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Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

LEER EL INFORME

LEER EL RESUMEN

Saludos

Mario Meneses

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Fuerzas Especiales de la Marina de México se entrenan en EEUU en el ejercicio internacional Bold Alligator.


La Armada de México participó por primera vez en este ejercicio internacional en 2014 junto con otras 17 naciones, En Esta ocasión los marinos mexicanos se unen a las fuerzas navales de otros nueve países (EEUU, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, España y Gran Bretaña) con un contingente de 414 elementos.

Fuente: www.defensa.com

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Mario Meneses

#Policías, Militares y #Periodistas…son los trabajos de mayor riesgo en México.


Por FRANCISCO GRANADOS GONZÁLEZ

Profesiones dignas y relevantes como la de ser
periodista, policía o militar hoy en México son las
más riesgosas para su ejercicio. A más de un mes
de haber sido victimado Javier Valdéz, periodista y
activista Sinaloense, no se ha esclarecido su
homicidio, como tampoco los más de cien
homicidios de destacados comunicadores, ni de
362 policías federales o 493 soldados.
A nivel mundial en 2013 los trabajos más
riesgosos fueron: Desempeñarse como
desactivador de bombas, periodista, pescador
del mar, domador de leones, obrero y policía. Sin
embargo, hoy en México (2017) lo encabezan el
ser policía, militar o periodista, seguidos por el
personal que maneja productos químicos, quienes
laboran en la construcción, pilotos de aviación,
trabajadores de estructuras metálicas y minería,
ingenieros eléctricos y conductores de camiones o
taxis, entre otros.
¿Por qué es riesgoso desempeñarse como
policía, periodista o militar?
Primero: Porque son los más victimados, ahora
bien, el personal de las instituciones de la
seguridad (policías y militares) son los únicos que
confrontan a la delincuencia organizada y los
periodistas con mucha valentía denuncian ante la
opinión pública el actuar de los integrantes de los
carteles, grupos de la delincuencia organizada o de
algunas autoridades. Así como también estos se
oponen a informar lo que puede favorecer a dichos
delincuentes o a las autoridades coludidas con la
delincuencia.
Todo esto se debe a la aplicación por parte del
gobierno federal de una política criminológica
violenta, puesta en marcha desde finales del 2006
por el ex-presidente Felipe Calderón con el envío
del ejército mexicano a combatir frontalmente a la
delincuencia organizada; estrategia conocida
como “Guerra Mexicana contra las drogas”.
Generando con ello que los integrantes del crimen
organizado, en la búsqueda de mayores beneficios
económicos, luchen por el dominio territorial,
victimando sádicamente a todos aquellos que se
han opuesto a sus intereses o aquellos que dan a
conocer su actuar ante la opinión pública, pero
también a los miembros de otros grupos
delincuenciales rivales.
CIFRAS
Policías Federales:
Del 2010 a finales del 2016 han sido victimados un
promedio de 362 elementos de las policías,
principalmente en el estado de Michoacán 67, Chihuahua y el Estado de México con 38, la Ciudad
de México 28, Tamaulipas 24, Guerrero 20 y los
restantes Jalisco, Durango, Nuevo León, Coahuila,
Veracruz, Zacatecas entre otros.
En el año 2010 victimaron a un promedio de 110
policías, fue el año con más homicidios de policías
federales.
Militares:
De diciembre del 2006 a enero del 2017 victimaron
a 496 elementos de las fuerzas armadas. Las
entidades con más homicidios fueron Tamaulipas
con 129, Sinaloa 60, Michoacán 54, Guerrero 39,
Chihuahua 27, entre otros. Las ciudades con mayor
prevalencia fueron Reynosa, Nuevo Laredo,
Monterrey, Badiraguato y Uruapan. Cabe mencionar
que el primero de mayo victimaron a 11 soldados al
derribar un Helicóptero Cougar EC725.
Policías municipales y estatales en lo que va del
2017:
Corresponden a 64 municipales, 27 investigadores
estatales y 17 policías preventivos estatales,
hacienda a un total de 108 víctimas. El estado de
Guerrero encabeza la lista con 19 víctimas, le sigue
Chihuahua con 11.
105 Periodistas fueron victimados entre 2000-
2016, para este año van ocho ejecutados con
Salvador Adame y solo se ha detenido a un
imputado. Carlos Carabaña manifestó “En México
se mata periodistas porque se puede, por que
no pasa nada”. Tristemente “No existen
garantías para ejercer periodismo crítico”,
México es el tercer país más peligroso para
ejercer el periodismo en el mundo, sólo es
superado por Siria y Afganistán según reporteros sin
frontera.
CONCLUSIONES
En México las profesiones más riesgosas para su
ejercicio por ahora, corresponden a desempeñarse
como policía, militar o periodista.
Falta organización por parte de la sociedad civil
para exigir a las autoridades el esclarecimiento de
estos homicidios.
Mi coreo: infosepriv@gmail.com

Saludos

Mario Meneses

Ceremonia de clausura del curso básico de formación #Militar 2016-2017, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar.


