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IBERO, el Centro Prodh y el IMDHD, presentan informe sobre aplicación de las reformas en el sistema de #Justicia


La Universidad Iberoamericana Ciudad de México (a través de su Programa de Derechos Humanos), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) realizaron el informe ‘Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016’.

El informe busca realizar un primer diagnóstico sobre el impacto y la implementación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y penal en la práctica judicial, en particular en el sistema de justicia penal, con el objetivo de resaltar ejemplos de criterios positivos, así como de advertir e impulsar la corrección de criterios no compatibles con el nuevo marco constitucional.

Entre los hallazgos del documento se encontraron, en la reforma en derechos humanos:

• Control de convencionalidad. Se observó que citar el artículo 1° constitucional no necesariamente garantiza un uso adecuado del control de convencionalidad (es decir, que la actuación de las autoridades sea conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos), que en ocasiones se cita sin argumentar aplicación, en otras se cita y aplica inadecuadamente o de manera retórica. Por lo que se debe fortalecer no sólo el citar instrumentos, sino aplicar y argumentar su uso.

• Sobre Igualdad y no discriminación. Se observó escasa aplicación de este principio en las resoluciones. En la mayoría de los casos, aún en los que es evidente la presencia de un sector o grupo en especial vulnerabilidad, se mantiene un trato aparentemente neutral, lo que en muchos casos se traduce en falta de medidas positivas para garantizar una efectiva incorporación judicial del derecho a la igualdad y la no discriminación.

• Presunción de inocencia y valoración de la prueba. Se observaron diversas violaciones en estos rubros, en particular en su vertiente de valoración probatoria, asignándole valor a la prueba con base a quien la ofreció, otorgando un valor excesivo a las declaraciones y en particular a las de los elementos captores. Preocupa la persistencia del principio de inmediatez procesal para dar valor a primeras declaraciones retractadas.

• Exclusión de pruebas ilícitas. En la mayoría de las sentencias en las que la defensa alegó la obtención de pruebas ilícitas, se admitieron y valoraron todas o algunas de éstas sin esclarecer los orígenes de la prueba. En la mayoría de los casos en los que se excluyeron pruebas, sucedió hasta la sentencia de segunda instancia o amparo.

• Jurisprudencia. Se evidenciaron avances sobre la interpretación que la SCJN y algunos Tribunales Colegiados han desarrollado en relación con las reformas. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme ni constante; por el contrario, en ocasiones se han emitido criterios de resistencia o incluso regresivos.

En la reforma en materia penal:

• Principales hallazgos. El nuevo sistema de justicia penal (NSJP) genera condiciones que incentivan una mejor aplicación de estándares (como presunción de inocencia y valoración de la prueba) y reduce la posibilidad de introducir ciertas pruebas ilícitas al proceso.

Sin embargo, persisten algunas problemáticas: la inacabada transición en las instituciones, el arraigo de los vicios del anterior sistema de justicia, un régimen de excepción en el sistema acusatorio en lo referente a la delincuencia organizada e indicios de uso indebido del procedimiento abreviado. Y actualmente destaca la amenaza de una contrarreforma al NSJP, representada en la iniciativa de Miscelánea Penal pendiente en la Cámara de Diputados.

• Es necesario consolidar la aplicación armónica de las reformas en materia penal y de derechos humanos.

Y en la reforma en materia de amparo:

• Principales hallazgos. El juicio de amparo se mantiene como el principal recurso para la protección de derechos constitucionales y en estas resoluciones se da la mayor aplicación de la reforma en materia de derechos humanos.

• Retos. Consolidar la protección de los derechos colectivos (por ejemplo, en casos de comunidades indígenas, pero también otros relacionados con derechos difusos), ampliando el alcance del juicio de amparo y el interés legítimo en estos supuestos, que actualmente tienen un uso dispar. Se siguen utilizando aspectos procesales para limitar el alcance del amparo en casos de graves violaciones a derechos humanos.

Recomendaciones

El informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores (poder judicial, defensoría de oficio, congreso, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil, academia). Entre ellas:

• Entender las reformas de manera integral y en conjunto, garantizando que el enfoque de derechos humanos permee en la formación y aplicación del NSJP, así como en la apertura del juicio de amparo.

• Adoptar criterios positivos en el sentido de fortalecer las reformas y abandonar criterios o argumentos contrarios a su espíritu. En particular, asegurar la efectiva aplicación y argumentación del control de convencionalidad.

• Fortalecer capacidades argumentativas y la correcta aplicación de estándares sobre valoración de prueba, incluyendo exclusión de pruebas ilícitas.

• Adoptar criterios proactivos que garanticen el efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

• Reforzar el derecho de acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

• Garantizar los cambios estructurales, legales y de personal necesarios para fortalecer el sistema de justicia asegurando la correcta aplicación de las reformas (por ejemplo, respecto a la próxima Fiscalía General de la Nación, la sustitución de ministros en la SCJN, integración y depuración de las instituciones de procuración de justicia, crear un Instituto Nacional Forense, garantizar presupuesto, evitar contrarreformas, entre otras).

• Modificar la enseñanza del derecho, para incorporar de manera transversal los derechos humanos y las capacidades analíticas y crítica.

• Mandar mensajes claros sobre la importancia de fortalecer y aplicar las reformas tanto por parte de funcionarios como de medios de comunicación.

Metodología 

Como metodología de este informe de monitoreo de la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos, penal y amparo:

• Se analizaron 100 resoluciones o sentencias en cinco entidades: Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México; además de algunas del ámbito federal. (El informe aclara que los resultados no pueden considerarse estadísticamente representativos de las tendencias globales en el sistema de justicia del país; no obstante, se consideran una muestra de los grandes trazos de algunas de estas tendencias).

