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La actuación de la #Policía en los #Desastres. 


Septiembre fue un mes particularmente desafiante para las zonas Centro y Sur de nuestro país y en particular para el gobierno federal y los gobiernos locales que han sido afectados por los acontecimientos recientes. En poco tiempo, las capacidades del Estado para responder a las necesidades de una población que experimenta no uno, sino dos importantes desastres se han puesto a prueba en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.1

El 7 de septiembre a las 23:49 horas se registró un sismo de magnitud 8.2 en el suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El movimiento telúrico, considerado el de mayor magnitud en el último siglo, activó un importante número de aparatos del Estado para responder a la emergencia, particularmente en las zonas más dañadas por el sismo en Chiapas y Oaxaca. En estas entidades sureñas, el Ejército desplegó sus tropas hacia las comunidades afectadas para implementar las acciones de auxilio. En este desastre, como en otras emergencias, esta institución fue un actor central que brindó asistencia directa e inmediata.

Doce días más tarde, el 19 de septiembre se produjo un nuevo sismo entre la frontera de Puebla y Morelos, ahora de magnitud 7.1. La corta distancia del epicentro con la Ciudad de México diferenció el impacto entre los terremotos acontecidos el 7 y el 19 de septiembre. Este segundo sismo trastocó no sólo las capas del subsuelo de estos estados y de la Ciudad de México, sino toda la estructura y capacidades instaladas de los gobiernos en los estados afectados.

Ante la magnitud de estos eventos surgen algunas interrogantes relativas al papel de nuestras instituciones de seguridad –en particular de la policía–, en situaciones de emergencia. El primer cuestionamiento que surge, una vez pasada la emergencia, es ¿existe algún programa de política pública que defina lo que le corresponde hacer a cada sector o institución pública en situaciones de desastre? En particular, ¿qué acciones debe desempeñar la policía durante una emergencia o un desastre?

La búsqueda de respuestas a estas inquietudes dio como resultado los siguientes instrumentos: el Programa Nacional de Protección Civil,2 2014-2018 (PNPC)3 el Plan Nacional de Respuesta Mx de la Administración Pública Federal (PNR)4 y, derivado de éste, los Planes de Marina5 y el DN-III-N.6 Entre las principales acciones previstas en el PNR7 es posible identificar operaciones en las que la policía puede participar como agente facilitador. En este sentido, la participación que socializa el gobierno federal respecto a la Policía Federal refiere acciones de rescate y apoyo a la población. Como parte del PNR, sus funciones comprenden la búsqueda; localización; rescate y auxilio a la población; atención médica y prehospitalaria, así como previsión de servicios sanitarios; seguridad, restablecimiento del orden público y protección de la propiedad privada; apoyo para el traslado de personas damnificadas mediante puentes aéreos y colaboración para brindar refugios temporales; acopio y entrega de víveres e integración de grupos de trabajo para remoción de escombros; reconstrucción; limpieza y recuperación de espacios públicos.

En estos días aciagos y profundamente dolorosos hemos visto a la Policía de la Ciudad de México relevando a la Marina y al Ejército en los cercos de seguridad que vigilan los edificios colapsados, abriendo paso a los convoyes de rescatistas y brigadistas, a las ambulancias y a los peatones, motociclistas y ciclistas sumados a las brigadas de apoyo, como tareas adicionales a las que ya realizan.

Después de enunciar las herramientas de planeación en situación de desastre, un hallazgo interesante convoca a una reflexión sobre las acciones en las que la policía puede participar en estos casos. Un artículo en el Journal of International Criminal Justice Researchanaliza las actividades de la policía japonesa en el gran terremoto del Este de Japón en 2011,8 y su incidencia en acciones de prevención del delito, rescate, identificación de cadáveres, y apoyo a víctimas, todo ello sustentado en una Ley Orgánica de Medidas de Control de Desastres.

El artículo subraya el importante papel de la policía en la evacuación y transporte de residentes tanto en las zonas costeras, como en las inmediaciones de la central termoeléctrica de Fukushima, y en el auxilio de algunas poblaciones vulnerables, como el traslado de los residentes de asilos y pacientes hospitalarios hacia los refugios. Una mención aparte refiere la diligencia en las acciones de comunicación radial de la policía para coordinar esfuerzos dictados desde la oficina del Primer Ministro hacia los gobiernos locales, dada la caída de los sistemas de comunicación telefónica, celular e internet.

