Urge fortalecer el combate a la corrupción.


El impacto de la corrupción en las finanzas públicas de México equivale entre 2 y 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Con ese monto se podría multiplicar por 10 el número de alumnos inscritos en la UNAM. Buscamos a uno de los especialistas en la materia para arrojar luz sobre el tema.

En 2017 México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, al pasar del sitio 129 al 135 –de 180 países evaluados en materia anticorrupción–. El informe, publicado en conjunto por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, detalla que México obtuvo 29 puntos de calificación, en una escala que va del 0 (el país peor evaluado) al 100 (el mejor en la materia). Y la corrupción no solo se manifiesta en el sector público, sino también en el sector privado: 44% de las empresas en México realiza pagos extraoficiales a funcionarios públicos, según la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG, la firma global que brinda servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal.

Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, en un diálogo con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), sostuvo que el combate a la corrupción resuelve temas prioritarios relacionados con la seguridad social, el empleo y el crecimiento económico.

Transparencia Mexicana, a su vez, ha señalado, reiteradamente, las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, además de la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente. 
“Cada grupo político en el congreso quiere su propia fiscalía y eso impide que se pongan de acuerdo. Y el hecho de que el fiscal pueda perseguir a las personas que están actualmente en el gobierno, vuelve el tema delicado”, añade Fernando Senties, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC). Y agrega: “Sin duda, falta voluntad política”.

Senties fue una de las 22 personas que aspiraron a suceder a Jacqueline Peschard en el Comité de Participación Ciudadana del SNA, “integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos de probidad y prestigio”, como señala la convocatoria.

Senties no pasó a la selección final. No obstante, dice en entrevista, continúa sus esfuerzos por combatir la corrupción a través de la implementación de programas de ética, tanto en empresas como en organizaciones de gobierno.

EL INICIO DEL COMBATE

Senties cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix.

Tiene dos certificaciones internacionales: la primera en Procesos de Investigación y Aplicación de Justicia (Law Enforcement and Investigation Process), otorgada por el Justice Institute of BC de Canadá; la segunda, como Profesional Líder en Ética y Cumplimiento (Leading Professional in Ethics and Compliance), que le signó la Ethics and Compliance Initiative, de los Estados Unidos.
Es experto en temas de ética, combate a la corrupción y contenido de programas de Cumplimiento Corporativo. Es miembro de la Ethics and Compliance Initiative ECI y del Canadian Centre for Ethics and Corporate Policy.
Ha dictado conferencias en diferentes foros, tanto en México como en Latinoamérica, tales como: ANTAD, Fundación Telmex, Congreso Internacional de RH en República Dominicana, Club de Empresarios Bosques, entre otros.

“Me inicié trabajando en el gobierno de Canadá en la comisión que regula las apuestas. Me certifiqué en Ética y Aplicación de la Justicia. Aprendí todo sobre políticas de prevención y detección del delito de fraude, principalmente. Estuve dos años y posteriormente me involucré en un tema más amplio, que es el combate a la corrupción. De eso han pasado casi 20 años”, cuenta.
-¿Cuál es el impacto que tiene la corrupción sobre las inversiones y el empleo?
Es gigantesco. Diversos cálculos, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la propia Transparencia Internacional, estiman que la corrupción equivale entre 2 y 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
La corrupción inhibe la inversión extranjera, provoca una contracción de la economía y afecta significativamente el empleo.

 Costos:

  • 480 mil empleos al año perdidos por piratería.
  • El incremento de un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción podría aumentar la productividad en 2%.
    Fuente: Anatomía de la corrupción, de María Amparo Casar, editado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

-¿Cuál es el impacto que tiene la corrupción sobre las inversiones y el empleo?

Es gigantesco. Diversos cálculos, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la propia Transparencia Internacional, estiman que la corrupción equivale entre 2 y 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
La corrupción inhibe la inversión extranjera, provoca una contracción de la economía y afecta significativamente el empleo.

CONSECUENCIAS SOCIALES

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) “el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218 millones de pesos”. Esta cifra coincide con los cálculos de Transparencia Internacional, que señala que la corrupción le cuesta al país unos 347 mil millones de pesos anuales.

