Nace el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática


La evidencia disponible permite afirmar más allá de toda duda que las políticas de seguridad en México van a la deriva. El país está secuestrado por un patrón inercial político y social que recarga la expectativa de recuperar la seguridad en el crecimiento de los recursos y en el uso de la fuerza, aunque tal expectativa carezca de fundamentos racionales. La Ley de Seguridad Interior es la nueva promesa de una vieja historia. Tras veinte años de reformas constitucionales, legales e institucionales y de multiplicación del gasto para la seguridad, la violencia no es siquiera contenida. La historia se repite una vez más, ahora con esa ley, y la única novedad es la abierta y acaso irreversible transferencia de la seguridad pública a los militares.

Foro Nacional de Seguridad Democrática

El patrón inercial a favor de más recursos y más fuerza pública ha sido caracterizado por la teoría como “modelo incremental”. El fenómeno se alimenta a sí mismo: la violencia persiste, entonces vienen más recursos y más fuerza pública. La violencia persiste, más recursos, y así sucesivamente. Esto se sabe bien; miren la evidencia. El documento Descifrando el Gasto Público en Seguridad reporta que 4 mil 500 recomendaciones derivadas de 550 auditorías evidencian “débiles mecanismos de evaluación, mecanismos inadecuados de control y fiscalización y ausencia o insuficiencia de reportes sobre el destino del gasto”. El estudio concluye nada menos que “no existe información confiable sobre qué funciona y qué no”.

Otra investigación confirma que “el gasto federal ejercido en seguridad se duplicó en términos reales de 2006 a 2016”. Luego de desagregar dicho gasto, encuentra que “las administraciones recientes han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de combate frontal…”.

Los recursos crecen enfocados en el despliegue operativo para el uso de la fuerza civil y militar, independientemente de que los resultados esperados, léase la seguridad, no lleguen. Este modelo incremental, usando un concepto del mercadeo, merece lealtad más allá de la razón entre los gobiernos y buena parte de los gobernados por igual. Un ejemplo de lo anterior es la recurrencia de dos respuestas mayoritarias en los estudios de opinión, perfectamente contradictorias: “confío poco o nada en la policía” y “quiero más policía”. Una y mil veces confirmada entre la opinión social, esta dupla es a simple vista incoherente y a la vez consistente con la percepción generalizada que recarga la mejora de la seguridad en la disponibilidad de más recursos.

Las y los políticos lo han aprendido bien; pueden tomar decisiones sin justificarlas racionalmente: es el caso de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que prolonga y agudiza la militarización de la seguridad pública. Ocurre justo cuando, a la imposible validación de este modelo hegemónico de seguridad carente de resultados, se agrega la evidencia del desgaste militar, expresado en la reproducción de violaciones graves a los derechos humanos, cobijadas en la impunidad. Un reporte revela que en más de 500 investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República por delitos de soldados contra civiles entre 2012 y 2016, solo se lograron 16 sentencias condenatorias, esto es, el equivalente al 3.2% del total.

La otra cara de la moneda en esta historia es la débil o nula documentación, el exiguo aprendizaje formal y la prácticamente inexistente memoria del Estado mexicano en torno a los ocasionales casos prometedores y exitosos en la construcción de seguridad y la reducción de la violencia. Toda mi carrera profesional he encontrado esfuerzos positivos que parecen andar en el sentido correcto o, incluso, prácticas prometedoras y exitosas que terminan desmontadas por falta de apoyo político y se diluyen en la desmemoria. El Estado mexicano destruye la posibilidad de corregir lo que no funciona y, a la vez, de fortalecer lo que sí.

Las más graves frustraciones las he visto y vivido no en torno a la repetición de las malas conductas, sino a la indiferencia e incluso el ataque desde las propias instituciones contra el buen desempeño. Por ejemplo, sé de incontables policías y agentes del ministerio público abandonados a su suerte. No porque no funcionen, sino porque al hacerlo afectan intereses criminales poderosos, muchas veces incrustados en las instituciones policiales y en las procuradurías. En esta cara de la moneda está una de las más perversas expresiones del malogrado Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde, por ejemplo, priva la visión hegemónica que califica al municipio como un problema, siendo justamente ahí donde he podido mirar los mayores éxitos –si bien efímeros–, en la mejora policial, por ejemplo.