Se gradúan 1,092 cadetes del curso básico de formación militar

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso básico de formación militar 2016-2017, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar,  ubicado en Tlalpan,  Ciudad de México, la cual fue presidida por el titulas de la secretaría, Salvador Cienfuegos.

Fueron graduados 1,092 cadetes, de los cuales 236 son mujeres y 855 hombres, provenientes  de los planteles educativos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, entre ellos del Heroico Colegio Militar, Escuela Médico Militar, Escuelas Militares de Ingenieros, Transmisiones, Odontología, Oficiales de Sanidad, Enfermería, Escuela Militar de Aviación y de Especialistas de la Fuerza Aérea.

Este curso está diseñado para que los cadetes de nuevo ingreso se adapten a la vida militar dentro de los planteles que eligieron para iniciar su carrera, tiene una duración de seis meses y se divide en tres fases. Es este paso el inicio de su formación militar.

El cadete encargado de brindar el discurso de graduación aseguró:

“Ahora puedo decir, a diferencia de hace apenas muy corto tiempo, que conocemos el significado de lo que representa portar el uniforme e insignias de las fuerzas armadas mexicanas y que comprendemos la enorme responsabilidad de velar por el futuro y bienestar de miles de familias, que han depositado su confianza en nosotros.”

Fuente: revistamasseguridad

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Mario Meneses

El #EjércitoMexicano inaugura Exposición en #Querétaro. #Militar #PasiónporServiaaMéxico #SEDENA


 

México, 6 de febrero.- En la Explanada del “Centro de Congresos” de la Ciudad de Querétaro, Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina y el M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Queretaro, presidió la ceremonia de inauguración de la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”.

Durante la ceremonia el Presidente expresó durante su discurso su gratitud hacia las Fuerza Armadas: “quiero dejar aquí constancia particularmente de gratitud y reconocimiento como Presidente de la República a nuestras Instituciones Armadas, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Fuerza Aérea Mexicana, a estas tres grandes instituciones que integran nuestras fuerzas Armadas…”

De igual forma el Gobernador de Querétaro, señaló que: “durante estos 100 años los mexicanos hemos contado con el servicio patriótico de las nuestras fuerzas armadas, siempre en la primera línea de batalla defendiendo lo que somos…”

La exposición está conformada por 19 stands, en los que se destacan el de Bienvenida, Igualdad de Género, Carpa Centenario de la Constitución, Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales, Paracaidistas, Fuerza Aérea, Policía Militar, Nuevas Tecnologías, Viveros, Criadero y Granjas Militares, Planteles Militares, Actividades Interactivas, entre otros.

Los asistentes podrán realizar actividades interactivas en la Torre de Rappel, Escalada, Tirolesa de dos líneas, Área Ecuestre, Pista Murciélago, Camuflaje del rostro, Pista Canófila, Pista de Obstáculos Infantiles, Fotografía con Paracaídas, así como en la exposición estática de aeronaves y vehículos militares.

Se mantendrá abierta a todo público en forma gratuita, del 4 de febrero al 5 de marzo de 2017, en horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo y tendrá el objetivo de crear un ambiente de armonía y convivencia entre el personal militar y la ciudadanía, a fin de que conozcan las actividades que realizan las Fuerzas Armadas en beneficio de la población civil.

Angel Silva Juárez

Saludos 

Mario Meneses

 

Ley de #SeguridadInterior contradice recomendaciones internacionales


La iniciativa que busca aprobar el Congreso para dar atribuciones de seguridad pública a los militares es contraria a las recomendaciones de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos.

16/01/2017 5:00 AM CST | Actualizado 16/01/2017 8:38 AM CST
Manuel Hernández Borbolla Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014.

La Ley de Seguridad Interior que el Congreso pretende aprobar para legalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, contradice las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes consideran que la militarización de la seguridad pública propicia violaciones graves de los derechos humanos.