¿Para qué nos alcanzaría ese monto? De acuerdo con cálculos de la UNAM, el desembolso en corrupción alcanzaría para multiplicar por 10 el número de alumnos inscritos en la UNAM. En el ciclo escolar 2017-2018 la máxima casa de estudios contabiliza 349 mil 515 alumnos; es decir, si México abatiera la corrupción y ese gasto se redirigiera a la UNAM, habría espacio para admitir a 3 millones 495 mil 150 alumnos, tanto a nivel de bachillerato, licenciatura y posgrado.
Senties hace hincapié en las consecuencias económicas y sociales de la corrupción.
“La corrupción alimenta la impunidad. Es como un árbol con ramificaciones –ejemplifica–: La raíz es la impunidad, que genera corrupción, y la corrupción, a su vez, deriva en desigualdad y polarización social”. 
-¿Qué tienen que hacer las empresas para contribuir con el combate anticorrupción?

Está más que demostrado que las empresas transparentes, más éticas, son empresas rentables.

-Hay empresas con una cultura honesta, y otras corruptas hasta los huesos, contaminadas por las malas prácticas. Los líderes de estas últimas organizaciones lo menos que quieren es que se implementen programas anticorrupción. No obstante, es un buen momento para que las empresas empiecen a implementar programas de ética y cumplimiento. Eso lo podrían hacer, como un primer paso.

-¿Apostar por la ética y la anticorrupción en las empresas también puede ser un buen negocio?
-Sin duda alguna. Está más que demostrado que las empresas transparentes, más éticas, son empresas rentables. ¿Cuál es el problema? En México los industriales prefieren el camino fácil: obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. En Canadá, por ejemplo, una empresa puede pagar el 16% de impuestos, pero el empresario paga hasta el 48%, el 50%. En nuestro país, pagas el 32% como empresa y el 35% como empresario. Ese sistema deriva en empresas pobres con empresarios ricos.

PARA MUESTRA, BASTA UNA ESTAFA

En México tenemos 7 instituciones dedicadas al combate a la corrupción. Eso, señala Senties, ejemplifica que el problema no es de diseño institucional, sino de aplicación de la ley y la ética.

“Si el problema fuera institucional tendríamos –como dice Jacqueline Peschard– el número uno en transparencia internacional, pues somos el único país con 7 instituciones combatiendo la corrupción”. Y una de ellas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recientemente, hizo estallar una bomba mediática.

La ASF detectó irregularidades en el 85% de los recursos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejerció en 2016, en 19 contratos con entes y universidades públicas.

Entre 2012 y 2016, según la ASF, hubo un desvío por más de 6 mil 879 millones de pesos en contrataciones hechas entre dependencias y entidades públicas. En la mayoría de los casos se utilizó a universidades públicas para triangular recursos y favorecer a empresas privadas a través de la adjudicación directa que permite la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público. Si el gobierno contrata al gobierno, no hay licitación.
Rosario Robles, titular de la dependencia, al ser confrontada por Carlos Loret de Mola, en su noticiario matutino, respondió ante los señalamientos de la ASF: “Es absolutamente legal…”.

Senties opina al respecto: “Los funcionarios suelen justificar sus actos faltos de ética argumentando que no son ilegales. Con eso, mandan un mensaje muy negativo a la opinión pública: ‘Lo que no está prohibido está permitido’”.

Senties opina al respecto: “Hablamos de instituciones y leyes, pero dejamos a un lado el tema de los valores. Nos hace falta reforzar eso”.

DE CARA AL PRÓXIMO SEXENIO

De cara a la elecciones, le pregunto a Senties qué le exigiría, como ciudadano, a los candidatos, sobre todo en torno a los temas de ética, justicia y combate a la corrupción.

“Le pediría a los candidatos, sin distinciones, respeto irrestricto a las instituciones. Golpearlas es desmoronar el trabajo que se ha realizado por décadas. Una persona no gobierna un país, sino sus instituciones. Y luego que tengan un verdadero compromiso del combate a la corrupción, que fortalezcan el SNA”.

Sobre las propuestas de los candidatos, conocidas a la fecha, dice: “No está claro el cómo. La sociedad mexicana exige un posicionamiento clave en temas de corrupción, fortalecimiento de las instituciones, combate a la inseguridad y distribución equitativa de la riqueza”. Y concluye: “Si logramos atender esos temas tendremos un país más armonioso, menos polarizado y con muchas posibilidades de desarrollo”.

Fuente: mejoresempleos.com.mx

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Mario Meneses

Saludos

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