El proceso electoral de 2018 aún no muestra ofertas correctivas del patrón inercial a favor de más recursos y fuerza pública. Por el contrario, ya atestiguamos un circo donde parecen competir por el premio a la ocurrencia hasta alcanzar la caricatura involuntaria. Va un ejemplo tan pedestre como reiterado: instalación de más cámaras de vigilancia. El problema es que estas caricaturas convertidas en decisiones de política pública –por llamarles de alguna manera– son la plataforma que da paso a la reproducción masiva de víctimas de las violencias.

Jamás habrá una mención que haga justicia al esfuerzo que se encamina a construir la seguridad y reducir la violencia por parte de actores independientes. Se trata de un fenómeno sin precedentes que viene articulando procesos cada vez más potentes de presión social y política y que merece análisis aparte. Sin embargo, esta suerte de multiplicación incesante de anticuerpos de la crisis sigue enfrentando una resistencia al cambio de proporciones en general aún insuperables. Así lo reconocieron múltiples actores destacados que participaron en la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: la Vía Civil, celebrada en octubre pasado (aquí el video de todas las mesas de trabajo).

La constatación cotidiana del agotamiento de las políticas de seguridad en México y de su fase superior, que abre paso franco a la militarización de la seguridad pública, fue el contexto que dio paso a la organización de tal evento y al anuncio –ahí mismo– de la creación del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. La iniciativa fue convocada bajo el liderazgo del Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, y en alianza con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a su vez acompañados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México (aquí el pronunciamiento).

El Foro, ya en operaciones a partir de este 2018 que comienza, impulsará de manera permanente una agenda de investigación científica y una oferta educativa orientadas a la incidencia a favor de políticas de seguridad eficaces, legítimas, coherentes con los derechos humanos, soportadas en el conocimiento científico y la evidencia; tal como lo ordena la Constitución, conducidas por el liderazgo civil. El Foro ofrecerá una caja de herramientas teóricas y metodológicas modernas a las autoridades y a las y los actores oficiales independientes involucrados en esfuerzos a favor de un paradigma democrático de la seguridad.

Esta iniciativa incluirá la instalación del primer laboratorio de innovación en seguridad ciudadana, donde académicos, líderes sociales y representantes de la autoridad intercambiarán el conocimiento y la experiencia para crear nuevas herramientas útiles para la mejora práctica de las políticas y las instituciones responsables.

Este espacio además funcionará como una ventana al mundo por donde serán miradas y convocadas las experiencias y lecciones aprendidas más allá de nuestras fronteras. Es el caso del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), cuya directora anunció públicamente, en la conferencia mencionada, la alianza con el nuevo Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. En la experiencia de 30 años del EFUS, agregó, el camino correcto es crear lenguajes y metodologías comunes entre actores diversos, oficiales e independientes, desde un espectro que rebasa las instituciones policiales y el sistema de justicia penal e incluye la educación, la salud y la planeación urbana, entre otros. Especialmente valioso, a decir de las representantes de la oficina sede del EFUS ubicada en París, Francia, es el liderazgo académico en la creación de este foro.

Comenzamos.

Ernesto López Portillo Vargas es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.

Fuente: Foro Mexicano para la Seguridad Democrática

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Mario Meneses

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FIRMAN CNDH E INACIPE CONVENIO PARA PROFESIONALIZAR Y CERTIFICAR A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN REGLAS MANDELA Y PROTOCOLO DE ESTAMBUL


Protocolo de Estambul

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2017
Comunicado de Prensa DGC/437/17

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de integrar y formalizar los comités por competencias que desarrollarán los estándares en materia de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).

De esta manera se consolidan las tareas tendentes a la Certificación de Competencias Laborales de los profesionistas comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos para que puedan profesionalizarse y certificarse en estas dos áreas, de conformidad con los estándares a desarrollar, optimizando así su desempeño laboral.