Esto, debido a que la lógica militar de abatir al enemigo en lugar de detenerlo para que sea juzgado, ha promovido un incremento notable en violaciones graves de derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, tal como lo evidencian casos como las masacres de Tlatlaya o la ejecución de un civil a manos de ocho marinos en Nuevo León, casos que al día de hoy permanecen impunes.

De acuerdo con las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México, publicado por la ONU en 2014, “es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares; y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno”.

En junio pasado, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En el mismo tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein recomendó al gobierno de México que “las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”.

Ninguna de estas recomendaciones figura en las propuestas de Ley de Seguridad Interior presentadas por el PRI, PAN y PRD.

ONU recomienda a México más controles a militares en su lucha contra el crimen 

Pero no sólo eso, sino que además, el concepto mismo de seguridad interior ha propiciado violaciones graves de derechos humanos, según advierte la CIDH en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

“Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia”, señala el documento.

“La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos ‐en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil, actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial”, añade el informe.

Una situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por los principales partidos políticos que pretenden aprobar la nueva Ley de Seguridad Interior de manera exprés y sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones de derechos humanos.

Congreso busca aprobar en ‘fast track’ ley para militarizar la seguridad pública

“Las fuerzas armadas están inmersas en la lógica bélica que implica anular al enemigo. Y esa lógica en un contexto de despliegue territorial para labores de seguridad pública propicia que se comentan violaciones a derechos humano. En México eso ha sucedido”, explica Santiago Aguirre, subdirector del del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en entrevista con el Huffington Post.

Prácticamente todos los indicadores de violaciones a derechos humanos han aumentado en 10 años de guerra contra el narcotráfico con el agravante de que han ido seguidas de una impunidad recurrente cuando se trata de abusos castrenses. Ese contexto no debería ser dejado de lado en estas discusiones”.Santiago Aguirre, Centro Prodh

De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, otro punto preocupante es que las leyes presentadas por los legisladores plantean puntos que violan la Constitución, además de que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública es un supuesto que no puede sostenerse con los datos oficiales luego de una década en que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para pelear en la llamada “guerra contra el narco”.

La década perdida de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco

“Desde nuestra perspectiva el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir legislación en materia de seguridad interior, pero considerando también que el artículo 21 de la Constitución señala con mucha claridad que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles. Nos parece que hay ahí un primer problema de constitucionalidad preocupante”, añade Aguirre.

“En el Senado se insistió en la pertinencia y necesidad de que las fuerzas armadas aumentaran su presencia en algunos territorios, sugiriendo que esta presencia sería eficaz para combatir la inseguridad. Nosotros consideramos que la evidencia empírica de los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico pone en entredicho este supuesto, pues lo real es que hoy tenemos un país más violento que hace 10 años”, señaló.

Fuente: Huffingtonpost

Saludos

Mario Meneses

Preocupación ante posible imposición de una Ley de #SeguridadInterior contraria a los #DerechosHumanos


Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos.

Ciudad de México a 10 de enero de 2017.- El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció.

Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.

El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad.  En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.

 

Organizaciones Sociales:

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

México Unido contra la Delincuencia

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

Firmas individuales (sugerimos anotar nombre e institución académica entre paréntesis) :

 

Alejandro Madrazo

Antonio Zavala Sánchez

Carolina Pimentel

Denise Dresser

Guadalupe Barrena

Javier Martin Reyes

Jorge Javier Romero

Jorge Javier Romero Vadillo

José Antonio Guevara Bermudez

José Pablo Girault

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Luis F. Fernández

Martha Tagle

Margarita Griesbach

Miguel Concha Malo

Simón Hernández León

Fuente: MUCD

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Mario Meneses

Durante décadas, la Armería Alemana Heckler and Koch ha licenciado al Ejército mexicano la fabricación del rifle G-3.


La polémica por la venta de armas alemanas de la marca Heckler and Koch se ha centrado en la exportación que hizo esa armería de unos 10 mil fusiles modelo G-36, algunos de los cuales terminaron en sitios expresamente restringidos por el gobierno de Alemania: Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, considerados como sitios de conflicto y de violación a los derechos humanos. Pero el gobierno alemán no ha aclarado cuál fue el criterio para vedar esos sitios y no otros, como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa.

Nadie ha señalado que, durante décadas, Heckler and Koch ha licenciado al Ejército mexicano para la fabricación del rifle G-3. Y es con esta arma por delante con que soldados mexicanos han cometido 126 violaciones a los derechos humanos acreditadas. Únicamente de esta arma —la infantería mexicana emplea además una subametralladora y una pistola también de H&K—, el Ejército mexicano ha producido 179 mil 377 mil fusiles.

