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CNDH: en México, siete #feminicidios cada día


Urgen políticas públicas para frenar ataques contra mujeres, dice

Llama a los estados a dar la importancia requerida a alertas de violencia.

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 13 de noviembre de 2017, p. 4

Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México.

En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político.

A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida.

De este total, en 12 entidades ya son alertas declaradas por violencia feminicida (estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán).

El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las Alertas de Género, que se presentó hace un par de semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete se determinó no declarar la alerta (Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de AVGM.

Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a la solución del problema. (Algunos lo consideran un golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es un reproche hacia el pasado, pero es más bien una propuesta hacia el futuro, enfatizó el ombudsman nacional.

La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es mediante el impulso de políticas públicas, generar una cultura de igualdad en la sociedad y establecer acciones que permitan que los ambientes y condiciones en las entidades donde se presenta el problema sean seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó que la CNDH está en la total disposición para coadyuvar en la resolución.

Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, donde hasta septiembre de este año se habían presentado 83 feminicidios, aún no haya una declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –instancias federales que forman parte del mecanismo de revisión de los procesos de alerta– a analizar a detalle el caso en esa entidad.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que en México casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual. Son 10 las entidades que presentaron números por encima de la media nacional: en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 por ciento) declararon haber sufrido al menos una situación de violencia; en el estado de México lo reportó 75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y en Baja California, 66.2 por ciento.

Fuente: jornada

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Mario Meneses

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Vigila #Ejército trenes de carga


Por Mario Luis Ramos Rocha

AGUASCALIENTES, AGS. (OEM-Informex).-

Gracias a la intervención del Ejército Mexicano se logró abatir la alta incidencia de robos a convoyes de carga que cruzaban por nuestra entidad.

Luego de que casi a diario se registraran atracos, especialmente en la zona del Ojo de Agua, actualmente la cifra se redujo a cero, reveló el secretario general de la Sección Dos del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), José Ángel Muñoz Hernández.

Los artículos más sustraídos de los vagones de carga hasta antes de la intervención de la milicia eran partes automotrices, llaves inteligentes para autos de las armadoras automotrices que operan en la entidad; vinos y licores, así como artículos electrodomésticos.

También existía una alta incidencia de robo de combustible a las locomotoras, por parte de delincuentes que obstruían las vías férreas para robar parte de la mercancía que era transportada y aprovechaban para vaciar los tanques de diésel de las máquinas.

“Ante esta situación el dirigente nacional de nuestra organización, Víctor Flores Morales, solicitó el apoyo de la milicia y hoy se ha logrado reducir a cero el número de robos gracias a las labores de vigilancia conjunta que se han implementado”, explicó.

La vigilancia en convoyes que transportan todo tipo de mercancía se realiza de manera conjunta entre elementos castrenses, integrantes de una compañía de seguridad privada que fue contratada exprofeso para ello y elementos de corporaciones policiacas estatales y municipales.

“El Ejército Mexicano participa en el tramo que comprende de la comunidad de Felipe Pescador hasta Aguascalientes”, expresó el dirigente obrero.

Actualmente transitan por nuestra entidad hasta 15 trenes de carga cada día, tanto en dirección norte-sur como sur-norte.

 Fuente: elsoldelcentro
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Mario Meneses

Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

IBERO, el Centro Prodh y el IMDHD, presentan informe sobre aplicación de las reformas en el sistema de #Justicia


La Universidad Iberoamericana Ciudad de México (a través de su Programa de Derechos Humanos), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) realizaron el informe ‘Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016’.

El informe busca realizar un primer diagnóstico sobre el impacto y la implementación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y penal en la práctica judicial, en particular en el sistema de justicia penal, con el objetivo de resaltar ejemplos de criterios positivos, así como de advertir e impulsar la corrección de criterios no compatibles con el nuevo marco constitucional.

Entre los hallazgos del documento se encontraron, en la reforma en derechos humanos:

• Control de convencionalidad. Se observó que citar el artículo 1° constitucional no necesariamente garantiza un uso adecuado del control de convencionalidad (es decir, que la actuación de las autoridades sea conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos), que en ocasiones se cita sin argumentar aplicación, en otras se cita y aplica inadecuadamente o de manera retórica. Por lo que se debe fortalecer no sólo el citar instrumentos, sino aplicar y argumentar su uso.