Así lo dio a conocer el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al suscribir el convenio de colaboración con el Director General del INACIPE, Gerardo Laveaga Rendón, ante quien destacó que dicho documento se sustenta en objetivos comunes de ambas instituciones, coincidentes en el fortalecimiento del respeto de
los derechos humanos, que incluye su promoción, divulgación, análisis y estudio.
En la Sala de Consejo de la CNDH, el Ombudsman nacional destacó la importancia de las materias mencionadas y la necesidad de contar con profesionistas especializados y certificados ante los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, así como los
relacionados con el nuevo sistema penal acusatorio.

Agradeció el interés de colaboración del titular del INACIPE y su equipo de trabajo, y expresó su deseo por el fortalecimiento de la alianza entre las dos instituciones.
En su oportunidad, Gerardo Laveaga reconoció el trabajo y valentía del Ombudsman nacional en la defensa de los derechos humanos. Señaló que estas prerrogativas son tema transversal reflejado en todos los ámbitos del país, que deben ir de la mano con las ciencias penales para lograr un sistema penal afilado y eficaz.
Por su parte, Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH, puntualizó que el Convenio permitirá tener herramientas para la creación de cursos, congresos, talleres de divulgación y publicaciones conjuntas, específicamente en la certificación de las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) que son fundamentales para quienes se encuentran en contacto con las personas internas en centros de reclusión; además en la operación del Protocolo de Estambul, para fortalecer la prevención de la tortura.
En este acto también se contó con la presencia de Rafael Ruiz Mena, Secretario General Académico, y Gianni Rueda de León Íñigo, Directora de Capacitación, ambos del INACIPE, así como Rubén Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos; Ninfa Delia Domínguez Leal, Titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la Mtra. Clementina Rodríguez García, Visitadora Adjunta de la Tercera Visitaduría General, estos últimos de la CNDH.

Descarga información: Derechos Humanos

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Mario Meneses

Comisión Nacional de los #DerechosHumanos (CNDH). #Seguridad


El Ombudsman nacional al participar en el Foro “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías”, subrayó que el reconocimiento de los derechos de los policías y su dignificación son elementos indispensables de una política pública integral en materia de Seguridad y Justicia.

También mencionó que la defensa de los Derechos Humanos no promueve el incumplimiento de la Ley y enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

 

La Violencia Obstétrica va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de información y negación del tratamiento


Violencia Obstétrica

Violencia obstétrica: puntualizaciones útiles

La Dra. Alicia Márquez Murrieta y el Lic. Ismael Ruiz Ramos, del Instituto Mora, exponen el panorama de la violencia en la salud reproductiva en las mujeres.

La Recomendación General de la CNDH

sobre violencia obstétrica

Desde 1981, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, es una fecha de protesta con el fin de visibilizar las violencias que sufren las mujeres en el mundo.

Este año desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se establece la Campaña “16 Días de activismo contra la Violencia de Género”.

Nuestro texto se inscribe en esta visibilización y resalta una problemática específica: la violencia obstétrica, que es una intersección entre violencia estructural de género y violencia institucional en salud.

Laura es un ejemplo de este tipo de violencia. Ella es portadora de VIH y se encontraba recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Ingresó al Hospital General Torre Médica Tepepan para someterse a una cesárea en la que le practicaron un método anticonceptivo irreversible sin su consentimiento, tras lo cual buscó suicidarse.

Luego de la investigación, la CDHDF emitió la Recomendación 9/2016 a la Secretaría de Salud capitalina por haber violentado sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la salud, a la integridad personal y a una vida libre de violencia.

La forma de violencia de la que fue víctima Laura cuenta hoy con una definición inscrita en documentos normativos de diferente índole: leyes, reglamentos, constituciones locales.

En el ámbito académico, autores que han trabajado muy de cerca la temática y han contribuido a hacerla visible, como Gabriela Arguedas, Roberto Castro o Joaquina Erviti, resaltan que se trata del conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres, adolescentes y niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y de manera más intensa en el periodo del embarazo, parto y posparto.

Violencia obstétrica

La violencia obstétrica aprehendida desde una visión de género también enfatiza que el poder obstétrico es un poder disciplinario que busca producir cuerpos sexuales y dóciles.