Dependiendo de la versión, un G-36 pesa entre 2.82 y 3.63 kilos sin cargador
Dependiendo de la versión, un G-36 pesa entre 2.82 y 3.63 kilos sin cargador. Foto: Humberto Padgett, SinEmbargo

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Los números hablan: al menos 89 mexicanos, entre estos 14 niños, murieron arbitrariamente a causa de las balas disparadas por efectivos del Ejército mexicano en comisiones oficiales. Así que esas muertes llevan las siglas de H&K.

¿Cómo y a cuánto asciende el horror que llega con un fusil G-3, una subametralladora MP-05 o una pistola P-7, las armas de cargo de la tropa mexicana y fabricadas en México bajo licencia de Heckler and Koch?

SinEmbargo analizó las 126 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación, en 1990, hasta el presente dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a las garantías cometidas por el Ejército mexicano en el ejercicio oficial de la fuerza.

Es con esas armas por delante que 10 personas permanecen en calidad de desconocidas, que 268 mexicanos sufrieron actos de tortura, que 32 hombres y mujeres fueron violados sexualmente por soldados y que miembros del Ejército perpetraron 401 detenciones ilegales.

Cada recomendación emitida por la CNDH es, a la vez que el relato de muertes, golpizas, procedimientos de asfixia y violaciones sexuales, la demostración de la falsedad de declaraciones en que incurren los soldados involucrados y, en ocasiones, sus mandos.

Los militares acusados por violaciones a los derechos humanos en México reportan situaciones de enfrentamiento con fuerzas del crimen organizado, pero las investigaciones del organismo demuestran que, al menos en los casos sobre los que se pronuncia, tales situaciones de peligro no existieron para los efectivos.

Esto siempre ha sido así. Existe un caso, a principios  de los 90, en que un ciudadano australiano tuvo la mala idea de fumar marihuana en Puerto Vallarta y terminó detenido por el Ejército mexicano. Un médico militar reportó ausencia de lesiones, pero en un hospital civil le atendieron por fractura de ambas muñecas, los dos tobillos, todas las costillas de un costado, la nariz…

Y está un muchacho de Guerrero con 16 años y una discapacidad cognitiva tal que los hace funcionar como un niño de cinco seis. Se ganaba algunos pesos recolectando latas de bebidas hasta que un a noche, al salir de una fiesta, se encontró con militares. Estos, sin sensatez, le dispararon y le volaron una rodilla. Nadie supo nada de él en las siguientes 44 horas, cuando apareció en un hospital civil con la pierna partida, pero sin atención médica anterior, y acusado de tráfico de drogas y de portación de un arma de fuego sembrada en la misma bolsa negra en que el chavalo llevaba las latas para el reciclaje.

O un anciano a quien sumergieron tantas veces en un abrevadero para animales que en el hospital mostró signos internos y externos de asfixia. Los militares explicarán el asunto diciendo que el viejo huyó a la carrera, tropezó en una tina llena de agua y ahí dentro cayó su cabeza.

TECOMÁN

“Es una secta satánica”, concluyó por alguna misteriosa razón el sargento luego de ver a una muchedumbre en medio de la noche y de la nada alrededor de fogatas.

Dio la orden.

Sus soldados levantaron los fusiles Heckler and Koch y dispararon.

Poco antes, el 19 de enero de 2001, alrededor de 200 integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Todo por Gratitud se reunieron en Rancho Viejo, en el kilómetro 263 de la carretera Playa Azul-Manzanillo, municipio de Tecomán, Colima, en el occidente mexicano. El lugar se debía entender como un lugar seguro: a ocho kilómetros se encuentra el 88º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al día siguiente, 40 muchachos del 88º establecieron un puesto de revisión de vehículos en el que permanecieron hasta la medianoche, cuando decidieron volver al cuartel.

Antes de hacerlo, el subteniente de infantería encargado, Benito Ortiz Moncayo, ordenó a su personal dirigirse hacia la carretera de Tecomán-Cerro de Ortega para patrullar una brecha donde existe o existía una fábrica de cocos.

Avistaron personas alrededor de fogatas y, en ese momento, concluyeron que no podría tratarse de ninguna otra cosa más que de una “secta satánica, por lo que [Ortiz Moncayo] ordenó al conductor del vehículo que detuviera su marcha a fin de investigar qué actividad se estaba realizando en ese lugar, instruyendo al personal militar a fin de que efectuara un movimiento semienvolvente en tres grupos.