Como parte de las acciones de búsqueda y rescate, la policía nipona accedió a edificios en colaboración con el cuerpo de bomberos y rescatistas9 para auxiliar a personas atrapadas, colaborando en el rescate de 3,750 víctimas. Por otro lado, la policía estuvo a cargo de todo el proceso de identificación de cuerpos, de dictaminar las causas de muerte, así como de la identificación y entrega de cuerpos a los deudos o de su resguardo. En la atención a víctimas, las áreas especializadas participaron visitando los albergues para brindar asistencia psicológica y servicios de información que redujeran la carga de la población damnificada. El área de comunicación social de la policía también participó solicitando apoyo y amonestando a usuarios que propagaban noticias falsas y rumores.

Además, con la finalidad de prevenir actos delictivos, el operativo policial convocó a distintas comisarías policiales para fortalecer el control de determinados delitos en las áreas de emergencia y en la zona de refugios. En este sentido, aunque es común que después de un desastre se incremente la incidencia delictiva en las zonas de emergencia, este no fue el caso de Japón. Una de las conclusiones del análisis citado apunta que el fortalecimiento del sentido de solidaridad y la provisión de enseres básicos tuvieron dicho impacto en el fenómeno delictivo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en situaciones de desastre hay delitos que no se denuncian, ni registran, por lo que las dudas sobre la confiabilidad de los reportes delictivos son naturales en situaciones de esta naturaleza.

Ante esto, es necesario considerar acciones y esfuerzos adicionales para reducir la ocurrencia de fenómenos que alteren el orden, la seguridad y la integridad de las poblaciones damnificadas por los terremotos de septiembre pasado. En nuestro caso, cabría la previsión de fortalecer la vigilancia policial en los perímetros siniestrados para prevenir saqueos y delitos oportunistas.

Después de toda esta revisión ¿qué plantean y qué hacen nuestras instituciones policiales, desde la federación y desde los gobiernos locales para reducir los riesgos delictivos en las poblaciones afectadas? Es importante cuestionar a las autoridades correspondientes al respecto.

Los sismos nos han dejado enseñanzas que deben tomarse en cuenta para incorporarlos en los manuales de actuación y en protocolos policiales que permitan sumar a la Policía a la atención de emergencias y contribuir de manera efectiva a la seguridad de la ciudadanía. En especial en estas circunstancias de desasosiego, incertidumbre e inseguridad en su sentido más amplio.

Antia Mendoza Bautista tiene estudios de Psicología por la Universidad de las Américas-Puebla y de Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es especialista en temas de seguridad ciudadana, en prevención de la violencia con énfasis en violencia de género y en modelos victimológicos. 


1 De acuerdo con el CENAPRED un desastre es un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la población, o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad afectando, el funcionamiento vital de la misma. 
2 Programa a cargo de la Secretaría de Gobernación que hace parte del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
3 El análisis diagnóstico del PNPC destaca la necesidad imperativa de contar con el Atlas Nacional de Riesgo, que oriente la toma de decisiones en situaciones de desastre, sin embargo, lo reporta desactualizado e inocuo para la identificación de las zonas de mayor riesgo. Se desconoce si la herramienta ha sido actualizada en estos años o si se ha utilizado en alguna emergencia reciente. El PNPC también plantea entre sus líneas de acción un modelo unificado de administración de emergencias y desastres, sería muy importante conocer el estatus de dicha acción, dadas las recientes circunstancias esta herramienta podría haber sido de gran utilidad.  Finalmente, el Programa hace referencia a la participación de Ejército, pero no existe una sola alusión al papel que debe realizar la Policía en situaciones de esta naturaleza en un marco de coordinación y colaboración.
4 Es un instrmento técnico operativo para articular la acción del Estado Mexicano en materia de protección civil, que incorpora y alinea los planes de respuesta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
5 La misión del Plan Marina es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, actuando por sí o conjuntamente con el ejército, fuerza aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, sector social y privado, con el fin de aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presenten en contra de la población y sus propiedades.
6 Es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.
7 El PNR plantea entre sus principales acciones el monitoreo de amenazas y de avisos; la movilización y/o evacuación preventiva o de reacción; habilitación y organización de refugios temporales; la ejecución de planes de continuidad operativa y mitigación de peligros presentes o potenciales; la realización de operaciones de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia; prestación de servicios sanitarios y de salud (incluidos los primeros auxilios y el apoyo psicosocial); la instalación de centros de comando en sitio para reforzar la vigencia de las medidas de seguridad, y en su caso coordinar la implementación de perímetros de seguridad; el establecimiento de rutas de evacuación; la suspensión de actividades; actividades de búsqueda, rescate y auxilio.
8 Yasuda, T., Takayama, Y. y Soma, K. Activities of Japanese police in the Great East Japan Earthquake, pp. 18.
9 Artículo 6 de la Ley de Ejecución de Funciones Policiales de Japón.

