Senadora revela lo que esconde la #LeyDeSeguridadInterior


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Observatorio Internacional para México.


ONG Internacional para México

Por violaciones a derechos, ONG crearán Observatorio sobre México

Resaltan que los índices de violencia siguen aumentando y la impunidad es casi absoluta

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3

Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.

La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.

Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.

El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando, afirmaron.

Indicaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.

Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México, señalaron.

Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

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Mario Meneses

Suenan las alarmas de guerra en Israel (lanzamiento de misiles contra el país)


Suenan las alarmas en Israel lanzamiento de misiles contra el país El Ejército israelí afirmó el lunes que sus tropas llevaron a cabo ataques contra el movimiento palestino Hamás en el norte de Gaza.

Los operativos se produjeron, según las fuentes, en respuesta al reciente lanzamiento desde Gaza de un misil, interceptado en territorio israelí por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.

Ese incidente activó las sirenas en las inmediaciones de la ciudad israelí de Ascalón, que se ubica en la costa del Mediterráneo, cerca de la frontera con Gaza. Israel cuenta con un elaborado sistema de defensa aérea denominado Cúpula de Hierro que intercepta tanto misiles como proyectiles de artillería.

Asimismo, en el país funciona una aplicación para móviles que envía a los usuarios alertas cuando se aproxima un proyectil.

Saludos

Mario Meneses

Licencia para matar


Licencia para matar

De acuerdo a datos del SINAIS, en los últimos cinco años, al menos 518 personas han muerto a manos de policías, soldados o marinos. Creemos que esta es una enorme subestimación: tan sólo en 2011 la base de datos de enfrentamientos publicada por el CIDE reportó 2,107 muertos a manos de autoridades contra apenas 53 del SINAIS.

Se encuentra en el senado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que otorga un marco legal para que las fuerzas de seguridad nacional cumplan también con tareas de “seguridad interior”, un término que no existe en nuestro marco constitucional, pero que incluye tareas de seguridad pública. Hay múltiples argumentos en contra de esta iniciativa, uno de ellos tiene que ver con la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas frente al uso excesivo de la fuerza y el asesinato de civiles, presuntos criminales o no, en enfrentamientos.

Hasta 2014, mediante solicitudes de información investigadores lograron contabilizar los saldos de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado http://www.redalyc.org/pdf/139/13925007004.pdf; sin embargo, a partir de dicho año Sedena respondió que no guardaba un registro de muertos, heridos y detenidos en sus enfrentamientos, dado que esa tarea quedaba a cargo de las procuradurías estatales. Así, nos quedamos sin una fuente central de información para evaluar el uso de violencia por parte de fuerzas federales y construir al menos un diagnóstico para movernos hacia mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, el CIDE hizo públicos los datos y resultados de una base de datos sobre enfrentamientos con detalles antes desconocidos sobre víctimas, contexto y características de los enfrentamientos. Lamentablemente, esta base sólo llega hasta 2011, año en que se dejó de publicar la base de “homicidios por presunta rivalidad delincuencial”.

La diferencia entre ambas fuentes es brutal: en 2011 la base del CIDE contabilizó 2,107 muertos en enfrentamientos con fuerzas policiales o federales; contra apenas 53 casos en SINAIS; al tiempo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ni siquiera distingue víctimas a manos de autoridades. Dicho de otro modo, hoy no tenemos forma de conocer el número real de estos homicidios y el SINAIS nos da una imagen pequeñísima de un problema enorme.

En este ejercicio queremos aproximarnos a lo que ocurrió desde 2014 a partir de una categoría contenida en la base de datos de homicidios SINAIS publicada por INEGI cada año. Del mismo modo, queremos contrastar estos datos con los datos de enfrentamientos para entender su composición. Una limitante de estos datos es que nos impiden distinguir qué autoridad participó en el enfrentamiento y/o fue responsable de la muerte de civiles (i.e. Ejército, Marina, Policía Federal, policías ministeriales, estatales o municipales. En total, entre 2011 y 2016 contabilizamos 518 civiles asesinados por autoridades.

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Mario Meneses

Seguridad interior y uso de la fuerza: el hoyo negro


Seguridad Interior

Seguridad Interior

La Cámara de Diputados aprobaría la Ley de Seguridad Interior que da licencia a las fuerzas federales como la Marina, el Ejército y la Policía Federal para actuar en temas de seguridad pública.