“Una vez que el grupo que encabezaba el sargento Brígido Santiago Ponciano Tepach se constituyó en el predio donde se encontraban los ahora agraviados, sin anunciar su presencia y ni identificarse plenamente ante los mismos, procedió a accionar sus armas de cargo hacia las personas sin que le antecediera a dicha acción alguna provocación o agresión que los facultara a realizar dicha conducta y, posteriormente, al momento en que dicho personal militar accionó sus armas, otros elementos del Ejército mexicano se acercaron al grupo de civiles, entre ellos mujeres y niños, hacia quienes se condujeron con palabras impropias y amenazándolos con sus armas de cargo”, es decir, las H&K.

Murió Rodrigo Torres Silva y quedó lesionada la menor Yuliana Mercado Vargas, quien vivió en adelante con las cicatrices de tres esquirlas de proyectil de arma de fuego.

Un estudiante de la carrera de Ingenería en Combate realiza ejercicios con un G-3. Imagen tomada de la revista electrónica la Gran Fuerza de México, editada por la SEDENA

Un estudiante de la carrera de Ingenería en Combate realiza ejercicios con un G-3. Imagen tomada de la revista electrónica la Gran Fuerza de México, editada por la SEDENA

BERLÍN I

El politólogo mexicano con residencia en Alemania Carlos A. Pérez Ricart obtuvo mediante una solicitud de transparencia hecha a la Secretaría de la Defensa Información sobre los orígenes del armamento adquirido por las fuerzas armadas mexicanas.

Descubrió que la SEDENA mantiene acuerdos comerciales con 28 empresas extranjeras: 10 de ellas son estadounidenses, tres españolas, tres checas, dos italianas, dos belgas y dos alemanas. El resto son brasileñas, uruguayas, turcas, israelís y canadienses. Las dos empresas alemanas reconocidas en el documento como importadoras de armamento ligero a México son Carl Walther y Heckler & Koch.

Pérez Ricart cerró la lente para observar de cerca H&K y encontró que, entre 2006 y 2008, esa empresa vendió a México entre ocho mil y diez mil fusiles HK G-36V, HK G-36KV y HK G-36C, todos subtipos del HK G-36 de referencia.

“Se trata de un caso de corrupción que involucra a funcionarios alemanes y mexicanos por igual pero que, mientras en Alemania ha merecido la atención de periodistas, investigadores, partidos políticos y la investigación de la Fiscalía de Stuttgart, en México apenas ha resultado en la sospechosa indiferencia de la clase política”, sostiene Pérez.

Pérez Ricart es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín en el Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios: Movimientos, actores y representaciones de la globalización”. Desde 2011 coordina el área de investigación de México vía Berlín en el cual ha publicado trabajos sobre la exportación de armamento de Alemania a México y sobre los procesos de militarización mexicanos.

El especialista explica el mecanismo por el cual el gobierno alemán permite a las fábricas armamentísticas en su territorio realizar exportaciones.

Las empresas realizan una solicitud de exportación al Ministerio de Economía y Tecnología el cual, en trabajo conjunto con los Ministerios del Interior y de la Defensa, certifica que la solicitud no transgreda ninguna de las reglamentaciones mínimas de exportación aprobadas por la República Federal Alemania insertas en el marco de las directrices establecidas por la Unión Europea en 2008.

Según estas pautas, los estados europeos deberán detener toda exportación de armamento y tecnología militar cuando “tecnologías y/o herramientas exportadas son o puedan ser utilizadas para fines represivos al interior de la sus fronteras nacionales” y/o cuando el gobierno del país receptor alargue conflictos armados o se aproveche de tensiones y conflictos preexistentes para fines particulares.

El gobierno alemán, por otro lado, debe cancelar los permisos de armas si se considera —con base en un “riguroso estudio de caso”— que la exportación de ese armamento supone un peligro de inestabilidad regional o es un factor que agrava la violencia.

“Estos tres criterios, de entre las cinco causales formales para impedir la exportación de armamento y tecnología, deberían ser razón suficiente para esperar que el gobierno alemán rechazara las solicitudes de empresas alemanas de armas para exportar armas a México; país cuya situación política y social bien podía catalogarse entre alguno de los criterios expuestos”, enfatiza Pérez Ricart.

—Desde 1990, el Ejército mexicano ha recibido 128 recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones a las garantías individuales. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura han ocurrido desde Tabasco hasta Baja California. ¿Qué decir sobre esto en relación a que las fuerzas armadas mexicanas utilizan como armas de cargo las producidas por Heckler and Koch o bajo licencia de esta firma alemana? —pregunto a Pérez Ricart.