Fuente: Nexos

Saludos

Mario Meneses

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Convocatoria Técnico básico en Gestión Integral del Riesgo. #CENAPRED #MÉXICO


El programa de la carrera de Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo (TBGIR) está diseñado para cursarse en un periodo regular de 1 año, con 33 asignaturas distribuidas en 6 bimestres.
El estudiante podrá realizar sus estudios desde cualquier computadora con conexión a internet, desde su casa o en algún establecimiento con servicio de conectividad.

Perfil de Egreso
•Identificar los agentes perturbadores
•Identificar los riesgos para la comunidad
•Actuar dentro del marco legal de la Protección Civil
•Participar en la aplicación de los protocolos de alertamiento para atender
una emergencia
•Participar en la elaboración y ejecución de programas internos
•Utilizar planes de emergencia
•Interpretar la simbología y datos contenidos en un mapa de riesgos
•Participar en la formación de brigadas comunitarias
•Colaborar en el diseño de los escenarios para evaluar procedimientos de
los planes de emergencia
•Apoyar en las tareas de rescate a la población
•Participar en las acciones para atender a la población evacuada
•Apoyar en las tareas de recuperación de la población, sus bienes e
Infraestructura.

Consulta la información en este enlace: CENAPRED

Saludos de SPP

Mario Meneses

Información oficial: la gran ausente después del #Sismo


Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.- Durante las primeras horas y días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han desplegado una estrategia de comunicación que no ha garantizado efectivamente el derecho a la información de la sociedad y de las personas afectadas. Durante la primera etapa de la crisis, la información oficial no ha sido un catalizador de protección y garantía de derechos. A la luz de estándares internacionales sobre los deberes del Estado en contextos de desastres naturales, ARTICLE 19 ha documentado un vacío informativo en diversos aspectos que tienen impacto sobre otros derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales.

Esta falta de información ya ha sido motivo de denuncias públicas por parte de vecinos, familiares de personas atrapadas entre los escombros y damnificados en edificios ubicados en Álvaro Obregón 286 y en el Multifamiliar Tlalpan, entre otros. Asimismo ha sido motivo de reclamos por parte de vecinos de la Av. Sonora, que cruza las colonias Hipódromo Condesa y Roma Norte, cuyos edificios presentan daños severos. Desde el viernes 22, esta ausencia de información clara y precisa provocó tensiones y conflictos en puntos como Chimalpopoca y Bolivar, donde se desplomó una fábrica textil. De la misma manera, hay datos sobre el bloqueo informativo que han padecido las y los periodistas, cuya labor resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.

No hay justificación sobre esta respuesta limitada y restringida en materia de comunicación, cuando se cuentan con vastos recursos para informar a la sociedad. Por el contrario, la comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto. Tampoco se explica por qué no se ha concentrado la vocería en una persona que informe de manera constante y periódica a la población. En los lugares de colapsos o daños severos, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso Frida Sofía, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos.

En esta tesitura, tampoco se cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas. Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues. También se ha obstaculizado la labor de periodistas en los lugares de derrumbe.

Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo  controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas –como #Verficado19S– hayan suplido la ausencia del Estado en este rubro.

A continuación, haremos un breve estudio sobre las condiciones para el libre flujo de información en la Ciudad de México, después del terremoto del 19 de septiembre. Ello retomando los deberes del Estado en estos contextos críticos de desastres naturales, mismos que se encuentran desarrollados en diversos instrumentos internacionales.[1]

Para tales efectos, se realizaron encuestas en 11 de puntos de la Ciudad de México donde los inmuebles colapsaron (9) o presentaban daños severos (2). Para este estudio retomamos aspectos como información incluyente, abierta, fluida, ética, pertinente, objetiva, adecuada, accesible y comprensible, tanto a nivel general como en los lugares donde se han implementado acciones de rescate.

