Inseguridad en la #CDMX


Con base en la información oficial de carpetas de investigación, la Ciudad de México vive un importante aumento en la incidencia de delitos patrimoniales como el robo con violencia que creció 31.4%; el robo a transeúnte 26.7%; el robo a negocio 14.5% y el homicidio, que, pese a que aún se encuentra por debajo de la media nacional, experimentó un aumento del 17.8% en homicidio doloso y de 20.9% en homicidio culposo, si se comparan los primeros 10 meses de 2017 contra el mismo periodo de 2016.

Si comparamos las tasas por cada 100 mil habitantes de las 32 entidades, en este periodo, la CDMX, ocupa en el caso del robo a negocio el 2º lugar; el 3º en robo a transeúnte; el 4º en robo con violencia y el 8º en extorsión.

Un factor clave que impulsa el alza del homicidio, según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, es el aumento en el uso de armas de fuego para cometer delitos, lo que significa un creciente riesgo para las víctimas y la incidencia de homicidios derivados de robos y riñas interpersonales.

Comercio ilegal de armas

Ante esta escalada de violencia, queda claro que urge frenar el comercio ilegal de armas, cerrar mercados ilícitos, aumentar el uso de inteligencia para prevenir delitos, combatir la corrupción y profesionalizar más los cuerpos de seguridad y justicia.

Para que en un territorio pueda haber una comisión sistemática de delitos, se requiere de gobiernos cómplices que los toleren o protejan, o de autoridades que no cuenten con los insumos ni las competencias necesarias para enfrentarlos.

Debemos señalar que la Ciudad de México aparentemente no cuenta con el equipamiento necesario para combatirlos, que es indudable la falta de personal en áreas de procuración justicia que hacen evidentes las carencias en la atención a los denunciantes, así como en la actuación apegada a derecho de policías y ministerios públicos. Sin mencionar que la capital del país cuenta con un 93.8% de cifra negra según lo expone la ENVIPE 2017.

Procuración de justicia en la CDMX

En particular, por lo que refiere a los conocimientos y capacidades para procurar justicia en el marco del Sistema Penal Adversarial, los medios de comunicación han exhibido el desconocimiento e impericia de muchos MPs capitalinos.

Si la base de la construcción de una política criminal y el proceso de acceso a la justicia para una víctima inicia con la denuncia, las autoridades de la CDMX tienen un gran pendiente, ya que en las agencias del MP se disuade o re victimiza a quien ha sufrido un delito.

La capital cuenta con una red de cámaras de videovigilancia, tecnología, equipamiento y áreas de inteligencia. Sin embargo, carece de una estrategia que evidencie que los delitos se estén previniendo, que se esté usando la presencia policial para disuadir delitos y que demuestre que todos esos insumos tecnológicos se encuentran al servicio de las víctimas.

Actualmente más del 60% de los homicidios y robos con violencia se cometen con arma de fuego, lo que debería llevar al impulso de una política nacional para prevenir y combatir el ingreso ilegal de armas al país, al tiempo que las autoridades locales combatan su comercio ilegal.

Quien hoy nos roba un anillo, un reloj, una cadena, un celular, encuentra fácilmente la forma de comercializarlo, ya sea vendiéndolo en mercados sobre ruedas o directamente empeñándolo.

Si se busca combatir las condiciones que permiten la existencia de los delitos, es fundamental hacer cada vez más difícil y menos lucrativas estas actividades. Para que esto suceda, se deben cerrar los mercados ilícitos y supervisar los lugares donde se pueden comerciar los bienes obtenidos de manera ilícita.

La inseguridad se puede revertir

La creciente inseguridad que sentimos en la CDMX se puede revertir, se pueden disminuir los robos y actuar antes de que el homicidio se dispare, alcance o supera la tasa nacional.

La evidencia de que una sociedad pacífica puede perder esas condiciones la tenemos ante la crisis que viven Aguascalientes, Baja California Sur o Colima. Esta situación debe ser un llamado de atención para quien gobierna y para quien compita para gobernar la capital mexicana en el 2018.

Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano

 

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Cifras de feminicidios pareciera que la federación quiere proteger a los estados que no registran, combaten ni reconocen dicho ilícito.