Esto quiere decir que están presentes en las interacciones un orden y una jerarquía de género que pueden llevar a que entre el personal de salud y las mujeres embarazadas, los estereotipos o los prejuicios marcados por el género, orienten el tipo de actitudes y tratos hacia ellas, como de hecho ocurre.

Sin ser una lista de prácticas exhaustiva, podemos decir que la violencia obstétrica va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de información y negación del tratamiento, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia, no otorgar información sobre lo que ocurre, coacción para tener consentimiento informado, cesáreas no necesarias, hasta intervenciones más graves en el cuerpo de la mujer como esterilizaciones sin consentimiento (GIRE, 2015).

Cuando hablamos de violencia obstétrica, además del género, se enmarcan las prácticas desde una visión de derechos humanos.

Ello significa enfatizar la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, lo que inmediatamente remite a la responsabilidad estatal para con el derecho a la salud.

La violencia obstétrica y la Secretaría de Salud

Ante este panorama, iniciamos una investigación exploratoria (solamente a través de las versiones electrónicas de diversos diarios) con el fin de rastrear los eventos aparecidos en la prensa a nivel nacional.

Recopilamos un total de 691 notas periodísticas publicadas entre el 1 de septiembre de 2016 y el 6 de junio de 2017 referentes a 197 presuntas violaciones de derechos humanos durante el embarazo, el parto o el posparto.

La información que arrojan estas notas periodísticas (que evidentemente se deberá verificar en otras fuentes más adelante) es que 183 ocurrieron en una institución pública, 6 en una privada y de 8 no aparece el dato. En estas notas, la Secretaría de Salud es la que encabeza las cifras de sucesos en donde han ocurrido presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres embarazadas, en parto o en posparto.

Ahora bien, en la Ciudad de México específicamente encontramos 7 casos, dos de los cuales ya cuentan con recomendación (una para el IMSS y otra para la Secretaría de Saludcapitalina), uno más en que se cesó al médico responsable y 4 sin datos sobre posibles caminos de denuncia ante autoridades judiciales o de derechos humanos.

En julio de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una importante Recomendación General sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud y en ella incluye tanto a servicios públicos como privados.

Antes de esta, desde 2015, había emitido 29 recomendaciones por violencia obstétrica, actualmente son ya 33 de las cuales cinco corresponden a la Ciudad de México. Además, desde 2010 se han emitido 41 recomendaciones por violaciones al derecho a la protección de la salud o inadecuada atención médica en casos relacionados con embarazo, de las cuales 6 fueron para la misma entidad.

La Recomendación General 31/2017 es muy clara al señalar que no se trata de criminalizar a los médicos al enfatizar la problemática sino de construir un “marco teórico y conceptual referente para el personal médico en el desempeño de su servicio, una guía para las autoridades al momento de adoptar políticas públicas, y una herramienta útil para las mujeres, víctimas y organizaciones de la sociedad” (p. 5).

Situaciones como la de Laura son de las pocas que alcanzamos a conocer, debido a que, como menciona el organismo “la falta de información estandarizada, exhaustiva y consensuada, criterios de identificación y definiciones sobre el maltrato a las mujeres durante el parto en las instalaciones de salud, complica la investigación y el desarrollo de herramientas para hacer frente a esta problemática” (p. 7).

Finalmente, nosotros añadimos que uno de los retos es saber exactamente en dónde está el problema en la violencia obstétrica, en qué consiste, quiénes son los culpables y quiénes los responsables de resolverlo. Existen muchos intentos por precisar este campo pero todavía se encuentran deslizamientos que impiden la precisa aprehensión de la problemática y con ella las adecuadas acciones públicas a desarrollar.

También puedes leer: Contra la violencia que no se ve

Alicia Márquez Murrieta es Profesora-Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Sociología por el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Miembro del SNI. Ha trabajado desde hace varios años sobre el tema del aborto como problema público. En 2013 publicó el libro El aborto en México del siglo XXI. Acontecimiento y problema público en el Caso Paulina: de víctima a protagonista. amarquez@institutomora.edu.mx

Fuente: Violencia Obstétrica

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Mario Meneses

Observatorio Internacional para México.