• Sobre Igualdad y no discriminación. Se observó escasa aplicación de este principio en las resoluciones. En la mayoría de los casos, aún en los que es evidente la presencia de un sector o grupo en especial vulnerabilidad, se mantiene un trato aparentemente neutral, lo que en muchos casos se traduce en falta de medidas positivas para garantizar una efectiva incorporación judicial del derecho a la igualdad y la no discriminación.

• Presunción de inocencia y valoración de la prueba. Se observaron diversas violaciones en estos rubros, en particular en su vertiente de valoración probatoria, asignándole valor a la prueba con base a quien la ofreció, otorgando un valor excesivo a las declaraciones y en particular a las de los elementos captores. Preocupa la persistencia del principio de inmediatez procesal para dar valor a primeras declaraciones retractadas.

• Exclusión de pruebas ilícitas. En la mayoría de las sentencias en las que la defensa alegó la obtención de pruebas ilícitas, se admitieron y valoraron todas o algunas de éstas sin esclarecer los orígenes de la prueba. En la mayoría de los casos en los que se excluyeron pruebas, sucedió hasta la sentencia de segunda instancia o amparo.

• Jurisprudencia. Se evidenciaron avances sobre la interpretación que la SCJN y algunos Tribunales Colegiados han desarrollado en relación con las reformas. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme ni constante; por el contrario, en ocasiones se han emitido criterios de resistencia o incluso regresivos.

En la reforma en materia penal:

• Principales hallazgos. El nuevo sistema de justicia penal (NSJP) genera condiciones que incentivan una mejor aplicación de estándares (como presunción de inocencia y valoración de la prueba) y reduce la posibilidad de introducir ciertas pruebas ilícitas al proceso.

Sin embargo, persisten algunas problemáticas: la inacabada transición en las instituciones, el arraigo de los vicios del anterior sistema de justicia, un régimen de excepción en el sistema acusatorio en lo referente a la delincuencia organizada e indicios de uso indebido del procedimiento abreviado. Y actualmente destaca la amenaza de una contrarreforma al NSJP, representada en la iniciativa de Miscelánea Penal pendiente en la Cámara de Diputados.

• Es necesario consolidar la aplicación armónica de las reformas en materia penal y de derechos humanos.

Y en la reforma en materia de amparo:

• Principales hallazgos. El juicio de amparo se mantiene como el principal recurso para la protección de derechos constitucionales y en estas resoluciones se da la mayor aplicación de la reforma en materia de derechos humanos.

• Retos. Consolidar la protección de los derechos colectivos (por ejemplo, en casos de comunidades indígenas, pero también otros relacionados con derechos difusos), ampliando el alcance del juicio de amparo y el interés legítimo en estos supuestos, que actualmente tienen un uso dispar. Se siguen utilizando aspectos procesales para limitar el alcance del amparo en casos de graves violaciones a derechos humanos.

Recomendaciones

El informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores (poder judicial, defensoría de oficio, congreso, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil, academia). Entre ellas:

• Entender las reformas de manera integral y en conjunto, garantizando que el enfoque de derechos humanos permee en la formación y aplicación del NSJP, así como en la apertura del juicio de amparo.

• Adoptar criterios positivos en el sentido de fortalecer las reformas y abandonar criterios o argumentos contrarios a su espíritu. En particular, asegurar la efectiva aplicación y argumentación del control de convencionalidad.

• Fortalecer capacidades argumentativas y la correcta aplicación de estándares sobre valoración de prueba, incluyendo exclusión de pruebas ilícitas.

• Adoptar criterios proactivos que garanticen el efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

• Reforzar el derecho de acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

• Garantizar los cambios estructurales, legales y de personal necesarios para fortalecer el sistema de justicia asegurando la correcta aplicación de las reformas (por ejemplo, respecto a la próxima Fiscalía General de la Nación, la sustitución de ministros en la SCJN, integración y depuración de las instituciones de procuración de justicia, crear un Instituto Nacional Forense, garantizar presupuesto, evitar contrarreformas, entre otras).