• Se monitorearon cuatro grandes rubros en las sentencias: control de convencionalidad; igualdad ante la ley; presunción de inocencia y valoración de las pruebas y exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.

• Se obtuvieron sentencias por solicitudes de información y de algunos casos que acompañan las organizaciones.

• Se consideraron tesis aisladas y jurisprudencia adoptadas a partir de la entrada en vigor de las reformas (Décima época) sobre los cuatro rubros monitoreados.

• Se realizaron entrevistas con juezas y jueces, con defensores de oficio, academia y organizaciones de la sociedad civil para ubicar los principales retos que observan.

• Se incluyeron cinco casos documentados y defendidos por el IMDHD y el Centro Prodh para analizar su evolución en las diferentes instancias y la aplicación de las reformas constitucionales en las sentencias.

Fuente: ibero

Saludos

Mario Meneses

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Empleo: antídoto contra la #Violencia juvenil.


¡No inventemos el hilo negro! Podemos adaptar buenas prácticas en otros contextos del país y así ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Salir de la espiral de la violencia es posible.

Alan López (@alanfabian07/ Animal Político

Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por la crisis de violencia e inseguridad que vive el país. De 2004 a 2016, una de cada tres personas asesinadas en el país tenía entre 15 y 29 años. De éstas, el 88.8% eran hombres[1].

Además, el 50% de los jóvenes ha presenciado situaciones de conflicto en su hogar, el 66.5% ha sufrido actos de maltrato en su escuela y el 12% ha cometido un acto de vandalismo o ha tenido problemas con la policía, según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014.

Esta situación se agudiza cuando viven en zonas marginadas y con carencias sociales. La deserción escolar, el desempleo y la precariedad laboral son factores de riesgo relacionados con la delincuencia y violencia juvenil[2].

¿Qué podemos hacer para atender este problema?

A nivel internacional, algunos programas de prevención de la violencia y delincuencia se han enfocado en brindar a jóvenes oportunidades de realizar actividades productivas, incrementar su capital social y fomentar habilidades sociales y profesionales, al considerar que estas actividades pueden ayudar a reducir los comportamientos de riesgo y fortalecer sus factores de protección[3].

En esta línea, desde 2013, el gobierno municipal de Zapopan, Jalisco ha implementado el programa Jóvenes con Provenir, que ofrece becas para que jóvenes que han dejado de estudiar asistan a cursos de entrenamiento vocacional, independientemente de su condición laboral. Su premisa es que, al tener mejores empleos o continuar con su educación formal, los beneficiarios particularmente, aquellos que habitan en colonias con altos índices delictivos, tendrán menores riesgos de involucrarse en pandillas o con la delincuencia organizada[4].

La oferta de capacitación comprende una amplia gama de temas: tecnología digital e informática, entrenamiento físico, salud, idiomas, gastronomía, administración y finanzas, cultura y arte, oficios[5] y otros. Estos cursos se imparten en universidades públicas y privadas, institutos, academias y centros de capacitación.

Al concluir los cursos, los jóvenes deben prestar un servicio social comunitario. De esta forma, pueden aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar aspectos de su comunidad.

En México Evalúa, publicamos recientemente un estudio realizado por investigadores de Stanford que analiza el impacto de este programa en la vida personal y profesional de los jóvenes de Zapopan. Específicamente, se evaluaron los efectos sobre su situación laboral y educativa, la transformación de su capital social mediante el acceso a redes profesionales, el incremento de sus expectativas académicas y laborales y, finalmente, la desvinculación de pandillas y grupos delictivos.

La evaluación comparó los efectos de un grupo de jóvenes residentes de Zapopan que recibieron el programa (grupo de tratamiento) y de un grupo de jóvenes que vivía fuera del municipio y que por razones ajenas no pudieron participar en los cursos (grupo de control). Se utilizó una metodología de aparejamiento (matching)[6] para identificar a los jóvenes de ambos grupos con características similares[7].

Los principales resultados del programa sobre el grupo de beneficiarios, en comparación con el grupo de control, fueron:

  • Más empleos: incrementó en 13 puntos porcentuales la probabilidad de obtener un empleo en aquellos jóvenes menores a 23 años.
  • Mejores salarios: mejoró en 14 puntos porcentuales el ingreso salarial de los jóvenes varones de menos de 23 años y que residían en colonias marginadas.
  • Mayor tiempo de trabajo: el número de horas laboradas a la semana aumentó entre 6 y 10 horas.
  • Más redes profesionales: incrementó en 22 puntos porcentuales la probabilidad de conocer a alguien con un título profesional.
  • Mayor optimismo sobre su futuro: incrementó en 7 puntos porcentuales la probabilidad de sentirse “muy bien” con respecto a su futuro.
  • Desvinculación de grupos delictivos: disminuyó en 22 puntos porcentuales la probabilidad de contar con amigos asociados a pandillas entre los jóvenes menores de 23 años que residen en zonas de alta marginación.

Este programa es un ejemplo exitoso de cómo realizar intervenciones focalizadas basadas en diagnósticos locales y evidencia empírica. Además, demuestra que la colaboración entre autoridades municipales, académicos y sociedad civil organizada es clave para la reducción de la violencia y la delincuencia.

¡No inventemos el hilo negro! Podemos adaptar estas buenas prácticas en otros contextos del país y así ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Salir de la espiral de la violencia es posible.

