Mancera, el #Policía encubridor


Bien dicen que la esencia del ser humano perdura por sobretodos las cosas. Tal vez por eso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nunca ha dejado de ser policía y decidió defender a sus policías ante la desaparición forzada del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años.

Grave error. Mancera se convierte así en el defensor del fuero. Ese fuero del que gozan los torturadores que son agentes del estado en la Ciudad de México. Ese fuero que ha incrementado las violaciones a los derechos humanos. Ese fuero que es licencia para desaparecer. Ese fueron que significa licencia para matar. Ese fuero que se burla de las leyes. Ese fuero que convierte a los policías de la Ciudad de México en un cuerpo de seguridad por encima de la Constitución. Ese fuero que les permite detener y no presentar al detenido ante el Ministerio Público. Ese fuero que les permite convertirse en verdugos. Ese fuero que les da el poder de hacer “limpieza social”. Ese fuero con el que persiguen jóvenes obstinadamente. Ese fuero que ha hecho de la Ciudad de México la ciudad con más homicidios dolosos denunciados en 20 años. Ese fuero que permitió el establecimiento de 20 mil tienditas del narco en Ciudad de México…Las cifras desastrosas del gobierno de Miguel Ángel Mancera también son producto del fuero de los policías. Eso ha permitido extender la mancha de impunidad. Decenas de uniformados que a ritmo de garrote pretenden pacificar una de las ciudades más violentas.

Miguel Ángel Mancera se equivoca. Y él lo sabe. Conoce perfectamente el camino que siguió el caso del estudiante Marco Antonio. Conoce las pruebas de los dictámenes médicos. Conoce los informes detallados de lo que hicieron sus policías. Sabe que primero lo detuvieron, luego lo desaparecieron y después lo torturaron. Fotografías, documentos y videos así lo demuestran.

Pero su espíritu de policía ha podido más que el de jefe del gobierno capitalino. Han pesado más sus años en la Secretaría de Seguridad Pública donde ocupó el cargo de Director de Investigaciones y Procedimientos (2002), el de director de Seguimiento de Policías Complementarias (2002), el de Director Ejecutivo de la Subsecretaría (2003), el de asesor del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2004), el de Subprocurador de Procesos y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales (2006) y el de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal (2008).

Con semejante curriculum policiaco, es evidente que Mancera conoce a la perfección el trabajo de ese honorable cuerpo de seguridad. Y también las mañas, los excesos, los laberintos de las acciones fuera de la ley, las formas sucias con las que se conducen normalmente los policías capitalinos. Y digo que las conoce, no porque él haya incurrido en delito alguno, sino porque desde los puestos que ha ocupado es evidente que tiene que haber atendido decenas, cientos de casos como el de los policías que detuvieron y no presentaron ante el Ministerio Público, al joven estudiante Marco Antonio.

Por tanto, resulta extraño que Mancera defienda a los cuatro policías involucrados: Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

Y resulta más extraño que Mancera filtre videos editados a la televisión para demostrar lo profesionales que son, aunque para su desgracia se comprueba que dichos elementos no siguen ningún protocolo con el menor y lo tratan como un criminal solo porque tomó unas fotos.

Igualmente, resulta extraño que Mancera organice una ronda mediática para pasear a los policías por los medios de comunicación a fin de que cuenten “su versión” de los hechos bajo un esquema de manipulación informativa a base del chantaje sentimental.

Y más extraño resulta que los defienda y encubra diciendo que no esta “certificado” que los policías golpearon a Marco Antonio, como si existiera el “certificado” de tortura. Y después que afirme desconocer el paradero de los policías que estuvieron fugitivos unos días.

Resulta extraño, pero a la vez revelador de la calidad humana, ética y moral de Miguel Ángel Mancera. La protección que ha brindado a los pésimos uniformados que detuvieron y desaparecieron a Marco Antonio habla muy mal de él y su gobierno. Y lo peor que demuestra la mezquindad de su ser, es la campaña de difamación en contra del joven estudiante. La cadena de manipulaciones informativas para denostar su imagen y así calmar el clamor popular de justicia.

La sucia estrategia del gobierno de Mancera que luego de presentarlo ante el Ministerio Público trasladarlo a un hospital psiquiátrico para sembrar la duda de su estado psicológico, sabiendo que el joven tenía que ser atendido en el Instituto Nacional de Pediatría a donde fue llevado horas después.

Y por último, la maniobra de aislar al estudiante en su proceso de recuperación, de confinarlo al silencio a cambio de su seguridad, habla de un gobierno basado en métodos mafiosos.

Los padres y familiares de Marco Antonio no tienen duda: los policías lo golpearon, lo detuvieron, lo desaparecieron, lo torturaron y luego, ante la presión social lo narcotizaron con varias tipos de droga para liberarlo y así lograr que el menor no pudiera contar lo que le pasó.

Pero el policía Mancera y sus uniformados a su servicio y bajo su mando, se equivocaron nuevamente. No contaron con la fortaleza del joven, con su espíritu de lucha, con su organismo deportista, que le ha permitido salir adelante e ir contando a los suyos lo que le hicieron.

