QUE ES UNA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS COMO AUDITOR LIDER ISO 28000 ?


Miller Romero es Ingeniero Industrial con una Maestría en Gestión de Riesgos y Sistemas Integrados de Gestión.

Es miembro de World Compliance Association, especialista en Quality Management System, Auditor internacional e instructor de los formadores de la organización global de BASC.

Miller está certificado como Auditor Líder e Implementador Líder por las siguientes normas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 39001 y como ISO 31000 Lead Risk Manager.

Se ha desempeñado como auditor de certificación, auditor de acreditación y consultor para la constitución de organismos de certificación para el estándar internacional ISO 28000.

Es auditor del código ISPS (International Ship and Port Security), orador internacional en seguridad de la cadena de suministro en países como Perú, México, Ecuador, República Dominicana,

Fuente: PECB

 

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Corrupción atenta contra Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Cetdep.


CorrupciónRedacción/Quadratín México   | 21 de Enero de 2018 | 8:10

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de enero 2018.- Durante la inauguración del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal A. C. (Cetdep), la doctora Diana Cristal González Obregón enfatizó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio sí funciona. “9 de cada 10 detenciones en México son calificadas como legales. En 2016, año en que se puso en marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de mil 13 carpetas, 790 habían concluido satisfactoriamente”, señaló quien es la presidenta del Cetdep. Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales ha tenido entre sus objetivos principales proteger a la ciudadanía del abuso de las autoridades, así lo señaló el Doctor en Derecho, Jorge Pesqueira Leal. “La falta de capacitación en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha hecho que los criminales se aprovechen del manto protector del estado de derecho para hacer de las suyas”, enfatizó. A la presentación de esta nueva plataforma ciudadana integrada por expertos en materia penal asistieron Jorge Pesqueira Leal, Doctor en Derecho y en Sociología; Victor Mayber Gutiérrez-Celis, Maestro de la California Western School of Law y especialista en Litigación Oral; Gerardo Gámez Pacheco, Presidente de la Comisión Jurídica y de Normatividad de la Coparmex Ciudad de México; Alfredo Rojo López, Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador de la Ciudad de México; José Luis Jorge Chávez, Presidente de la Asociación de Profesionistas en Derecho, Ciencias Forenses y Universitarias de Texcoco; y el Teniente Coronel William Hogan, Agregado del Ejército de Estados Unidos de América en México. Especialistas del Cetdep coincidieron en que el impacto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido positivo en varios estados de la República Mexicana. En Chiapas el SJPA reportó un 66.4 por ciento de efectividad contra un 22.91 por ciento del sistema de justicia anterior, en Puebla el avance fue de un 32.29 por ciento, y en Baja California Sur de un 37.7 por ciento. De la corrupción, González Obregón, dijo que se trata del principal cáncer dentro de las instituciones de México,”la legislación que necesitan las y los mexicanos para que se acabe la corrupción está en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el cual le da a los ciudadanos con o sin recursos económicos las herramientas para tener un verdadero acceso a la justicia”. Con la certificación de la Silicon Valley School of the Law, SFO, el Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal AC., presentó el Diplomado “Estrategias Avanzadas en el Procedimiento Penal Acusatorio”, el cual busca a través de su diseño único y exclusivo en México, capacitar a todos quienes participan en la procuración e impartición de justicia y mostrar que el SJPA es un sistema transparente que permite a los mexicanos conocer el proceso de una investigación y evitar impunidad. Diana Cristal González Obregón, quien participó en la redacción del actual Código Nacional de Procedimientos Penales, resaltó la importancia de que México tenga una sociedad empoderada y consciente. Además, hizo un llamado a fomentar una cultura de la legalidad y privilegiar el estado de derecho.

Fuente Sistema de Justicia Penal

Saludos

Mario Meneses

Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios


Libertad de expresión

El periodismo se encuentra amenazado en todo el mundo. Si bien nunca antes tantas personas habían tenido acceso a contenidos, la combinación de polarización política y cambio tecnológico ha facilitado la rápida propagación del discurso del odio, la misoginia y las “noticias falsas” sin verificar, que a menudo conducen a restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión. En cada vez más países, los periodistas sufren ataques físicos y verbales que amenazan su capacidad para informar al público.

Ante tales desafíos, este nuevo volumen de la colección Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios brinda un análisis crítico de las nuevas tendencias en libertad, pluralismo e independencia de los medios de comunicación y seguridad de los periodistas. En el informe, en el que se presta particular atención a la igualdad de género en los medios, se presenta una perspectiva mundial que es un recurso esencial para los Estados Miembros de la UNESCO, las organizaciones internacionales, los grupos de la sociedad civil, el personal académico y los individuos que buscan entender el cambiante panorama mundial de los medios de comunicación.

Descarga el Resumen Ejecutivo

El Reporte completo estará disponible en Diciembre 2018, durante el Foro para la Gobernanza de Internet

Saludos

Mario Meneses

Informe del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva: medidas de fomento de la confianza


Naciones Unidas

Embajador Nikki Haley
Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas
Misión de los Estados Unidos a las Naciones Unidas
Nueva York
18 de enero de 2018

COMO ENTREGADO

Gracias por convocar esta reunión hoy. También me gustaría dar las gracias al Secretario General por su exposición informativa y por su liderazgo en el trabajo para encontrar soluciones duraderas a problemas cada vez más complejos.

Es apropiado que Kazajstán haya convocado esta importante reunión. Una de las primeras decisiones de Kazajstán como nación independiente sigue siendo uno de los momentos más importantes en la historia de la no proliferación. Después de la caída de la Unión Soviética, Kazajstán retiró voluntariamente las armas nucleares soviéticas de su territorio y se unió al Tratado de No Proliferación Nuclear. Al rechazar las armas nucleares, el presidente Nazarbayev dio un ejemplo para el resto del mundo. Esta acción generó confianza. Mostró a los vecinos de Kazajstán, y al mundo, que no eran una amenaza. Fue un voto de confianza en el Tratado de No Proliferación Nuclear, que sigue siendo la piedra angular del esfuerzo global de no proliferación nuclear. Y, de manera crítica, la acción de Kazajstán demostró que valoraba la paz y la estabilidad en sus relaciones con otros países. Fue un inconfundible,

Los Estados Unidos continúan liderando los esfuerzos para detener la expansión de las armas nucleares. Desempeñamos un papel de liderazgo garantizando la plena implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, un acuerdo histórico que este Consejo adoptó por unanimidad en 2004. Junto con nuestros socios, estamos trabajando para ayudar a los estados y organizaciones internacionales en sus esfuerzos para prevenir actores no estatales desde el desarrollo y la adquisición de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas de entrega.