* Alan López es investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Jesús Gallegos y Mariana Nolasco, la edición de Laurence Pantin, así como el diseño de Miguel Cedillo. Este artículo está basado en el estudio de México Evalúa (2017). Evaluación de impacto del Programa Jóvenes con Porvenir, que fue posible gracias al trabajo de investigación de Beatriz Magaloni, Alberto Díaz y Brenda Jarillo de la Universidad de Stanford y a las facilidades otorgadas por la administración municipal de Zapopan 2012-2015, encabezada por el Dr. Héctor Robles Peiro.

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Microdatos de mortalidad 2004-2015; Preliminares de mortalidad por homicidio 2016. Consultados aquí.

[2] Farrington et al. (1986). Unemployment, school leaving, and crime. The British Journal of Criminology. 26:4. 335-356

[3] Levin, J. y J. Fox (2001). Dead Lines: Essays in Murder and Mayhem, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (2013). “Policy scan and meta-analysis: Youth and employment policies in Latin America. Buenos Aires, Argentina”. Disponible en: http://www.labor-al.org/vlaboral/downloads/Youth_and_Employment_Policies_in_Latam.pdf

[4] Un diagnóstico de este programa realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford identificó una estrecha vinculación entre los índices elevados de desempleo y estancamiento económico y la inseguridad y vulnerabilidad social que afecta al municipio.

[5] Algunos ejemplos de estos cursos son carpintería, cosmetología, diseño de modas, fontanería, soldadura y herrería.

[6] La técnica de matching busca individuos en el grupo de control que sean similares al grupo de tratamiento respecto a las de variables que predigan la participación en el programa y que, a su vez, estén relacionadas con las variables de impacto que se analizan.

[7] Las variables que se utilizaron para realizar el matching fueron: género, edad, hijos, escolaridad, escolaridad de los padres, motivación para estudiar, tipo de escuela y grado de marginación de la manzana donde reside.

Fuente: mexicoevalua.org

Saludos

Mario Meneses

Los #Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S


Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S
• Líderes de sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX por las muertes, los derrumbes y los daños provocados por el terremoto del 19S.
• El objetivo de la demanda es obligar a las autoridades a investigar los actos de corrupción que pudieron haber incrementado los daños provocados por el sismo en la CDMX.
• En opinión de los demandantes, la magnitud de la tragedia obliga a todos los mexicanos a revisar lo ocurrido y exigir justicia en los casos que se pruebe que hubo corrupción.
Ciudad de México, 4 de octubre de 2017. La corrupción no solo mata, sino que también derrumba edificios, causa daños irreparables y arrasa con patrimonios completos, o al menos eso evidenció el sismo del pasado martes 19 de septiembre de magnitud 7.1 y epicentro en Axochiapan, Morelos.
Tan solo en la Ciudad de México, la cifra oficial al día de hoy es de 225 personas fallecidas, más de 300 lesionadas, 48 edificios derrumbados y miles de viviendas dañadas.
Frente a una tragedia de tal magnitud, un grupo de líderes de sociedad civil, académicos,
empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En opinión de los demandantes, en caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios públicos y/o constructores, se debe exigir la responsabilidad correspondiente por los siguientes delitos:
a) Homicidio culposo de diversas autoridades de la Ciudad de México, así como de empresas constructoras, desarrolladoras y arrendadoras inmobiliarias, peritos y demás personas que no hayan cumplido con los siguientes deberes:
• Evitar que el otorgamiento de licencias de construcción y de uso de suelo se hayan
expedido en forma ilegal.
• Faltar a su obligación de supervisar el correcto estado y funcionalidad de los inmuebles, conforme a la regulación en materia de Protección Civil.
b) Fraude específico a cargo de las empresas constructoras y desarrolladoras de inmuebles, por utilizar materiales de construcción que no cumplen con los estándares vigentes en las leyes de la Ciudad de México, o bien, por defectos en la construcción.
c) Uso ilegal de atribuciones por parte de diversas autoridades de la Ciudad de México, por cuanto a la expedición ilegal de licencias de construcción y de uso de suelo.
Así, la denuncia busca reforzar el Estado de Derecho, evitando la ilegalidad y que los hechos delictivos queden impunes, pero además, persigue dos objetivos específicos: 1) colaborar con todo aquel que haya sido afectado directamente por el sismo, para apoyarlo a lograr la reparación del daño que haya sufrido; y 2) sentar un precedente en la Ciudad de México (una zona sísmica), para que la propiedad inmueble sea segura, se construya de acuerdo a lo ordenador por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y la corrupción e ilegalidad no se traduzca en pérdidas de vidas, lesiones y daños a la propiedad.

Entre los demandantes destacan Luis Pérez de Acha, Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Edna Jaime Treviño, Alejandro Legorreta, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, José Roldán Xopa, Mario Blancas Vargas, Carla Altamirano Bustos y Carlos Altamirano Bustos.

Para más información:
Sitio web: http://www.pdea.mx
Facebook: http://bit.ly/2fMI7GO
Contacto:
Nombre: Lic. Mariana Ruiz Albarrán.
E-Correo: MRA@pdea.mx

Fuente: Causa en común

Saludos

Mario Meneses

El cuento de terror de Mancera. #PrisiónPreventiva


María Maltos Rodríguez  JULIO 17, 2017

En estos días se ha escuchado al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, “alertar” a la ciudadanía de que gracias al nuevo sistema de justicia penal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de cuatro mil personas “saldrán de prisión.

Sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones al respecto:

¿Qué es la prisión preventiva?

Es la decisión de un juez de enviar a una persona a prisión antes de que el juez lo declare culpable de un delito. También es una “medida cautelar” que, igual que otras, se puede imponer cuando una persona está siendo investigada por algún delito.