—La ley alemana prohíbe la exportación de armas a regiones en conflicto o regiones en donde la eventual llegada de armas pudiera potenciar un conflicto interno. Las recomendaciones emitidas por la CNDH, así como los propios registros de inteligencia del gobierno alemán señalan que el caso mexicano cumple con ambos criterios. Claramente los permisos de exportación no debieron otorgarse.

Más aún, el hecho de que el gobierno alemán considerase ilegal el envío de armas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, pero legal al resto del país es una decisión sin sentido.  Verbigracia, ¿acaso Veracruz o Sinaloa no mantienen situaciones de crisis similares? ¿Acaso las policías en Oaxaca o Tamaulipas son más confiables? El gobierno alemán demostró —si se quiere pensar bien— ignorancia; si se quiere pensar mal, mala leche.

— ¿Cómo observa y qué consecuencias distingue en que los Ministerios del Exterior y de Economía de Alemania hayan cerrado los ojos ante la crisis de derechos humanos existente en México y con respecto a su industria armamentística?

—Lo lamentable es que el caso mexicano no es excepcional. La política de exportación de armas del gobierno alemán tiene casos similares que se remontan a la década de los años sesenta. Vende a quien le compre y luego busca las justificaciones políticas necesarias para legitimar la decisión. Las armas alemanas están repartidas en todo el mundo. México es un caso más.

Alemania financia —con su mano izquierda— fundaciones políticas y organizaciones de derechos humanos; con la mano derecha exporta armas y permite a sus empresas formas de operación que jamás admitiría en su territorio. Actúa como potencia capitalista.

—Tus investigaciones revelan la compra de alrededor de 10 mil armas mediadas por la Secretaría de la Defensa para las policías estatales, ¿sabemos cuántos fusiles, subametralladoras y pistolas ha comprado México a H&K para abastecer a sus soldados?

—Lamentablemente no lo sabemos con certeza. El gobierno de México esconde la información por considerar que podría servir al crimen organizado. El caso de la exportación de armas alemanas refleja todos los males juntos: falta de transparencia, corrupción y el involucramiento de un país hegemónico en la potencialización de un conflicto.

— ¿Qué sabes del funcionamiento de las licencias que ha otorgado H&K al Ejército mexicano para la fabricación de sus armas?

—Estas son las siguientes armas que se producen bajo esquemas de licencia:

Producidas en México con licencia de producción de Heckler & Koch:

  • Hecker & Koch G-3 (6.72 X 51mm NATO) rifle de batalla
  • Heckler & Koch HK-33 (5.56 X 45mm NATO) rifle de asalto
  • MP5 ( 9×19mm Parabellum) pistola semi automática
  • HK21 (7.62×51mm NATO)
  • Hecker & Koch  MG3

Estas armas son producidas por acuerdos binacionales entre Alemania y México:

  • Heckler & Koch AG-C/GLM (40 x 46 mm) lanzagranadas
  • HKP7 ( 9×19mm Parabellum) pistola

En México se han producido  179 mil 377 mil fusiles G-3.

—¿Cómo lees el pronunciamiento hecho por el Ministerio de la Defensa alemán de fines de marzo pasado respecto a los problemas técnicos del fusil HK G-36?

—Se trata del golpe más duro a H&K en años. Se trata de información que el Ministerio de Defensa tenía desde hace años y no se atrevió a divulgar antes. Al parecer, los fusiles ven entorpecido su funcionamiento (su puntería) en situaciones de calor. Si eso es un problema en Alemania, en México lo es doble. Aun así, los acuerdos comerciales entre el Ministerio de Defensa y H&K sigue viento en poca. Hay un lobby tremendo.

El G-36 posee un alcance de 4 mil metros, pero su distancia eficaz es de 500 metros

El G-36 posee un alcance de 4 mil metros, pero su distancia eficaz es de 500 metros. Foto: Humberto Padgett, SinEmbargo

SAN LUIS RÍO COLORADO

continua la Investigacion….

Fuente: www.sinembargo.mx

Saludos

Mario Meneses

¿Policía Federal de México opera sin manual de uso de fuerza?


Insight Crime

Oficiales de la Policía Federal mexicana
Oficiales de la Policía Federal mexicana

Escrito por Arturo Ángel* Martes, 16 Junio 2015

La principal institución de seguridad civil del país, la Policía Federal, opera sin que se conozca públicamente un manual que defina cuándo y cómo pueden usar la fuerza sus más de 40.000 agentes.