Previo a dicha revisión sobre el flujo de información in situ, presentamos un análisis sobre la estrategia general de comunicación que los gobiernos local y federal implementaron los días posteriores al sismo.

Como parte de las conclusiones, incluimos una serie de recomendaciones que esperamos sean atendidas a la brevedad.

Descarga Informe: Información oficial: la gran ausente después del sismo

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a Juan Vázquez al correo jvazquez@article19.org o hablar a la organización al +52 55 1054 6500  

Saludos

Mario Meneses

Conferencia del Dr. Carlos Miguel Valdés Director de #CENAPRED #Sismos


El Triangulo de la vida en México.

El Dr. Carlos Miguel Valdés González , Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), ofrece conferencia de prensa para responder a las preguntas sobre los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.

 

El #Cenapred invita a curso en línea sobre #Desastres y efectos #Psicológicos


Desde un enfoque de la gestión integral de riesgo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ofrecerá conocimientos y herramientas para identificar los fenómenos naturales que podrían convertirse en desastres.

Mediante el curso en línea “Los desastres y sus efectos psicológicos”, expertos del Cenapred brindarán a los participantes información para que comprendan las consecuencias que enfrenta cualquier individuo expuesto a un evento con alta carga emocional, con el objetivo de normalizar las posibles respuestas tanto propias como en otras personas.

Con esa información, tendrán claro cómo se define en primera instancia una emergencia y un desastre y aprenderán a reconocer cuáles son las nociones básicas que dan sustento a la psicología en emergencias.

El curso se llevará a cabo del 27 de septiembre al 1 de diciembre, otorga una constancia de participación y será válido para demostrar avance curricular dentro del programa de atención y acompañamiento psicosocial de la Escuela Nacional de Protección Civil.

Más información en: #Inscríbete al curso Desastres y sus Efectos Psicológicos en http://mx.mexicox.gob.mx/register?next=%2Fdashboard … #Cenapred y @SEP_mx te invitan.

Es en línea y gratuito, escribió el coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente en su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P.

Fuente: noticieros.televisa.com

Muertos y damnificados por #Sismo gracias a la corrupción


AUTOR: 

Los dos factores que condenan a México a padecer letales desastres por fenómenos naturales son la corrupción y la pobreza: éstos causan el “83 por ciento de muertes en edificios colapsados en sismos”. La tercera gran falla de este país es el uso político del dinero público para rescatar y reconstruir.

Corrupción y pobreza vuelven a herir a México: ambos factores son identificados por el propio gobierno federal como origen de la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales, como el sismo del pasado 19 de septiembre que cobró la vida de al menos 302 personas, y el del día 7 del mismo mes, con saldo de 96 víctimas fatales.

Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos como la novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio social y económico: el uso político de los fondos públicos para rescatar a las víctimas, atender la emergencia y posteriormente reconstruir las zonas afectadas.

Estos tres elementos marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las catástrofes, revelan tanto la Agenda Nacional de Riesgos como diversos análisis del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Uno de esos estudios –Impacto socioeconómico de los desastres. De la vulnerabilidad a la resiliencia– destaca que “el 83 por ciento de todas las muertes ocurridas en edificios colapsados en terremotos han ocurrido en países con altos niveles de corrupción y pobreza”, según lo observado por el científico Roger Bilham, investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos.

Otro estudio –Los fenómenos naturales y su efecto en los grupos más vulnerables de México– señala que las estadísticas del “Cenapred permiten estimar que el 65 por ciento de las víctimas generadas por los desastres ocurre entre los pobres”.

En tanto, la Agenda Nacional de Riesgos –un diagnóstico profundo de las amenazas a la seguridad nacional, elaborado por los órganos de inteligencia del país y al que Contralínea tuvo acceso– refiere entre las máximas vulnerabilidades el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.

Las vidas perdidas

Así, ocho de cada 10 muertes ocurridas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados tuvieron su origen en actos de corrupción de inmobiliarias y autoridades de los tres niveles de gobierno o en las condiciones de pobreza y marginación que padecen más de 53 millones de mexicanos, según las estadísticas oficiales.

“El nivel de impacto de un fenómeno natural no está determinado por el nivel de intensidad, sino por el grado de vulnerabilidad del sistema expuesto y de su población”, admite el análisis Impacto socioeconómico de los desastres, elaborado por el maestro Norlang García Arróliga, adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del Cenapred.