Nadie con un mínimo de información puede creer la versión oficial. Nadie puede tragarse el cuento de que al joven lo dejaron ir así nomás. Nadie puede creer que durante cinco días anduvo vagando porque era drogadicto o peor aún, porque tenía problemas de salud mental.

Los testimonios, documentos, el expediente judicial y el historial clínico, hablan de un joven estudiante perfectamente “normal”. Así que todo es cuestión de tiempo. Y esperemos que la historia le ofrezca un lugar a cada quien, que los mexicanos no olviden este ominoso caso de desaparición forzada. El gobierno capitalino está obligado a ofrecer una explicación de lo que pasó y a actuar en favor de la víctima no de los verdugos.

La verdad, señor Mancera, pondrá a cada quien en su sitio, incluido a usted mismo…. Veritas liberabit nos.

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Facebook: Sanjuana Martinez

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Organizaciones de la #SociedadCivil #FiscalíaQueSirva #DerechosHumanos


Los #Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S


Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S
• Líderes de sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX por las muertes, los derrumbes y los daños provocados por el terremoto del 19S.
• El objetivo de la demanda es obligar a las autoridades a investigar los actos de corrupción que pudieron haber incrementado los daños provocados por el sismo en la CDMX.
• En opinión de los demandantes, la magnitud de la tragedia obliga a todos los mexicanos a revisar lo ocurrido y exigir justicia en los casos que se pruebe que hubo corrupción.
Ciudad de México, 4 de octubre de 2017. La corrupción no solo mata, sino que también derrumba edificios, causa daños irreparables y arrasa con patrimonios completos, o al menos eso evidenció el sismo del pasado martes 19 de septiembre de magnitud 7.1 y epicentro en Axochiapan, Morelos.
Tan solo en la Ciudad de México, la cifra oficial al día de hoy es de 225 personas fallecidas, más de 300 lesionadas, 48 edificios derrumbados y miles de viviendas dañadas.
Frente a una tragedia de tal magnitud, un grupo de líderes de sociedad civil, académicos,
empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En opinión de los demandantes, en caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios públicos y/o constructores, se debe exigir la responsabilidad correspondiente por los siguientes delitos:
a) Homicidio culposo de diversas autoridades de la Ciudad de México, así como de empresas constructoras, desarrolladoras y arrendadoras inmobiliarias, peritos y demás personas que no hayan cumplido con los siguientes deberes:
• Evitar que el otorgamiento de licencias de construcción y de uso de suelo se hayan
expedido en forma ilegal.
• Faltar a su obligación de supervisar el correcto estado y funcionalidad de los inmuebles, conforme a la regulación en materia de Protección Civil.
b) Fraude específico a cargo de las empresas constructoras y desarrolladoras de inmuebles, por utilizar materiales de construcción que no cumplen con los estándares vigentes en las leyes de la Ciudad de México, o bien, por defectos en la construcción.
c) Uso ilegal de atribuciones por parte de diversas autoridades de la Ciudad de México, por cuanto a la expedición ilegal de licencias de construcción y de uso de suelo.
Así, la denuncia busca reforzar el Estado de Derecho, evitando la ilegalidad y que los hechos delictivos queden impunes, pero además, persigue dos objetivos específicos: 1) colaborar con todo aquel que haya sido afectado directamente por el sismo, para apoyarlo a lograr la reparación del daño que haya sufrido; y 2) sentar un precedente en la Ciudad de México (una zona sísmica), para que la propiedad inmueble sea segura, se construya de acuerdo a lo ordenador por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y la corrupción e ilegalidad no se traduzca en pérdidas de vidas, lesiones y daños a la propiedad.

Entre los demandantes destacan Luis Pérez de Acha, Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Edna Jaime Treviño, Alejandro Legorreta, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, José Roldán Xopa, Mario Blancas Vargas, Carla Altamirano Bustos y Carlos Altamirano Bustos.

Para más información:
Sitio web: http://www.pdea.mx
Facebook: http://bit.ly/2fMI7GO
Contacto:
Nombre: Lic. Mariana Ruiz Albarrán.
E-Correo: MRA@pdea.mx

Fuente: Causa en común

Saludos

Mario Meneses

“La #Corrupción también se puede legalizar”


