Nace el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática


La evidencia disponible permite afirmar más allá de toda duda que las políticas de seguridad en México van a la deriva. El país está secuestrado por un patrón inercial político y social que recarga la expectativa de recuperar la seguridad en el crecimiento de los recursos y en el uso de la fuerza, aunque tal expectativa carezca de fundamentos racionales. La Ley de Seguridad Interior es la nueva promesa de una vieja historia. Tras veinte años de reformas constitucionales, legales e institucionales y de multiplicación del gasto para la seguridad, la violencia no es siquiera contenida. La historia se repite una vez más, ahora con esa ley, y la única novedad es la abierta y acaso irreversible transferencia de la seguridad pública a los militares.

Foro Nacional de Seguridad Democrática

El patrón inercial a favor de más recursos y más fuerza pública ha sido caracterizado por la teoría como “modelo incremental”. El fenómeno se alimenta a sí mismo: la violencia persiste, entonces vienen más recursos y más fuerza pública. La violencia persiste, más recursos, y así sucesivamente. Esto se sabe bien; miren la evidencia. El documento Descifrando el Gasto Público en Seguridad reporta que 4 mil 500 recomendaciones derivadas de 550 auditorías evidencian “débiles mecanismos de evaluación, mecanismos inadecuados de control y fiscalización y ausencia o insuficiencia de reportes sobre el destino del gasto”. El estudio concluye nada menos que “no existe información confiable sobre qué funciona y qué no”.

Otra investigación confirma que “el gasto federal ejercido en seguridad se duplicó en términos reales de 2006 a 2016”. Luego de desagregar dicho gasto, encuentra que “las administraciones recientes han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de combate frontal…”.

Los recursos crecen enfocados en el despliegue operativo para el uso de la fuerza civil y militar, independientemente de que los resultados esperados, léase la seguridad, no lleguen. Este modelo incremental, usando un concepto del mercadeo, merece lealtad más allá de la razón entre los gobiernos y buena parte de los gobernados por igual. Un ejemplo de lo anterior es la recurrencia de dos respuestas mayoritarias en los estudios de opinión, perfectamente contradictorias: “confío poco o nada en la policía” y “quiero más policía”. Una y mil veces confirmada entre la opinión social, esta dupla es a simple vista incoherente y a la vez consistente con la percepción generalizada que recarga la mejora de la seguridad en la disponibilidad de más recursos.

Las y los políticos lo han aprendido bien; pueden tomar decisiones sin justificarlas racionalmente: es el caso de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que prolonga y agudiza la militarización de la seguridad pública. Ocurre justo cuando, a la imposible validación de este modelo hegemónico de seguridad carente de resultados, se agrega la evidencia del desgaste militar, expresado en la reproducción de violaciones graves a los derechos humanos, cobijadas en la impunidad. Un reporte revela que en más de 500 investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República por delitos de soldados contra civiles entre 2012 y 2016, solo se lograron 16 sentencias condenatorias, esto es, el equivalente al 3.2% del total.

La otra cara de la moneda en esta historia es la débil o nula documentación, el exiguo aprendizaje formal y la prácticamente inexistente memoria del Estado mexicano en torno a los ocasionales casos prometedores y exitosos en la construcción de seguridad y la reducción de la violencia. Toda mi carrera profesional he encontrado esfuerzos positivos que parecen andar en el sentido correcto o, incluso, prácticas prometedoras y exitosas que terminan desmontadas por falta de apoyo político y se diluyen en la desmemoria. El Estado mexicano destruye la posibilidad de corregir lo que no funciona y, a la vez, de fortalecer lo que sí.

Las más graves frustraciones las he visto y vivido no en torno a la repetición de las malas conductas, sino a la indiferencia e incluso el ataque desde las propias instituciones contra el buen desempeño. Por ejemplo, sé de incontables policías y agentes del ministerio público abandonados a su suerte. No porque no funcionen, sino porque al hacerlo afectan intereses criminales poderosos, muchas veces incrustados en las instituciones policiales y en las procuradurías. En esta cara de la moneda está una de las más perversas expresiones del malogrado Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde, por ejemplo, priva la visión hegemónica que califica al municipio como un problema, siendo justamente ahí donde he podido mirar los mayores éxitos –si bien efímeros–, en la mejora policial, por ejemplo.