Pero la realidad es que el entorno de seguridad actual es más desafiante que en el pasado. Un elemento esencial de un mayor desarme nuclear es abordar con éxito estos desafíos fundamentales de seguridad. Los regímenes que más amenazan al mundo de hoy con armas de destrucción en masa también son fuente de diferentes tipos de desafíos de seguridad. Niegan los derechos humanos y las libertades fundamentales de su pueblo. Promueven la inestabilidad regional. Ayudan a terroristas y grupos militantes. Promueven conflictos que eventualmente se extienden sobre sus fronteras.

No hay mayor amenaza para el régimen internacional de no proliferación nuclear que la planteada por Corea del Norte. Corea del Norte continúa su búsqueda imprudente de armas nucleares desafiando las reiteradas resoluciones de este Consejo. Continúa buscando armas nucleares mientras su gente se muere de hambre y amenaza a otras naciones mientras intimida a sus propios ciudadanos. El ejemplo que estableció Kazajstán y los esfuerzos de muchos otros para frenar la expansión de las armas nucleares comenzarán a desmoronarse si este Consejo no puede hacer frente al desafío. Hacemos un llamamiento a todos los Estados Miembros para que cumplan con sus obligaciones y apliquen plenamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Continuaremos trabajando con nuestros socios en el Consejo de Seguridad en la búsqueda de una solución diplomática y pacífica a esta crisis. Pero déjame decirlo una vez más:

Las acciones del régimen iraní son otro ejemplo. El régimen en Teherán es la principal causa de inestabilidad en una parte inestable del mundo. Es compatible con terroristas, militantes proxy y asesinos como Bashar al Assad. Proporciona misiles balísticos en violación de los embargos de armas de la ONU. Sus representantes los lanzan contra objetivos civiles, como vimos cuando las milicias houthi en Yemen dispararon un misil suministrado por Irán en un aeropuerto de Riad. Y cuando el pueblo iraní protesta porque su dinero se desvía a terroristas, el régimen los arresta y los mata. Silencia sus voces y mentiras sobre sus motivaciones. Cuando el Consejo aprobó la Resolución 2231, respaldó el acuerdo nuclear y retuvo su serie de prohibiciones sobre el comportamiento de Irán. El régimen iraní ha violado repetidamente estas prohibiciones. Y al hacerlo,

Entonces, cuando este Consejo considere la cuestión de cómo podemos promover la confianza de que los Estados no se involucrarán en la proliferación de armas de destrucción masiva, el lugar donde debemos comenzar -y lo mínimo que podemos hacer- es insistir en que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales existentes. En el caso de Irán, mientras los Estados Unidos continúan cumpliendo sus compromisos en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto, la comunidad internacional también debe exigir que Irán cumpla con sus obligaciones en virtud de la Resolución 2231. Impusimos estas obligaciones como un Consejo de Seguridad. Juntos, debemos responder a las violaciones peligrosas de Irán, no porque queremos que fracase el acuerdo nuclear, sino porque queremos que la causa de la no proliferación tenga éxito. No debemos olvidar que las armas de destrucción masiva no son solo una amenaza abstracta,

El régimen sirio ha usado repetidamente armas químicas contra su propia gente. Estas son las acciones de un gobierno tan corrupto que se encuentra con ISIS como las únicas entidades que usan armas químicas como herramientas de guerra en el siglo XXI. El Consejo de Seguridad debe responder a esta escandalosa violación del derecho internacional y la decencia humana básica. Este Consejo creó el Mecanismo de Investigación Conjunta (Joint Investigative Mechanism, JIM) con el propósito expreso de exponer a los infractores de estos crímenes. El JIM determinó que el régimen de Assad e ISIS usaban armas químicas en Siria. Ambos deben rendir cuentas por sus acciones. Pero una nación se interpone en el camino del Consejo de Seguridad para cumplir con su deber. Esa nación es Rusia. Fue Rusia quien vetó tres resoluciones del Consejo que habrían renovado el Mecanismo de Investigación Conjunta. Es Rusia quien ha hecho grandes esfuerzos en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya para evitar que el régimen de Assad rinda cuentas por sus acciones. Si el gobierno ruso habla en serio sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva, convencerá a su cliente Assad de que debe eliminar sus armas químicas y cooperar plenamente con la OPCW y las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad aborda diariamente algunos de los mayores desafíos para la paz y la seguridad internacionales; ninguno es mayor que la proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas. Estados Unidos trabaja arduamente para garantizar la no proliferación de estas armas mortales. Alentamos la creación de un entorno de seguridad que beneficie la no proliferación. Y creemos que todas las naciones tienen la responsabilidad moral de unirse a la creación de dicho entorno.

Gracias.

Fuente: Naciones Unidas

Saludos

Mario Meneses

 

Retraso en la depuración policial 


Depuración policial tiene 9 años de retraso; hay más de 30 mil policías reprobados y en activo.

La depuración en el último año y medio ha avanzado menos de 1%; por lo menos 1 de cada 10 jefes de corporaciones policiales locales tampoco es confiable.

La depuración de las corporaciones de policía en el país para que en sus filas solo haya agentes evaluados y certificados en control de confianza es una obligación legal desde el 2008, sin embargo, a nueve años de distancia, el proceso no ha culminado y de hecho está prácticamente estancado.

Hoy más de 30 mil policías continúan en las calles pese a estar reprobados, y otros 5 mil no están ni evaluados.

Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que, hasta el noviembre del año pasado, prácticamente 1 de cada 10 policías locales en el país (ministeriales, estatales y municipales) no cumple con el perfil legal para ser policía y, sin embargo, continua en activo en su corporación y sin ser removido del cargo.

De acuerdo con los datos, facilitados a Animal Político por la organización Causa en Común, en México hay un total de 335 mil 902 agentes policiales locales en activo. De ellos 30 mil 655 reprobaron el proceso de control de confianza que incluye exámenes con detectores de mentiras, toxicológicos, de habilidades, psicológicos, entre otros.

El artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que todo agente de policía debe estar certificado en control de confianza, por lo que los elementos que no lo estén ya no deberían estar contratados.

El avance en la depuración en el último año y medio es prácticamente inexistente. En abril de 2016 los datos indicaban que el número de policías en activo reprobados en control de confianza era de 30 mil 922. Para noviembre de 2017 la cifra es de 30 mil 655 elementos. Es decir, en 18 meses apenas se avanzó un 0.87 por ciento.