El fracaso rotundo y evidente del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente. Van por más de lo mismo, no importa el tamaño de la tragedia humanitaria de la violencia que asola buena parte del país.

Hoy jueves 30 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, se podría escribir el más grave error por parte del Estado mexicano del que yo tenga memoria en materia de seguridad pública. Se trata de la muy posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estamos ante un inminente golpe de proporciones incalculables en contra de la rendición de cuentas en las políticas e instituciones de seguridad en México.

Centenas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, líderes sociales y víctimas se oponen a la Ley de Seguridad Interior tanto en México como en el extranjero. Los motivos en contra son muchos pero aquí solo destacaré uno de ellos, acaso el más grave: con esta norma se multiplicarán los eventos de uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y no habrá sobre tales eventos rendición de cuentas posible. La Ley de Seguridad Interior es una licencia de uso de la fuerza sin contrapeso efectivo alguno. Dadas las evidencias disponibles, las consecuencias de esto precisamente en contra de la seguridad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos son potencialmente devastadoras.

Desde el 2011 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas han venido estudiando la información disponible respecto al uso de la fuerza por parte de las instituciones federales de seguridad en enfrentamientos con el crimen organizad. El equipo encontró niveles desproporcionados en el uso de la fuerza letal desde aquel año y reportó lo mismo en el 2015. Sin embargo, en este segundo texto llamó la atención sobre algo más: el incremento de la opacidad en el acceso a la información en la materia. Luego de construir sus investigaciones usando información proporcionada por la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, esta última informó que a partir de abril de 2014 “ya no se le da continuidad” a la estadística relacionada con civiles muertos y heridos en enfrentamientos, argumentando que esa información no es necesaria para la dependencia, dado que “el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Ante tal respuesta de la SEDENA, los investigadores comentaron en el mismo texto de 2015 que ello violenta “el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado hagan públicas sus actuaciones y posibiliten su evaluación”, al tiempo que se opone al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que en su artículo 15, c, iii señala que después de una agresión se procederá a “Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarías”. Agregaron los autores: “Es contradictorio y preocupante que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria para la dependencia, cuando el manual que regula su actuación así lo exige e incluso establece responsabilidad legal para los mandos en caso de incumplimiento (art. 23, B, d).”

Pero anotaron una alerta más: “Igualmente preocupante es que al ser preguntada por el número de enfrentamientos registrados, la PGR —dependencia a la que en su respuesta la SEDENA nos sugirió canalizar nuestra solicitud— haya respondido tener conocimiento de cero enfrentamientos en 2011, uno en 2012, cero en 2013 y tres en 2014 (solicitud folio 0001700326814). La generación y disponibilidad de información sobre el uso de la fuerza es necesaria para poder evaluarla y controlarla, especialmente la fuerza letal. Constituye, pues, un mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida de todas las personas”.

En un tercer texto publicado en abril pasado, los mismos investigadores reiteraron el altísimo valor del escrutinio en esta materia y una vez más alertaron sobre le progresiva opacidad: “Evaluar el uso de la fuerza implica mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Deberíamos contar con más y mejor información sobre qué hacen y dejan de hacer. Pero en vez de ampliar la transparencia, lo que hemos visto en tiempos recientes es la aprobación de reformas legales que la sofocan. Por ejemplo, el año pasado, fueron aprobadas reformas al Código de Procedimientos Militares para facultar a la SEDENA a realizar levantamiento y reconocimiento de cadáveres. Es decir, lo que tendremos ahora es sólo la versión de la SEDENA o la Marina sobre qué sucedió en un enfrentamiento. A la vez, la propuesta del PRI en materia de Seguridad Interior que se discute en el Congreso propone que toda la información que se genere en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior sea clasificada en términos de la Ley de Seguridad Nacional. En otras palabras, la poca información que hoy tenemos para estudiar qué sucede durante los enfrentamientos, será aún más reducida. En el contexto descrito, donde la autoridad civil no realiza peritajes de los enfrentamientos y donde las denuncias por la comisión de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas, resulta sumamente preocupante que las normas legales que se impulsan vayan en sentido contrario a la transparencia y rendición de cuentas”.