ONG Internacional para México

Por violaciones a derechos, ONG crearán Observatorio sobre México

Resaltan que los índices de violencia siguen aumentando y la impunidad es casi absoluta

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3

Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.

La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.

Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.

El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando, afirmaron.

Indicaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.

Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México, señalaron.

Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

Saludos
Mario Meneses

Licencia para matar


Licencia para matar

De acuerdo a datos del SINAIS, en los últimos cinco años, al menos 518 personas han muerto a manos de policías, soldados o marinos. Creemos que esta es una enorme subestimación: tan sólo en 2011 la base de datos de enfrentamientos publicada por el CIDE reportó 2,107 muertos a manos de autoridades contra apenas 53 del SINAIS.

Se encuentra en el senado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que otorga un marco legal para que las fuerzas de seguridad nacional cumplan también con tareas de “seguridad interior”, un término que no existe en nuestro marco constitucional, pero que incluye tareas de seguridad pública. Hay múltiples argumentos en contra de esta iniciativa, uno de ellos tiene que ver con la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas frente al uso excesivo de la fuerza y el asesinato de civiles, presuntos criminales o no, en enfrentamientos.

Hasta 2014, mediante solicitudes de información investigadores lograron contabilizar los saldos de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado http://www.redalyc.org/pdf/139/13925007004.pdf; sin embargo, a partir de dicho año Sedena respondió que no guardaba un registro de muertos, heridos y detenidos en sus enfrentamientos, dado que esa tarea quedaba a cargo de las procuradurías estatales. Así, nos quedamos sin una fuente central de información para evaluar el uso de violencia por parte de fuerzas federales y construir al menos un diagnóstico para movernos hacia mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, el CIDE hizo públicos los datos y resultados de una base de datos sobre enfrentamientos con detalles antes desconocidos sobre víctimas, contexto y características de los enfrentamientos. Lamentablemente, esta base sólo llega hasta 2011, año en que se dejó de publicar la base de “homicidios por presunta rivalidad delincuencial”.

La diferencia entre ambas fuentes es brutal: en 2011 la base del CIDE contabilizó 2,107 muertos en enfrentamientos con fuerzas policiales o federales; contra apenas 53 casos en SINAIS; al tiempo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ni siquiera distingue víctimas a manos de autoridades. Dicho de otro modo, hoy no tenemos forma de conocer el número real de estos homicidios y el SINAIS nos da una imagen pequeñísima de un problema enorme.

En este ejercicio queremos aproximarnos a lo que ocurrió desde 2014 a partir de una categoría contenida en la base de datos de homicidios SINAIS publicada por INEGI cada año. Del mismo modo, queremos contrastar estos datos con los datos de enfrentamientos para entender su composición. Una limitante de estos datos es que nos impiden distinguir qué autoridad participó en el enfrentamiento y/o fue responsable de la muerte de civiles (i.e. Ejército, Marina, Policía Federal, policías ministeriales, estatales o municipales. En total, entre 2011 y 2016 contabilizamos 518 civiles asesinados por autoridades.

Sigue leyendo la nota completa; Licencia para matar

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Mario Meneses

Política de #Seguridad no ha sido efectiva: CNDH


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez en imagen de archivo. Foto José Antonio López

Ciudad de México.  El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que la política de seguridad no ha sido efectiva y los gobiernos de los estados no han hecho los suficientes compromisos para trazar una ruta al respeto.

En breve entrevista previo a su participación en el Foro Trabajo del Hogar, un gran pendiente en derechos humanos, dijo que el problema de la inseguridad en el país compete también a las fuerzas políticas para tener un plan integral de largo plazo y no sólo sexenal.

“Compete a los gobiernos federal y estatal pero también a las fuerzas políticas de este país, de que se trace un plan integral de seguridad y de justicia que no sea sexenal”. Abundó que se requiere que sea de “largo aliento y largo plazo sin que esto quiera decir que no se trabaje desde hoy, desde ya, pero no podemos ver planes sexenales, tenemos que ver planes de largo plazo y aliento en donde se deje las coyunturas políticas y partidistas de lado para que en un punto que es la seguridad y justicia todos estemos de acuerdo”.