México es el único país en toda América y Europa que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se considera una violación a la presunción de inocencia además de que existe evidencia sobre sus efectos negativos. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016,1 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en ese año se presentaron 1,538 incidentes violentos, entre los que se encuentran riñas, desórdenes, homicidios, abusos, suicidios y motines. Según Guillermo Zepeda Lecuona, director general de Jurimetría, la tasa de homicidios entre la población penitenciaria en las prisiones mexicanas es más del doble de la que registra la población en general.

Los delitos de “prisión preventiva oficiosa” son aquéllos por los que, según la Constitución, se debe imponer forzosamente la medida cautelar de prisión preventiva al presunto responsable mientras se le investiga para que un tribunal decida si es culpable o no del delito o delitos por los que se le acuse.

Todos los delitos, desde el más simple hasta el más “grave”, pueden tener prisión preventiva aun cuando no estén en el catálogo de la Constitución siempre y cuando se acredite que la medida es necesaria (tratándose de delitos que merezcan pena de prisión en caso de resultar culpable, por supuesto, como ocurre con la gran mayoría de ellos). Los delitos de prisión preventiva oficiosa establecidos por la Constitución son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Según México Evalúa, para 2013 en México aproximadamente un 41.3% de los internos no tenían condena todavía.2

¿Cómo se decide si una persona a la que se le está investigando por un delito debe estar o no en prisión mientras es investigada?

Por la necesidad de “cautela”. Es decir, se analiza si esta medida de verdad se requiere para lograr lo siguiente:

  1. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Es decir, que no se escape.
  2. Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o de algún testigo.
  3. Evitar que se obstaculice el procedimiento. Es decir, que la persona no interfiera con la investigación.

¿Saldrán los 4 mil imputados que menciona Mancera?

No. No saldrían todos, ni lo harían al mismo tiempo. Cada una de estas personas deberá solicitar la revisión de la medida cautelar, que se realiza en audiencia pública ante un juez. Caso por caso, el Ministerio Público y la defensa presentarán sus argumentos y el juez decidirá si esta persona seguirá en prisión preventiva mientras se le investiga o si le sujeta a otra medida cautelar distinta.

Difícilmente se harían todas las audiencias en poco tiempo, pues la cantidad de jueces, defensores públicos y agentes del Ministerio Público sería insuficiente. Éstas tendrán que programarse en tiempos diferidos. Además, no todos los imputados se enterarán de esta posibilidad dado que es información generalmente proporcionada por sus defensores, que tampoco tendrían tiempo —los públicos al menos— para hacer los trámites de todas las personas a la vez.

¿Estas personas se librarán de la cárcel o de reparar los daños que pudieron haber ocasionado?

No. La decisión de la Suprema Corte solamente les da el derecho de solicitar que revisen su caso para ver si les cambian la medida cautelar de prisión preventiva. Si acaso el juez decide que no amerita prisión preventiva, puede cambiarla por una o más de las siguientes medidas:

  • El pago de una garantía económica;
  • usar un localizador electrónico;
  • acudir a firmar periódicamente ante la autoridad;
  • embargo de bienes;
  • inmovilización de cuentas bancarias o valores financieros;
  • no salir del país o del territorio que el juez indique;
  • el sometimiento a cuidado, vigilancia o internamiento en una institución;
  • no concurrir a reuniones o acercarse a los lugares que el juez indique;
  • no convivir, acercarse o comunicarse con la víctima, testigos u otras personas;
  • suspensión de un cargo público o de una determinada actividad profesional o laboral;
  • resguardo en su propio domicilio.

Es decir, estas personas no solo “saldrán” y ya. En toda la audiencia y el procedimiento siempre estará presente el agente del Ministerio Público para argumentar lo necesario, además de que la víctima y su asesor también puede intervenir.

La investigación sigue su curso y, en caso de que al final se le encuentre culpable, se dicta una sentencia y la pena que corresponda (reparación del daño, prisión y/o multa).

¿Beneficia a delincuentes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

No; la decisión beneficia a quienes están siendo procesados por algún delito. Es decir, dado que la investigación aún no concluye, no se ha demostrado que sean culpables.

Si no están en prisión preventiva, ¿quién vigila a las personas sujetas a algún proceso penal?

La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), que empezaron a funcionar desde 2011 son las encargadas de hacer un análisis de riesgo, es decir, verificar en cada caso la “necesidad de cautela”. Iniciaron en Morelos y desde entonces se han implementado en otras entidades ya que el Código Nacional las estableció como obligatorias desde 2014. Por ejemplo: si usted va manejando descuidadamente, atropella a una persona y ésta muere o queda muy lesionada, la UMECA verificará qué tan probable es que usted se dé a la fuga. Para hacerlo, busca datos objetivos como si tiene familia, casa, trabajo fijo, o elementos que impliquen “arraigo” en su comunidad. También verificará si está en posibilidad de hacer algo que entorpezca la investigación o afecte la integridad de algún testigo o de la propia víctima u ofendido. La UMECA envía esta información a Ministerio Público y a la defensa para que la expongan ante el juez y éste decida qué medidas cautelares es necesario imponer a la persona, según la información recibida.

Después de la audiencia en la que se imponen una o más medidas cautelares, la UMECA revisa que la persona cumpla sus medidas mientras permanezca en esa situación.

¿Qué tan efectiva es la evaluación y vigilancia que realiza la “UMECA”?