Ciudad de México 23 de diciembre 2017
TARJETA INFORMATIVA
El Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad
(ONC), condena el intento de las autoridades federales por ocultar y
postergar la publicación de las estadísticas de feminicidios y otros
delitos relacionados con las mujeres de 2015 hasta noviembre de
2017, acorde con los criterios de la nueva metodología dada a
conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
En especial, lamenta lo relacionado con las cifras de feminicidio pues
pareciera que la federación quiere proteger a los estados que no
registran, combaten ni reconocen dicho ilícito.
Ello se debe a que se había anunciado la publicación de incidencia
de este delito en el Sistema para el registro de información delictiva
(SISDEL), sin embargo, no apareció y la aplazaron hasta enero de
2018 con el argumento de que se daba cumplimiento a los acuerdos
del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El cambio de último momento en relación con la decisión de la
publicación de dichas estadísticas inevitablemente invita a que se
cuestione si ello se realizó para darle el tiempo a procuradurías y
fiscalías generales de corregir sus datos.
Durante cuatro años investigadores y directivos del ONC y del
SESNSP realizaron un esfuerzo conjunto para elaborar esta nueva
metodología para medir delitos y víctimas que permite identificar
debilidades de las instituciones estatales de procuración de justicia y,
por ende, claras fallas en torno a la investigación de conductas
delictivas.
No obstante, de último momento las autoridades federales le bajaron
el tono y la calidad a un producto que permitía desnudar qué
instituciones le han dado o no un mínimo de acceso a la justicia a las
víctimas. Esto no puede ser interpretado de otra manera más que
como una pésima señal sobre la consistencia de las cifras de algunos
ilícitos.

En el caso del feminicidio, cobra especial relevancia que se haya
decidido no publicar la información en cuestión, dado que, en el taller
del 22 de diciembre, se dio a conocer el total nacional de feminicidios
y el Observatorio en su intervención hizo referencia aquellas
entidades en las cuales se detecataba una falta de registro de dicho
delito. ¿Quién dio esa instrucción y si efectivamente responde a un
acuerdo del CNSP por qué no se expuso esta situación con
antelación?
El pasado viernes el ONC afirmó que la publicación del SISDEL era
un trabajo serio y un gran avance para entender la incidencia
delictiva, hoy afirmamos que la federación protege intereses en
perjuicio de la sociedad.
El SNSP esperó el día y la hora menos propicios para presentar el
nuevo sistema de registro de delitos SISDEL, ahora lo hace de
manera incompleta respecto a lo que por más de tres años se trabajó.
¿Con qué fin se toman dichas decisiones estratégicas si en esta
ocasión se trataba de un importante esfuerzo de las autoridades
federales por generar información de calidad en materia de
seguridad?
El Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad
informa que durante las primeras semanas de enero dará a conocer
las cifras de todo 2017, en las que se confirmará que este año fue el
más violento de la historia moderna de México, y fijará su posición
respecto al manejo discrecional de casos sobre feminicidio en esta
nueva metodología.

Dirección de Comunicación del
Observatorio Nacional Ciudadano
vicente.hernandez@onc.org.mx

Descarga información. Feminicidio

SISTEMA DE CONSULTA DE DETENIDOS. #PGR


 

Búsqueda de personas detenidas en Ministerios Públicos

En este portal podrás buscar a una persona que esté detenida en una Agencia del Ministerio Público Federal así como encontrar información sobre otros sitios de búsqueda de personas que estén detenidas en Agencias del Ministerio Público del Fuero Común (de los estados de la República).

Para localizar a la persona que está buscando, te pediremos solo algunos datos de la persona detenida.

Es importante señalar que el Sistema de Consulta de Detenidos (SCD) sólo arroja:

  • Resultados de personas que se encuentran puestas a disposición de una Agencia del Ministerio Público Federal.

  • Resultados exactos por lo que se sugiere que pruebes tus búsquedas con nombres completos y abreviados.

El SCD no arroja resultados sobre detenciones en materia de Delincuencia Organizada, por lo tanto si buscas información sobre una persona que pueda estar detenida por Delincuencia Organizada comunícate al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana al número 01 800 008 5400. No olvides que la información de detenidos en materia de delincuencia organizada sólo se entrega a familiares y defensores de los mismos.

Para realizar búsquedas utiliza las secciones de la barra de navegación en la parte superior de este portal.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tipos de detención?

Una persona puede ser detenida en flagrancia, esto es en el momento en el que se está cometiendo el delito; porque un juez ha expedido una orden de aprehensión o reaprehensión, porque se está ejecutando una orden de cateo, porque existe una orden ministerial por caso urgente, o se detiene a la persona con fines de extradición.

¿Cuál es el proceso de una detención?

Una vez que la autoridad responsable de hacer la detención, aprehende al presunto responsable, debe ponerlo inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público para que en un periodo no mayor de 48 horas, o 96 horas en caso de delincuencia organizada, éste último recabe pruebas con las que podrá presentar ante un juez a la persona que está detenida.

¿Cómo puedo saber si un familiar o conocido está detenido?