• Modificar la enseñanza del derecho, para incorporar de manera transversal los derechos humanos y las capacidades analíticas y crítica.

• Mandar mensajes claros sobre la importancia de fortalecer y aplicar las reformas tanto por parte de funcionarios como de medios de comunicación.

Metodología 

Como metodología de este informe de monitoreo de la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos, penal y amparo:

• Se analizaron 100 resoluciones o sentencias en cinco entidades: Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México; además de algunas del ámbito federal. (El informe aclara que los resultados no pueden considerarse estadísticamente representativos de las tendencias globales en el sistema de justicia del país; no obstante, se consideran una muestra de los grandes trazos de algunas de estas tendencias).

• Se monitorearon cuatro grandes rubros en las sentencias: control de convencionalidad; igualdad ante la ley; presunción de inocencia y valoración de las pruebas y exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.

• Se obtuvieron sentencias por solicitudes de información y de algunos casos que acompañan las organizaciones.

• Se consideraron tesis aisladas y jurisprudencia adoptadas a partir de la entrada en vigor de las reformas (Décima época) sobre los cuatro rubros monitoreados.

• Se realizaron entrevistas con juezas y jueces, con defensores de oficio, academia y organizaciones de la sociedad civil para ubicar los principales retos que observan.

• Se incluyeron cinco casos documentados y defendidos por el IMDHD y el Centro Prodh para analizar su evolución en las diferentes instancias y la aplicación de las reformas constitucionales en las sentencias.

Fuente: ibero

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Mario Meneses

En Inglaterra las empresas de #SeguridadPrivada G4S y SERCO, están por realizar arrestos.


Uno de los trade offs en la sociedad moderna es que potencialmente nos permitimos someternos a la opresión del Estado, precisamente porque sabemos que las instituciones que estarían realizando esa opresión son instituciones de responsabilidad del Estado y, por lo tanto, transparentes para nosotros.

La opresión del Estado sólo es aceptable en nuestra sociedad porque en un nivel amplio basado en políticas controlamos los casos y el alcance de esa opresión. Todo es, por decirlo así, «en casa».

Eso está a punto de cambiar.

Como es el caso con todos los sacramentos sagrados de la sociedad en nuestro último país capitalista, el neoliberalismo del gobierno conservador ha inspirado la privatización de la opresión del Estado.

En otras palabras, G4S y Serco pronto podrán arrestarlos . Seriamente.

Así es, Serco y G4S – las mismas dos compañías que fueron despojadas de los contratos para etiquetar a los prisioneros  porque una investigación de la Oficina de Fraude Serio reveló que estaban cobrando por etiquetar a personas que no existían – van a confiar en las esposas por el gobierno Tory .

Esencialmente, las propuestas verían G4S gruñidos dado los poderes deoficiales civiles de la aplicación . Es decir, los oficiales / empleados autorizados del Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad tienen la facultad de confiscar y vender bienes para recuperar el dinero adeudado bajo multas y notificaciones de multas comunitarias y ejecutar órdenes de detención, encarcelamiento, detención y arresto.

El punto crítico aquí es que, aunque gran parte de los brazos de recuperación y de ejecución del servicio de la Corte ha sido externalizado por largo tiempo a los oficiales de ejecución “autorizados” (empleados de otras empresas privadas), hasta ahora se ha trazado la subcontratación del poder de detención .

No más.

Si el movimiento sigue adelante, representa apenas otra ola en la marea siempre empujando de la expansión privada en el sector público. En la austeridad de Gran Bretaña, la implementación estándar de la política va así: recortar el financiamiento al servicio público, luego privatizar el servicio público con fines de lucro.

Mientras que las concepciones anticuadas de la macroeconomía justifican los recortes (porque tenemos que ahorrar dinero, vivimos dentro de nuestros medios, chicos, los árboles de dinero mágico lalalala); La thatcherita hace un llamamiento a las virtudes de la competencia y las percepciones erróneas de la evolución darwiniana justifican la privatización. Se supone que es más eficiente.