Altamente efectiva, según los datos. Javier Carrasco, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A. C., una de las principales organizaciones que se ha encargado de apoyar en la implementación de las UMECAS en el país, menciona que el porcentaje de efectividad de éstas es de un promedio de 90 por ciento. Es decir, que de cada 100 personas que la UMECA vigila, solamente 10 no llegan a alguna audiencia y, en estos casos, no necesariamente es porque se escaparon, en ocasiones la ausencia es por olvido, descuido o falta de transporte. En la Ciudad de México, la UMECA se ubica en la estructura del Tribunal Superior de Justicia, con una efectividad registrada por el Instituto de Justicia Procesal Penal del 87 por ciento. Es decir, un mínimo de personas incumple sus medidas cautelares en libertad.

¿Qué pueden hacer los miembros de la CONAGO? Fortalecer a las UMECAS con más capacitación, recursos humanos y materiales, así como convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para el mejor cumplimiento de sus funciones que, si así ya tienen alta efectividad, pueden mejorar aún más.

Además de la Federación, el Instituto de Justicia Procesal Penal registra que todavía hay dos entidades federativas que no han cumplido aún con la obligación de tener UMECAS (Chiapas y Quintana Roo). Esto sí podrían impulsarlo los gobernadores para beneficio de todas y todos. El problema no es de las leyes, sino de la operación del sistema y esto no se corrige con reformas, sino con capacitación, monitoreo, evaluación e inversión responsable de los recursos. Una reforma solamente ayudaría a disfrazar las deficiencias en lugar de resolverlas.

María Maltos Rodríguez es Maestra en Derecho Penal y Consultora internacional en justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.


1 Ver http://bit.ly/2uyNPSu, página 613

2 Ver http://bit.ly/2u0bJ6f, página 23.

Fuente: seguridad.nexos.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Ser #policía en México ¿qué rol asume la sociedad? UVM e Insyde anuncian el concurso de ensayo académico.


UVM e Insyde anuncian el concurso de ensayo académico sobre el rol de la sociedad en el fortalecimiento de la función policial en México

Comunicado de prensa

  • La convocatoria está abierta a estudiantes, docentes e investigadores de todas las instituciones académicas y centros de investigación en México

  • Los ganadores del primer y segundo lugar recibirán un estímulo económico

Ciudad de México, 9 de agosto de 2017.- La Universidad del Valle de México y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), anunciaron la convocatoria para participar en el concurso de ensayo académico: El Rol de la Sociedad en el Fortalecimiento de la función policial en México: ¿cómo construir una relación diferente?, el cual está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores de todas las instituciones académicas y centros de investigación en México.

Al presidir la presentación el Dr. Bernardo González-Aréchiga, expuso que se busca provocar la reflexión de miembros de la sociedad, para que surjan propuestas que logren una interacción benéfica para la ciudadanía y los miembros de instituciones policiales.

En tanto Gabriela Capó, Directora Ejecutiva del Insyde, informo que los ensayos deben realizarse con base en los resultados de este estudio Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?, incluir propuestas de política pública para mejorar la relación entre policía y sociedad, además de ser originales e inéditos.

La Directora Ejecutiva de Insyde indicó que el jurado estará integrado por investigadores de la Universidad del Valle de México, de Insyde y personalidades con amplio conocimiento y trayectoria en ámbito de la seguridad pública.

Los premios son los siguientes: Primer lugar, estímulo económico de 50 mil pesos y segundo lugar, 10 mil pesos. Tanto el tercer lugar como los dos primeros lugares, recibirán una colección de libros sobre reforma policial democrática.

El anuncio de los ensayos ganadores se realizará el 15 de noviembre de 2017 y se publicará en la página
www.opinionpublicauvm.mx

Los participantes deberán enviar sus ensayos antes del 13 de octubre del 2017 al correo opinionpublica@uvmnet.edu.

Consulta el estudio Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?

Consulta las bases del concurso.

Comunicado completo.

Fuente: insyde.org.mx

Saludos

Mario Meneses

Siete propuestas para… la estrategia de un Hidalgo Seguro. #Seguridad


FRANCISCO GRANADOS GONZÁLEZ

Nunca antes en Hidalgo se había invertido tanto en equipamiento y tecnología como ahora en la seguridad, por lo que me parece muy prudente la decisión estratégica que tomo el gobernador Omar Fayad. Esta acción es muy similar a lo que en los últimos años el gobierno de la Ciudad de México ha realizado, así que vale la pena reflexionar el antes y el después de esa toma de decisión en la Ciudad de México, y ahora en Hidalgo.

Para octubre del 2011 en la Ciudad de México se instalaron 13 mil cámaras de video con ocho centros de monitoreo y una inversión de 460 millones de dólares; El entonces jefe de la ciudad, Marcelo Ebrad la llamó “Estrategia de ciudad segura” convirtiendo a la Ciudad de México en la ciudad más vigilada del mundo, pues Londres tenía para aquellos tiempos diez mil y Nueva York ocho mil cámaras.

Lo que pretendió el exjefe de la Ciudad de México fue mantener el orden, la tranquilidad y la convivencia social; así como prevenir situaciones de emergencia y desastres. Hasta antes de noviembre del 2014 las denuncias penales disminuyeron; en el 2011 se robaban 52 vehículos diariamente y para el 2014 se redujo a sólo 42. De 28 denuncias diarias por lesiones dolosas en 2011, se denunciaron en 2014 únicamente 18; respecto a los homicidios dolosos se redujeron de 2.1 a 2.05; las violaciones disminuyeron de 3.18 a 1.4; los secuestros se incrementaron de 0.14 a 0.16 por día.

En noviembre del 2014, ya con Mancera como titular, se instalaron 38 lectores de placas vehiculares los cuales se interconectaron a una base de datos denominada RAPI (Registro de Automotores de Procedencia Ilícita) y a las cámaras de video vigilancia. Instalando también botones de pánico y otras tecnologías que han fortalecido la estrategia de ciudad segura.

