Guardia nacional: otra ocurrencia para agravar la inseguridad


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El pasado 4 de enero, López Obrador abundó en sus ocurrencias en materia de seguridad: “Informo que vamos a integrar a todas las fuerzas policíacas y militares del país en una sola corporación; se va a crear una guardia nacional para garantizar la seguridad”, dijo en el acto donde anunció que Alfonso Durazo sería el secretario de Seguridad en caso de ganar la Presidencia. Hay que decirlo de manera rápida y directa: la propuesta no tiene pies ni cabeza.

En caso de ser llevada a la práctica, sería un enorme desastre, peor que el de la desaparición de la Secretaría de Seguridad, que se traducirá en los mismos o mayores niveles de inseguridad. Una de las causas estructurales de la impunidad e inseguridad en el país es el desfase entre la velocidad de fragmentación, expansión y diversificación de las organizaciones criminales y la lentitud con que crecen las capacidades estatales de prevenir, perseguir y castigar los delitos. Crear esa guardia nacional agravaría el desorden y la ineptitud de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. La razón es simple: la propuesta carece de sentido en términos jurídicos, políticos, administrativos y operativos.

Comencemos por lo jurídico. Dicen AMLO y Durazo que la figura ya existe en la Constitución, por lo que no se requeriría ninguna reforma legal. Falso. Es cierto que la Guardia Nacional es mencionada en diversos artículos constitucionales, pero se refieren a otra cosa muy diferente de lo que están proponiendo. En un buen análisis de esto, Pascal Beltrán, director de Excélsior, concluía lo siguiente: (la Guardia) “no puede ser creada por el Ejecutivo. Sus miembros no son militares, sino civiles, que tienen la obligación constitucional de inscribirse en ella. Depende de los gobernadores de cada estado (no del presidente). Un eventual presidente López Obrador sólo podría tener mando sobre ella en la entidad federativa donde él estuviese, a menos de que el Senado autorizara otra cosa. Ah, y no tiene ley reglamentaria”.

En otras palabras, es inviable jurídicamente a menos que modifiquen la Constitución. Suponiendo que lo consiguieran, veamos el galimatías político que se produciría. Agrupar a prácticamente todos los soldados, todos los marinos, todos los policías federales y ministeriales, a los agentes del Instituto Nacional de Migración, etcétera (para llegar a los 400 mil elementos) generaría enormes resistencias políticas. Si el Ejército se opuso a Peña Nieto a pasarle 40 mil soldados para formar la Gendarmería, ¿estarán Sedena y Semar dispuestas a desaparecer prácticamente y ceder casi la totalidad de sus elementos para formar la guardia nacional? No se aclara si las policías estatales y municipales también se incorporarán a esa guardia; en caso de que sí, ¿cree usted que los gobernadores entregarán gustosos esas facultades, presupuestos y recursos? Además, ello implicaría reformar la Constitución y muchas leyes más. Imposible. Pensemos que después de un par de años, AMLO vence las resistencias políticas que supone quitarles poder y presupuesto a muchas secretarias y a gobiernos estatales y municipales.

El caos administrativo y presupuestal de la nueva dependencia sería terrible: igualar plazas, niveles salariales, escalafones, reglamentos, prestaciones, niveles jerárquicos podría llevarse años, mientras la operación sería un completo desastre. Definir el organigrama de la nueva dependencia sería una hazaña. Algo similar, pero de nivel menor, se vivió con la integración de la Secretaría de Seguridad Pública en la de Gobernación. Mientras esos procesos pudieran ser diseñados, aprobados e instrumentados se iría el sexenio. Pero ello significaría que la operación de la Guardia Nacional sería de una ineficacia y un desorden monumentales, para gusto y placer de las organizaciones criminales.

Y eso sin contar que los policías y marinos reconvertidos no serían policías, sino soldados y marinos disfrazados y los policías estatales y municipales igual de malos que siempre. Crearía un monstruo burocrático, pero no una policía eficaz. ¿Alguna otra ocurrencia Sr. López Obrador?