Buscaglia ofrece una guía para navegantes en la cual desmonta y desenmascara la corrupción política y empresarial; el lavado de dinero y las bases patrimoniales del crimen organizado. Por Eduardo Febbro. Tomada de Página/12. Desde Ciudad de México Viajar por el intrincado y planetario mundo del crimen organizado es una travesía de muchas sorpresas en que la figura del narcotraficante mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán es apenas un títere en miniatura frente a la poderosa maquinaria de la corrupción política, financiera y mafiosa que, en el fondo, rige los destinos de mundo. Esa es a la vez la dolorosa, alentadora y magistral demostración que realiza el doctor Edgardo Buscaglia en una de sus últimas investigaciones publicadas: Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional (Editorial Debate). Si alguien quiere dejar el territorio de la inocencia o la mera lectura ideológica del crimen organizado, Buscaglia ofrece una perfecta guía para navegantes en la cual desmonta y desenmascara la corrupción política y empresarial, el lavado de dinero, las bases patrimoniales del crimen organizado, el sistema financiero, el cinismo protector de los Estados coloniales y la manera en que, con toda impunidad, los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Esa corrupción ha terminado por generar no solo un sistema económico paralelo, sino también un sistema político a espaldas de la sociedad que elige a sus dirigentes. Buscaglia demuestra que, en sus múltiples formas, el lavado de dinero es una suerte de lavado de la democracia, una violación de la misma democracia que cuenta con complicidades en los niveles más altos de la política y las finanzas internacionales. Los capos del narcotráfico son meros figurantes sangrientos en esta gigantesca ‘empresa mundial’ que mueve más capitales que el propio PIB de los Estados Unidos y cuyos operadores centrales son de cuello blanco y corbata. Buscaglia es uno de los más exquisitos especialistas del mundo en esta materia, con una amplia y reconocida experiencia. Dedicó la mayor parte de su vida a investigar el fenómeno del crimen organizado. Ha dado clases en las universidades más prestigiosas del planeta; trabajó en instituciones globales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Fue jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre junio de 2010 y junio de 2011 en Afganistán, además de asesor externo de la agencia ONU para el Entrenamiento e investigación (Unitar). Su libro es una síntesis valiente de los ríos ocultos que riegan de agua sucia a los Estados donde emerge la complicidad entre el mundo público y el sector privado, los medios de comunicación, las grandes corporaciones internacionales y los crímenes como la trata de personas que generan miles de millones cada año. En esta entrevista exclusiva con Página/12, Buscaglia nos introduce, desde la Argentina hasta el corazón del mundo occidental, en los meandros de un asalto a las democracias del mundo. El tema de los Panama Papers se ha impuesto a escala mundial y ha venido a probar la enredadera de corrupción que envuelve al mundo. Allí aparecen jefes de Estado, entre ellos el presidente argentino Mauricio Macri, escritores, artistas, empresarios, en suma, una colección inaudita de evasores. Y sin embargo, hay como una autolimpieza. Los culpables, al final, no conocerán tal vez ninguna sanción. Se trata de una suerte de corrupción legalizada. Como el sistema de financiamiento de campañas políticas en los Estados Unidos, la corrupción también se puede legalizar. Luego está la corrupción propiamente dicha, la delictiva. Ambas encierran flujos cuantiosos, inimaginables para una persona promedio. Esos flujos son equivalentes a montos anuales mayores al PIB de los Estados Unidos. En su mayor parte, esos dineros le pertenecen a las élites políticas, a las élites empresariales, a algunas élites sindicales. Estas precisamente han generado un sistema financiero paralelo, un sistema político paralelo, un sistema socioeconómico paralelo al de las personas de a pie. Y ese sistema paralelo el que determina el resultado de las elecciones, el resultado de lo que se supone debe ser la competencia del mercado, que en realidad no existe. En suma, esos montos ligados a estas actividades pasan después a través de canales que evaden impuestos, o que no los evaden y finalmente van a parar a estos paraísos fiscales, a estas empresas fantasmas que trabajan con una arquitectura enormemente sofisticada. El caso de esta firma panameña, Mossack Fonseca, es solo una entre cientos de firmas. Hay otras que realizan operaciones muy superiores a la de este caso de los Panama Papers. Esto es moneda corriente entre las élites políticas de este planeta. Allí encontramos a la élite china, o a la élite capitalista propiamente china. Esto quiere decir que no hay ideologías en el lavado de dinero. La delincuencia organizada de Estado y la delincuencia organizada propiamente dicha como la del cartel de Sinaloa tiene su dinero mezclado en ese sistema paralelo. Nuestros sistemas políticos a los que clasificamos demasiado rápido como democracias, especialmente cuando habla la OEA, son realmente fachadas de democracia, como es el caso mexicano, como es el caso de Argentina y de otras regiones del planeta. Los papeles de Panamá son solo una gota en el océano. Es una industria cuantiosa. Lo que resalta en su libro, Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional es la convivencia entre el poder político y el crimen organizado. De allí se desprende una evidencia: el crimen organizado es un ejército mundial, globalizado. Hay que definir adecuadamente al crimen organizado. Si este crimen