El Código Federal de Procedimientos Penales, determina las reglas de cómo se lleva un asunto penal; establece que cualquier persona puede solicitar información sobre una persona detenida. La Agencia del Ministerio Público Federal con base en esta Ley sólo puede proporcionar cuatro datos:

  1. Si la persona está detenida

  2. La Agencia del Ministerio Público Federal en la que se encuentra detenido

  3. La hora de puesta a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal y

  4. La autoridad que llevó a cabo la detención.

Siempre puedes acudir a una Agencia del Ministerio Público Federal, la Procuraduría General de la República pone a tu disposición el Sistema de Consulta de Detenidos con el objetivo de hacer tu búsqueda más sencilla. Si no logras localizar a la persona de tu interés, recuerda que puedes llamar desde cualquier parte del país de forma gratuita al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana al 01 800 008 5400 en donde se te podrá brindar mayor información.

¿Por qué no puedo encontrar información de detenidos de todos los Ministerios Públicos?

Es posible que una persona no sea localizada por encontrarse en una base de datos diferente a la que se está utilizando para la búsqueda. Si una persona se encuentra detenida en una Agencia del Ministerio Público Federal no se encontrará en las diversas bases de datos del fuero común así como una persona que está detenida en una agencia del ministerio público local, no estará en la base de datos federal. Del mismo modo, es posible que la persona que estás buscando se encuentre detenida por delitos en materia de delincuencia organizada, para acceder a esta información es necesario acreditarse como familiar o defensor del detenido. Si es tu caso, te recomendamos comunicarte al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana al 01 800 008 5400.

Fuente: www.consultadetenidos.pgr.gob.mx/

Saludos

@MarioMeneses_

El Fenómeno de los #Linchamientos en México (2010-2017)


Es un gusto compartir con ustedes, el cartel final de nuestro evento donde colaboran Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , IIS-UNAM e Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Este tiene valor curricular , por lo tanto puedes solicitar tu constancia si estás presente en todas las mesas, te puedes registrar en www.unavisunam.com .Comparte para que todos los interesados puedan ser participes de este gran foro.

UNAVIS

 

IBERO, el Centro Prodh y el IMDHD, presentan informe sobre aplicación de las reformas en el sistema de #Justicia


La Universidad Iberoamericana Ciudad de México (a través de su Programa de Derechos Humanos), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) realizaron el informe ‘Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016’.

El informe busca realizar un primer diagnóstico sobre el impacto y la implementación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y penal en la práctica judicial, en particular en el sistema de justicia penal, con el objetivo de resaltar ejemplos de criterios positivos, así como de advertir e impulsar la corrección de criterios no compatibles con el nuevo marco constitucional.

Entre los hallazgos del documento se encontraron, en la reforma en derechos humanos:

• Control de convencionalidad. Se observó que citar el artículo 1° constitucional no necesariamente garantiza un uso adecuado del control de convencionalidad (es decir, que la actuación de las autoridades sea conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos), que en ocasiones se cita sin argumentar aplicación, en otras se cita y aplica inadecuadamente o de manera retórica. Por lo que se debe fortalecer no sólo el citar instrumentos, sino aplicar y argumentar su uso.

• Sobre Igualdad y no discriminación. Se observó escasa aplicación de este principio en las resoluciones. En la mayoría de los casos, aún en los que es evidente la presencia de un sector o grupo en especial vulnerabilidad, se mantiene un trato aparentemente neutral, lo que en muchos casos se traduce en falta de medidas positivas para garantizar una efectiva incorporación judicial del derecho a la igualdad y la no discriminación.

• Presunción de inocencia y valoración de la prueba. Se observaron diversas violaciones en estos rubros, en particular en su vertiente de valoración probatoria, asignándole valor a la prueba con base a quien la ofreció, otorgando un valor excesivo a las declaraciones y en particular a las de los elementos captores. Preocupa la persistencia del principio de inmediatez procesal para dar valor a primeras declaraciones retractadas.

• Exclusión de pruebas ilícitas. En la mayoría de las sentencias en las que la defensa alegó la obtención de pruebas ilícitas, se admitieron y valoraron todas o algunas de éstas sin esclarecer los orígenes de la prueba. En la mayoría de los casos en los que se excluyeron pruebas, sucedió hasta la sentencia de segunda instancia o amparo.

• Jurisprudencia. Se evidenciaron avances sobre la interpretación que la SCJN y algunos Tribunales Colegiados han desarrollado en relación con las reformas. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme ni constante; por el contrario, en ocasiones se han emitido criterios de resistencia o incluso regresivos.

En la reforma en materia penal:

• Principales hallazgos. El nuevo sistema de justicia penal (NSJP) genera condiciones que incentivan una mejor aplicación de estándares (como presunción de inocencia y valoración de la prueba) y reduce la posibilidad de introducir ciertas pruebas ilícitas al proceso.