Tres años más tarde (2016), las denuncias penales por robo de vehículos siguieron en descenso, lo mismo pasó con las lesiones dolosas, el daño a la propiedad, la extorsión y el secuestro. Las denuncias que aumentaron ligeramente fueron por homicidio doloso, robo a transeúntes y violación. Por cierto, actualmente existen en la ciudad 8 mil botones de pánico, 9 mil 570 alta voces y se llegarán a 20 mil cámaras este fin de año.

En el primer semestre del 2017 las denuncias se dispararon en el robo de vehículos, transeúntes, casa habitación y negocios; pero también el daño a la propiedad y el homicidio doloso. 89 policías de la Secretaria de Seguridad Pública fueron víctimas de violencia por parte de ciudadanos. Surge una pregunta ¿Utilizar cámaras de video-vigilancia, lectores de placas y botones de pánico generan el descenso de denuncias o inseguridad?

Respuesta

Efectivamente han contribuido en una parte, la otra corresponde a que la Ciudad de México cuenta con un modelo proactivo de seguridad, conocido como “Policía de proximidad” viene operando aproximadamente desde el año 2002, existe un estado de fuerza policial de 93 mil 872 elementos y además las propias autoridades han organizado a la sociedad civil para participar en labores de prevención del delito, entre otros aspectos. ¿Qué significa esto? Que el equipamiento y la tecnología no son suficientes para poder ser asertivos en la disminución de la violencia e inseguridad. Se requiere de algo más y es lo que me permitiré sugerir es este espacio y pongo a la consideración de ustedes amables lectores.

Primero

Establecer un modelo de seguridad en lo particular para Hidalgo, en nuestro estado todas las policías funcionan con un modelo de policía reactivo, el cual ha sido rebasado por la delincuencia. El modelo de seguridad que se está utilizando con más efectividad, en el mundo como en algunas entidades de nuestro país, corresponde al de policía de proximidad; ejemplo de ello corresponde la Ciudad de México y el municipio de Nezahualcóyotl, donde en tres años disminuyeron en 50% la incidencia delictiva. En la Ciudad de México con el modelo de policía de proximidad aunado al sistema de video vigilancia y el C5, los tiempos de respuesta policial disminuyeron a 2 minutos con 42 segundos. En Hidalgo los tiempos de respuesta en la zona metropolitana son de 16 minutos con 20 segundos si bien nos va.

Segundo:

Profesionalizar y mejorar los salarios de los funcionarios de la seguridad pública, es indispensable; las formas de operar de un policía con nivel de secundaria distan mucho de uno con una licenciatura o maestría. El 97.7% de los elementos policiales han referido sentirse orgullosos de ser policías, según una encuesta institucional. Si a eso le agregamos una capacitación continua en base a sus competencias; certeza laboral, a través de un servicio profesional de carrera y se dignifican sus salarios, tendremos una policía más comprometida y responsable.

Tercero:

La participación ciudadana es vital, el estado de fuerza de policías municipales y estatal en todo nuestro territorio es de 4 mil 715 elementos, pero hay que dividirla entre dos, puesto que la mayoría de agentes policiales cubren turnos de 24 por 24 hrs.; así que realmente solo contamos con 2 mil 375 diariamente. Con ese número de funcionarios de la seguridad, es prácticamente imposible operar la seguridad de todos los hidalguenses; por ende se requiere involucrar la participación ciudadana en los procesos de seguridad. Ha sido muy interesante ver como muchos vecinos en todo el país y en Hidalgo se organizan entre sí, usando una pluralidad de formas para vigilar sus bienes y cuidarse entre sí. Lo único por hacer, es que todas nuestras corporaciones de policías se coordinen y se organicen con los vecinos, utilizando todas las bondades del internet, así como la entusiasta participación de los ciudadanos.

Cuarto:

Hacer planeación estratégica en materia de seguridad es una verdadera necesidad, a mayor planeación menor riesgo, en los cuerpos de seguridad no existe la planeación. La policía resuelve como se presentan las cosas, minuto a minuto. La elaboración de planes y programas de acción deben de hacerse entre autoridades, sociedad civil y los propios policías a quienes nunca se les toman en cuenta.

En este apartado no debemos olvidar las estadísticas delictivas confiables, las cifras delictivas que maneja la secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia no concuerdan. Si se desea medir con precisión el fenómeno de la inseguridad, se requieren cifras confiables.

Quinto:

Mejorar la eficiencia en la aplicación de los presupuestos federales en materia de seguridad es esencial, del 2007 al 2015 el presupuesto para la seguridad en Hidalgo aumento 131%, es decir de $956,981,003 (novecientos cincuenta y seis millones ochenta y un mil tres pesos) en 2007 paso a $2,493,548,888 (dos mil cuatrocientos noventa y tres millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos) en 2015, periodo en el cual siempre hubo subejercicios, no se utilizaron al 100%, por lo que se tuvieron que regresar recursos financieros a la federación.

Lo peor del caso, en aquellos municipios del país donde en un principio se tenían elevados índices delictivos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo detecto y les aumentó la asignación presupuestaria, pero cuando esos mismos municipios disminuyeron sus índices delictivos, el Secretariado redujo los presupuestos que les habían incrementado. Es el caso de Tepeji del Río y Zempoala en Hidalgo, simplemente incongruente, pero pasa.