organizado es la caricatura del tráfico de drogas que se presenta en México, entonces nos quedamos con una pequeña gota del gran lodo de la delincuencia organizada. De hecho, la delincuencia organizada es también la compraventa de pasaportes por medio de un ex primer ministro de Portugal, es igualmente el proceso a través del cual se desvían fondos públicos hacia empresas fantasmas para financiar campañas electorales. Cuando se tipifican delitos de la delincuencia organizada y se los amplía a muchos de estos delitos que a veces se conciben nada más que como corrupción política, recién podemos empezar a entender la magnitud del fenómeno. La delincuencia organizada se dedica a 23 tipos de delitos económicos y tráficos ilegales: tráficos de personas, de migrantes, de armas, de drogas, contrabando, extorsiones, etc., etc. Pero esa delincuencia tiene más del 70% de sus capitales introducidos en actividades legales. Es allí donde debemos atacar. El gran puente entre los Estados y el crimen organizado es la política. Debemos destruir ese puente para empezar a desmantelar, por un lado, a los grupos criminales organizados, aquellos que trafican con armas o personas, como en Argentina y en México, 2 países que se han transformado en grandes centros de la trata de personas. Pero, por otro lado, también hay que destruir el puente para desmantelar las redes de políticos y empresarios que operan en el mundo legal y que son también delincuencia organizada. El mundo legalizado de la delincuencia organizada es espeluznante: hay bancos, compañías financieras, gabinetes de abogados, intermediarios con reconocimiento mundial, etc. Efectivamente. La delincuencia organizada es un fenómeno de cuello blanco. Las mentes más sofisticadas y más educadas del planeta que fueron a las universidades más importantes del mundo están al servicio de estos grupos criminales. Tenemos que dejar de caricaturizar a la delincuencia organizada a través del ‘Chapo’ Guzmán o de las pandillas que uno observa en Santa Fe, en la Argentina. Hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. La corrupción política es un delito en red y como tal, tiene una motivación no solo política, sino también económica. Por consiguiente, es delincuencia organizada. Es preciso llegar hasta los empresarios que están detrás de esa corrupción. En muchos casos son las mismas personas, son los políticos y sus familias, como ocurre en México. México no es una isla, no es una excepción, sino el lugar que concentra todo lo que ocurre en el mundo. México no es una problemática local, sino planetaria. Exactamente. La delincuencia que se manifiesta en México es una delincuencia transnacional que tiene su base patrimonial en los Estados Unidos en alrededor el 20% del dinero que se genera a través de delitos. El problema es que México es un país, como Rusia, en una transición hacia una democracia con enormes vacíos institucionales: vacíos de controles patrimoniales, de prevención social de la delincuencia, vacíos de controles de la corrupción. Entonces, esos vacíos de controles institucionales hacen que la delincuencia organizada que pasa por México se comporte de forma mucho más dañina que la misma delincuencia organizada que pasa por Holanda y los Estados Unidos, que no se comporta con tanto impacto y violencia contrariamente a la de México que arroja bombas, secuestra más, compra y vende seres humanos con mayor asiduidad. Esa misma delincuencia, cuando pasa hacia EE.UU. se comporta de manera empresarial porque se encuentra con instituciones judiciales más fuertes. En ese país la delincuencia organizada es infinitamente más poderosa que en México. La gente tiene la idea de que México es el gran imperio, pero no es así. En México los distintos grupos criminales pujan para usar a las distintas fuerzas de la Policía a su imagen y semejanza, pujan por usar a empresas bancarias o farmacéuticas. Esto, por ejemplo, no lo podrían hacer en los países europeos con tanta impunidad. Pasan a Europa silenciosamente y hacen más dinero porque allí tienen sus bases patrimoniales. Si se conjuga a la Unión Europea y a los Estados Unidos tenemos el 44% del lavado de dinero mundial, a lo cual le podemos también sumar China. No nos engañemos. México está pagando con sangre sudor y lágrimas el pasaje de esta delincuencia organizada que tiene su base patrimonial en los países más ricos. ¿Acaso estamos en una situación mundial que cabe en aquella frase del narco colombiano Pablo Escobar: “¿Plata o plomo?”. Yo le diría que es poder o plomo. La plata que esta gente le promete a jueces y a políticos termina constituyéndose en poder social y político. Lo que más me preocupa es que en la mayoría de los países como Argentina, México y algunos europeos con vacíos institucionales se están formando Estados dentro del Estado. De alguna manera estamos volviendo a la Edad Media. El poder político se está fragmentando y feudalizando. La delincuencia organizada promete poder, feudaliza al Estado, genera feudos y, muchas veces, esos feudos comienzan a competir entre ellos como en la época feudal. Hay que parar ese proceso porque es muy dañino para el tejido social. No se trata solo de un tema económico. Es un tema de desarrollo social que no se podrá alcanzar en la medida en que los Estados se sigan fragmentando. Usted tipifica unos 23 perfiles de delitos económicos. ¿Cuál es el patrón que los unifica? La motivación económica, pero me preocupan más los crímenes de lesa humanidad. La trata de personas, que es uno de los grandes negocios de la delincuencia organizada transnacional. Tenemos una situación donde estas redes criminales cometen crímenes de lesa humanidad en todas partes. La legalización del