A diferencia del Ejército y la Marina —las otras dos fuerzas federales que participan en operativos de combate al crimen y seguridad pública— la corporación dirigida por el comisionado Enrique Galindo no ha querido revelar los datos mencionados pese a que se han hecho distintas solicitudes de transparencia. El manual de uso de la fuerza de las fuerzas militares fue publicado en el 2014. Ahí se establece por ejemplo, que no se puede disparar a través de paredes o ventanas o a coches en movimiento.

Este artículo apareció originalmente en Animal Político y fue editado y publicado con permiso. Vea el original aquí

Pero del lado de Policía Federal no hay disponible públicamente un manual de ese tipo. Lo único que se puede revisar son lineamientos generales de uso de la fuerza publicados en el 2012 por la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y en los que se establecía que debería de existir un manual que contuviera las reglas.

El pasado viernes 22 de mayo policías federales “abatieron” a 42 personas, en lo que es el enfrentamiento con el mayor saldo humano en la historia reciente de combate al crimen organizado.

Según lo dicho por testigos y por los propios mandos, se disparó a los agresores escondidos en dos edificios incluso desde un helicóptero. Públicamente es imposible verificar si ese tipo de acción está permitida porque no se puede consultar documento alguno.

Los “lineamientos” de la Policía Federal

En 2012, cuando todavía existía la SSP (que luego fue reemplazada por la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad) se publicaron los denominados “Lineamientos generales para la regulación del Uso de la Fuerza pública por las Instituciones policiales y órganos desconcentrados en la SSP”.

El documento aborda el marco general en cuanto al uso de la fuerza. Se establecen cinco principios para el uso de la fuerza, así como cinco niveles de fuerza (a diferencia de los cuatro que contempla el Ejército).

El último de esos niveles es el uso de la fuerza letal, es decir, de armas de fuego que pueden terminar con la vida de otra persona. Según el documento, la fuerza letal podrá emplearse “cuando los otros medios resulten ineficaces”. Se plantea que esto deberá hacerse con “moderación” y buscando “reducir al mínimo las lesiones o los daños”.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México

“Las Instituciones Policiales encargadas de […] preservar el Estado de Derecho especificarán las reglas para el uso de la fuerza pública en los manuales que contengan los procedimientos de actuación” indica el capítulo tres de esos lineamientos.

Un ciudadano pidió a la Policía Federal que se le facilitara una versión del manual de Uso de la Fuerza, pero la corporación dijo que tal documento era inexistente y que lo que estaba disponible eran los lineamientos generales publicados en el 2012.

El manual militar

El Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación Común a las tres Fuerzas Armadas da luz verde a militares, marinos y miembros de la Fuerza Aérea para usar fuerza letal —como se le conoce técnicamente a las armas de fuego— en contra de potenciales agresores incluso antes de que estos ataquen primero. Pero existen condiciones.

De entrada el manual establece que deben cumplirse cinco requisitos básicos para que se legitime el derecho a la defensa y por lo tanto proceda una respuesta de cualquier tipo: 1) que exista un intento de agresión; 2) que la amenaza sea real y no hipotética; 3) que el hecho sea actual o inminente; 4) que se analice racionalmente la posibilidad de defensa; 5) que no haya habido provocación de parte de las autoridades.

En resumen, se trata de que haya una respuesta que sea acorde con la amenaza o el tipo de agresión que se esté recibiendo.

Llegado a ese punto los militares deben seleccionar entre cuatro niveles de uso de la fuerza. El último de los niveles es el de “fuerza letal” que es válido cuando “los agresores o transgresores amenacen al personal de las fuerzas armadas o a terceros con armas de fuego, explosivos, vehículos”. Es decir, no es necesario que los militares esperen al primer disparo para que ellos abran fuego.

 

Pero el manual establece algunas reglas que deben seguirse al momento de usar las armas, entre ellas la prohibición a los soldados y marinos de disparar a través de paredes, ventanas o barreras sin que haya claridad de quienes están realmente dentro.

También está prohibido —y de hecho constituye un uso indebido de la fuerza letal— el disparar en contra de vehículos en movimiento excepto cuando exista el riesgo de que alguien resulte lastimado si no se lleva a cabo.

Número desconocido de muertos por acciones policiales

Los datos oficiales más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, revelados a través de solicitudes de transparencia, arrojan que de diciembre de 2006 a 2014, un total de 4.074 presuntos agresores han muerto en los enfrentamientos en contra de las fuerzas armadas. El promedio en ocho años sería de hasta dos civiles muertos en choques con los militares todos los días.

