Archivo de la categoría: Sistema de Justicia.

Diferencia entre inspección de personas y revisión corporal.


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SABES QUE ES LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR?


La constitución del patrimonio familiar es una forma de proteger los bienes de la familia para que estos no sean dilapidados, enajenados, arrendados o se haga la trasmisión de sus derechos a terceros, esto se hace a través de una acción legal denominada JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, ante un Juez de lo Familiar.

La constitución del patrimonio de familia hace pasar la propiedad de los bienes al que se designen por las partes, el ejemplo más claro es que los padres lo pasen a los hijos para asegurar que esos bienes no serán dilapidados por alguna de las partes, por lo que una vez que la constitución del patrimonio sea aceptada por el Juez de lo Familiar, ordenara se haga la respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que dichos bienes no sean enajenados, hipotecados, arrendados, dilapidados o se trasmita la sesión de derechos de estos a terceros.

Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en el lugar en que esté domiciliado el que lo constituya.

QUE BIENES PUEDEN FORMAR EL PATRIMONIO FAMILIAR?

El patrimonio familiar puede incluir la casa–habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su actividad.

QUIENES TIENEN DERECHO A SOLICITAR ESTA ACCIÓN LEGAL?

Pueden constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo, para proteger jurídica y económicamente a su familia.

VALOR MÁXIMO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR.

El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familiar, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10,950 por el importe de tres veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, en la época en que se constituya el patrimonio y que al día de hoy aproximadamente seria por la cantidad de $2, 479,846.5 pesos; esta cantidad podrá ampliarse.

PERO SABIAS QUE TAMBIÉN PUEDES OBLIGAR A TU CONTRA PARTE A CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR?

Cuando tienes el temor fundado de que el deudor alimentario puede poner en riesgo el patrimonio de tus hijos o el propio, puedes recurrir a esta acción legal, también la pueden interponer los tutores de los acreedores alimentarios incapaces, el ministerio público, aunque no es necesario invocar alguna causa legal para constituirla.

Ahora ya lo sabes, si deseas proteger el patrimonio de tus hijos y los propios, puedes recurrir a una JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, para protegerlos y evitar que estos se vean afectados por acciones fraudulentas que pudieran ejercer cualquiera de las partes en perjuicio del patrimonio familiar de tus hijos o el propio.

Si tienes dudas o comentarios o necesitas más información acerca de este tema, te invito a consultar al Licenciado Cesar Rubio por este medio o a través de whats App 5546192030, donde te atenderá de forma personal.

¡NO LO PIENSES MAS, CONTITUYE TU PATRIMONIO FAMILIAR Y PROTEJE EL FUTURO DE TUS HIJOS O EL PROPIO, NO ESPERES MAS, ESTAMOS PARA APOYARTE EN ESTA DECISIÓN!

Saludos

Mario Meneses

El cuento de terror de Mancera. #PrisiónPreventiva


María Maltos Rodríguez  JULIO 17, 2017

En estos días se ha escuchado al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, “alertar” a la ciudadanía de que gracias al nuevo sistema de justicia penal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de cuatro mil personas “saldrán de prisión.

Sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones al respecto:

¿Qué es la prisión preventiva?

Es la decisión de un juez de enviar a una persona a prisión antes de que el juez lo declare culpable de un delito. También es una “medida cautelar” que, igual que otras, se puede imponer cuando una persona está siendo investigada por algún delito.

México es el único país en toda América y Europa que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se considera una violación a la presunción de inocencia además de que existe evidencia sobre sus efectos negativos. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016,1 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en ese año se presentaron 1,538 incidentes violentos, entre los que se encuentran riñas, desórdenes, homicidios, abusos, suicidios y motines. Según Guillermo Zepeda Lecuona, director general de Jurimetría, la tasa de homicidios entre la población penitenciaria en las prisiones mexicanas es más del doble de la que registra la población en general.

Los delitos de “prisión preventiva oficiosa” son aquéllos por los que, según la Constitución, se debe imponer forzosamente la medida cautelar de prisión preventiva al presunto responsable mientras se le investiga para que un tribunal decida si es culpable o no del delito o delitos por los que se le acuse.

Todos los delitos, desde el más simple hasta el más “grave”, pueden tener prisión preventiva aun cuando no estén en el catálogo de la Constitución siempre y cuando se acredite que la medida es necesaria (tratándose de delitos que merezcan pena de prisión en caso de resultar culpable, por supuesto, como ocurre con la gran mayoría de ellos). Los delitos de prisión preventiva oficiosa establecidos por la Constitución son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Según México Evalúa, para 2013 en México aproximadamente un 41.3% de los internos no tenían condena todavía.2

¿Cómo se decide si una persona a la que se le está investigando por un delito debe estar o no en prisión mientras es investigada?