Sin embargo, persisten algunas problemáticas: la inacabada transición en las instituciones, el arraigo de los vicios del anterior sistema de justicia, un régimen de excepción en el sistema acusatorio en lo referente a la delincuencia organizada e indicios de uso indebido del procedimiento abreviado. Y actualmente destaca la amenaza de una contrarreforma al NSJP, representada en la iniciativa de Miscelánea Penal pendiente en la Cámara de Diputados.

• Es necesario consolidar la aplicación armónica de las reformas en materia penal y de derechos humanos.

Y en la reforma en materia de amparo:

• Principales hallazgos. El juicio de amparo se mantiene como el principal recurso para la protección de derechos constitucionales y en estas resoluciones se da la mayor aplicación de la reforma en materia de derechos humanos.

• Retos. Consolidar la protección de los derechos colectivos (por ejemplo, en casos de comunidades indígenas, pero también otros relacionados con derechos difusos), ampliando el alcance del juicio de amparo y el interés legítimo en estos supuestos, que actualmente tienen un uso dispar. Se siguen utilizando aspectos procesales para limitar el alcance del amparo en casos de graves violaciones a derechos humanos.

Recomendaciones

El informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores (poder judicial, defensoría de oficio, congreso, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil, academia). Entre ellas:

• Entender las reformas de manera integral y en conjunto, garantizando que el enfoque de derechos humanos permee en la formación y aplicación del NSJP, así como en la apertura del juicio de amparo.

• Adoptar criterios positivos en el sentido de fortalecer las reformas y abandonar criterios o argumentos contrarios a su espíritu. En particular, asegurar la efectiva aplicación y argumentación del control de convencionalidad.

• Fortalecer capacidades argumentativas y la correcta aplicación de estándares sobre valoración de prueba, incluyendo exclusión de pruebas ilícitas.

• Adoptar criterios proactivos que garanticen el efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

• Reforzar el derecho de acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

• Garantizar los cambios estructurales, legales y de personal necesarios para fortalecer el sistema de justicia asegurando la correcta aplicación de las reformas (por ejemplo, respecto a la próxima Fiscalía General de la Nación, la sustitución de ministros en la SCJN, integración y depuración de las instituciones de procuración de justicia, crear un Instituto Nacional Forense, garantizar presupuesto, evitar contrarreformas, entre otras).

• Modificar la enseñanza del derecho, para incorporar de manera transversal los derechos humanos y las capacidades analíticas y crítica.

• Mandar mensajes claros sobre la importancia de fortalecer y aplicar las reformas tanto por parte de funcionarios como de medios de comunicación.

Metodología 

Como metodología de este informe de monitoreo de la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos, penal y amparo:

• Se analizaron 100 resoluciones o sentencias en cinco entidades: Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México; además de algunas del ámbito federal. (El informe aclara que los resultados no pueden considerarse estadísticamente representativos de las tendencias globales en el sistema de justicia del país; no obstante, se consideran una muestra de los grandes trazos de algunas de estas tendencias).

• Se monitorearon cuatro grandes rubros en las sentencias: control de convencionalidad; igualdad ante la ley; presunción de inocencia y valoración de las pruebas y exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.

• Se obtuvieron sentencias por solicitudes de información y de algunos casos que acompañan las organizaciones.

• Se consideraron tesis aisladas y jurisprudencia adoptadas a partir de la entrada en vigor de las reformas (Décima época) sobre los cuatro rubros monitoreados.

• Se realizaron entrevistas con juezas y jueces, con defensores de oficio, academia y organizaciones de la sociedad civil para ubicar los principales retos que observan.

• Se incluyeron cinco casos documentados y defendidos por el IMDHD y el Centro Prodh para analizar su evolución en las diferentes instancias y la aplicación de las reformas constitucionales en las sentencias.

Fuente: ibero

Saludos

Mario Meneses

Empleo: antídoto contra la #Violencia juvenil.


¡No inventemos el hilo negro! Podemos adaptar buenas prácticas en otros contextos del país y así ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Salir de la espiral de la violencia es posible.

Alan López (@alanfabian07/ Animal Político

Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por la crisis de violencia e inseguridad que vive el país. De 2004 a 2016, una de cada tres personas asesinadas en el país tenía entre 15 y 29 años. De éstas, el 88.8% eran hombres[1].

Además, el 50% de los jóvenes ha presenciado situaciones de conflicto en su hogar, el 66.5% ha sufrido actos de maltrato en su escuela y el 12% ha cometido un acto de vandalismo o ha tenido problemas con la policía, según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014.

Esta situación se agudiza cuando viven en zonas marginadas y con carencias sociales. La deserción escolar, el desempleo y la precariedad laboral son factores de riesgo relacionados con la delincuencia y violencia juvenil[2].