Ambos terremotos –el primero oscilatorio de 8.2 grados Richter y el segundo trepidatorio de 7.1 grados– han marcado un retroceso de 16 años en materia de prevención y atención a desastres causados por fenómenos naturales, se desprende de los estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

En conjunto, éstos han cobrado la vida de, al menos, 398 personas en ocho entidades del país (Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero, Estado de México y Tabasco). Esta cifra mortal, aún preliminar, ya superó el promedio anual nacional, estimado por el Centro en 175 muertes por año.

Un solo sismo, el del 19 de septiembre, causó más víctimas que esa media nacional sostenida durante el periodo de 2000 a 2016. En ese lapso, refiere el documento Impacto socioeconómico de los desastres, 2 mil 982 personas perdieron la vida durante catástrofes de este tipo, principalmente por daños causados por tormentas y huracanes.

Además, en esos 16 años las pérdidas económicas se estimaron en 33 mil 948 millones de dólares (unos 577 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar).

“El desastre es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana, generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios”, refiere el análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, elaborado por Carlos Miguel Valdés González, director general del Cenapred.

La corrupción

Treinta y dos años después del terremoto de 1985, el sismo de este 19 de septiembre también fue devastador, aunque en menor magnitud. En el caso de la capital, el colapso de al menos 44 edificios y las 3 mil 848 estructuras que resultaron severamente dañadas dejan al descubierto el incumplimiento de las normas mínimas de edificación, establecidas en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México.

En este caso, la supervisión de las condiciones de seguridad en materia de protección civil también fallaron. Quizá, el caso más dramático –por involucrar a un sector altamente vulnerable– es el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde al menos 19 menores de edad y cinco adultos perdieron la vida.

En las ocho entidades afectadas, la corrupción de autoridades locales, estatales y federales intervino en este desastre. En el primer sismo, por ejemplo, en algunas zonas de Chiapas y Oaxaca la alarma sísmica –mecanismo que previene a la población segundos antes del fenómeno natural para que evacue y se resguarde en áreas seguras– no sonó por falta de pago de la energía eléctrica.

Además, de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos, una de las mayores vulnerabilidades de México es la “deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo”.

En la capital, por ejemplo, las construcciones inmobiliarias han proliferado en forma desordenada y violatoria a leyes y reglamentos, además de la oposición de vecinos. Según lo denunciado por afectados, esta situación se observa sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

En esos lugares constantemente se ha denunciado el uso de permisos irregularidades, que conceden tanto las delegaciones como la administración capitalina. Aunado a lo anterior, algunas vialidades capitalinas también resultaron afectadas, pese a que están obligadas a cumplir normas para resistir fenómenos de este tipo.

En su análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, el director general del Cenapred señala que México es un país de sismos: de 1910 a la fecha se han registrado terremotos importantes. En cada sexenio,  apunta, ha habido cuando menos un temblor considerable.

Por ello, advierte que “para evitar la construcción del riesgo sísmico es importante planear el crecimiento de las ciudades y hacerlo en forma ordenada y adecuada”.

La pobreza

El segundo factor que ha condenado a México a padecer desastres devastadores por fenómenos naturales, la pobreza, tiene implicaciones que difícilmente pueden superarse.

Y es que no sólo se trata del hecho de que el 65 por ciento de las víctimas generadas por estas catástrofes sean los pobres, sino que además “existe evidencia de que los desastres naturales han contribuido a elevar los niveles de pobreza y desigualdad en México”, refiere el Cenapred.

Lo anterior, indica la dependencia de la Secretaría de Gobernación, se debe a que estos fenómenos “tienden a impactar más que proporcionalmente a los miembros más pobres de la sociedad, y a que ellos son los menos capaces de responder adecuadamente a choques repentinos que destruyen sus pertenencias y reducen drásticamente sus ingresos”.

Para el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es fundamental que la protección a los pobres frente a tales fenómenos constituya un elemento importante en las estrategias gubernamentales para el combate a la pobreza.

Además, se deberían generar políticas públicas para mitigar los efectos de los desastres en el nivel de vida de los estratos y regiones más pobres del país, considera la institución.

Las demás vulnerabilidades

El tercer factor que opera contra los mexicanos en caso de un fenómeno natural es el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”, refiere la Agenda Nacional de Riesgos.

