confesión).

Durante 2017 el Centro Prodh documentó 29 casos de mujeres que alegaron haber sido torturadas sexualmente. Después de casi un año de trabajo confirmamos que la violación es la herramienta por excelencia en contra de ellas por parte de las fuerzas de seguridad y castrenses. Así, en los 29 casos analizados, en 11 se empleó la amenaza de cometer violación sexual; en tres estaba por consumarse, pero el o los agentes fueron interrumpidos; en otros 15 se consumó y, de éstos, en 12 casos se cometió de forma tumultuaria. Este último fenómeno evidencia el nivel de organización y complicidad que mantiene la violación como una herramienta para suprimir la voluntad de las mujeres.

Tortura sexual

A propuesta de organizaciones de la sociedad civil en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015,15 el Estado creó un mecanismo interinstitucional coordinado por la CONAVIM para analizar casos de tortura sexual a mujeres. Aunque este modelo tenga potencial para atender a sobrevivientes, la falta de recursos se ha traducido en la dictaminación de un promedio de un solo caso por año.

El gobierno ha realizado sólo incipientes esfuerzos por documentar la dimensión del fenómeno: en 2017 el INEGI dio a conocer que la recurrencia de la violación sexual contra las mujeres detenidas es más de tres veces mayor que en hombres.16 Sin embargo, el cuestionario que se utilizó no fue diseñado para identificar otras formas de violencia sexual.

Por otra parte, tras años de exigencia de parte de víctimas, sociedad civil y organismos internacionales —y tras la emisión de una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo dos que esbozan estándares para investigar la tortura a mujeres con perspectiva de género y derechos humanos—17 en junio de 2017 entró en vigor la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que incluye disposiciones encaminadas a garantizar una atención especializada a mujeres víctimas. Sin embargo, la experiencia demuestra que contar con leyes adecuadas no es suficiente para cambiar nuestra realidad. Así, la aplicación de la nueva ley debe ser detalladamente observada y requerirá el escrutinio de la sociedad.

Cualquier gobierno que pretenda revertir la violencia, desigualdad y discriminación por razones de género —desde el ámbito familiar y privado, hasta los ámbitos públicos, institucionales, escolares, laborales y otros— debe partir de evaluar y resarcir su participación en estas prácticas, ya sea por acción (cuando los perpetradores son actores estatales) u omisión (incluyendo cuando los perpetradores son actores no estatales, pero no existen mecanismos de prevención, protección e investigación). Al día de hoy, por el contrario, el aparato estatal perpetúa prácticas de discriminación y violencia agravada por razones de género —que se verifican tanto en espacios públicos como privados— en un contexto en el que la tortura sexual a mujeres no sólo es tolerada y encubierta, sino que es la herramienta de fabricación de pruebas contra personas inocentes.

Es así que una de las primeras tareas de los nuevos funcionarios electos en julio de este año, así como obligación legal y moral de todas las autoridades actuales y futuras, es dejar de ser un Estado tolerante de la tortura sexual y dirigir sus esfuerzos hacia la prevención, investigación, sanción y plena erradicación de esta forma extrema de violencia y discriminación.

Stephanie Erin BrewerAraceli Olivos Portugal y María Luisa Aguilar Rodríguez
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), http://www.centroprodh.org.mx


1 Al evaluar al Estado mexicano en 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU señaló: “Al Comité le preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados”. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México. Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/7-8. 7 de agosto de 2012, párr. 11.

Los últimos años han traído un aumento en la detención de mujeres bajo acusaciones de delitos contra la salud. Equis Justicia para las Mujeres, Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México (2017), pp. 9, 10, http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/GuiaDe-Drogas-WEB-2.pdf. La cantidad de mujeres privadas de la libertad en Centros Federales de Readaptación Social aumentó a niveles alarmantes entre los años 2007 a 2012, pasando de 63 a 557 mujeres. En 2013 el número ascendió a mil 105. Esta cifra se duplicó en 2017, en el que se reportó una población de dos mil 731 mujeres. Documenta, “El uso de la prisión en México”, http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/69. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (mayo de 2007). Datos como estos muestran el aumento en la vulnerabilidad de las mujeres frente a la política de seguridad actual.

2 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Misión a México. Doc. ONU A/HRC/28/68/Add.3. 29 de diciembre de 2014, párr. 76. Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – México. Doc. ONU A/HRC/34/54/Add.4. 17 de febrero de 2017, párr. 21.

3 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Misión a México. Doc. ONU A/HRC/28/68/Add.3. 29 de diciembre de 2014, párr. 28.

4 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Ver Boletín de Prensa núm. 417/17, 26 de septiembre de 2017, p. 11. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf.

5 Arturo Ángel, “Las quejas por tortura se quintuplican; PGR resuelve menos del 1% de los casos”, Animal Político, 30 de mayo de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/05/quejas-tortura-pgr/.

6 Ver, por ejemplo, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (2012), p. 63, https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/encuesta_internos_cefereso_2012.pdf. La encuesta independiente advierte que “[e]n el caso de la violencia sexual, 27.8% de las mujeres que reporta golpes afirma que fue víctima de violencia sexual, frente a 6.2% de los hombres que reporta esta misma conducta por parte de las autoridades”.

7 Las recomendaciones se encuentran en: www.cndh.org.mx/Recomendaciones.

8 Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (2016), pp. 20, 22.

9 Ver el resumen del caso en: http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/?p=444. Ver también: Centro Prodh, “Mujer, torturada, presa: el caso paradigmático de Taylín Clotet”, Revista DeFonDHo, noviembre de 2017, p. 5, http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=230&Itemid=27&lang=es.

10 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Misión a México. Doc. ONU A/HRC/28/68/Add.3. 29 de diciembre de 2014, párr. 28.

11 Refiriéndose al uso de la violación sexual como tortura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha reconocido que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima ‘humillada física y emocionalmente’, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. […] Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales”. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 114.

12 Este caso se encuentra actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), litigado por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

13 Ver el sitio web de la campaña en: http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/

14 Ver Centro Prodh, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Asociadas por lo Justo (JASS), Tortura sexual en México: Contexto, prácticas e impactos(2015), pp. 19-21.

15 CIDH. Denuncias de tortura sexual contra mujeres en México. Audiencia Pública del 154° Período de Sesiones. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yllxpWZrvD0

16 Ver la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016) en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/

17 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. Ambas sentencias están disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es

Fuente nexos

Saludos

Mario Meneses

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