Si se toma en cuenta que en ese mismo periodo aproximadamente 200 elementos de las fuerzas armadas murieron en los operativos contra el narcotráfico, la diferencia entre uno y otro es importante. Por cada militar muerto hay 20 sicarios presuntamente abatidos.

A diferencia de las fuerzas armadas, la Policía Federal no ha querido revelar el número de civiles muertos en choques con sus agentes en los últimos años. En varias solicitudes de transparencia, los ciudadanos pidieron a la Policía Federal conocer el número de civiles abatidos en enfrentamientos con los agentes, pero la respuesta fue que no se puede dar ese dato ya que “es facultad del Ministerio Público iniciar las averiguaciones por homicidio”.

Fuente: insightcrime.org

Saludos

@MarioMeneses_

Mercenarios en Empresas Militares y de Seguridad Privada


ONU pide robusta Regulación Internacional de las Empresas Militares y de Seguridad Privada.

Las actividades cada vez más amplias de las EMSP siguen planteando una serie de problemas, y la externalización de la seguridad de estas empresas por los Estados crean riesgos para los derechos humanos, de ahí la necesidad de regular sus actividades, la legislación nacional no es suficiente para hacer frente a los desafíos planteados por las EMSP, debido a las deficiencias relacionadas con el registro y la concesión de licencias, y la falta de mecanismos eficaces y transparentes y remedios para violaciones de derechos humanos. Un proyecto de legislación nacional también se ha puesto en marcha por el Grupo de Trabajo para estudiar análisis de las buenas prácticas y las posibles deficiencias en la protección de los derechos humanos de los Estados en las actividades relacionadas con la seguridad transnacional.

NUEVA YORK / GINEBRA (4 noviembre 2013) – Los gobiernos del mundo deben reconocer la necesidad de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que regule el uso y las actividades de las empresas militares y de seguridad privada y (EMSP) para complementar los mecanismos de regulación existentes. El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue establecido en 2005 por la entonces Comisión de Derechos Humanos. Está compuesto por cinco expertos independientes que actúan a título personal: Sr. Anton Katz (Presidente -Relator, Sudáfrica), Sra. Faiza Patel (Pakistán), la Sra. Patricia Arias (Chile), la Sra. Elzbieta Karska (Polonia) y señor Gabor Rona (Estados Unidos / Hungría).

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el el uso de mercenarios instó hoy “Ofrecer seguridad es un derecho humano fundamental y una responsabilidad fundamental del Estado”, dijo el experto independiente Anton Katz, quien actualmente preside el grupo de expertos de la ONU de cinco miembros. “Pero las actividades cada vez más amplias de las EMSP siguen planteando una serie de problemas, y la externalización de la seguridad de estas empresas por los Estados crean riesgos para los derechos humanos, de ahí la necesidad de regular sus actividades.”

“Estas limitaciones se agravan por el carácter transnacional de las EMSP y las dificultades para asegurar la responsabilidad de las violaciónes de derechos humanos que pueden ocurrir”, dijo el experto. “El grupo de trabajo es, pues, actualmente anima a los Estados a que reconozcan la necesidad de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que complementará los mecanismos existentes en la regulación de las EMSP.”

Sobre la cuestión de los mercenarios, el experto independiente señaló que sigue siendo un tema de actualidad. “Los recientes acontecimientos en varias partes del mundo demuestran claramente que los mercenarios siguen siendo una amenaza no sólo para la seguridad, sino también a los derechos humanos y el derecho de los pueblos a la libre determinación. Seguimos pidiendo a los Estados a cooperar en la eliminación de este fenómeno”.

Se ha puesto en marcha por el Grupo de Trabajo para estudiar análisis de las buenas prácticas y las posibles deficiencias en la protección de los derechos humanos

El informe del Grupo de Trabajo a la Asamblea General cubierto sus actividades en el año pasado, incluyendo dos visitas a los países a Somalia y Honduras, y un evento panel de expertos en Nueva York que se centró en el uso de las EMSP por las Naciones Unidas.

Un proyecto de legislación nacional también se ha puesto en marcha por el Grupo de Trabajo para estudiar análisis de las buenas prácticas y las posibles deficiencias en la protección de los derechos humanos de los Estados en las actividades relacionadas con la seguridad transnacional. El Grupo de Trabajo también ha emprendido un estudio sobre el uso de las EMSP que serán el foco de su informe a la Asamblea General en el año 2014 de las Naciones Unidas.

Ver el informe del Grupo de Trabajo a la Asamblea General de la ONU

Informa: Andrés González Corresponsal Andalucía.

Saludos

@MarioMeneses_