tráfico de drogas, por ejemplo, no resuelve el gran problema de la delincuencia organizada que está muy diversificada. Si les legalizas las drogas por aquí, esta gente reasigna recursos para hacer otro negocio en alguna otra parte. En ese sentido, los 23 delitos económicos son en su mayor parte crímenes de lesa humanidad: tráfico de migrantes, secuestros, explotación sexual, etc. Un informe del organismo europeo Europol calcula que la crisis migratoria que sacude hoy a Europa genera una cifra de negocios de $ 6.000 millones por año. El 90% de las personas que llegan a Europa lo hacen a través de redes mafiosas. Así es. En la gran, gran mayoría de los casos de refugiados nos encontramos con redes criminales transnacionales que trabajan con toda una infraestructura muy sofisticada de transporte, logística de almacenamiento, distribución de estas personas y un mecanismo de distribución de precios según el origen socioeconómico de los desplazados. Hay funcionarios públicos involucrados en este tráfico y también empresas de transporte, a la vez terrestre y marítima. Desde luego, la raíz de estos problemas son tanto los sistemas políticos de Medio Oriente como el de los sistemas políticos colonialistas que han estado generando el catalizador de estas guerras. En su libro usted plantea 20 propuestas para sanear esta hecatombe de corrupción. ¿Cuál sería la mecánica de dichas propuestas? Se trataría de entrarle a la esencia misma de la delincuencia, a la madre y al padre de la delincuencia organizada que es la corrupción política al más alto nivel. Habría que pegarle a esos organismos que promueven la corrupción política. Y esto no pasa solamente por castigos de la justicia penal. No, habría que, por ejemplo, generar mecanismos mucho más transparentes para que se elaboren listas de candidatos a las elecciones primarias en España, en Argentina, México, que sean listas abiertas, sujetas al voto popular, con controles patrimoniales mucho más precisos. Ese tipo de medidas son esenciales para eliminar el efecto catarata, donde la corrupción empieza a muy alto nivel y luego baja a través de la corrupción administrativa, judicial. Pero hay que ir al foco principal de la corrupción, que está al más alto nivel. Hay casos como el de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que no tienen aún una ley de financiamiento de campañas políticas. La provincia de Buenos Aires es un parque de diversiones para la delincuencia organizada. Hay que abordar ese aspecto para que, quienes lleguen a la política, aunque no sean santos, estén sujetos a controles un poco más elaborados para que tengamos un mínimo de control de calidad. ¡El centro mafioso patrimonial de la Argentina es la provincia de Buenos Aires! Incluso si la provincia de Buenos Aires maneja montos criminales mucho menores a los que podemos ver en Alemania o Estados Unidos, es un factor de generación de violencia por los vacíos institucionales que existen. Allí, donde hay vacíos de Estado hay delincuencia organizada violenta. En Argentina hay muchas denuncias en este momento… Parece que el Poder Judicial en este país austral está muy entusiasmado en iniciar causas penales. Hay que dejarlo que genere material probatorio para que avancen las causas en Argentina, pero siempre y cuando se abarquen a todos los partidos y no nos quedemos solamente con un proceso de manos limpias de una sola mano. Hay que lavar ambas manos. El Mani Pulite italiano, o actualmente el brasileño, abarca a todos los partidos, no solamente a los Kirchner. En la Argentina hay corrupción por todos lados y es preciso no dejar a ninguno de estos movimientos sin abarcar. El macrismo tiene un discurso justiciero y moralizador pero en el propio aparato del gobierno hay miembros que participaron en los procesos de corrupción que usted describe, empezando por las cuentas en paraísos fiscales. Hay que introducir mecanismos de control de financiamiento de campañas que empiecen con el control de la campaña del presidente Macri. Habría que establecer 3 tipos de auditorías: las sociales electorales, las auditorías legislativas y la de los institutos que, en el caso de Argentina, sería la Cámara Nacional Electoral. En este contexto, para usted, lo que pasó en Brasil fue un golpe de Estado para impedir las investigaciones de la justicia al conjunto de la clase política. Es un golpe parlamentario por la impunidad. Ahí tienes a un 59% de los legisladores brasileños de todos los partidos que están procesados por un sistema judicial medianamente independiente. ¡Los brasileños deberían estar orgullosos! Pero hay ese 59% de los legisladores del Congreso Federal clamando impunidad. Ese fue el factor principal para tratar de sacarse de encima a la presidenta Dilma Rousseff a través de tecnicismos. Ahí hay un tema importante: cuando los Estados se comienzan a reconstituir y a generar movimientos de limpieza de sus cloacas políticas, como hoy es el caso de Brasil y fue el de Colombia o Italia; cuando eso ocurre los procesados no se quedan quietos y empiezan a generar una contrarreforma reaccionaria. Eso lo observamos con gran crudeza en el caso de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Estamos viendo maxiprocesos de mafia y corrupción política. ¡Viva Brasil! Hay que ser elogiosos del trabajo que están llevando a cabo allí, con una sociedad civil mucho más activa, unificada, que protege a sus fiscales, cosa que no ocurre ni en México ni en Argentina. Brasil es un ejemplo porque lo que se juzga no es si en un país hay o no corrupción, en todos los países del mundo la hay. Lo que se evalúa es la reacción del Estado. Es preciso entonces apoyar a los Estados para que se institucionalicen. (I)