Sexto:

Transparencia y rendición de cuentas es determinante para elevar los niveles de confianza social. Es de todos sabido que ningún responsable de la Seguridad Pública en Hidalgo comparece ante la ciudadanía, para informar de sus avances o retrocesos, a lo mejor porque algunos no tienen cifras bondadosas por presumir o quizá les hagan sombra a los presidentes o simplemente no está normado comparecer ante la ciudadanía. Informar de sus actuaciones buscar el acercamiento para coordinarse y legitimarse con la sociedad lo da la rendición de cuentas y la transparencia, hoy es un reclamo social.

Séptimo:

Mejorar la calidad de la investigación delictiva y perfeccionar el sistema jurídico-penal.

Esclarecer los hechos de un delito y demostrarlo científicamente, constituye sin duda la piedra angular del proceso, justamente es donde los operadores del nuevo Sistema Penal Acusatorio están limitados. Estos como muchos funcionarios le adjudican al sistema imprecisiones, que al paso del tiempo pudieran o no corregirse, este modelo es perfectible; pero el problema no es el sistema penal, la realidad es que los operadores de este, deben de prepararse mejor. Según el Secretariado Ejecutivo refirió que de octubre de 2016 a junio de 2017 se capacito a 247 mil 403 operadores del nuevo sistema penal en todo el país y del 2013 al 2016 se destinaron 18 mil 705 millones para ello.

Los niveles de investigación tanto en este sistema como el anterior han dejado mucho que desear. Si mejoramos la calidad de la investigación delictiva los delincuentes estarán detrás de las rejas donde muy probablemente dejarán de delinquir y los índices delictivos vendrán a la baja.

Para finalizar, es menester referir que las policías exitosas actualmente le dan mucha importancia a la inteligencia para la prevención del delito y al coordinarse entre sí, tanto preventiva como la investigadora predicen mejor el fenómeno delictivo, hoy esa es una línea estratégica muy efectiva para prevenir y combatir el delito.

Por lo pronto les dejo estas propuestas que podrán complementar el Sistema Integral de Seguridad en Hidalgo, que viene muy bien, cuando los índices delictivos en este año van peligrosamente a la alza, tanto en el país como en Hidalgo.

Mi correo infosepriv@gmail.com; infosep.net

FRANCISCO GRANADOS GONZÁLEZ

Fuentes de consulta: Gobierno de la ciudad de México, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Hidalgo

Todos vulnerables por Denise Dresser. #SeguridadPrivada


Espiar. Robar. Ocultar. Tres actividades que el gobierno mexicano lleva al cabo todos los días. Tres comportamientos que Enrique Peña Nieto y su equipo han hecho suyos. El Estado de la vigilancia fuera de control, fuera de proporción, fuera de justificación. El Estado actuando con un alto poder invasivo que busca controlar o extorsionar o silenciar a las personas vigiladas. Ya sea Carmen Aristegui o su hijo adolescente o Juan Pardinas o los miembros del GIEI-Ayotzinapa o tantos otros activistas y periodistas y defensores de derechos humanos. Big Brother en Los Pinos y en la PGR. Recolectando datos, almacenando información, grabando conversaciones, violando la ley. Violando la Constitución.

Porque el artículo 16 estipula que toda intervención de comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial previa. Se prohíbe la localización geográfica en tiempo real, utilizable sólo “cuando se presume que existe un peligro para la vida o integridad de una persona”. Y sin embargo la PGR y el Cisen y la Sedena hacen lo que quieren, cuando quieren, sin supervisión, sin transparencia. Para saber lo que Carmen Aristegui conocía sobre la Casa Blanca o lo que Juan Pardinas redactaba sobre la ley “3de3” o lo que el Centro Tlachinollan indagaba sobre los 43. Para espiar a sus presuntos enemigos y de ser necesario, coaccionarlos. Para supervisar a sus presuntos adversarios y de ser imperativo, amedrentarlos. Vía el “malware” “Pegasus” o “Hacking Team” o la obtención de metadatos que las compañías de telecomunicaciones entregan rutinariamente a autoridades sin la facultad legal de solicitarlas. Así actúa el Estado espía, el Estado extra-legal, el Estado adversarial.

Que no sólo espía, desvía fondos e inventa empresas para hacerlo. En la última revelación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibe cómo el dueño legal del Grupo Tech Bull —la empresa intermediaria que vendió el programa “Pegasus”— vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Otra historia de empresas fantasma y de corrupción escondida. Otro tache para Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien autorizó y supervisó la adquisición. La PGR canalizó millones de dólares a una empresa constituida con 50 mil pesos, por dos jóvenes desconocidos que hoy niegan conocimiento de la transacción. La PGR “compró el más sofisticado equipo de espionaje, de origen israelí, a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema de seguridad nacional y que antes de ese contrato por 32 millones de dólares no tuvo otras ventas”. Y más. Un apoderado fantasma; una oficina virtual ubicada en el edificio donde también estaban inscritas empresas fantasma de Veracruz, ligadas a la red de Javier Duarte; vínculos con Balam Seguridad Privada armada por amigos de Peña Nieto que le vende equipos de seguridad a procuradurías estatales. La corrupta actitud evidenciada no sólo en carreteras y contratos; también en espionaje y vigilancia.

Pero esto no es corrupción, según Arely Gómez de la Función Pública, y Javier Acuña del INAI, y los otros miembros gubernamentales del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no merece una investigación, según los protectores políticos de Tomás Zerón. Esto no debe ser sometido a control judicial, dicen los que atacan al nuevo sistema de justicia penal cuando ignoran sus exigencias. Demasiados cerrando los ojos y la boca ante la investigación hecha por la Red de Defensa de los Derechos Digitales que expone la relación comercial —ilegal— de 12 gobiernos estatales y múltiples dependencias gubernamentales con “Hacking Team”, proveedor de equipo capaz de infectar computadoras y teléfonos móviles. En otros países se utiliza para perseguir a criminales; en México se compra para espiar a ciudadanos.