¿Qué podemos hacer para atender este problema?

A nivel internacional, algunos programas de prevención de la violencia y delincuencia se han enfocado en brindar a jóvenes oportunidades de realizar actividades productivas, incrementar su capital social y fomentar habilidades sociales y profesionales, al considerar que estas actividades pueden ayudar a reducir los comportamientos de riesgo y fortalecer sus factores de protección[3].

En esta línea, desde 2013, el gobierno municipal de Zapopan, Jalisco ha implementado el programa Jóvenes con Provenir, que ofrece becas para que jóvenes que han dejado de estudiar asistan a cursos de entrenamiento vocacional, independientemente de su condición laboral. Su premisa es que, al tener mejores empleos o continuar con su educación formal, los beneficiarios particularmente, aquellos que habitan en colonias con altos índices delictivos, tendrán menores riesgos de involucrarse en pandillas o con la delincuencia organizada[4].

La oferta de capacitación comprende una amplia gama de temas: tecnología digital e informática, entrenamiento físico, salud, idiomas, gastronomía, administración y finanzas, cultura y arte, oficios[5] y otros. Estos cursos se imparten en universidades públicas y privadas, institutos, academias y centros de capacitación.

Al concluir los cursos, los jóvenes deben prestar un servicio social comunitario. De esta forma, pueden aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar aspectos de su comunidad.

En México Evalúa, publicamos recientemente un estudio realizado por investigadores de Stanford que analiza el impacto de este programa en la vida personal y profesional de los jóvenes de Zapopan. Específicamente, se evaluaron los efectos sobre su situación laboral y educativa, la transformación de su capital social mediante el acceso a redes profesionales, el incremento de sus expectativas académicas y laborales y, finalmente, la desvinculación de pandillas y grupos delictivos.

La evaluación comparó los efectos de un grupo de jóvenes residentes de Zapopan que recibieron el programa (grupo de tratamiento) y de un grupo de jóvenes que vivía fuera del municipio y que por razones ajenas no pudieron participar en los cursos (grupo de control). Se utilizó una metodología de aparejamiento (matching)[6] para identificar a los jóvenes de ambos grupos con características similares[7].

Los principales resultados del programa sobre el grupo de beneficiarios, en comparación con el grupo de control, fueron:

  • Más empleos: incrementó en 13 puntos porcentuales la probabilidad de obtener un empleo en aquellos jóvenes menores a 23 años.
  • Mejores salarios: mejoró en 14 puntos porcentuales el ingreso salarial de los jóvenes varones de menos de 23 años y que residían en colonias marginadas.
  • Mayor tiempo de trabajo: el número de horas laboradas a la semana aumentó entre 6 y 10 horas.
  • Más redes profesionales: incrementó en 22 puntos porcentuales la probabilidad de conocer a alguien con un título profesional.
  • Mayor optimismo sobre su futuro: incrementó en 7 puntos porcentuales la probabilidad de sentirse “muy bien” con respecto a su futuro.
  • Desvinculación de grupos delictivos: disminuyó en 22 puntos porcentuales la probabilidad de contar con amigos asociados a pandillas entre los jóvenes menores de 23 años que residen en zonas de alta marginación.

Este programa es un ejemplo exitoso de cómo realizar intervenciones focalizadas basadas en diagnósticos locales y evidencia empírica. Además, demuestra que la colaboración entre autoridades municipales, académicos y sociedad civil organizada es clave para la reducción de la violencia y la delincuencia.

¡No inventemos el hilo negro! Podemos adaptar estas buenas prácticas en otros contextos del país y así ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Salir de la espiral de la violencia es posible.

* Alan López es investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Jesús Gallegos y Mariana Nolasco, la edición de Laurence Pantin, así como el diseño de Miguel Cedillo. Este artículo está basado en el estudio de México Evalúa (2017). Evaluación de impacto del Programa Jóvenes con Porvenir, que fue posible gracias al trabajo de investigación de Beatriz Magaloni, Alberto Díaz y Brenda Jarillo de la Universidad de Stanford y a las facilidades otorgadas por la administración municipal de Zapopan 2012-2015, encabezada por el Dr. Héctor Robles Peiro.

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Microdatos de mortalidad 2004-2015; Preliminares de mortalidad por homicidio 2016. Consultados aquí.

[2] Farrington et al. (1986). Unemployment, school leaving, and crime. The British Journal of Criminology. 26:4. 335-356

[3] Levin, J. y J. Fox (2001). Dead Lines: Essays in Murder and Mayhem, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (2013). “Policy scan and meta-analysis: Youth and employment policies in Latin America. Buenos Aires, Argentina”. Disponible en: http://www.labor-al.org/vlaboral/downloads/Youth_and_Employment_Policies_in_Latam.pdf

[4] Un diagnóstico de este programa realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford identificó una estrecha vinculación entre los índices elevados de desempleo y estancamiento económico y la inseguridad y vulnerabilidad social que afecta al municipio.