El problema no se limita únicamente a los policías en activo que reprobaron los exámenes y no han sido despedidos.

La estadística revela que hay cinco mil 443 policías en activo (el dos por ciento del universo total de agentes) que ni siquiera han sido sometidos a alguna evaluación. A estos se suman otros 7 mil que ya fueron evaluados pero no han recibido sus resultados.

Peor aún es que hay casi 40 mil agentes que aprobaron en su momento el proceso de control de confianza, pero cuyas evaluaciones fueron hace más de dos años y por lo tanto, de acuerdo con la ley, su certificación esta caduca y tienen que ser examinados nuevamente.

¿Qué significa lo anterior? Que en realidad solo el 75 por ciento de los 335 mil 902 policías locales en activos actualmente aprobó los exámenes y tiene vigente su certificado que lo acredita como un policía confiable. O lo que es lo mismo: 1 de cada 4 agentes en México es policía sin cumplir con los requisitos mínimos que marca la ley para serlo.

Los jefes, un foco rojo

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad pública arrojan que, de los poco más de 30 mil policías en activo reprobados y que por tanto no son confiables, hay mil 375 que  ocupan una posición de mando de alguna corporación policial.

Si se toma en cuenta que la cifra total de mandos policiales locales es de 11 mil 750, lo anterior significa que el 11.7 por ciento de los jefes de las corporaciones de seguridad en el país ni siquiera debería de ser un policía, o lo que es lo mismo, por lo menos 1 de cada 10 mandos policiales.

Del total de los mandos que no son confiables y ya deberían haber sido despedidos, hay 237 adscritos a una secretaría de Seguridad Pública Estatal, 332 adscritos a alguna fiscalía o procuraduría, 637 corresponden a corporaciones municipales, y 169 están en los distintos sistemas penitenciarios.

Corporaciones municipales, con más agentes no confiables

La mayor proporción de los agentes reprobados en el proceso de control de confianza están en las filas de las corporaciones municipales. Del total de agentes que no superaron este procedimiento pero siguen en activo, hay 14 mil que son precisamente elementos de alguna corporación municipal.

Las secretarías de Seguridad Pública estatal acumulan en sus filas a un total de 8 mil 900 policías en activo reprobados. A estos se suman 4 mil 70 policías ministeriales adscritos a las fiscalías y procuradurías que no son confiables y están en activo; estos agentes son los responsables de investigar los delitos y ejecutar las órdenes de aprehensión.

Finalmente hay tres mil 99 elementos de seguridad en activo reprobados los cuales pertenecen a las áreas de prevención y readaptación social, es decir, son custodios de algunos de los centros penitenciarios locales.

Estados críticos

La depuración de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia registra retrasos mucho más altos en algunos estados que en otros.

El caso crítico es el de Sinaloa, entidad donde el 53 por ciento de los agentes municipales, estatales y ministeriales en operación está reprobado en el control de confianza Es decir, en dicho estado (que se encuentra entre los cinco con la mayor tasa de homicidios) 1 de cada 2 policías no debería serlo pues no cumple con los requisitos de ley.

La depuración en Sinaloa va, de hecho, en retroceso. Hace año y medio, en abril de 2016, el reporte oficial arrojaba que había tres mil 500 policías locales reprobados lo que representaba el 43 por ciento de toda la fuerza de seguridad en dicho estado. Hoy la cifra de agentes en activo reprobados en la entidad asciende a casi cuatro mil.

Otro caso crítico es el de Baja California Sur donde el 40 por ciento de todos los policías tampoco es confiable pero siguen operando. Al igual que en Sinaloa, la situación se ha agravado ya que en 2016 había en dicha entidad mil 156 policías reprobados mientras que al cierre de este año ya suman mil 247.

La tercera entidad con la mayor proporción de agentes no confiables en sus filas es Nayarit en donde 1 de cada 3 policías (el 33 por ciento de todos los que hay actualmente en activo) están reprobados. Como en los otros casos Nayarit registra un retroceso en su depuración, pues el número de policías reprobados ascendió de 964 en 2016 a mil 105 en 2017.

Cabe señalar que Nayarit y Baja California Sur, dos de los tres estados con el mayor retraso en la depuración, son las entidades que encabezan en 2017 el incremento de los homicidios dolosos. Nayarit presenta un alza que supera el 400 por ciento en los asesinatos mientras que Baja California Sur registra un repunte de más del 178 por ciento.

Luego se encuentra Guerrero, la segunda entidad con la mayor tasa de asesinatos. En dicho estado el 24 por ciento de los policías están reprobados. Con un porcentaje similar, 23 por ciento de agentes reprobados, está Sonora. Le siguen Zacatecas con un 19 por ciento de policías en activo no confiables, Veracruz con 17 por ciento, Michoacán y Tabasco con 16 por ciento, e Hidalgo y San Luis Potosí con 15 por ciento.

Campeche, la única que cumplió

De las 32 entidades federativas del país, la única que ha cumplido con la depuración prácticamente total de sus corporaciones de policía local es Campeche. De sus dos mil 622 elementos municipales, ministeriales y estatales, solamente 13, una proporción marginal, reprobaron el control de confianza. Es una depuración de casi el cien por ciento.

Hay otras cinco entidades del país que presentan un progreso en su depuración del 98 por ciento: Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, estado de México y Querétaro.

En el caso de la Ciudad de México, registra un avance del 97 por ciento en la depuración. De los 50 mil 475 policías estatales y ministeriales en la ciudad, hay mil 432, que equivalen al tres por ciento, que están reprobados y por ley ya no deberían estar laborando.

Fuente: Depuración Policial

Saludos

Mario Meneses

Nace el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática


La evidencia disponible permite afirmar más allá de toda duda que las políticas de seguridad en México van a la deriva. El país está secuestrado por un patrón inercial político y social que recarga la expectativa de recuperar la seguridad en el crecimiento de los recursos y en el uso de la fuerza, aunque tal expectativa carezca de fundamentos racionales. La Ley de Seguridad Interior es la nueva promesa de una vieja historia. Tras veinte años de reformas constitucionales, legales e institucionales y de multiplicación del gasto para la seguridad, la violencia no es siquiera contenida. La historia se repite una vez más, ahora con esa ley, y la única novedad es la abierta y acaso irreversible transferencia de la seguridad pública a los militares.