El proceso electoral de 2018 aún no muestra ofertas correctivas del patrón inercial a favor de más recursos y fuerza pública. Por el contrario, ya atestiguamos un circo donde parecen competir por el premio a la ocurrencia hasta alcanzar la caricatura involuntaria. Va un ejemplo tan pedestre como reiterado: instalación de más cámaras de vigilancia. El problema es que estas caricaturas convertidas en decisiones de política pública –por llamarles de alguna manera– son la plataforma que da paso a la reproducción masiva de víctimas de las violencias.

Jamás habrá una mención que haga justicia al esfuerzo que se encamina a construir la seguridad y reducir la violencia por parte de actores independientes. Se trata de un fenómeno sin precedentes que viene articulando procesos cada vez más potentes de presión social y política y que merece análisis aparte. Sin embargo, esta suerte de multiplicación incesante de anticuerpos de la crisis sigue enfrentando una resistencia al cambio de proporciones en general aún insuperables. Así lo reconocieron múltiples actores destacados que participaron en la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: la Vía Civil, celebrada en octubre pasado (aquí el video de todas las mesas de trabajo).

La constatación cotidiana del agotamiento de las políticas de seguridad en México y de su fase superior, que abre paso franco a la militarización de la seguridad pública, fue el contexto que dio paso a la organización de tal evento y al anuncio –ahí mismo– de la creación del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. La iniciativa fue convocada bajo el liderazgo del Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, y en alianza con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a su vez acompañados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México (aquí el pronunciamiento).

El Foro, ya en operaciones a partir de este 2018 que comienza, impulsará de manera permanente una agenda de investigación científica y una oferta educativa orientadas a la incidencia a favor de políticas de seguridad eficaces, legítimas, coherentes con los derechos humanos, soportadas en el conocimiento científico y la evidencia; tal como lo ordena la Constitución, conducidas por el liderazgo civil. El Foro ofrecerá una caja de herramientas teóricas y metodológicas modernas a las autoridades y a las y los actores oficiales independientes involucrados en esfuerzos a favor de un paradigma democrático de la seguridad.

Esta iniciativa incluirá la instalación del primer laboratorio de innovación en seguridad ciudadana, donde académicos, líderes sociales y representantes de la autoridad intercambiarán el conocimiento y la experiencia para crear nuevas herramientas útiles para la mejora práctica de las políticas y las instituciones responsables.

Este espacio además funcionará como una ventana al mundo por donde serán miradas y convocadas las experiencias y lecciones aprendidas más allá de nuestras fronteras. Es el caso del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), cuya directora anunció públicamente, en la conferencia mencionada, la alianza con el nuevo Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. En la experiencia de 30 años del EFUS, agregó, el camino correcto es crear lenguajes y metodologías comunes entre actores diversos, oficiales e independientes, desde un espectro que rebasa las instituciones policiales y el sistema de justicia penal e incluye la educación, la salud y la planeación urbana, entre otros. Especialmente valioso, a decir de las representantes de la oficina sede del EFUS ubicada en París, Francia, es el liderazgo académico en la creación de este foro.

Comenzamos.

Ernesto López Portillo Vargas es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.

Fuente: Foro Mexicano para la Seguridad Democrática

Saludos

Mario Meneses

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Guardia nacional: otra ocurrencia para agravar la inseguridad


Medio de Comunicación Digital | Seguridad Personal y Profesional

El pasado 4 de enero, López Obrador abundó en sus ocurrencias en materia de seguridad: “Informo que vamos a integrar a todas las fuerzas policíacas y militares del país en una sola corporación; se va a crear una guardia nacional para garantizar la seguridad”, dijo en el acto donde anunció que Alfonso Durazo sería el secretario de Seguridad en caso de ganar la Presidencia. Hay que decirlo de manera rápida y directa: la propuesta no tiene pies ni cabeza.

En caso de ser llevada a la práctica, sería un enorme desastre, peor que el de la desaparición de la Secretaría de Seguridad, que se traducirá en los mismos o mayores niveles de inseguridad. Una de las causas estructurales de la impunidad e inseguridad en el país es el desfase entre la velocidad de fragmentación, expansión y diversificación de las organizaciones criminales y la lentitud con que crecen las capacidades estatales de prevenir, perseguir y castigar los delitos. Crear esa guardia nacional agravaría el desorden y la ineptitud de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. La razón es simple: la propuesta carece de sentido en términos jurídicos, políticos, administrativos y operativos.