Fuente:  www.eltelegrafo.com.ec

Saludos
Mario Meneses

Muertos y damnificados por #Sismo gracias a la corrupción


AUTOR: 

Los dos factores que condenan a México a padecer letales desastres por fenómenos naturales son la corrupción y la pobreza: éstos causan el “83 por ciento de muertes en edificios colapsados en sismos”. La tercera gran falla de este país es el uso político del dinero público para rescatar y reconstruir.

Corrupción y pobreza vuelven a herir a México: ambos factores son identificados por el propio gobierno federal como origen de la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales, como el sismo del pasado 19 de septiembre que cobró la vida de al menos 302 personas, y el del día 7 del mismo mes, con saldo de 96 víctimas fatales.

Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos como la novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio social y económico: el uso político de los fondos públicos para rescatar a las víctimas, atender la emergencia y posteriormente reconstruir las zonas afectadas.

Estos tres elementos marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las catástrofes, revelan tanto la Agenda Nacional de Riesgos como diversos análisis del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Uno de esos estudios –Impacto socioeconómico de los desastres. De la vulnerabilidad a la resiliencia– destaca que “el 83 por ciento de todas las muertes ocurridas en edificios colapsados en terremotos han ocurrido en países con altos niveles de corrupción y pobreza”, según lo observado por el científico Roger Bilham, investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos.

Otro estudio –Los fenómenos naturales y su efecto en los grupos más vulnerables de México– señala que las estadísticas del “Cenapred permiten estimar que el 65 por ciento de las víctimas generadas por los desastres ocurre entre los pobres”.

En tanto, la Agenda Nacional de Riesgos –un diagnóstico profundo de las amenazas a la seguridad nacional, elaborado por los órganos de inteligencia del país y al que Contralínea tuvo acceso– refiere entre las máximas vulnerabilidades el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.

Las vidas perdidas

Así, ocho de cada 10 muertes ocurridas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados tuvieron su origen en actos de corrupción de inmobiliarias y autoridades de los tres niveles de gobierno o en las condiciones de pobreza y marginación que padecen más de 53 millones de mexicanos, según las estadísticas oficiales.

“El nivel de impacto de un fenómeno natural no está determinado por el nivel de intensidad, sino por el grado de vulnerabilidad del sistema expuesto y de su población”, admite el análisis Impacto socioeconómico de los desastres, elaborado por el maestro Norlang García Arróliga, adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del Cenapred.

Ambos terremotos –el primero oscilatorio de 8.2 grados Richter y el segundo trepidatorio de 7.1 grados– han marcado un retroceso de 16 años en materia de prevención y atención a desastres causados por fenómenos naturales, se desprende de los estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

En conjunto, éstos han cobrado la vida de, al menos, 398 personas en ocho entidades del país (Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero, Estado de México y Tabasco). Esta cifra mortal, aún preliminar, ya superó el promedio anual nacional, estimado por el Centro en 175 muertes por año.

Un solo sismo, el del 19 de septiembre, causó más víctimas que esa media nacional sostenida durante el periodo de 2000 a 2016. En ese lapso, refiere el documento Impacto socioeconómico de los desastres, 2 mil 982 personas perdieron la vida durante catástrofes de este tipo, principalmente por daños causados por tormentas y huracanes.

Además, en esos 16 años las pérdidas económicas se estimaron en 33 mil 948 millones de dólares (unos 577 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar).

“El desastre es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana, generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios”, refiere el análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, elaborado por Carlos Miguel Valdés González, director general del Cenapred.

La corrupción

Treinta y dos años después del terremoto de 1985, el sismo de este 19 de septiembre también fue devastador, aunque en menor magnitud. En el caso de la capital, el colapso de al menos 44 edificios y las 3 mil 848 estructuras que resultaron severamente dañadas dejan al descubierto el incumplimiento de las normas mínimas de edificación, establecidas en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México.

En este caso, la supervisión de las condiciones de seguridad en materia de protección civil también fallaron. Quizá, el caso más dramático –por involucrar a un sector altamente vulnerable– es el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde al menos 19 menores de edad y cinco adultos perdieron la vida.

En las ocho entidades afectadas, la corrupción de autoridades locales, estatales y federales intervino en este desastre. En el primer sismo, por ejemplo, en algunas zonas de Chiapas y Oaxaca la alarma sísmica –mecanismo que previene a la población segundos antes del fenómeno natural para que evacue y se resguarde en áreas seguras– no sonó por falta de pago de la energía eléctrica.

Además, de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos, una de las mayores vulnerabilidades de México es la “deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo”.

En la capital, por ejemplo, las construcciones inmobiliarias han proliferado en forma desordenada y violatoria a leyes y reglamentos, además de la oposición de vecinos. Según lo denunciado por afectados, esta situación se observa sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

En esos lugares constantemente se ha denunciado el uso de permisos irregularidades, que conceden tanto las delegaciones como la administración capitalina. Aunado a lo anterior, algunas vialidades capitalinas también resultaron afectadas, pese a que están obligadas a cumplir normas para resistir fenómenos de este tipo.

En su análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, el director general del Cenapred señala que México es un país de sismos: de 1910 a la fecha se han registrado terremotos importantes. En cada sexenio,  apunta, ha habido cuando menos un temblor considerable.

Por ello, advierte que “para evitar la construcción del riesgo sísmico es importante planear el crecimiento de las ciudades y hacerlo en forma ordenada y adecuada”.

La pobreza

El segundo factor que ha condenado a México a padecer desastres devastadores por fenómenos naturales, la pobreza, tiene implicaciones que difícilmente pueden superarse.

Y es que no sólo se trata del hecho de que el 65 por ciento de las víctimas generadas por estas catástrofes sean los pobres, sino que además “existe evidencia de que los desastres naturales han contribuido a elevar los niveles de pobreza y desigualdad en México”, refiere el Cenapred.