Foro Nacional de Seguridad Democrática

El patrón inercial a favor de más recursos y más fuerza pública ha sido caracterizado por la teoría como “modelo incremental”. El fenómeno se alimenta a sí mismo: la violencia persiste, entonces vienen más recursos y más fuerza pública. La violencia persiste, más recursos, y así sucesivamente. Esto se sabe bien; miren la evidencia. El documento Descifrando el Gasto Público en Seguridad reporta que 4 mil 500 recomendaciones derivadas de 550 auditorías evidencian “débiles mecanismos de evaluación, mecanismos inadecuados de control y fiscalización y ausencia o insuficiencia de reportes sobre el destino del gasto”. El estudio concluye nada menos que “no existe información confiable sobre qué funciona y qué no”.

Otra investigación confirma que “el gasto federal ejercido en seguridad se duplicó en términos reales de 2006 a 2016”. Luego de desagregar dicho gasto, encuentra que “las administraciones recientes han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de combate frontal…”.

Los recursos crecen enfocados en el despliegue operativo para el uso de la fuerza civil y militar, independientemente de que los resultados esperados, léase la seguridad, no lleguen. Este modelo incremental, usando un concepto del mercadeo, merece lealtad más allá de la razón entre los gobiernos y buena parte de los gobernados por igual. Un ejemplo de lo anterior es la recurrencia de dos respuestas mayoritarias en los estudios de opinión, perfectamente contradictorias: “confío poco o nada en la policía” y “quiero más policía”. Una y mil veces confirmada entre la opinión social, esta dupla es a simple vista incoherente y a la vez consistente con la percepción generalizada que recarga la mejora de la seguridad en la disponibilidad de más recursos.

Las y los políticos lo han aprendido bien; pueden tomar decisiones sin justificarlas racionalmente: es el caso de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que prolonga y agudiza la militarización de la seguridad pública. Ocurre justo cuando, a la imposible validación de este modelo hegemónico de seguridad carente de resultados, se agrega la evidencia del desgaste militar, expresado en la reproducción de violaciones graves a los derechos humanos, cobijadas en la impunidad. Un reporte revela que en más de 500 investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República por delitos de soldados contra civiles entre 2012 y 2016, solo se lograron 16 sentencias condenatorias, esto es, el equivalente al 3.2% del total.

La otra cara de la moneda en esta historia es la débil o nula documentación, el exiguo aprendizaje formal y la prácticamente inexistente memoria del Estado mexicano en torno a los ocasionales casos prometedores y exitosos en la construcción de seguridad y la reducción de la violencia. Toda mi carrera profesional he encontrado esfuerzos positivos que parecen andar en el sentido correcto o, incluso, prácticas prometedoras y exitosas que terminan desmontadas por falta de apoyo político y se diluyen en la desmemoria. El Estado mexicano destruye la posibilidad de corregir lo que no funciona y, a la vez, de fortalecer lo que sí.

Las más graves frustraciones las he visto y vivido no en torno a la repetición de las malas conductas, sino a la indiferencia e incluso el ataque desde las propias instituciones contra el buen desempeño. Por ejemplo, sé de incontables policías y agentes del ministerio público abandonados a su suerte. No porque no funcionen, sino porque al hacerlo afectan intereses criminales poderosos, muchas veces incrustados en las instituciones policiales y en las procuradurías. En esta cara de la moneda está una de las más perversas expresiones del malogrado Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde, por ejemplo, priva la visión hegemónica que califica al municipio como un problema, siendo justamente ahí donde he podido mirar los mayores éxitos –si bien efímeros–, en la mejora policial, por ejemplo.

El proceso electoral de 2018 aún no muestra ofertas correctivas del patrón inercial a favor de más recursos y fuerza pública. Por el contrario, ya atestiguamos un circo donde parecen competir por el premio a la ocurrencia hasta alcanzar la caricatura involuntaria. Va un ejemplo tan pedestre como reiterado: instalación de más cámaras de vigilancia. El problema es que estas caricaturas convertidas en decisiones de política pública –por llamarles de alguna manera– son la plataforma que da paso a la reproducción masiva de víctimas de las violencias.

Jamás habrá una mención que haga justicia al esfuerzo que se encamina a construir la seguridad y reducir la violencia por parte de actores independientes. Se trata de un fenómeno sin precedentes que viene articulando procesos cada vez más potentes de presión social y política y que merece análisis aparte. Sin embargo, esta suerte de multiplicación incesante de anticuerpos de la crisis sigue enfrentando una resistencia al cambio de proporciones en general aún insuperables. Así lo reconocieron múltiples actores destacados que participaron en la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: la Vía Civil, celebrada en octubre pasado (aquí el video de todas las mesas de trabajo).

La constatación cotidiana del agotamiento de las políticas de seguridad en México y de su fase superior, que abre paso franco a la militarización de la seguridad pública, fue el contexto que dio paso a la organización de tal evento y al anuncio –ahí mismo– de la creación del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. La iniciativa fue convocada bajo el liderazgo del Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, y en alianza con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a su vez acompañados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México (aquí el pronunciamiento).

El Foro, ya en operaciones a partir de este 2018 que comienza, impulsará de manera permanente una agenda de investigación científica y una oferta educativa orientadas a la incidencia a favor de políticas de seguridad eficaces, legítimas, coherentes con los derechos humanos, soportadas en el conocimiento científico y la evidencia; tal como lo ordena la Constitución, conducidas por el liderazgo civil. El Foro ofrecerá una caja de herramientas teóricas y metodológicas modernas a las autoridades y a las y los actores oficiales independientes involucrados en esfuerzos a favor de un paradigma democrático de la seguridad.

Esta iniciativa incluirá la instalación del primer laboratorio de innovación en seguridad ciudadana, donde académicos, líderes sociales y representantes de la autoridad intercambiarán el conocimiento y la experiencia para crear nuevas herramientas útiles para la mejora práctica de las políticas y las instituciones responsables.

Este espacio además funcionará como una ventana al mundo por donde serán miradas y convocadas las experiencias y lecciones aprendidas más allá de nuestras fronteras. Es el caso del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), cuya directora anunció públicamente, en la conferencia mencionada, la alianza con el nuevo Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. En la experiencia de 30 años del EFUS, agregó, el camino correcto es crear lenguajes y metodologías comunes entre actores diversos, oficiales e independientes, desde un espectro que rebasa las instituciones policiales y el sistema de justicia penal e incluye la educación, la salud y la planeación urbana, entre otros. Especialmente valioso, a decir de las representantes de la oficina sede del EFUS ubicada en París, Francia, es el liderazgo académico en la creación de este foro.