Y es que pareciera que, en automático, los damnificados se convierten en el botín electoral de los políticos: el lucro de la desgracia se advierte desde el primer instante. Baste recordar al presidente de la República, Enrique Peña, a su esposa Angélica Rivera, tomándose la foto mientras empaquetaban víveres o distribuían la asistencia social en Chiapas y Oaxaca.

Otras vulnerabilidades que advierte la Agenda son: “acciones limitadas de los gobiernos federal, estatales y municipales para afrontar las contingencias”; “insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres naturales de muy alta magnitud”; “incremento en el número y magnitud de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático”; “déficit de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos”.

Asimismo, apunta los “limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias”. Algo que quedó demostrado en las horas posteriores al sismo del pasado 19 de septiembre, cuando fue la sociedad la que se volcó a asistir a las víctimas.

La tarde y noche de ese día, miles de personas salieron a las calles en busca de medicinas, alimentos, agua, herramientas. En Ciudad Universitaria, las manos de los voluntarios, predominantemente jóvenes, no descansaron: por horas, se entrelazaron para apilar la ayuda. Después, mucho después, llegaría la asistencia del gobierno.

Nancy Flores

Fuente: contralinea

Saludos

Mario Meneses

#UNAM coordina a #Brigadistas para evaluar viviendas afectadas por #sismo


En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se capacita a más de cuatro mil jóvenes, profesores y profesionistas relacionados con la arquitectura y la ingeniería, para revisar las viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

El director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart, explicó que se conformarán en grupos de 30 personas, sin importar la institución educativa a la que pertenezcan, y serán enviados a atender las más de mil 700 solicitudes de apoyo que han recibido.

Tras informar que los interesados en unirse a las brigadas pueden registrarse en http://www.arquitectura.unam.mx, el especialista en planeación y diseño ambiental detalló que se han registrado no sólo jóvenes de esta casa de estudios, sino de la UAM, IPN, Universidad La Salle y Tec de Monterrey.

“Una vez capacitados se forman las brigadas de 30 personas, y en apoyo al Cenapred se les asignan áreas específicas para la elaboración de mapeos o para atender solicitudes de la sociedad civil. Tenemos solicitudes de 15 delegaciones para realizar una inspección ocular y generar un diagnóstico preliminar con el objetivo de determinar si los daños son leves, moderados o graves”, detalló.

Tras el sismo, el rector Enrique Graue convocó a los voluntarios a formar brigadas en el Estadio Olímpico Universitario y ahí mismo se identificó a los que eran de Arquitectura e Ingeniería; en ese momento formaron un grupo de aproximadamente 120 personas que fueron directamente a un curso de capacitación en el Cenapred.

Posteriormente, la FA lanzó una convocatoria a través de su cuenta de Facebook y la página de Internet para que todos los interesados en participar acudieran (desde ayer y hasta mañana).

El primer día se presentaron cuatro mil interesados y este jueves se atiende a mil 500 más, y se espera un número similar para este viernes, añadió.

“La Facultad de Arquitectura tiene experiencia en la organización de brigadas desde 1985. Ante el sismo del 7 de septiembre nos organizamos para apoyar a Oaxaca, a donde ya partió una de reconocimiento”, comentó Mazari Hiriart.

Pese a que en este momento se prioriza el apoyo a la Ciudad de México, el universitario enfatizó que no se ha descartado el envío de brigadas a Oaxaca, pero están revalorando la forma en que se harán.

Hoy saldrá también una brigada multidisciplinar con médicos, psicólogos y enfermeros de la UNAM dispuestos a ayudar a quien lo necesite.

Con información de la UNAM.

Fuente: noticieros.televisa.com

Saludos

Mario Meneses

Quieres pertenecer a la Red Nacional de #Evaluadores RENE. #CENAPRED #FuerzaMéxico


A causa de los sismos que acabamos de pasar los día 7 y 19 de septiembre, en estos momentos la mayoría de los mexicanos, tienen duda de los daños causados a la estructura de su casa, la de su trabajo o la de alguna construcción en su comunidad.

Te invitamos a que conozcas este curso de evaluación de estructuras de edificación, ademas de ayudarte en reconocer los daños a tu patrimonio, puedes ingresar a la Red Nacional de Evaluadores y contribuir a la ayuda en zonas afectadas, necesitamos a mas mexicanos que tengan pasión por ayudar.  #FuerzaMéxico.