Lo anterior, indica la dependencia de la Secretaría de Gobernación, se debe a que estos fenómenos “tienden a impactar más que proporcionalmente a los miembros más pobres de la sociedad, y a que ellos son los menos capaces de responder adecuadamente a choques repentinos que destruyen sus pertenencias y reducen drásticamente sus ingresos”.

Para el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es fundamental que la protección a los pobres frente a tales fenómenos constituya un elemento importante en las estrategias gubernamentales para el combate a la pobreza.

Además, se deberían generar políticas públicas para mitigar los efectos de los desastres en el nivel de vida de los estratos y regiones más pobres del país, considera la institución.

Las demás vulnerabilidades

El tercer factor que opera contra los mexicanos en caso de un fenómeno natural es el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”, refiere la Agenda Nacional de Riesgos.

Y es que pareciera que, en automático, los damnificados se convierten en el botín electoral de los políticos: el lucro de la desgracia se advierte desde el primer instante. Baste recordar al presidente de la República, Enrique Peña, a su esposa Angélica Rivera, tomándose la foto mientras empaquetaban víveres o distribuían la asistencia social en Chiapas y Oaxaca.

Otras vulnerabilidades que advierte la Agenda son: “acciones limitadas de los gobiernos federal, estatales y municipales para afrontar las contingencias”; “insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres naturales de muy alta magnitud”; “incremento en el número y magnitud de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático”; “déficit de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos”.

Asimismo, apunta los “limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias”. Algo que quedó demostrado en las horas posteriores al sismo del pasado 19 de septiembre, cuando fue la sociedad la que se volcó a asistir a las víctimas.

La tarde y noche de ese día, miles de personas salieron a las calles en busca de medicinas, alimentos, agua, herramientas. En Ciudad Universitaria, las manos de los voluntarios, predominantemente jóvenes, no descansaron: por horas, se entrelazaron para apilar la ayuda. Después, mucho después, llegaría la asistencia del gobierno.

Nancy Flores

Fuente: contralinea

Saludos

Mario Meneses

Vivir en México con miedo. #Inseguridad  


Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila son los estados donde la percepción sobre la inseguridad ha tenido las mayores repercusiones en la vida cotidiana de las personas.

Dejar de salir de noche

Cuando por miedo evitamos salir de noche, perdemos una buena parte de nuestro día. De 2010 a 2015, en promedio, 46 % de las personas adultas en México ha dejado de salir en la noche por miedo a ser víctima de un delito. El rango va de 20 % (Yucatán, en 2010 y 2011, y Baja California Sur, en 2012) a 79 % (Tamaulipas, en 2011).

Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León son los estados con las mayores tasas de adultos que han dejado de salir de noche. Sin embargo, en los tres casos se reporta una tendencia a la baja durante este periodo. La mayor reducción ocurrió en Chihuahua –que pasó de 74 % a 50 % en seis años–, seguido por Nuevo León –que redujo su tasa de 64 % a 54 %– y Tamaulipas, que pasó de 70 % a 66 %.

Por otro lado, Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Yucatán tienen las menores tasas: iguales o menores a 30 %. No obstante, estos cuatro estados han tenido una tendencia al alza entre 2010 y 2015.

Dejar de viajar por carretera a otro estado o municipio 

Las carreteras son uno de los principales medios para la comunicación y el comercio. A nivel nacional, en promedio, 18% de las personas de 18 años y más han dejado de viajar por carretera por miedo a la inseguridad. El rango va de 5% (Baja California Sur, en 2012) a 54% (Tamaulipas, en 2011).

Tamaulipas es el estado con la mayor tasa del país en todos los años y ha promediado 46 % durante los seis años del periodo. Sin embargo, entre 2010 y 2015, la tasa se ha reducido de 47 % a 42 %. Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas tienen promedios superiores a 25 % (1 de cada 4). En estos casos, las tasas de 2015 son inferiores a las de 2010.

En contraste, los estados con las menores tasas son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán, con promedios iguales o menores a 10 %. Sin embargo, de nuevo, estos estados con bajas tasas presentan tendencias al alza durante el mismo periodo.

Conclusiones

Como hemos podido observar en este análisis, en Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad ha tenido las mayores repercusiones en la vida cotidiana de las personas. No obstante, Chihuahua ha tenido importantes disminuciones en todos los indicadores analizados, mientras que Tamaulipas ha tenido pequeñas reducciones en los mismos indicadores. Coahuila tuvo incrementos en todos los indicadores, excepto en el de viajes por carretera.

Baja California Sur, Chiapas y Yucatán son las entidades con el mejor desempeño. El tema con estos estados con buenos indicadores –como ya se mencionó antes– es que todos ellos tienen tendencias al alza, por lo que será importante prestar atención a la evolución de la violencia y atender de inmediato cualquier aumento en incidencia delictiva.

La inseguridad es un fenómeno que daña de manera directa a las víctimas de los delitos, pero solemos olvidar el impacto que tiene en la sociedad en su conjunto. La percepción y el miedo, fundamentados en lo que las personas experimentan o saben a través de historias o noticieros, tienen un impacto negativo en nuestra calidad de vida y provocan que nosotros mismos limitemos nuestras libertades en aras de protegernos.