Comenzamos.

Ernesto López Portillo Vargas es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.

Fuente: Foro Mexicano para la Seguridad Democrática

Saludos

Mario Meneses

Derecho Internacional Humanitario. 


Derecho Internacional Humanitario

La protección de los Derechos Humanos es uno de los grandes pilares de las reglas internacionales, sin embargo, cuando estalla un conflicto armado, el caos se adueña de los sistemas jurídicos y la protección de los actores más vulnerables en estas situaciones se convierte en un asunto prioritario para minimizar el sufrimiento de la población civil. Para ello, el Derecho Internacional Humanitario está avalado por una larga tradición histórica, asentada a través de la práctica entre los Estados a través de los tratados y Convenciones adoptadas desde el siglo XIX. No obstante, su aplicación está puesta en duda debido a la tardanza de los procesos y a la sensación de impunidad que se trasmite a la ciudadanía, siendo estos los principales desafíos para la comunidad internacional en este ámbito.

En plena era de la globalización, iniciar una guerra supone un duro golpe para gran parte de los estados debido a las consecuencias que ésta genera en multitud de factores, siendo los económicos y los relacionados con la estabilidad política los más relevantes. Sin embargo, aún hoy se sigue debatiendo sobre las situaciones que deben darse para que una guerra sea justa y se siguen perfilando los límites en los medios a la hora de hacer a la guerra. Todo ello se encuentra bajo el paraguas del Derecho Internacional Humanitario, que trata de poner un poco de orden en el descontrol de las guerras.

El orden jurídico en el caos de la guerra

De acuerdo con el Derecho Internacional, se debe hacer una distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. El primero se refiere al enfrentamiento entre dos o más estados. El segundo hace referencia a un conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. Estos últimos conflictos pueden evolucionar de un tipo a otro a medida que avancen los acontecimientos. La palabra ‘guerra’ fue reemplazada por ‘conflicto armado’ tras la adopción de las cuatro Convenciones de Ginebra para ampliar la protección humanitaria a las situaciones que no se definiesen estrictamente como ‘guerra’. De esta manera se consigue que los Estados no puedan negarse a aplicar el DIH cuando cometan algún tipo de hostilidad, sin importar que lo presenten como un acto de legítima defensa o como una situación diferente a la de una guerra. Así, el concepto de “conflicto armado” abarca el uso de la fuerza en cualquier disputa y hace que la aplicación del DIH vaya implícita al término, sin importar que cualquiera de las partes sostenga que su conflicto no es una guerra. El Derecho Internacional Humanitario, de manera amplia, es el conjunto de reglas y principios que limitan el uso de la violencia durante los conflictos armados con el objetivo de proteger a las personas que no forman parte de las hostilidades –o que han dejado de hacerlo–. Es decir, son las normas que protegen a los civiles, náufragos, heridos y prisioneros de guerra. Al mismo tiempo, trata de limitar los efectos de la violencia de la contienda de acuerdo con los objetivos de la misma.

Existe un conjunto de normas que regulan el comienzo de las hostilidades y que de alguna manera justifican una guerra justa. Este el conocido como derecho para hacer la guerra o ius ad bellum. Una vez las hostilidades han empezado se aplica el ‘derecho de la guerra’ o ius in bellum. No es hasta la década de 1930 cuando se comienza a diferenciar entre estos dos términos, por influencia de la Escuela de Viena. A lo largo de la historia se han formulado numerosas concepciones de la guerra, con fundamentaciones de lo más diversas, hasta elevarla al nivel del ‘arte’ por personajes como Sun Tzu (El arte de la guerra) o Nicolás Maquiavelo (Del arte de la guerra). Las causas de los combates también cubren un amplio espectro de motivos que generalmente se resumen en hacerse con el poder o mantenerse en él. Es por lo tanto un instrumento más de la política que, con cuerpos normativos como el ius ad bellum, trata de encontrar una justificación legal a las contiendas, huyendo así de los dilemas éticos y morales que los conflictos bélicos generan. Resulta llamativo que, a pesar de su larga tradición histórica, no fuese hasta el año 1928, con el Pacto de Briand-Kellog, cuando se prohibió por primera vez la guerra.

Existen una series de circunstancias concretas que permiten calificar de “justa” una guerra y son las siguientes: que sea una causa justa; que la lidere una autoridad legítima; que tenga un objetivo correcto; que se hayan agotado todas las vías pacíficas para resolver el conflicto; que el uso de la violencia sea proporcionado y que la probabilidad de éxito sea alta para lograr el fin de la contienda.

INTERESANTE: “No hay guerras buenas, pero sí hay guerras justas” (Lluís Bassets, El País)

Una vez se cumplan estos requisitos, aunque no siempre sea así, pasa a aplicarse un tipo de ley especial para proteger a las partes que no toman parte en la contienda y ese es el ius in bellum, ‘derecho de la guerra’ o Derecho Internacional Humanitario. Su objetivo es regular las hostilidades y proteger a las víctimas en conflictos armados internacionales y no-internacionales. El ius in bellumradica en el derecho consuetudinario, que empezó a codificarse a partir del siglo XIX de manera destacable. Más allá de la costumbre, las Convenciones de Ginebra y de La Haya son la base jurídica de esta rama del Derecho Internacional, a las que se suman la jurisprudencia y los tratados internacionales que completan el DIH. Definen las responsabilidades de las naciones beligerantes y de las personas que toman parte en la contienda así como la de los Estados neutrales, en las relaciones entre estos actores y con las personas a las que el Derecho Internacional protege durante los conflictos. El Derecho Internacional Humanitario no prohíbe la guerra sino que establece unos requisitos mínimos de protección durante los conflictos armados basados en principios de humanidad, distinción entre categorías de personas, la necesidad militar y la proporcionalidad.

El ius in bellum y el ius ad bellum conforman las ramas del Derecho Internacional que regulan todos los aspectos de los conflictos armados. En los últimos años, ha venido cobrando fuerza una tendencia a establecer una tercera extensión a las dos existentes: el ius post bellum, una suerte de cuerpo normativo que regule la protección humanitaria después de los conflictos pero que carece de respaldo legislativo.