Sin embargo, como señaló Liz Saville Roberts, en julio de 2017, en una moción de Early Day presentada por Plaid Cymru MP, el hecho es que los oficiales de la banca empleados directamente por los HMCTS superan sistemáticamente a los oficiales de banca empleados por el sector privado.

Pero el fracaso de la privatización a la altura de sus promesas no es el tema principal aquí. Todos sabemos que las promesas del neoliberalismo son huecas. Como lo indica el Movimiento, las propuestas significan que todos los soldados de GFS y Serco, sin ser regulados, podrán entrar a su propiedad y arrestarlos.

[…] la ausencia de un regulador judicial independiente, […] las reformas del Gobierno han tenido un impacto insignificante en la protección del público contra los zapadores excesivos y agresivos; […] los agentes civiles de aplicación de la ley están investidos de la autoridad para entrar en los locales y registrarlos, para detener y registrar a los infractores a menudo vulnerables y ponerlos bajo custodia ante el tribunal; […] el Gobierno planea conceder tales poderes a los funcionarios privados mal regulados que no están sujetos al Código de la Función Pública

No sólo esto, sino los morosos en la Corte ordenó multas y los que tienen deudas ejecutables por el Tribunal son a menudo los más vulnerables en la sociedad. Con esto en mente, la idea de que el poder de la opresión selectiva sobre estas personas está siendo otorgado a G4S, una compañía con uno de los peores récords de derechos humanos en el mundo , es aterradora.

Mientras que los oficiales de la Corte empleados por HMCTS están sujetos a normas estrictas, y el Servicio es responsable ante el Gobierno, que es responsable ante nosotros – G4S y Serco función, pero totalmente fuera de esta estructura.

Su formación, sus normas, su regulación, su servicio será sub-estándar. Y no sólo sub-estándar, pero agresivamente perjudicial. Si quieres pruebas, basta con mirar su registro en los Centros de Detención de Inmigración , prisiones e incluso los Juegos Olímpicos de 2012 .

El éxito de G4S en la incompetencia es explicado solamente por el zeitgeist económico. Mientras permitamos a nuestro Gobierno propagar la mentira de la escasez monetaria, los servicios públicos esenciales seguirán siendo subcontratados a las empresas privadas abusivas, inadecuadas y que cortan las esquinas.

Por supuesto, tal vez uno de los aspectos más asustadizos de este desarrollo es la respuesta potencial a la pregunta “¿cómo van a ganar dinero?” G4S, que tiene operaciones en todo el planeta y no tiene sentido del deber hacia el país o los ciudadanos, sólo participa en este juego para ganar dinero. Entonces, ¿cómo lo hará?

Bueno, si la estructura es similar a la de los Estados Unidos, entonces ocurrirá algo así como el incentivo financiero de los arrestos, lo que a su vez estimula la agresión y desincentiva a los operarios de ser humanos hacia aquellos que son objeto de órdenes judiciales.

En conjunto, la propuesta representa un desarrollo que socava uno de los entendimientos fundamentales de nuestra sociedad y uno de los términos fundamentales de nuestro contrato social.

Cuando se trata de matones privados que ejercen poderes de Estado, una cosa debe ser segura; no lo harán sin enfrentarse a la resistencia.

Fuente: evolvepolitics.com

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Mario Meneses

 

OSC presentan denuncia ante ONU por desaparición de más de 5 mil menores; 70% sucedieron en sexenio de EPN


 

(02 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2009 el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios documentó dos casos de desaparición de personas menores de edad en el estado de Coahuila. 

El primer caso, ocurrido en el mes de agosto, se trató de un adolescente y el segundo a un niño de 8 años quien viajaba con su padre y su tío. En el año 2010, el número de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes en Coahuila aumentó a 8, con 9 víctimas entre las cuales un infante de 2 años el cual fue puesto en libertad días después de ser abandonado en un camino. 

Las otras 8 víctimas son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, dos de ellas en Tamaulipas. Para el año 2011 se documentaron 11 casos de desaparición de personas menores de edad con 16 víctimas: 10 de los casos ocurrieron en el estado de Coahuila y uno de ellos en el estado de Veracruz, se informó.