Fuente: Guardia Nacional

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Mario Meneses

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Fuente: AulaPolicial

Saludos

Mario Meneses

Observatorio Internacional para México.


ONG Internacional para México

Por violaciones a derechos, ONG crearán Observatorio sobre México

Resaltan que los índices de violencia siguen aumentando y la impunidad es casi absoluta

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3

Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.

La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.

Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.

El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando, afirmaron.

Indicaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.

Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México, señalaron.

Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

Saludos
Mario Meneses

Urgente que a nuestras policías se les dé especial atención, gobiernos y sociedad, no les hemos dado la importancia que deben tener.


Policías

Ya pónganse las pilas…

Los niveles críticos de inseguridad que padecemos todos los mexicanos son una realidad que, de no cambiar, representarán un riesgo para la estabilidad del país. De acuerdo con cifras oficiales, en octubre se alcanzaron 2,371 homicidios dolosos, convirtiéndose así en el mes más violento desde que se cuenta con registros. Si el Programa Nacional de Seguridad Pública para este sexenio tenía como meta alcanzar en 2018 una tasa de 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, como vamos, es muy probable que esta tasa quede en casi el doble al término del presente gobierno.  Además, todos los delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión o el robo con violencia, tienen también una marcada tendencia al alza.

Ante este panorama, es urgente que a nuestras policías se les dé especial atención, porque son, junto con la política social, el fundamento de cualquier estrategia de seguridad. Sin embargo, gobiernos y sociedad, no les hemos dado la importancia que deben tener. No podemos resignarnos a que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de la seguridad pública. Quienes proponen legislar en esa dirección, pretenden ocultar los riesgos políticos que dicha legislación implicaría, además de que, al contar con el expediente militar, las autoridades federales y los gobernadores continuarían evadiendo su obligación y su responsabilidad en materia de desarrollo policial.

En Causa en Común hemos pugnado de manera permanente a favor de que se garanticen mejores condiciones de desarrollo, profesionalización y supervisión en beneficio de nuestros policías. Sin embargo, la evaluación que hicimos para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos contenidos en la ley, el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), arrojó que ninguna corporación en el país a nivel federal o estatal, ninguna, cumple con dichos estándares. Con estos resultados, el subdesarrollo y, en algunos casos, el colapso de las policías de nuestro país, está acreditado y medido (http://causaencomun.org.mx/v2/reportes/)

El INDEPOL, más allá de poner en evidencia la crisis por la que atraviesan las corporaciones policiales del país, es un ejercicio que ofrece una hoja de ruta para el desarrollo policial; es decir, identifica qué áreas son las que están fallando, las que presentan mayores deficiencias, y las que por lo tanto deben atenderse a fin de alcanzar los estándares mínimos de desarrollo policial. No deja de ser aleccionador que, mientras algunos funcionarios se sienten agredidos por el INDEPOL, han sido múltiples las muestras de apoyo al diagnóstico por parte de los policías de todo el país. En este sentido, la encuesta que Causa en Común realizó a miles de policías, pone de manifiesto las precarias condiciones en las que laboran y viven. Es con ellos, y con la ciudadanía, que están en deuda el gobierno federal y todos los gobiernos estatales.

Hay propuestas ya sobre la mesa, todas dirigidas a construir un sistema nacional de seguridad pública funcional y eficaz. En lugar de seguir cargándole la mano al Ejército y a la Marina, en lugar de enojarse ante la crítica, en lugar de acosar a organizaciones de la sociedad civil, en lugar de olvidar a las instituciones que deben cuidar, en lugar de recetarnos las vaguedades de siempre, nuestros mal llamados gobernantes y los partidos políticos deberían conocerlas, estudiarlas y ponerlas en marcha. Si quieren nuestro voto, que se arremanguen y se pongan a trabajar. En cambio, si no reconocen y enfrentan la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país, no van a tener mucho espacio ni condiciones para gobernar. En serio, ya pónganse las pilas.

* Colaboró: Ángel Tonatihu Arias Blanco, Investigador de Causa en Común.

Fuente: causaencomun

Saludos

Mario Meneses