[5] Algunos ejemplos de estos cursos son carpintería, cosmetología, diseño de modas, fontanería, soldadura y herrería.

[6] La técnica de matching busca individuos en el grupo de control que sean similares al grupo de tratamiento respecto a las de variables que predigan la participación en el programa y que, a su vez, estén relacionadas con las variables de impacto que se analizan.

[7] Las variables que se utilizaron para realizar el matching fueron: género, edad, hijos, escolaridad, escolaridad de los padres, motivación para estudiar, tipo de escuela y grado de marginación de la manzana donde reside.

Fuente: mexicoevalua.org

Saludos

Mario Meneses

Los #Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S


Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S
• Líderes de sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX por las muertes, los derrumbes y los daños provocados por el terremoto del 19S.
• El objetivo de la demanda es obligar a las autoridades a investigar los actos de corrupción que pudieron haber incrementado los daños provocados por el sismo en la CDMX.
• En opinión de los demandantes, la magnitud de la tragedia obliga a todos los mexicanos a revisar lo ocurrido y exigir justicia en los casos que se pruebe que hubo corrupción.
Ciudad de México, 4 de octubre de 2017. La corrupción no solo mata, sino que también derrumba edificios, causa daños irreparables y arrasa con patrimonios completos, o al menos eso evidenció el sismo del pasado martes 19 de septiembre de magnitud 7.1 y epicentro en Axochiapan, Morelos.
Tan solo en la Ciudad de México, la cifra oficial al día de hoy es de 225 personas fallecidas, más de 300 lesionadas, 48 edificios derrumbados y miles de viviendas dañadas.
Frente a una tragedia de tal magnitud, un grupo de líderes de sociedad civil, académicos,
empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En opinión de los demandantes, en caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios públicos y/o constructores, se debe exigir la responsabilidad correspondiente por los siguientes delitos:
a) Homicidio culposo de diversas autoridades de la Ciudad de México, así como de empresas constructoras, desarrolladoras y arrendadoras inmobiliarias, peritos y demás personas que no hayan cumplido con los siguientes deberes:
• Evitar que el otorgamiento de licencias de construcción y de uso de suelo se hayan
expedido en forma ilegal.
• Faltar a su obligación de supervisar el correcto estado y funcionalidad de los inmuebles, conforme a la regulación en materia de Protección Civil.
b) Fraude específico a cargo de las empresas constructoras y desarrolladoras de inmuebles, por utilizar materiales de construcción que no cumplen con los estándares vigentes en las leyes de la Ciudad de México, o bien, por defectos en la construcción.
c) Uso ilegal de atribuciones por parte de diversas autoridades de la Ciudad de México, por cuanto a la expedición ilegal de licencias de construcción y de uso de suelo.
Así, la denuncia busca reforzar el Estado de Derecho, evitando la ilegalidad y que los hechos delictivos queden impunes, pero además, persigue dos objetivos específicos: 1) colaborar con todo aquel que haya sido afectado directamente por el sismo, para apoyarlo a lograr la reparación del daño que haya sufrido; y 2) sentar un precedente en la Ciudad de México (una zona sísmica), para que la propiedad inmueble sea segura, se construya de acuerdo a lo ordenador por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y la corrupción e ilegalidad no se traduzca en pérdidas de vidas, lesiones y daños a la propiedad.

Entre los demandantes destacan Luis Pérez de Acha, Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Edna Jaime Treviño, Alejandro Legorreta, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, José Roldán Xopa, Mario Blancas Vargas, Carla Altamirano Bustos y Carlos Altamirano Bustos.

Para más información:
Sitio web: http://www.pdea.mx
Facebook: http://bit.ly/2fMI7GO
Contacto:
Nombre: Lic. Mariana Ruiz Albarrán.
E-Correo: MRA@pdea.mx

Fuente: Causa en común

Saludos

Mario Meneses

El cuento de terror de Mancera. #PrisiónPreventiva


María Maltos Rodríguez  JULIO 17, 2017

En estos días se ha escuchado al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, “alertar” a la ciudadanía de que gracias al nuevo sistema de justicia penal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de cuatro mil personas “saldrán de prisión.

Sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones al respecto:

¿Qué es la prisión preventiva?

Es la decisión de un juez de enviar a una persona a prisión antes de que el juez lo declare culpable de un delito. También es una “medida cautelar” que, igual que otras, se puede imponer cuando una persona está siendo investigada por algún delito.