Tras abrir las puertas de los cuarteles y sacar a las fuerzas armadas a las calles, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, y cuyas cifras 11 años no arrojan resultados positivos para el país, las desapariciones forzadas, una de las principales acciones que ha padecido la sociedad civil, han alcanzado también a niños y adolescentes en México.

Por lo que concierne específicamente a la situación de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportó 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 niños de entre 0 y 17 años. 

Además, reporta 4 mil 091 mujeres y 18,487 hombres de entre 18 y 99 años desaparecidos. De estas personas, se tiene registro que al menos 64 pertenecen a una etnia. Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30 mil 991), 301 son extranjeras, entre las cuales 41 son niñas, niños o adolescentes, y de 35 se desconoce la edad. 

Cabe señalar que, en general, existe un importante fenómeno de subregistro de los casos de desaparición, que se debe a diferentes razones, entre las cuales están las amenazas u hostigamiento, y afecta en particular a las personas migrantes, que enfrentan obstáculos adicionales a la hora de denunciar estos hechos. Sin embargo, tras haber llevado a cabo una visita a México, la CIDH ha observado “que existiría un crecimiento alarmante en el número de niños no localizados”.

A marzo de 2017, de acuerdo con los datos recogidos en el RNPED 5 mil 452 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años se encontraban desaparecidos. Lo que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados en el RNPED a la misma fecha de corte. 

De acuerdo a nueve organizaciones que presentaron una denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México, a pesar del elevado número de personas desaparecidas, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado. 

Argumentando que hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección. 

La denuncia es relativa a los obstáculos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

“El periodo en el que ha desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante algún año del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”, se informa.

De acuerdo a la investigadora social, Maria Elena Alfaro, “cuando se habla de desaparición de niños generalmente se piensa que los robaron. Pero en muchas ocasiones la violencia es tal como se presenta en un adulto. Y los culpables directos son tanto los grupos armados del narcotráfico como las fuerzas armadas, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO. 

Existe casos donde los niños son levantados y desaparecidos por las mismas fuerzas armadas. También están los ejecutados. Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura no son propias de adultos y también a los menores les inventan delitos o los reclutan como carne de cañón para los grupos delincuenciales”. 

A su vez, la especialista añade que, el Estado es un ausente para ejercer justicia, pero está totalmente presente cuando se trata de estancar averiguaciones, de no nombrar al delito con su nombre correcto, o revictimizar a los pequeños. “El ‘se fue con el novio’ ya es un argumento que debería estar legislado que cualquier funcionario que diga eso reciba un castigo. Quiénes son ellos para condenar a un menor o en este caso niña a no ser buscada, a no ser salvada. Eso también es atacar a las mujeres. 

El Estado también desaparece a la niñez a los adolescentes y después tal vez sean encontrados -con suerte- en una fosa clandestina. Debemos preguntarnos a cuántos se pudieron haber salvado si las autoridades hubieran hecho su trabajo”, cuestiona.

Aseverando que el gobierno federal es el de las respuestas erróneas, el de los silencios eternos, el del desconocimiento arraigado. “Este tipo de gobiernos son de los más grandes peligros para México, porque en cuanto a casos de desaparición de niños, no existe prevención, búsqueda, investigación, persecución y mucho menos sanción de los culpables.

Entonces tenemos ejecuciones, trata de blancas, prostitución infantil, tráfico de órganos, escudos humanos, halconcitos, producto de la impunidad principal característica de estos gobiernos -el anterior y éste-”, indica.

Cabe destacar que cerca de 70% de los menores desaparecidos fueron vistos por última vez en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto y 29% durante el de Felipe Calderón.

Fuente: revoluciontrespuntocero.mx

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Mario Meneses

Gobiernos no aplican bien el sistema de justicia. @angelicadelap #DerechosHumanos


La senadora perredista Angélica de la Peña sugirió que los gobiernos estatales sean autocríticos sobre la aplicación del Sistema de Justicia Penal.