Comencemos por lo jurídico. Dicen AMLO y Durazo que la figura ya existe en la Constitución, por lo que no se requeriría ninguna reforma legal. Falso. Es cierto que la Guardia Nacional es mencionada en diversos artículos constitucionales, pero se refieren a otra cosa muy diferente de lo que están proponiendo. En un buen análisis de esto, Pascal Beltrán, director de Excélsior, concluía lo siguiente: (la Guardia) “no puede ser creada por el Ejecutivo. Sus miembros no son militares, sino civiles, que tienen la obligación constitucional de inscribirse en ella. Depende de los gobernadores de cada estado (no del presidente). Un eventual presidente López Obrador sólo podría tener mando sobre ella en la entidad federativa donde él estuviese, a menos de que el Senado autorizara otra cosa. Ah, y no tiene ley reglamentaria”.

En otras palabras, es inviable jurídicamente a menos que modifiquen la Constitución. Suponiendo que lo consiguieran, veamos el galimatías político que se produciría. Agrupar a prácticamente todos los soldados, todos los marinos, todos los policías federales y ministeriales, a los agentes del Instituto Nacional de Migración, etcétera (para llegar a los 400 mil elementos) generaría enormes resistencias políticas. Si el Ejército se opuso a Peña Nieto a pasarle 40 mil soldados para formar la Gendarmería, ¿estarán Sedena y Semar dispuestas a desaparecer prácticamente y ceder casi la totalidad de sus elementos para formar la guardia nacional? No se aclara si las policías estatales y municipales también se incorporarán a esa guardia; en caso de que sí, ¿cree usted que los gobernadores entregarán gustosos esas facultades, presupuestos y recursos? Además, ello implicaría reformar la Constitución y muchas leyes más. Imposible. Pensemos que después de un par de años, AMLO vence las resistencias políticas que supone quitarles poder y presupuesto a muchas secretarias y a gobiernos estatales y municipales.

El caos administrativo y presupuestal de la nueva dependencia sería terrible: igualar plazas, niveles salariales, escalafones, reglamentos, prestaciones, niveles jerárquicos podría llevarse años, mientras la operación sería un completo desastre. Definir el organigrama de la nueva dependencia sería una hazaña. Algo similar, pero de nivel menor, se vivió con la integración de la Secretaría de Seguridad Pública en la de Gobernación. Mientras esos procesos pudieran ser diseñados, aprobados e instrumentados se iría el sexenio. Pero ello significaría que la operación de la Guardia Nacional sería de una ineficacia y un desorden monumentales, para gusto y placer de las organizaciones criminales.

Y eso sin contar que los policías y marinos reconvertidos no serían policías, sino soldados y marinos disfrazados y los policías estatales y municipales igual de malos que siempre. Crearía un monstruo burocrático, pero no una policía eficaz. ¿Alguna otra ocurrencia Sr. López Obrador?

Fuente: Guardia Nacional

Saludos

Mario Meneses

¿QUÉ ES AULA POLICIAL?


AulaPolicial

Aula policial nace como un proyecto innovador que tiene como objetivo la promoción profesional y el perfeccionamiento del personal de seguridad y emergencias. A través de nuestra web, los usuarios podrán realizar cursos de forma totalmente gratuita, en cualquier momento y lugar, obteniendo un certificado al finalizarlos con éxito.

El sector de seguridad se caracteriza por un continuo crecimiento debido a su adaptación a las nuevas amenazas y riesgos, las nuevas técnicas y tácticas para enfrentarse a ellos, y la aparición de más profesionales que precisan formación continua para ejercer sus funciones.

Esta formación iría desde la más básica o elemental necesaria para habilitarse/ acreditarse, hasta la más avanzada o superior/ universitaria destinada a jefes y mandos. En un término medio encontramos todos aquellos cursos que , periódicamente, el personal realiza para mejorar su currículum, obtener nuevas especializaciones, o tener conocimientos acerca de una nueva amenaza, por ejemplo.

Este tipo de cursos tienen una extraordinaria demanda, aunque encuentran varias barreras importantes: la primera es el tiempo, ya que aunque se trate de una sola jornada, los alumnos pueden no poder asistir por motivos de trabajo, familiares, desplazamientos , etc. La segunda es el precio, y es que debido a la crisis económica, los alumnos buscan sistemáticamente cursos lo más baratos posible.