Abusan del poder

Todos vulnerables. Usted, yo. Víctimas de un gobierno con acceso a archivos, datos del calendario, listas de contactos, contraseñas, mensajes de texto, Gmail, WhatsApp, Skype. Facebook, Telegram, llamadas, geolocalización. Bad Brother vigilando, abusando del poder gubernamental, violando las libertades civiles. Omnipresente. Sin controles democráticos, sin facultades legales, sin sanción. Y ante ello, como dijera Thomas Paine, la obligación del verdadero patriota es proteger a su país de su gobierno. Un gobierno que se ha vuelto abusivo. Un gobierno gandalla. Un diablo guardián.— Ciudad de México.

denise.dresser@mexicofirme.com

Periodista

¿Subieron los #homicidios porque los jueces liberan a personas detenidas con armas? Renato Sales


El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que aumentaron los homicidios con el nuevo sistema de justicia penal y la liberación de detenidos con armas, pero los datos demuestran que su argumento es falso.

El récord de homicidios que se alcanzó en mayo de este año se debe a que, con el nuevo sistema de justicia penal vigente desde junio de 2016, los jueces liberan a quienes son detenidos con armas, y tras ser liberados cometen ese delito, según el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

El funcionario lo explicó así en entrevista con Ciro Gómez Leyva el pasado 22 de junio, y éste se ha convertido en el argumento del gobierno federal para justificar el aumento de la violencia en el país.

Sin embargo, no existen datos públicos oficiales que sostengan esa afirmación. Además, El Sabueso verificó que el aumento en los homicidios ocurrió antes de la entrada en vigor del sistema penal. El argumento del Comisionado Nacional de Seguridad y el gobierno federal es Falso.

El nuevo sistema de justicia penal

El 18 de junio de 2016 el Sistema Penal Acusatorio entró en vigor en todo el país. Con dicho sistema, la prisión automática (oficiosa) sólo se aplica para seis delitos considerados graves, entre los que no se encuentra la portación y/o posesión de armas aún cuando sean de alto poder.

Así quedó establecido en el artículo 19 de la Constitución.

Según Renato Sales, eso provoca que criminales y homicidas queden en libertad: el funcionario dijo que con el nuevo sistema solo 1 de cada 100 personas detenidas con armas permanecen en prisión.

Pero hasta ahora, el gobierno federal no cuenta con datos que respalden dicha afirmación, y tampoco hay información pública disponible. Este viernes 23 de junio, en el programa Atando Cabos de Denise Maerker, se le preguntó al comisionado de Seguridad, Renato Sales, la cantidad de personas que cometieron homicidio y que antes fueron detenidos y liberados por posesión de armas, y reconoció que no tenían ese dato disponible.

Y hay más.

El Sabueso revisó las estadísticas oficiales sobre la incidencia del homicidio doloso, y confirmó que el repunte de los homicidios comenzó desde el año pasado, mucho antes de que entrara en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal en todo el país.

Entre enero y mayo de 2016 se registraron 7 mil 656 averiguaciones por homicidio doloso que, comparadas con las 6 mil 718 averiguaciones de homicidio del mismo periodo de 2015, dan un aumento de 14% en los asesinatos en el país.

Si se hace el cálculo por tasa, los homicidios crecieron de una tasa de 5.5 casos por 100 mil habitantes de enero a mayo de 2015, a una tasa de 6.2 asesinatos en el mismo periodo de 2016.

Todo ello sin el nuevo sistema penal

Si hablamos solo de mayo de 2016, el mes fue suficientemente malo en homicidios sin que entrara en vigor el nuevo sistema. Los mil 736 homicidios registrados en ese mes significaron un incremento del 18.3% de los homicidios, respecto a mayo de 2015.

Por otro lado, sólo en el caso de la Ciudad de México, El Sabueso publicó el pasado 3 de abril un análisis de una frase del Jefe de Gobierno Miguel Mancera que sostenía —al igual que Sales— que los delitos en la capital iban en aumento porque más presos han alcanzado la libertad, a causa del nuevo sistema de justicia. Sin embargo, no se encontró relación entre los delitos en la Ciudad y la población penitenciaria.

Debido a que el gobierno no tiene datos que sostengan su hipótesis de que la violencia sube por delincuentes liberados, y a que los datos de homicidios evidencian que el repunte en asesinatos inició desde antes de que entrara en vigor el nuevo sistema penal, El Sabueso concluye que la frase de Sales es Falsa.

Fuente: www.animalpolitico.com

Saludos

Mario Meneses

SAT pone lupa a comercio electrónico. #Fraude #Aduanas


Resultado de imagen para SAT pone lupa a comercio electrónico

El fisco busca regular esta actividad

CIUDAD DE MÉXICO.- La autoridad fiscal del país prepara una regulación del comercio electrónico tras detectar operaciones que no se registran, falseamiento de facturas, subvaluación de la mercancía y evasión de impuestos, asegura el titular de la Administración General de Aduanas del SAT, Ricardo Treviño.

De acuerdo con el fisco, México registra 3 millones de transacciones de envíos de paquetes y mensajería al año, y del total de productos que entran al país 65% no paga impuestos, porque declaran ser operaciones menores a 50 dólares, que es el monto máximo permitido para importar libre del gravamen.

Treviño explica que con los controles que se impondrán en lo que resta del año se sabrá exactamente quién, qué y a dónde se importa la mercancía. Descarta que esto vaya a entorpecer el comercio.

por (EL UNIVERSAL) 6/29/2017 8:45:00 AM