En Casa Lamm, también señaló que “hay ausencia de una política integral para atender la seguridad cuando no tenemos fiscalía autónoma, que está prevista; no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal de delitos electorales, cuando al interior de las entidades federativas si bien se habla de fiscalías autónomas son nada más en la razón social porque en los hechos su estructura sigue siendo la misma. No se ha discutido el mando policial que debe tener este país. El nuevo sistema de justicia penal está probándose y ya lo quieren cambiar”.

Fuente: Política de Seguridad

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Mario Meneses

El Fenómeno de los #Linchamientos en México (2010-2017)


Es un gusto compartir con ustedes, el cartel final de nuestro evento donde colaboran Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , IIS-UNAM e Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Este tiene valor curricular , por lo tanto puedes solicitar tu constancia si estás presente en todas las mesas, te puedes registrar en www.unavisunam.com .Comparte para que todos los interesados puedan ser participes de este gran foro.

UNAVIS

 

CNDH: en México, siete #feminicidios cada día


Urgen políticas públicas para frenar ataques contra mujeres, dice

Llama a los estados a dar la importancia requerida a alertas de violencia.

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 13 de noviembre de 2017, p. 4

Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México.

En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político.

A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida.

De este total, en 12 entidades ya son alertas declaradas por violencia feminicida (estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán).

El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las Alertas de Género, que se presentó hace un par de semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete se determinó no declarar la alerta (Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de AVGM.

Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a la solución del problema. (Algunos lo consideran un golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es un reproche hacia el pasado, pero es más bien una propuesta hacia el futuro, enfatizó el ombudsman nacional.

La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es mediante el impulso de políticas públicas, generar una cultura de igualdad en la sociedad y establecer acciones que permitan que los ambientes y condiciones en las entidades donde se presenta el problema sean seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó que la CNDH está en la total disposición para coadyuvar en la resolución.

Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, donde hasta septiembre de este año se habían presentado 83 feminicidios, aún no haya una declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –instancias federales que forman parte del mecanismo de revisión de los procesos de alerta– a analizar a detalle el caso en esa entidad.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que en México casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual. Son 10 las entidades que presentaron números por encima de la media nacional: en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 por ciento) declararon haber sufrido al menos una situación de violencia; en el estado de México lo reportó 75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y en Baja California, 66.2 por ciento.

Fuente: jornada

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Mario Meneses

Vigila #Ejército trenes de carga


Por Mario Luis Ramos Rocha

AGUASCALIENTES, AGS. (OEM-Informex).-

Gracias a la intervención del Ejército Mexicano se logró abatir la alta incidencia de robos a convoyes de carga que cruzaban por nuestra entidad.

Luego de que casi a diario se registraran atracos, especialmente en la zona del Ojo de Agua, actualmente la cifra se redujo a cero, reveló el secretario general de la Sección Dos del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), José Ángel Muñoz Hernández.

Los artículos más sustraídos de los vagones de carga hasta antes de la intervención de la milicia eran partes automotrices, llaves inteligentes para autos de las armadoras automotrices que operan en la entidad; vinos y licores, así como artículos electrodomésticos.

También existía una alta incidencia de robo de combustible a las locomotoras, por parte de delincuentes que obstruían las vías férreas para robar parte de la mercancía que era transportada y aprovechaban para vaciar los tanques de diésel de las máquinas.

“Ante esta situación el dirigente nacional de nuestra organización, Víctor Flores Morales, solicitó el apoyo de la milicia y hoy se ha logrado reducir a cero el número de robos gracias a las labores de vigilancia conjunta que se han implementado”, explicó.

La vigilancia en convoyes que transportan todo tipo de mercancía se realiza de manera conjunta entre elementos castrenses, integrantes de una compañía de seguridad privada que fue contratada exprofeso para ello y elementos de corporaciones policiacas estatales y municipales.

“El Ejército Mexicano participa en el tramo que comprende de la comunidad de Felipe Pescador hasta Aguascalientes”, expresó el dirigente obrero.

Actualmente transitan por nuestra entidad hasta 15 trenes de carga cada día, tanto en dirección norte-sur como sur-norte.

 Fuente: elsoldelcentro
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Mario Meneses