10/08/2017 02:03  Juan Arvizu y Alberto Morales

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), advirtió que se ha generado una crisis en el sistema de justicia penal, porque los tres niveles de gobierno no aplican de manera adecuada el nuevo modelo.

Pidió que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconozca que no fueron suficientes ocho años que se dieron de plazo para la aplicación de la reforma, y llamó a que las autoridades asuman su responsabilidad en las fallas que reporta el cambio.

Consideró que las propuestas de los gobernadores de ampliar el catálogo de delitos que deban ser objeto de prisión preventiva oficiosa —robo de combustibles y portación de arma de fuego—, no van a resolver el problema de la inseguridad pública.

Remarcó: “Los gobernadores lo que proponen son paliativos, y con ello la crisis se profundizaría en el mediano plazo, por lo que el objetivo de la Conago es una contrarreforma”, dijo.

En el Senado, la legisladora perredista afirmó ante los periodistas que en el Congreso “debemos analizar si necesitamos darle más tiempo a los operadores del sistema, a fin de que se capaciten adecuadamente, y a lo mejor los ocho años que dimos de vacatio legis fueron insuficientes”.

Reconoció que organizaciones de la sociedad civil previnieron sobre la capacitación insuficiente que se había impartido a policías, ministerios públicos, fiscales y peritos. Estas advertencias fueron señaladas hace un año, recordó De la Peña Gómez.

Sugirió que los gobiernos estatales sean autocríticos con la calidad con que han aplicado la reforma del Sistema de Justicia Penal, y en ese sentido hagan un balance de los problemas que enfrentan.

Respecto a las propuestas de la Conago sobre robo de combustible y portación de armas, De la Peña dijo que se requiere que las autoridades realicen un trabajo de investigación.

En el caso del robo de combustible, el problema, explicó, es la corrupción que ha imperado desde el sexenio pasado, lo cual detonó el crecimiento de casos de este delito. “Se tiene que aplicar la ley, interpretarla de manera correcta”, afirmó.

Indicó que las autoridades tienen la obligación de investigar de manera adecuada, a fin de fundar y motivar que sean vinculados a proceso quienes han cometido delitos, y en esa circunstancia la imposición de la prisión preventiva “es perfectamente posible, en función del riesgo procesal de cada imputado”.

Sobre la propuesta de prisión preventiva oficiosa por portación de arma prohibida, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expuso que se deben atacar las causas del problema, como lo es el hecho de la disponibilidad de artefactos letales.

Dijo que “la mayoría de armas que utiliza la delincuencia provienen del tráfico ilegal, desde EU”. Agregó que también hay armas reportadas como perdidas por policías, soldados y marinos.

Fuente: eluniversal.com.mx

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Mario Meneses

 

 

El #policía… ¿ombudsman? #DerechosHumanos


Como Comisario de Guadalajara durante la última administración priista en la entidad, Carlos Mercado caracterizó a la policía tapatía como violadora de derechos humanos, hecho que lo llevó a la destitución. Ahora contiende por la presidencia de la CEDHJ, lo que ha generado críticas luego de un largo periodo fuera de los reflectores.

 

Carlos Mercado Casillas se presentó el pasado 11 de julio en el Congreso Local para postularse a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, luego de su intempestiva salida de la función pública.

Su candidatura genera ruido ya que su salida de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara en 2014 fue luego de graves deficiencias en un operativo de la policía contra barristas en el Estadio Jalisco, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos y un importante número de heridos por parte de ambos bandos.

Carlos Mercado Casillas cuenta en su historial con un registro que va de 1998 a 2007 en el cual fungió como visitador adjunto y secretario técnico de la CEDHJ, así como representante en la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito, y fue responsable de la edición de los informes anuales de actividades de la misma dependencia entre 2002 y 2006.

En su mayoría, la trayectoria de Mercado Casillas ha sido en el ámbito de la seguridad pública como académico y funcionario, tanto local como federal.

Por eso entre 2007 y 2008, con el panista Alfonso Petersen como alcalde de Guadalajara, fungió como asesor jurídico en materia de Seguridad para el presidente municipal de la capital jalisciense.