De Solferino al Tratado sobre el Comercio de Armas

Captura de pantalla 2015-09-02 a la(s) 15.29.02La batalla de Solferino tuvo lugar en Italia en el año 1859. Un joven suizo llamado Henri Dunant, que años más tarde se convertiría en Premio Nobel de la Paz, quedó impactado ante las consecuencias de la contienda: más de 35.000 heridos, muchos de ellos agonizando, sin posibilidad de recibir asistencia sanitaria. Fue él mismo quien comenzó a coordinar un cuerpo de atención médica para estas personas y a construir los primeros hospitales de campaña en los que se trataban a los heridos sin tener en cuenta el bando del que habían formado parte en la batalla. De esta manera comenzó una cruzada personal por proteger a los colectivos vulnerables en las guerras y decidió limitar los efectos de los conflictos armados y establecer condiciones como la distinción especial para el personal sanitario que le permitiese acceder al campo de batalla para atender a todos los heridos. Fundó así el Comité Internacional de la Cruz Roja y dio los primeros pasos en materia de Derecho Internacional Humanitario.

El DIH tiene tres fuentes que han contribuido a su establecimiento: el Derecho de Ginebra, el Derecho de La Haya y las resoluciones de Naciones Unidas. Es importante remarcar que las fuentes del Derecho Humanitario no nacen con las convenciones, sino que estas recogen las reglas del derecho consuetudinario, es decir, estas normas se encuentran recopiladas en las convenciones pero son parte de la costumbre internacional; por lo tanto, se aplican a todos los Estados, sin importar que hayan ratificado o no la convención.

En 1864 se ratificó la primera Convención de Ginebra para la protección de los heridos en el campo de batalla. Este fue el primer paso hacia la regularización del DIH y que tiene como principal objetivo la protección de las víctimas durante los conflictos, bajo el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja. En total, las Convenciones de Ginebra suman un total de cuatro y cuentan con tres protocolos adicionales. Las cuatro convenciones y el Protocolo Adicional I tienen como ámbito de aplicación los conflictos internacionales. El Protocolo Adicional II se ejecuta en los conflictos no-internacionales “intensivos”, mientras que el Protocolo Adicional III recoge la adopción de un emblema distintivo adicional para el personal de asistencia humanitaria.

Las cuatro Convenciones de Ginebra tienen en común el artículo 3, que puede ser considerado un tratado en sí mismo. Se aplica a los conflictos armados no-internacionales y es considerado como derecho consuetudinario porque todos los Estados se encuentran bajo los efectos de su jurisdicción. Este artículo 3, común a las cuatro Convenciones, protege a todos los individuos que no forman parte de las hostilidades o que han dejado de hacerlo y prohíbe el uso de la violencia contra estas personas, incluyendo la tortura o el trato vejatorio, las ejecuciones arbitrarias y sin juicio previo, y la toma de prisioneros. Se aplica en todo momento y en todo lugar durante un conflicto armado, sin excepción.

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Las Convenciones de La Haya permitieron desarrollar la base ya existente de DIH, especialmente en lo relativo a los medios y los métodos empleados durante los conflictos armados. Fue en 1899 cuando tuvo lugar la primera Conferencia de Paz de La Haya. En ella se adoptaron tres convenciones: la primera, relativa a la solución pacífica de los conflictos internacionales, que dio lugar al Tribunal Permanente de Arbitraje o de La Haya; las otras dos, sobre las costumbres y normas de la guerra terrestre y la adaptación a la guerra marítima, respectivamente. En 1907 se celebró la segunda Conferencia de Paz de La Haya que nació con el objetivo de alcanzar la paz internacional mediante la adopción de más tratados. El resultado fue la adopción de una nueva convención y de trece tratados más. Una tercera conferencia estaba prevista para 1915-16 pero el estallido de la Primera Guerra Mundial lo impidió.

Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó el relevo a la Sociedad de Naciones, que había venido desempeñando el papel de las Conferencias desde 1920. Su principal cometido es el de realizar esfuerzos para asegurar la protección de los derechos humanos durante los conflictos armados, haciendo especial énfasis en limitar el uso de ciertas armas durante los mismos. La última resolución adoptada a este respecto por la ONU es el Tratado sobre el Comercio de Armas, firmado en 2013.

Uno de los principales puntos fuertes del Derecho Internacional Humanitario es que no prohíbe la guerra per se, ya que este sería un fin muy loable pero difícilmente alcanzable desde una perspectiva realista. Por lo tanto, su objetivo primordial es el de fijar unos límites muy concretos a la guerra. Mediante el establecimiento de normas que protejan a los civiles y a aquellos que han dejado de tomar parte en las hostilidades, se permite que incluso durante los conflictos armados haya una presencia de los Derechos Humanos y una doctrina asentada y aceptada por la comunidad internacional que los proteja. En cierto modo, los objetivos del DIH son: hacer visible la parte humana durante los conflictos, intentado reducir el daño infligido a los civiles durante las guerras a la mínima expresión; introducir el factor humanitario en la ecuación de la guerra que haga de contrapeso a las necesidades militares, tratando de encontrar un equilibrio entre ambos; concentrarse en la protección y en la reducción del daño a los civiles, prisioneros de guerra y heridos; ofrecer una garantía de protección al personal militar que se encuentra fuera del campo de batalla y a las personas que han dejado de ser partes activas en el conflicto; y proteger ciertos objetos como lugares de interés cultural o religioso, edificios civiles, el medio ambiente, el equipo médico –incluidos medios de transporte–, y objetivos indispensables para la supervivencia como los que garantizan el acceso a agua potable.

La protección de los Derechos Humanos dentro y fuera del campo de batalla

La protección de la dignidad humana es la base de los Derechos Humanos. En la ausencia de conflictos armados, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la rama jurídica encargada de esta misión, es decir, es la ley que se aplica de manera ordinaria. Sin embargo, en el momento en el que estalla una guerra, el Derecho Internacional Humanitario es el encargado de velar por la dignidad de las personas en el espacio territorial que es objeto de batalla y durante el tiempo concreto que dure el conflicto. Es la lex specialis. Estas dos modalidades son ramas del Derecho Internacional que tienen ciertas especificidades que es importante identificar y diferenciar para no referirse a alguna de ellas de manera errónea.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se basa en acuerdos entre dos o más Estados en los que regulan las relaciones entre los mismos y los individuos sobre los que tienen jurisdicción. En este contexto, tienen como objetivo proteger a las personas y trabajar en favor del desarrollo de los pueblos, estableciendo límites al poder de los Estados. Es aplicable tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, pero algunos derechos pueden verse “suspendidos” de manera temporal en situaciones de emergencia. Las tareas de control y supervisión del cumplimiento, por parte de los Estados, de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos las ejercen diversos mecanismos como pueden ser tratados internacionales o tribunales. Los principales rasgos distintivos de esta rama jurídica es que las obligaciones son exclusivamente de los Estados mientras que son los individuos los que poseen los derechos en cuestión y existen tribunales específicos que velan por su salvaguardia. Así, existen las cortes internacionales especializadas en materia de Derecho Humanos, como la del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La protección que brinda este Derecho es aplicable exclusivamente a las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se considera una rama jurídica relativamente joven que está compuesta por principios de carácter generalista y que no hace diferenciación entre las personas en su aplicación. Es por lo tanto la lex generalis ya que son sus reglas las que influencian el contenido de la lex specialis o DIH.