* Jimena David es investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. La autora agradece los comentarios de Jesús Gallegos, Alan López y Mariana Nolasco, así como los gráficos de Miguel Cedillo.

[1] Vilalta, Carlos. 2010. El miedo al crimen en México: estructura lógica, bases empíricas y recomendaciones iniciales de política pública. Gestión y Política Pública, Volumen XIX, Número 1, p. 3-36. México.

[2] La pregunta de la ENVIPE dice “Durante 200X, por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.), ¿dejó de…”

[3] Sharpin, Anna Bray. 2014. Caminar la ciudad: políticas de seguridad peatonal en la ciudad de México. ITDP. México.

Fuente: mexicoevalua.org

Saludos

Mario Meneses

Todos vulnerables por Denise Dresser. #SeguridadPrivada


Espiar. Robar. Ocultar. Tres actividades que el gobierno mexicano lleva al cabo todos los días. Tres comportamientos que Enrique Peña Nieto y su equipo han hecho suyos. El Estado de la vigilancia fuera de control, fuera de proporción, fuera de justificación. El Estado actuando con un alto poder invasivo que busca controlar o extorsionar o silenciar a las personas vigiladas. Ya sea Carmen Aristegui o su hijo adolescente o Juan Pardinas o los miembros del GIEI-Ayotzinapa o tantos otros activistas y periodistas y defensores de derechos humanos. Big Brother en Los Pinos y en la PGR. Recolectando datos, almacenando información, grabando conversaciones, violando la ley. Violando la Constitución.

Porque el artículo 16 estipula que toda intervención de comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial previa. Se prohíbe la localización geográfica en tiempo real, utilizable sólo “cuando se presume que existe un peligro para la vida o integridad de una persona”. Y sin embargo la PGR y el Cisen y la Sedena hacen lo que quieren, cuando quieren, sin supervisión, sin transparencia. Para saber lo que Carmen Aristegui conocía sobre la Casa Blanca o lo que Juan Pardinas redactaba sobre la ley “3de3” o lo que el Centro Tlachinollan indagaba sobre los 43. Para espiar a sus presuntos enemigos y de ser necesario, coaccionarlos. Para supervisar a sus presuntos adversarios y de ser imperativo, amedrentarlos. Vía el “malware” “Pegasus” o “Hacking Team” o la obtención de metadatos que las compañías de telecomunicaciones entregan rutinariamente a autoridades sin la facultad legal de solicitarlas. Así actúa el Estado espía, el Estado extra-legal, el Estado adversarial.

Que no sólo espía, desvía fondos e inventa empresas para hacerlo. En la última revelación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibe cómo el dueño legal del Grupo Tech Bull —la empresa intermediaria que vendió el programa “Pegasus”— vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Otra historia de empresas fantasma y de corrupción escondida. Otro tache para Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien autorizó y supervisó la adquisición. La PGR canalizó millones de dólares a una empresa constituida con 50 mil pesos, por dos jóvenes desconocidos que hoy niegan conocimiento de la transacción. La PGR “compró el más sofisticado equipo de espionaje, de origen israelí, a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema de seguridad nacional y que antes de ese contrato por 32 millones de dólares no tuvo otras ventas”. Y más. Un apoderado fantasma; una oficina virtual ubicada en el edificio donde también estaban inscritas empresas fantasma de Veracruz, ligadas a la red de Javier Duarte; vínculos con Balam Seguridad Privada armada por amigos de Peña Nieto que le vende equipos de seguridad a procuradurías estatales. La corrupta actitud evidenciada no sólo en carreteras y contratos; también en espionaje y vigilancia.

Pero esto no es corrupción, según Arely Gómez de la Función Pública, y Javier Acuña del INAI, y los otros miembros gubernamentales del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no merece una investigación, según los protectores políticos de Tomás Zerón. Esto no debe ser sometido a control judicial, dicen los que atacan al nuevo sistema de justicia penal cuando ignoran sus exigencias. Demasiados cerrando los ojos y la boca ante la investigación hecha por la Red de Defensa de los Derechos Digitales que expone la relación comercial —ilegal— de 12 gobiernos estatales y múltiples dependencias gubernamentales con “Hacking Team”, proveedor de equipo capaz de infectar computadoras y teléfonos móviles. En otros países se utiliza para perseguir a criminales; en México se compra para espiar a ciudadanos.

Abusan del poder

Todos vulnerables. Usted, yo. Víctimas de un gobierno con acceso a archivos, datos del calendario, listas de contactos, contraseñas, mensajes de texto, Gmail, WhatsApp, Skype. Facebook, Telegram, llamadas, geolocalización. Bad Brother vigilando, abusando del poder gubernamental, violando las libertades civiles. Omnipresente. Sin controles democráticos, sin facultades legales, sin sanción. Y ante ello, como dijera Thomas Paine, la obligación del verdadero patriota es proteger a su país de su gobierno. Un gobierno que se ha vuelto abusivo. Un gobierno gandalla. Un diablo guardián.— Ciudad de México.

denise.dresser@mexicofirme.com

Periodista