Bienvenida

Te damos la más cordial bienvenida al curso Red Nacional de Evaluadores (ReNE)

Históricamente México se ha visto afectado por eventos naturales de gran magnitud que han causado grandes daños. En el caso de los sismos de septiembre de 1985, los mayores daños se concentraron en la ciudad de México, a una distancia aproximada de 400 km del epicentro, ubicado en las cercanías del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A partir de este tipo de eventos, en varios países se han propuesto diversos procedimientos para evaluar el nivel de seguridad de las edificaciones.

Establecer un procedimiento general de inspección y evaluación de inmuebles ante una contingencia resulta de vital importancia para el restablecimiento de las actividades sociales después de la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Además, con el propósito de poder llevar a cabo dichas inspecciones y evaluaciones de inmuebles, resulta necesario formar personas capacitadas en la inspección de estructuras a fin de recopilar de manera rápida y eficiente la información mínima para la evaluación de los daños producidos por una contingencia.

Como parte del Plan Sismo se inició la creación de una base de datos de profesionistas en las ramas de ingeniería civil y arquitectura -la Red Nacional de Evaluadores-, que puedan incorporarse a un grupo de inspectores para ser llamados en caso de un desastre de grandes proporciones.

Estos inspectores deberán cubrir el proceso de capacitación definido en el presente curso. Este se ha diseñado con una duración de hasta 10 horas y termina con una evaluación del participante y la determinación de su estatus dentro de la red como evaluador, coordinador de brigada o colaborador de brigada.

Competencia

Al finalizar el curso el participante:

Usará el formato de recopilación de información para poder evaluar, con un alto nivel de certidumbre y de manera sistematizada, la seguridad estructural y la vulnerabilidad de edificaciones; asimismo identificará los diferentes tipos de sistemas estructurales empleados en las edificaciones y los principales materiales constitutivos, así como los diferentes tipos de daños en los componentes de las edificaciones y el impacto que tendrán en la reducción de la seguridad estructural.

Te dejamos el enlace http://dione.cuaed.unam.mx:3003/jddfr_multimedia/propuestas.graficas/CENAPRED/index.html

Saludos

Mario Meneses

¿Y la gestión integral del riesgo de desastres? #ProtecciónCivil


Jesús M. Macías M.* y Aurelio Fernández F.**
Durante el paso de Lidia por Baja California Sur, a finales de agosto, que dejó un saldo de seis personas muertas, el presidente Peña Nieto calificó la actuación de su gobierno como preventiva más que reactiva, refiriéndose a una supuesta buena coordinación de los tres órdenes de gobierno y sus organizaciones de protección civil, mediante el denominado Plan MX, que es exclusivamente de respuesta. Hay algo muy grave en esta afirmación.

Desde la celebración del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, auspiciado por la ONU en la década de 1990, se tomó consciencia de que el modelo gubernamental para enfrentar riesgos y desastres, llamado protección civil, resultaba inconveniente, ya que sólo servía para responder a los golpes desastrosos de las amenazas naturales y de todo tipo. El gobierno mexicano así lo reconoció cuando en la Ley General de Protección Civil, de hace cinco años, urgía a todo el sistema nacional de protección civil y sus pares en los estados y municipios, a adoptar un enfoque nuevo, el de la llamada gestión integral del riesgo de desastres (GIRD).

Los componentes de ese modelo de intervención gubernamental para reducir desastres tenían una mejor correspondencia con actividades de prevención, mediante el reconocimiento de las amenazas y la planificación para anticipar no sólo la ocurrencia de estas amenazas, sino las mejores medidas de preparación, respuesta y recuperación de desastres, lo que se llama el ciclo entero del desastre. Por el contrario, la atención a los eventos desastrosos en este régimen no muestran avance en ese sentido.

¿Cómo procesar los sucesos desastrosos que estamos sufriendo en estos momentos? Por donde se quiera ver, se observa negligencia y omisión gubernamental.

El temblor del 7 de septiembre, cuyo epicentro fue en el golfo de Tehuantepec, ha puesto en evidencia, otra vez, las omisiones, falencias y manipulación del actual régimen para prevenir desastres. El sismo ocurrió en una zona archiconocida por ser la de más alta sismicidad en el país. De nuevo, el sismo ocurrió como si todo el conocimiento sismológico, convertido en conocimiento de riesgo, no existiera; como si los desarrollos en la planificación preventiva ligadas a la GIRD tampoco existieran. Las comunidades de Oaxaca y Chiapas que sufrieron las destrucciones, enfrentaron ese peligro como si no tuvieran autoridad ni ciencia que les ofreciera las herramientas mínimas para reducir las consecuencias adversas de tal fenómeno natural.