Captura de pantalla 2015-09-02 a la(s) 15.29.45Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario es una ley excepcional que se basa en los acuerdos alcanzados entre los Estados sobre cómo desarrollar las guerras y cómo proteger a los civiles y a los combatientes, además del papel destacable del derecho consuetudinario. Se aplica exclusivamente mientras haya un conflicto armado con el objetivo de limitar el sufrimiento que una guerra puede causar, haciendo hincapié en la cooperación entre las partes involucradas en el conflicto. En este caso, los derechos no pueden ser suspendidos o derogados y el organismo encargado del correcto cumplimiento de los mismos es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su parte, las obligaciones recaen tanto en los Estados como en los individuos, que son también los titulares de derechos. Para controlar su aplicación y respeto, el órgano encargado de hacerlo es la Corte Internacional de Justicia aunque también puede haber otros mecanismos que hayan establecido los tratados. Es posible encontrar tribunales nacionales con competencias en esta materia así como tribunales ad hoc para casos específicos: los tribunales de Nüremberg, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda o el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El DIH se aplica en cualquier lugar en el que un Estado parte (o cualquier otro actor parte) del conflicto esté desarrollando acciones que puedan ser calificadas como conflicto armado. Es una rama jurídica más antigua que la de los Derechos Humanos y contiene tanto principios generales como normas muy específicas. Tiene como foco de aplicación solamente a las partes beligerantes y sí que realiza diferenciaciones entre las personas a la hora de definir el nivel de protección o los derechos de los que gozan.

En ambos casos, el objetivo es proteger a las personas, ya sea de los abusos de los Estados o de las partes beligerantes. También comparten el principio de no-reciprocidad, es decir, que el cumplimiento de los derechos no dependa de la actitud mostrada por la otra parte y que el no cumplimiento por una de las partes no exime a la otra de hacerlo. Por otro lado, el Derecho Internacional contempla casos excepcionales en los que la protección de ciertos derechos fundamentales puede verse suspendida o limitada temporalmente. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo número cuatro la posibilidad de permitir a los Estados firmantes suspender algunos de los artículos recogidos en el mismo por una emergencia pública que ponga en riesgo la supervivencia del Estado. Entre esos artículos no pueden encontrarse los referentes al derecho a la vida, a la prohibición de la tortura y del trato inhumano y degradante, a la prohibición de la esclavitud o al encarcelamiento por deuda o impago, entre otros. Otros tratados o convenciones internacionales de Derechos Humanos también recogen algún artículo en el que contemplan esta posibilidad de derogación o limitación y en algunas ocasiones se ha hecho uso del mismo, como en el golpe de Estado militar de 1967 en Grecia o en los ataques del 11-S.

La práctica del DIH

La protección que establece el Derecho Internacional Humanitario en el marco teórico resulta muy diferente cuando tiene que convertirse en una cuestión práctica. El respeto a la vida y a la integridad física y moral de las personas protegidas por el DIH no siempre se cumple. Podemos encontrar numerosos casos en los que se producen violaciones del ius in bellum, que en algunas ocasiones son de tal gravedad que adquieren el status de ‘crímenes de guerra’. La mayoría de las víctimas de estas violaciones son parte de la población civil. La situación en la que estas reglas deben aplicarse es de una enorme complejidad, lo que dificulta una protección efectiva. Para evitar las conculcaciones, los gobiernos deben tomar medidas para fomentar el conocimiento y el respeto del DIH. Entre los principales objetivos de estas acciones, deben estar sus Fuerzas Armadas, que en caso de conflicto armado se convierten en los actores más relevantes y con mayor responsabilidad a la hora de respetar las normas internacionales para proteger a los civiles y a los heridos.

En caso de violaciones de infracciones del DIH, los Estados deben tener desarrollado un cuerpo normativo sólido y preciso que castigue las violaciones de las Convenciones de Ginebra y de La Haya, a fin de penar los crímenes de guerra con severidad y las violaciones de la protección de los emblemas de los cuerpos humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cabe destacar, también, la importancia de las labores de prevención por parte de los gobiernos para fomentar la información entre el público general del DIH y la concienciación entre toda la población de la importancia vital de que éste se respete, incluso en las situaciones más extremas.

A nivel internacional, existen diferentes tribunales encargados de castigar a aquellos individuos o Estados que no cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario, destacando la Corte Penal Internacional, la cual nació con el Estatuto de Roma de 1998, o los tribunales para juzgar conflictos ad hoc como los mencionados anteriormente de Rwanda o Yugoslavia.

Sin embargo, a la hora de perseguir a los responsables de violaciones del DIH, aparecen numerosos obstáculos: la falta de voluntad política por parte de los Estados para juzgarlos o ponerlos a disposición de la justicia internacional, una aplicación inadecuada de la ley a nivel internacional, leyes nacionales que establecen límites para juzgar a estos criminales, la concesión de amnistías, procesos con una duración demasiado larga o los altos costes que suponen. Precisamente, debido a la ausencia de resultados tempranos de la aplicación de la justicia, se transmite una sensación de impunidad y falta de castigo a los sospechosos de haber cometido estas infracciones, lo que lleva a muchas personas a perder la fe y la confianza en estos sistemas de castigo y control.

Desde que Henri Dunant diese los primeros pasos en la protección de las partes no beligerantes en los conflictos armados, se ha avanzado de manera más que significativa en este campo y actualmente existe un marco legal sólido y muy preciso que permite establecer una seguridad jurídica de gran relevancia. Su aplicación práctica sigue constituyendo a día de hoy un desafío, especialmente debido a las constantes amenazas que surgen en el panorama internacional, como es el terrorismo internacional que se presenta como polimorfo y de una gran diversidad, haciendo aún más compleja la aplicación de estas normas. La comunidad internacional debe continuar ampliando el marco normativo para adaptarse a los desafíos actuales, huyendo de tratados generalistas, dando lugar así a un Derecho Internacional Humanitario actualizado y preparado para dar respuestas específicas a los nuevos actores que forman parte de los conflictos armados y que lleva a cabo acciones que ponen en riesgo a la población civil, los objetos básicos para la supervivencia de las personas y los bienes culturales de gran valor para toda la humanidad.