Por la necesidad de “cautela”. Es decir, se analiza si esta medida de verdad se requiere para lograr lo siguiente:

  1. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Es decir, que no se escape.
  2. Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o de algún testigo.
  3. Evitar que se obstaculice el procedimiento. Es decir, que la persona no interfiera con la investigación.

¿Saldrán los 4 mil imputados que menciona Mancera?

No. No saldrían todos, ni lo harían al mismo tiempo. Cada una de estas personas deberá solicitar la revisión de la medida cautelar, que se realiza en audiencia pública ante un juez. Caso por caso, el Ministerio Público y la defensa presentarán sus argumentos y el juez decidirá si esta persona seguirá en prisión preventiva mientras se le investiga o si le sujeta a otra medida cautelar distinta.

Difícilmente se harían todas las audiencias en poco tiempo, pues la cantidad de jueces, defensores públicos y agentes del Ministerio Público sería insuficiente. Éstas tendrán que programarse en tiempos diferidos. Además, no todos los imputados se enterarán de esta posibilidad dado que es información generalmente proporcionada por sus defensores, que tampoco tendrían tiempo —los públicos al menos— para hacer los trámites de todas las personas a la vez.

¿Estas personas se librarán de la cárcel o de reparar los daños que pudieron haber ocasionado?

No. La decisión de la Suprema Corte solamente les da el derecho de solicitar que revisen su caso para ver si les cambian la medida cautelar de prisión preventiva. Si acaso el juez decide que no amerita prisión preventiva, puede cambiarla por una o más de las siguientes medidas:

  • El pago de una garantía económica;
  • usar un localizador electrónico;
  • acudir a firmar periódicamente ante la autoridad;
  • embargo de bienes;
  • inmovilización de cuentas bancarias o valores financieros;
  • no salir del país o del territorio que el juez indique;
  • el sometimiento a cuidado, vigilancia o internamiento en una institución;
  • no concurrir a reuniones o acercarse a los lugares que el juez indique;
  • no convivir, acercarse o comunicarse con la víctima, testigos u otras personas;
  • suspensión de un cargo público o de una determinada actividad profesional o laboral;
  • resguardo en su propio domicilio.

Es decir, estas personas no solo “saldrán” y ya. En toda la audiencia y el procedimiento siempre estará presente el agente del Ministerio Público para argumentar lo necesario, además de que la víctima y su asesor también puede intervenir.

La investigación sigue su curso y, en caso de que al final se le encuentre culpable, se dicta una sentencia y la pena que corresponda (reparación del daño, prisión y/o multa).

¿Beneficia a delincuentes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

No; la decisión beneficia a quienes están siendo procesados por algún delito. Es decir, dado que la investigación aún no concluye, no se ha demostrado que sean culpables.

Si no están en prisión preventiva, ¿quién vigila a las personas sujetas a algún proceso penal?

La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), que empezaron a funcionar desde 2011 son las encargadas de hacer un análisis de riesgo, es decir, verificar en cada caso la “necesidad de cautela”. Iniciaron en Morelos y desde entonces se han implementado en otras entidades ya que el Código Nacional las estableció como obligatorias desde 2014. Por ejemplo: si usted va manejando descuidadamente, atropella a una persona y ésta muere o queda muy lesionada, la UMECA verificará qué tan probable es que usted se dé a la fuga. Para hacerlo, busca datos objetivos como si tiene familia, casa, trabajo fijo, o elementos que impliquen “arraigo” en su comunidad. También verificará si está en posibilidad de hacer algo que entorpezca la investigación o afecte la integridad de algún testigo o de la propia víctima u ofendido. La UMECA envía esta información a Ministerio Público y a la defensa para que la expongan ante el juez y éste decida qué medidas cautelares es necesario imponer a la persona, según la información recibida.

Después de la audiencia en la que se imponen una o más medidas cautelares, la UMECA revisa que la persona cumpla sus medidas mientras permanezca en esa situación.

¿Qué tan efectiva es la evaluación y vigilancia que realiza la “UMECA”?

Altamente efectiva, según los datos. Javier Carrasco, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A. C., una de las principales organizaciones que se ha encargado de apoyar en la implementación de las UMECAS en el país, menciona que el porcentaje de efectividad de éstas es de un promedio de 90 por ciento. Es decir, que de cada 100 personas que la UMECA vigila, solamente 10 no llegan a alguna audiencia y, en estos casos, no necesariamente es porque se escaparon, en ocasiones la ausencia es por olvido, descuido o falta de transporte. En la Ciudad de México, la UMECA se ubica en la estructura del Tribunal Superior de Justicia, con una efectividad registrada por el Instituto de Justicia Procesal Penal del 87 por ciento. Es decir, un mínimo de personas incumple sus medidas cautelares en libertad.