En 2013, cuando Ingrid Manuel azotaron las dos costas del país, dejando destrucción y muerte, la larga cadena de desaciertos del sistema de protección civil y su ala científica, el Cenapred, motivó el anuncio de que sería la UNAM la instancia que retomaría la rectoría de la investigación de ese centro de prevención de desastres. ¿Qué ha pasado desde entonces?

Inmediatamente después del macrosismo del 7 de septiembre, el Servicio Sismológico de Nacional (SSN) empezó a emitir sus cálculos de magnitud y localización del epicentro y la profundidad. De manera paralela, el Centro Nacional de Información Sísmica (CNIS) de Estados Unidos hace lo mismo. Pero aquí ni siquiera la actividad científica más rigurosa escapa a la politización. Ya sabemos que los funcionarios buscarán siempre la culpa del desastre en la magnitud de los fenómenos de impacto, para recurrir sin ambages a las célebres explicaciones de que se trató de un desastre natural, que nadie tuvo la culpa, y que pudo haber sido peor.

El inicio de la politización del sismo del 7 de septiembre empezó con la definición de su magnitud. Sorprende el rol del SSN al mantener ese 8.2, cuando el CNIS (NEIC) lo fijó en 8.1. Se llegó a afirmar en un momento que había alcanzado 8.4. En hechos pasados, el SSN siempre corregía en favor del CNIS, ahora no. Mientras más grande haya sido el sismo, menos responsabilidad le cabe al sistema de protección civil, parecen tratar de convencernos. El SSN señaló que se trató de un sismo de subducción (placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica), pero los gringos dijeron que no, sino que la placa de Cocos se dobló; en esto coincidió el experto mexicano Gerardo Suárez. No es incapacidad de nuestros científicos y técnicos, es interés de los políticos que los quieren controlar, y hay quienes se dejan controlar.

Hay información y propuestas técnicas más que suficientes para mitigar los daños por sismos, al igual que para otras amenazas naturales y antropogénicas, pero de eso se habla poco, porque poco –o nada– se ha hecho en mitigación de amenazas y vulnerabilidades. Las imágenes lo muestran: viviendas colapsadas, hechas de adobe y mampostería no confinada, frente a estructuras de mampostería confinada incólumes. Hay mucha teoría acerca de la relación entre sismicidad y estructuras construidas, pero no se aplica en técnicas y normas de observancia estricta. Hay que revisar la política de elaboración de Atlas de Riesgos fomentada por la Federación, a ver cuántos municipios lo tienen –y si lo aplican– y en cuántos hubo simulación.

Es necesario establecer la reducción de los riesgos conociendo las amenazas y las vulnerabilidades de la población y definir a partir de ello políticas adecuadas. Avanzar en el conocimiento científico y técnico es tan importante como saber la situación de las edificaciones que recibirán el impacto y las características de la población afectable; las normas de construcción deben ser hechas, pero también ser observadas. Se requiere un buen sistema de preparativos para la emergencia, aun sistemas de alerta que vayan más allá de amuletos como las alertas sísmi­cas que suenan cuando ya está ocurriendo el temblor. Como respuesta, se requiere que los ciudadanos sepan qué hacer frente a una amenaza, pero también que los funcionarios públicos puedan distinguir entre prevención y reacción.

En cuanto a la reconstrucción, debe acabarse con el negocio que los funcionarios de turno han hecho a partir de las desgracias en materia de viviendas, carreteras y equipamiento urbano. Es escandaloso lo que han hecho desde 1997, cuando el huracán Paulina, hinchándose de dinero a costa del sufrimiento de la gente. Recordemos el nicho de oportunidad llamado Ciudades Rurales. Pareciera que los gobernantes están esperando un desastre para quedarse con los recursos del Fonden y otros, haciendo obras que no benefician a los damnificados o duran un suspiro.

La corrupción es el peor desastre en el país y la impunidad es su sostén. Los muertos, nuestros muertos, sus muertes, tienen responsables.

* Investigador titular del Ciesas

** Director de La Jornada de Oriente

 

Fuente: jornada.unam
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Mario Meneses

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