La formación online permite superar estos dos problemas, anulando los requerimientos de horarios o asistencia presencial, aunque dependiendo del centro de formación, los costes siguen estando presentes para el alumno.

Aula policial soluciona este último inconveniente, ofreciendo una amplia gama de cursos actualizada y ampliada periódicamente, de forma totalmente gratuita para el alumno. Estos cursos constan de un temario de aproximadamente 100 páginas, divididos en temas o lecciones, y con un test final en el que debe obtenerse al menos un 50% de respuestas acertadas para superarlo. Tras aprobar, la web genera un certificado en .pdf de 21 horas, en el que constan los datos del alumno y del curso, con los contenidos detallados en el reverso.

El alumno, tras registrarse, puede hacer tantos cursos como desee, sin más limitación que su propio tiempo o ganas de aprender.

Asimismo, en Aula Policial incluiremos interesantes artículos que los usuarios podrán consultar sin ningún tipo de limitación, firmados por instructores de primera fila como Ernesto Perez Vera o Cecilio Andrade.

Fuente: AulaPolicial

Saludos

Mario Meneses

Dr. Mario Arroyo invitado permanente de la #SociedadCivil al Cosejo Nacional de #SeguridadPública


Participación del Dr. Mario Arroyo Juárez Invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Muy acertado sus comentarios al dar ejemplo de la deficiencia que tiene la base de datos del Registro Nacional de Seguridad Pública.

No se tienen controles biometricos para garantizar el registro de 500 mil personas, los cuales no están actualizados, en comparación con las cantidad de registros que manejan los Bancos o el INE

Necesitamos un Censo Real de nuestras y nuestros policías.

Saludos

Mario Meneses

Comisión Nacional de los #DerechosHumanos (CNDH). #Seguridad


El Ombudsman nacional al participar en el Foro “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías”, subrayó que el reconocimiento de los derechos de los policías y su dignificación son elementos indispensables de una política pública integral en materia de Seguridad y Justicia.

También mencionó que la defensa de los Derechos Humanos no promueve el incumplimiento de la Ley y enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

 

Urgente que a nuestras policías se les dé especial atención, gobiernos y sociedad, no les hemos dado la importancia que deben tener.


Policías

Ya pónganse las pilas…

Los niveles críticos de inseguridad que padecemos todos los mexicanos son una realidad que, de no cambiar, representarán un riesgo para la estabilidad del país. De acuerdo con cifras oficiales, en octubre se alcanzaron 2,371 homicidios dolosos, convirtiéndose así en el mes más violento desde que se cuenta con registros. Si el Programa Nacional de Seguridad Pública para este sexenio tenía como meta alcanzar en 2018 una tasa de 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, como vamos, es muy probable que esta tasa quede en casi el doble al término del presente gobierno.  Además, todos los delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión o el robo con violencia, tienen también una marcada tendencia al alza.

Ante este panorama, es urgente que a nuestras policías se les dé especial atención, porque son, junto con la política social, el fundamento de cualquier estrategia de seguridad. Sin embargo, gobiernos y sociedad, no les hemos dado la importancia que deben tener. No podemos resignarnos a que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de la seguridad pública. Quienes proponen legislar en esa dirección, pretenden ocultar los riesgos políticos que dicha legislación implicaría, además de que, al contar con el expediente militar, las autoridades federales y los gobernadores continuarían evadiendo su obligación y su responsabilidad en materia de desarrollo policial.

En Causa en Común hemos pugnado de manera permanente a favor de que se garanticen mejores condiciones de desarrollo, profesionalización y supervisión en beneficio de nuestros policías. Sin embargo, la evaluación que hicimos para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos contenidos en la ley, el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), arrojó que ninguna corporación en el país a nivel federal o estatal, ninguna, cumple con dichos estándares. Con estos resultados, el subdesarrollo y, en algunos casos, el colapso de las policías de nuestro país, está acreditado y medido (http://causaencomun.org.mx/v2/reportes/)

El INDEPOL, más allá de poner en evidencia la crisis por la que atraviesan las corporaciones policiales del país, es un ejercicio que ofrece una hoja de ruta para el desarrollo policial; es decir, identifica qué áreas son las que están fallando, las que presentan mayores deficiencias, y las que por lo tanto deben atenderse a fin de alcanzar los estándares mínimos de desarrollo policial. No deja de ser aleccionador que, mientras algunos funcionarios se sienten agredidos por el INDEPOL, han sido múltiples las muestras de apoyo al diagnóstico por parte de los policías de todo el país. En este sentido, la encuesta que Causa en Común realizó a miles de policías, pone de manifiesto las precarias condiciones en las que laboran y viven. Es con ellos, y con la ciudadanía, que están en deuda el gobierno federal y todos los gobiernos estatales.