En efecto, según el anteproyecto al que tuve acceso, la Ley de Seguridad Interior que al parecer se aprobará hoy dispone que “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

En un análisis reciente que hice sobre las leyes, reglamentos, protocolos y estándares sobre uso de la fuerza de la policía en el país, confirmé en entrevistas con Forné y Pérez Correa y con varios investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia que es casi imposible encontrar evidencia a lo largo del país de que la policía registra de manera regular los eventos de uso de la fuerza y utiliza la información para el análisis, la identificación de patrones de desempeño y la mejora. Confirmé que la policía en México como regla no cumple con el más básico, delicado e importante estándar de control y rendición de cuentas, es decir: registrar, evaluar y asegurar las consecuencias sobre el uso de la fuerza.

El peor escenario posible. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior metería en una bolsa inaccesible de información confidencial y reservada la operación de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando su actuar se clasifique justamente como parte de operaciones de seguridad interior, en un contexto donde, en particular en torno al uso de la fuerza, la opacidad creciente ya ha sido confirmada por la investigación especializada. Más fuerza y menos rendición de cuentas; la fórmula coloca a México en sentido contrario del paradigma democrático de las políticas de la  seguridad, cuyo norte principal es asegurar su coherencia con el respeto a los derechos humanos.

El Estado mexicano se ha negado a garantizar el gobierno civil de la seguridad bajo parámetros profesionales y de rendición de cuentas. Ahora camina hacia una fase superior que, además de negar lo anterior, habilita a las Fuerzas Armadas para expandir su intervención irregular en tareas que la Constitución no les mandata, pero además, por si fuera poco, cada vez más cobijadas por la opacidad. Más fuerza y más secreto.

Luego de tres décadas dedicándome al tema de la seguridad pública, no tengo memoria de otro evento más peligroso para el país que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El fracaso rotundo del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente y han decidido profundizarlo. Está la mesa puesta para reproducir aun más violencia. Terrible.

@ErnestoLPV

Fuente: Seguridad Interior

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Mario Meneses

Habilitar poderes a fuerzas armadas para participar en tareas de #Seguridad, no es viable y representa un riesgo: Expertos


Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas

(02 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

La cual fue convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las principales conclusiones derivadas del ejercicio de diálogo plural sostenido en el acto fueron: La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla.

Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

Además, se indica que la crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre- transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los derechos humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

A esto han agregado que la prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnóstico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

La vía civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, indican, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia”.

Fuente: Fuerzas Armadas

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Mario Meneses

Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

Fuerzas Especiales de la Marina de México se entrenan en EEUU en el ejercicio internacional Bold Alligator.


La Armada de México participó por primera vez en este ejercicio internacional en 2014 junto con otras 17 naciones, En Esta ocasión los marinos mexicanos se unen a las fuerzas navales de otros nueve países (EEUU, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, España y Gran Bretaña) con un contingente de 414 elementos.

Fuente: www.defensa.com

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Mario Meneses

Arriban #FuerzasArmadas a Hidalgo para combate a #inseguridad


El gobierno del estado informó que al menos 500 elementos del Ejército, Marina y policías recorrerán diversos municipios de la entidad como parte del operativo Fuerza Conago

16/08/2017 14:19 Mota / Corresponsal

El gobierno del estado de Hidalgo dio a conocer que a partir de este día comenzó el arribo del grupo Fuerza Conago, quienes a partir de mañana realizarán operativos en diversos puntos del estado para el combate a la inseguridad.

Informó que son 500 elementos de la Policía Federal, Marina y Ejército, además de elementos de los estados de Guerrero, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo, quienes recorrerán diversos municipios como parte de Fuerza Conago. 

Hidalgo se convierte en el segundo estado en donde se pone en marcha este operativo, luego de que el seis de julio arrancó en Guerrero, donde los elementos policiacos, lograron la detención de 31 personas y la recuperación de 16 unidades con reporte de robo.

En el caso de Hidalgo el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, aseveró que por la ejecución del operativo no se pueden dar a conocer los lugares a donde se llevarán a cabo los operativos, ni las acciones que realizarán.

Precisó únicamente que el operativo arrancó en Tizayuca, “nos da mucho gusto que estén fuerzas de élite de otros estados que se vienen a sumar al compromiso de Omar Fayad, para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.

Será hasta el viernes en que culminen estos trabajos y el sábado se dará un informe de los resultados obtenidos.

Fuente: amp.eluniversal.com.mx

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Mario Meneses