México es el único país en toda América y Europa que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se considera una violación a la presunción de inocencia además de que existe evidencia sobre sus efectos negativos. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016,1 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en ese año se presentaron 1,538 incidentes violentos, entre los que se encuentran riñas, desórdenes, homicidios, abusos, suicidios y motines. Según Guillermo Zepeda Lecuona, director general de Jurimetría, la tasa de homicidios entre la población penitenciaria en las prisiones mexicanas es más del doble de la que registra la población en general.

Los delitos de “prisión preventiva oficiosa” son aquéllos por los que, según la Constitución, se debe imponer forzosamente la medida cautelar de prisión preventiva al presunto responsable mientras se le investiga para que un tribunal decida si es culpable o no del delito o delitos por los que se le acuse.

Todos los delitos, desde el más simple hasta el más “grave”, pueden tener prisión preventiva aun cuando no estén en el catálogo de la Constitución siempre y cuando se acredite que la medida es necesaria (tratándose de delitos que merezcan pena de prisión en caso de resultar culpable, por supuesto, como ocurre con la gran mayoría de ellos). Los delitos de prisión preventiva oficiosa establecidos por la Constitución son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Según México Evalúa, para 2013 en México aproximadamente un 41.3% de los internos no tenían condena todavía.2

¿Cómo se decide si una persona a la que se le está investigando por un delito debe estar o no en prisión mientras es investigada?

Por la necesidad de “cautela”. Es decir, se analiza si esta medida de verdad se requiere para lograr lo siguiente:

  1. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Es decir, que no se escape.
  2. Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o de algún testigo.
  3. Evitar que se obstaculice el procedimiento. Es decir, que la persona no interfiera con la investigación.

¿Saldrán los 4 mil imputados que menciona Mancera?

No. No saldrían todos, ni lo harían al mismo tiempo. Cada una de estas personas deberá solicitar la revisión de la medida cautelar, que se realiza en audiencia pública ante un juez. Caso por caso, el Ministerio Público y la defensa presentarán sus argumentos y el juez decidirá si esta persona seguirá en prisión preventiva mientras se le investiga o si le sujeta a otra medida cautelar distinta.

Difícilmente se harían todas las audiencias en poco tiempo, pues la cantidad de jueces, defensores públicos y agentes del Ministerio Público sería insuficiente. Éstas tendrán que programarse en tiempos diferidos. Además, no todos los imputados se enterarán de esta posibilidad dado que es información generalmente proporcionada por sus defensores, que tampoco tendrían tiempo —los públicos al menos— para hacer los trámites de todas las personas a la vez.

¿Estas personas se librarán de la cárcel o de reparar los daños que pudieron haber ocasionado?

No. La decisión de la Suprema Corte solamente les da el derecho de solicitar que revisen su caso para ver si les cambian la medida cautelar de prisión preventiva. Si acaso el juez decide que no amerita prisión preventiva, puede cambiarla por una o más de las siguientes medidas:

  • El pago de una garantía económica;
  • usar un localizador electrónico;
  • acudir a firmar periódicamente ante la autoridad;
  • embargo de bienes;
  • inmovilización de cuentas bancarias o valores financieros;
  • no salir del país o del territorio que el juez indique;
  • el sometimiento a cuidado, vigilancia o internamiento en una institución;
  • no concurrir a reuniones o acercarse a los lugares que el juez indique;
  • no convivir, acercarse o comunicarse con la víctima, testigos u otras personas;
  • suspensión de un cargo público o de una determinada actividad profesional o laboral;
  • resguardo en su propio domicilio.

Es decir, estas personas no solo “saldrán” y ya. En toda la audiencia y el procedimiento siempre estará presente el agente del Ministerio Público para argumentar lo necesario, además de que la víctima y su asesor también puede intervenir.

La investigación sigue su curso y, en caso de que al final se le encuentre culpable, se dicta una sentencia y la pena que corresponda (reparación del daño, prisión y/o multa).

¿Beneficia a delincuentes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

No; la decisión beneficia a quienes están siendo procesados por algún delito. Es decir, dado que la investigación aún no concluye, no se ha demostrado que sean culpables.

Si no están en prisión preventiva, ¿quién vigila a las personas sujetas a algún proceso penal?

La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), que empezaron a funcionar desde 2011 son las encargadas de hacer un análisis de riesgo, es decir, verificar en cada caso la “necesidad de cautela”. Iniciaron en Morelos y desde entonces se han implementado en otras entidades ya que el Código Nacional las estableció como obligatorias desde 2014. Por ejemplo: si usted va manejando descuidadamente, atropella a una persona y ésta muere o queda muy lesionada, la UMECA verificará qué tan probable es que usted se dé a la fuga. Para hacerlo, busca datos objetivos como si tiene familia, casa, trabajo fijo, o elementos que impliquen “arraigo” en su comunidad. También verificará si está en posibilidad de hacer algo que entorpezca la investigación o afecte la integridad de algún testigo o de la propia víctima u ofendido. La UMECA envía esta información a Ministerio Público y a la defensa para que la expongan ante el juez y éste decida qué medidas cautelares es necesario imponer a la persona, según la información recibida.