Hay propuestas ya sobre la mesa, todas dirigidas a construir un sistema nacional de seguridad pública funcional y eficaz. En lugar de seguir cargándole la mano al Ejército y a la Marina, en lugar de enojarse ante la crítica, en lugar de acosar a organizaciones de la sociedad civil, en lugar de olvidar a las instituciones que deben cuidar, en lugar de recetarnos las vaguedades de siempre, nuestros mal llamados gobernantes y los partidos políticos deberían conocerlas, estudiarlas y ponerlas en marcha. Si quieren nuestro voto, que se arremanguen y se pongan a trabajar. En cambio, si no reconocen y enfrentan la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país, no van a tener mucho espacio ni condiciones para gobernar. En serio, ya pónganse las pilas.

* Colaboró: Ángel Tonatihu Arias Blanco, Investigador de Causa en Común.

Fuente: causaencomun

Saludos

Mario Meneses

Aumento de salario a Policías en Toluca.


Aumento de salario a Policías en Toluca.

Toluca

Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad del Estado de México informó que para el primer trimestre del 2018 emitirán una convocatoria para el ingreso de una nueva generación de efectivos policiacos, quienes deberán pasar por un proceso de formación de un año mínimo.

Explicó que al final de la administración estatal deberán sumar al menos 10 mil policías más.

Sobre los salarios dijo que la media de un salario de policía base es de 9 mil pesos, por tanto analizan con base en el presupuesto la posibilidad de mejorar los ingresos, especialmente las prestaciones, pues ejemplificó que no contaban con acceso a créditos de vivienda.

“El gobernador Alfredo del Mazo impulsa que cuenten con ello, así como beca escolares para los hijos de los elementos con resultados destacados; así como la firma de convenios con las instituciones que apoyen estos beneficios”.

Cervantes Guerrero precisó que más importante que elevar los salarios es elevar las prestaciones y dijo que a más tardar en el primer trimestre del año habrá algún avance en este sentido.

Indicó que por ejemplo un policía federal gana como mínimo – el rango más bajo- 21 mil pesos, por lo tanto la meta es retabular a la corporación estatal hasta ese grado.

“No sabemos si de inicio vamos a poder lograrlo pero tenemos que ir avanzando de mil en mil, por lo menos. Es decir, deberían aumentar a 10 mil aquellos que ganan lo mínimo”.

Fuente:  Aumento de salario a Policías en Toluca.

Saludos

Mario Meneses

Movimiento Nacional por la #Seguridad y la Procuración de Justicia


 

Víctor Sánchez Orozco

9 de octubre de 2016 · 

Los buenos policías no deben de sentirse inseguros en su trabajo, y más si lo desempeñan de una manera honesta, por eso presento esta iniciativa para la #Reforma123

 

 

Mesa de Análisis: #SeguridadPublica El Fortalecimiento de Nuestras y Nuestros #policías.


Alianza Internacional por las Fuerzas de Seguridad y Emergencias

En un humilde y profesional ejercicio de la Causa Colectiva por la Dignificación de las Fuerzas de Seguridad y Emergencias. Nuestra Alianza Alianza (AIFSE) integrada por el Colegiado de Organizaciones que buscan coadyuvar con las Instituciones Gubernamentales, Educativas, Ciudadanas y Políticas para Dignificar el Servicio Público, a través del mejoramiento en las Condiciones Laborales, respeto a nuestros Derechos Humanos y el compromiso y responsabilidad a la Sociedad que urge contar con Seguridad, con eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, honestidad y humanismo; celebramos la apertura y convicción de los protagonistas políticos legislativos, en franca voluntad y reconocimiento de los aspectos medulares de Seguridad Ciudadana, en el saneamiento a estas problemáticas y sus acciones incluyentes de las entidades activistas que, con experiencia sustantiva construyen aportaciones y propuestas viables en la construcción de un México justo para todas y todos.