Para ello, el papel que ha venido desempeñando desde el siglo XIX el Comité Internacional de la Cruz Roja debe ser reconocido y fomentado para que dé respuesta a los nuevos retos a los que la comunidad internacional debe hacer frente en este momento histórico y en el que la reducción del sufrimiento de la población civil debe ser el principal foco de actuación una vez se ha iniciado un conflicto armado. Que esta organización disponga de todos los medios necesarios para llevar a cabo su labor de información, prevención, divulgación y actuación sobre el terreno, es una cuestión que puede afectar a la vida de miles de personas que se ven envueltas en las atrocidades que supone vivir una guerra en primera persona y que debe ser protegida y atendida de manera efectiva y rápida para mitigar un daño que se incrementa cada día. El Derecho Internacional Humanitario requiere de actualizaciones constantes para adaptarse a una sociedad cambiante y globalizada, para ello el compromiso de los Estados es fundamental y por ello deben mostrarse dispuestos a colaborar en estas tareas para que los procesos sean lo más rápidos posible y la ciudadanía perciba que la comunidad internacional es capaz de reaccionar y solucionar ante el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos en todos los rincones del planeta.

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Fuente: Derecho Internacional Humanitario

Saludos

Mario Meneses

Inseguridad en la #CDMX


Con base en la información oficial de carpetas de investigación, la Ciudad de México vive un importante aumento en la incidencia de delitos patrimoniales como el robo con violencia que creció 31.4%; el robo a transeúnte 26.7%; el robo a negocio 14.5% y el homicidio, que, pese a que aún se encuentra por debajo de la media nacional, experimentó un aumento del 17.8% en homicidio doloso y de 20.9% en homicidio culposo, si se comparan los primeros 10 meses de 2017 contra el mismo periodo de 2016.

Si comparamos las tasas por cada 100 mil habitantes de las 32 entidades, en este periodo, la CDMX, ocupa en el caso del robo a negocio el 2º lugar; el 3º en robo a transeúnte; el 4º en robo con violencia y el 8º en extorsión.

Un factor clave que impulsa el alza del homicidio, según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, es el aumento en el uso de armas de fuego para cometer delitos, lo que significa un creciente riesgo para las víctimas y la incidencia de homicidios derivados de robos y riñas interpersonales.

Comercio ilegal de armas

Ante esta escalada de violencia, queda claro que urge frenar el comercio ilegal de armas, cerrar mercados ilícitos, aumentar el uso de inteligencia para prevenir delitos, combatir la corrupción y profesionalizar más los cuerpos de seguridad y justicia.

Para que en un territorio pueda haber una comisión sistemática de delitos, se requiere de gobiernos cómplices que los toleren o protejan, o de autoridades que no cuenten con los insumos ni las competencias necesarias para enfrentarlos.

Debemos señalar que la Ciudad de México aparentemente no cuenta con el equipamiento necesario para combatirlos, que es indudable la falta de personal en áreas de procuración justicia que hacen evidentes las carencias en la atención a los denunciantes, así como en la actuación apegada a derecho de policías y ministerios públicos. Sin mencionar que la capital del país cuenta con un 93.8% de cifra negra según lo expone la ENVIPE 2017.

Procuración de justicia en la CDMX

En particular, por lo que refiere a los conocimientos y capacidades para procurar justicia en el marco del Sistema Penal Adversarial, los medios de comunicación han exhibido el desconocimiento e impericia de muchos MPs capitalinos.

Si la base de la construcción de una política criminal y el proceso de acceso a la justicia para una víctima inicia con la denuncia, las autoridades de la CDMX tienen un gran pendiente, ya que en las agencias del MP se disuade o re victimiza a quien ha sufrido un delito.

La capital cuenta con una red de cámaras de videovigilancia, tecnología, equipamiento y áreas de inteligencia. Sin embargo, carece de una estrategia que evidencie que los delitos se estén previniendo, que se esté usando la presencia policial para disuadir delitos y que demuestre que todos esos insumos tecnológicos se encuentran al servicio de las víctimas.

Actualmente más del 60% de los homicidios y robos con violencia se cometen con arma de fuego, lo que debería llevar al impulso de una política nacional para prevenir y combatir el ingreso ilegal de armas al país, al tiempo que las autoridades locales combatan su comercio ilegal.

Quien hoy nos roba un anillo, un reloj, una cadena, un celular, encuentra fácilmente la forma de comercializarlo, ya sea vendiéndolo en mercados sobre ruedas o directamente empeñándolo.

Si se busca combatir las condiciones que permiten la existencia de los delitos, es fundamental hacer cada vez más difícil y menos lucrativas estas actividades. Para que esto suceda, se deben cerrar los mercados ilícitos y supervisar los lugares donde se pueden comerciar los bienes obtenidos de manera ilícita.

La inseguridad se puede revertir

La creciente inseguridad que sentimos en la CDMX se puede revertir, se pueden disminuir los robos y actuar antes de que el homicidio se dispare, alcance o supera la tasa nacional.

La evidencia de que una sociedad pacífica puede perder esas condiciones la tenemos ante la crisis que viven Aguascalientes, Baja California Sur o Colima. Esta situación debe ser un llamado de atención para quien gobierna y para quien compita para gobernar la capital mexicana en el 2018.

Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano

 

Dr. Mario Arroyo invitado permanente de la #SociedadCivil al Cosejo Nacional de #SeguridadPública


Participación del Dr. Mario Arroyo Juárez Invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Muy acertado sus comentarios al dar ejemplo de la deficiencia que tiene la base de datos del Registro Nacional de Seguridad Pública.

No se tienen controles biometricos para garantizar el registro de 500 mil personas, los cuales no están actualizados, en comparación con las cantidad de registros que manejan los Bancos o el INE

Necesitamos un Censo Real de nuestras y nuestros policías.

Saludos

Mario Meneses

Comisión Nacional de los #DerechosHumanos (CNDH). #Seguridad


El Ombudsman nacional al participar en el Foro “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías”, subrayó que el reconocimiento de los derechos de los policías y su dignificación son elementos indispensables de una política pública integral en materia de Seguridad y Justicia.

También mencionó que la defensa de los Derechos Humanos no promueve el incumplimiento de la Ley y enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.