Después se encargaría de algunos asuntos internos del Municipio en materia de seguridad, y como funcionario público en la Secretaría de Gobernación, para ser designado como secretario de Seguridad Ciudadana en Guadalajara en 2012, con la llegada del priista Ramiro Hernández a la alcaldía.

Fue ahí cuando empezó un camino de señalamientos por la crisis de seguridad que ha atravesado el municipio, reconocido por el propio extitular de la comisaría.

Señalado por la Comisión

En octubre de 2012, la CEDHJ emitió la recomendación 141/12 en la cual se exhortaba a Mercado Casillas a cambiar la forma de actuación de los policías tras la detención arbitraria de inocentes en 2011, cuando todavía no era titular, pero dirigido a él como nuevo jefe de la corporación.

Esta recomendación marcó su gestión porque posteriormente la prensa documentó diversos casos graves de detenciones arbitrarias y revisiones de rutina, violatorias de derechos humanos, por parte de la corporación al mando de Mercado Casillas sin que este accionara en contra de dichos actos.

El informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco de 2013, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), da cuenta de que la Policía de Guadalajara conocía las implicaciones de las detenciones arbitrarias con un discurso públicamente crítico por parte de Mercado Casillas, pero negando que en el día a día se llevaran a cabo.

El segundo año de gestión de Mercado, el 2013, estaría marcado por un hecho ocurrido a finales del 2012 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: las protestas del #YoSoy132 y la detención de personas en la manifestación que se realizó el día en que Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente.

Los jóvenes en protesta fueron reprimidos entre dudas sobre daños a instalaciones públicas y privadas, con policías esperando la llegada de la manifestación en las inmediaciones a la feria. Tras algunos intercambios la corporación tapatía accionó con fuerza desmedida.

Este hecho le costó a Mercado Casillas la recomendación 156/13 de la CEDHJ, luego de que el organismo acreditara la violación de los derechos de las víctimas a la libertad, a la integridad y a su seguridad personal.

La CEDHJ documentó el acoso y manoseo por parte de los elementos policiacos contra las mujeres manifestantes, hecho que fue desestimado por Mercado Casillas.

Sin perspectiva de los DDHH

“Carlos Mercado señaló que la actuación de las policías el día 1 de diciembre se debió a la adrenalina del momento. Nos llena de preocupación qué policías estén cuidando nuestra integridad y seguridad, cuando a todas luces se demuestra que si es la adrenalina nos ponen en más riesgo”, señaló César Pérez Verónica, director jurídico del Cepad, en entrevista con Reporte Indigo el 18 de diciembre del 2012.

Luego de que en el artículo “Misoginia policial”, Reporte Indigo documentara la gravedad de las corporaciones policiacas de Jalisco y su falta de perspectiva de género, ahondando en que Carlos Mercado demostraba un total desconocimiento de la perspectiva de género por su actuar como titular.

Además, la CEDHJ en su recomendación instó al titular de Seguridad Ciudadana a que los policías se abstuvieran del uso de elementos que encubrieran sus identidades por la impunidad ante los abusos, con pasamontañas, elemento que ya habían recomendado a Mercado Casillas desde la recomendación de 2012, con clara evidencia de que no se había tomado en cuenta.

Otra referencia a la perspectiva del abordaje de los derechos humanos se evidencia cuando empresarios del Centro Histórico demandaron atención por parte de la autoridad para el tema de la prostitución en las inmediaciones de los espacios familiares, a decir de los comerciantes.

La respuesta de Mercado Casillas, según narraron los comerciantes, fue incrementar el patrullaje para inhibir la presencia de sexoservidoras, 
con la utilización de la policía en un tema complejo que también implica los derechos de las trabajadoras sexuales.

La gota que derramó el vaso en su gestión fue la trifulca 
que tuvieron barristas y policías en las inmediaciones del Estado Jalisco.

Las suspicacias sobre este perfil postulado a la CEDHJ se sustentan en su pasado como dudoso defensor de los derechos humanos, a pesar de que el mismo Carlos Mercado se defendió al presentar su candidatura, argumentando una experiencia de 27 años en la materia.

Fuente: www.reporteindigo.com

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