Este evento desde la perspectiva y apertura de la Dip. Federal Liliana Madrigal es reconocida y honrada por nuestra AIFSE para ser representada por nuestro hermano Oscar Rubén Aguirre de la Organización por la Dignificación y Sociabilización Policial (ODSP) ante este Macro Evento que analizará y encontrará marcos referenciales de actuación específica para la Dignificación de la Seguridad Regional y Estatal que se suscriben a la realidad Nacional.

Nuestro digno portavoz sustenta el mensaje colectivo de nuestra Alianza para sumar tanto compañer@s y sociedad organizada para provocar el cambio en activismo y conciencia a través de la Unidad con miras a nuestro objetivo dignificador.

Gracias por compartir y por registrar su asistencia con tiempo a tan relevante acontecimiento.

EL Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia.

Cmte. Cpo Acosta Acosta

El estado catastrófico de nuestras #policías


Nuestras policías son un desastre. O al menos así lo suponemos, así lo intuimos, así lo vemos, así lo dicen algunos datos sueltos y así lo grita nuestra experiencia cotidiana.

Pero una cosa es suponer y otra es saber. Para saber, hay que investigar, rascar y medir. Y eso, para fortuna de todos, es lo que acaba de hacer el equipo de la organización Causa en Común (Nota: soy asesor externo de esa institución).

El lunes, presentaron dos instrumentos cruciales para evaluar a las policías estatales. En primer lugar, un Índice de Desarrollo Policial (Indepol), diseñado para medir la distancia entre la realidad y la norma. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), aprobada en 2009, obliga a todas las corporaciones policiales a adoptar ciertos mínimos institucionales en cinco dimensiones: profesionalización, carrera policial, certificación, seguridad social y régimen disciplinario.

La obligación no parece muy obligatoria. La mayoría de las policías estatales no llega a esos mínimos. La Policía Federal tampoco ¿Qué tan lejos se encuentran? Esa es la virtud del Indepol: nos dice la magnitud del rezago. Y no es trivial. En una escala de 0 a -100, siendo 0 la mejor calificación posible, el promedio en las cinco dimensiones de todas las policías estatales más la PF es de -41.

Y en algunos temas, el asunto es mucho peor: en lo que se refiere a la certificación policial, el promedio nacional es de -57. En materia de seguridad social, el promedio es -52. Es decir, nuestras policías salen más que reprobadas.

Hay, por supuesto, de corporaciones a corporaciones. En Baja California, Morelos o Puebla, las policías estatales no salen tan mal paradas. Hay allí evidencia de esfuerzos de construcción institucional. Pero, en otros estados, en Nayarit o Baja California Sur, por ejemplo, el asunto es zona de desastre.

En Nayarit, por ejemplo, su academia de policía no cuenta con dormitorios, comedor, servicio médico, gimnasio o pista de manejo. Sabrá Dios que le enseñan allí a los reclutas.

En Baja California Sur, la unidad de asuntos internos de la policía estatal no tiene mecanismos para recibir denuncias anónimas, no realiza investigación de campo y no tiene protocolo de investigación. Es decir, no sirve de gran cosa.

Esta distancia frente a la norma es sólo una de las caras del desastre. Otra, más dramática, es lo que refieren los propios policías en una encuesta conducida por Causa en Común. Los resultados paran los pelos de punta.

Casi la mitad refiere que su salario mensual es inferior a 10 mil pesos. Nueve de cada diez afirmaron que nunca han recibido una promoción o reconocimiento. Dos de cada tres nunca han tenido un ascenso.

Y además de estar mal pagados y no recibir reconocimiento alguno, los policías tienen que poner de su bolsillo: 41% señaló que tuvo que pagar por sus botas, 38% por su uniforme, 26% por reparaciones de las patrullas, 12% por la gasolina de las mismas, 20% por los cartuchos, y 11% por sus chalecos antibalas.

De remate, los policías son objetos constantes de maltrato dentro de sus corporaciones: 30% afirmó haber sido objeto de humillaciones, 28% de discriminación, 16% de acoso sexual y 15% de abuso físico.

Esos policías —esos que deben subsistir en instituciones contrahechas, que medio sobreviven con malos sueldos, que no reciben prestaciones ni recompensas, que deben pagar por su equipo esencial, que son víctimas constantes de malos tratos— tienen la encomienda de protegernos.

¿A alguien le sorprende que no lo hagan o que lo hagan a medias? ¿Por qué nos cuidarían si no los cuidamos nosotros primero?

alejandrohope@outlook.com@ahope71

Fuente: eluniversal

Saludos

Mario Meneses