Después de la audiencia en la que se imponen una o más medidas cautelares, la UMECA revisa que la persona cumpla sus medidas mientras permanezca en esa situación.

¿Qué tan efectiva es la evaluación y vigilancia que realiza la “UMECA”?

Altamente efectiva, según los datos. Javier Carrasco, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A. C., una de las principales organizaciones que se ha encargado de apoyar en la implementación de las UMECAS en el país, menciona que el porcentaje de efectividad de éstas es de un promedio de 90 por ciento. Es decir, que de cada 100 personas que la UMECA vigila, solamente 10 no llegan a alguna audiencia y, en estos casos, no necesariamente es porque se escaparon, en ocasiones la ausencia es por olvido, descuido o falta de transporte. En la Ciudad de México, la UMECA se ubica en la estructura del Tribunal Superior de Justicia, con una efectividad registrada por el Instituto de Justicia Procesal Penal del 87 por ciento. Es decir, un mínimo de personas incumple sus medidas cautelares en libertad.

¿Qué pueden hacer los miembros de la CONAGO? Fortalecer a las UMECAS con más capacitación, recursos humanos y materiales, así como convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para el mejor cumplimiento de sus funciones que, si así ya tienen alta efectividad, pueden mejorar aún más.

Además de la Federación, el Instituto de Justicia Procesal Penal registra que todavía hay dos entidades federativas que no han cumplido aún con la obligación de tener UMECAS (Chiapas y Quintana Roo). Esto sí podrían impulsarlo los gobernadores para beneficio de todas y todos. El problema no es de las leyes, sino de la operación del sistema y esto no se corrige con reformas, sino con capacitación, monitoreo, evaluación e inversión responsable de los recursos. Una reforma solamente ayudaría a disfrazar las deficiencias en lugar de resolverlas.

María Maltos Rodríguez es Maestra en Derecho Penal y Consultora internacional en justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.


1 Ver http://bit.ly/2uyNPSu, página 613

2 Ver http://bit.ly/2u0bJ6f, página 23.

Fuente: seguridad.nexos.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Ser #policía en México ¿qué rol asume la sociedad? UVM e Insyde anuncian el concurso de ensayo académico.


UVM e Insyde anuncian el concurso de ensayo académico sobre el rol de la sociedad en el fortalecimiento de la función policial en México

Comunicado de prensa

  • La convocatoria está abierta a estudiantes, docentes e investigadores de todas las instituciones académicas y centros de investigación en México

  • Los ganadores del primer y segundo lugar recibirán un estímulo económico

Ciudad de México, 9 de agosto de 2017.- La Universidad del Valle de México y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), anunciaron la convocatoria para participar en el concurso de ensayo académico: El Rol de la Sociedad en el Fortalecimiento de la función policial en México: ¿cómo construir una relación diferente?, el cual está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores de todas las instituciones académicas y centros de investigación en México.

Al presidir la presentación el Dr. Bernardo González-Aréchiga, expuso que se busca provocar la reflexión de miembros de la sociedad, para que surjan propuestas que logren una interacción benéfica para la ciudadanía y los miembros de instituciones policiales.

En tanto Gabriela Capó, Directora Ejecutiva del Insyde, informo que los ensayos deben realizarse con base en los resultados de este estudio Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?, incluir propuestas de política pública para mejorar la relación entre policía y sociedad, además de ser originales e inéditos.

La Directora Ejecutiva de Insyde indicó que el jurado estará integrado por investigadores de la Universidad del Valle de México, de Insyde y personalidades con amplio conocimiento y trayectoria en ámbito de la seguridad pública.

Los premios son los siguientes: Primer lugar, estímulo económico de 50 mil pesos y segundo lugar, 10 mil pesos. Tanto el tercer lugar como los dos primeros lugares, recibirán una colección de libros sobre reforma policial democrática.

El anuncio de los ensayos ganadores se realizará el 15 de noviembre de 2017 y se publicará en la página
www.opinionpublicauvm.mx

Los participantes deberán enviar sus ensayos antes del 13 de octubre del 2017 al correo opinionpublica@uvmnet.edu.

Consulta el estudio Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?

Consulta las bases del concurso.

Comunicado completo.

Fuente: insyde.org.mx

Saludos

Mario Meneses