¿Qué pueden hacer los miembros de la CONAGO? Fortalecer a las UMECAS con más capacitación, recursos humanos y materiales, así como convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para el mejor cumplimiento de sus funciones que, si así ya tienen alta efectividad, pueden mejorar aún más.

Además de la Federación, el Instituto de Justicia Procesal Penal registra que todavía hay dos entidades federativas que no han cumplido aún con la obligación de tener UMECAS (Chiapas y Quintana Roo). Esto sí podrían impulsarlo los gobernadores para beneficio de todas y todos. El problema no es de las leyes, sino de la operación del sistema y esto no se corrige con reformas, sino con capacitación, monitoreo, evaluación e inversión responsable de los recursos. Una reforma solamente ayudaría a disfrazar las deficiencias en lugar de resolverlas.

María Maltos Rodríguez es Maestra en Derecho Penal y Consultora internacional en justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.


1 Ver http://bit.ly/2uyNPSu, página 613

2 Ver http://bit.ly/2u0bJ6f, página 23.

Fuente: seguridad.nexos.com.mx

Saludos

Mario Meneses

3 iniciativas sobre #Seguridad sin resolver en el Congreso


Son tres los temas pendientes en el Congreso de la Unión en materia de seguridad: la ley de seguridad interior, el Mando Mixto Policial y la miscelánea en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. Algunos de éstos han estado en la agenda política desde el 2008 y aún están pendientes.

En el 2009 fue expedida la Ley General de Seguridad Pública. Uno de sus principales objetivos fue distribuir competencias para que existiera una mejor coordinación entre la Federación, los Estados y los municipios para atender la problemática en el tema de seguridad. Además, en los artículos 4 y 5 de ésta se delimitó el campo de acción de cada instancia, instrumento o política que rige el tema.

1. Ley de Seguridad Interior

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no está contemplada en el marco legal. En el artículo 21 de Constitución Política se establece que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación. Los estados y los municipios y que debe existir coordinación entre estos niveles de gobierno para que ésta sea efectiva. De ahí surge una de las discusiones principales y la necesidad de tener un marco jurídico para regular la participación del ejército y la Marina en misiones de seguridad.

Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en distintos estados para enfrentar en conjunto con las autoridades locales, la inseguridad generada por el crimen organizado. Esto se señala el diagnóstico del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 y donde se explica la importancia de impulsar un marco legal para cumplir las nuevas funciones que se les han encomendado.

2. Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial

El 18 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la que el Sistema de Justicia Penal Mexicano pasó de ser inquisitivo mixto a acusatorio adversarial. Una de las principales diferencias de estos dos sistemas es que en el primero la prisión preventiva es una regla y el detenido debe demostrar su inocencia, mientras que en el acusatorio adversarial la presunción de inocencia prevalece y la prisión preventiva se aplica solamente cuando el delito que se imputa es grave.

Sobre el tema existen diversos posicionamientos debido a que hay voces que señalan el incremento de delitos, debido a que las penas son laxas, lo que motiva a las reincidencias; en contraposición, quienes defienden este nuevo sistema advierten que se trata de un importante avance en la procuración de justicia mexicana.

3. Mando Mixto Policial

La creación del Mando Mixto Policial es una iniciativa presentada en un inicio por el senador perredista Héctor Miguel Bautista López para reformar el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política con la finalidad de definir la seguridad pública como función estatal.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto retomó la discusión sobre este tema luego de que la investigación oficial sobre el caso Ayotzinapa revelara la participación de la Policía Municipal de Iguala en la desaparición de los 43 normalistas y presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 con el fin de que, en caso necesario, las corporaciones estatales y federales puedan intervenir en las tareas de seguridad de los municipios.

Asimismo establece que sea posible la remoción de los mando policiacos locales cuando los gobernadores o el presidente de la República lo consideren necesario o los funcionarios locales no cumplan con sus evaluaciones.

Prevé dejar en manos de la federación los temas locales de seguridad cuando exista una alteración grave del orden. En el caso de las policías locales, éstas deberán ser de proximidad y sólo podrán imponer sanciones administrativas.

alejandra.ayala@eleconomista.mx

Saludos
Mario Meneses

Reforma o Contrarreforma del Sistema Penal Acusatorio


Reforma o Contrarreforma del Sistema Penal Acusatorio

La Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) se va convirtiendo en una actor político cada vez más relevante. Ante lo cual es necesario preguntarnos, como sociedad, ¿esta agrupación de políticos va a expresar las necesidades de la sociedad o será un instrumento más para impulsar los intereses de ellos mismos?

El pasado 11 de agosto se reunieron los gobernadores de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y acordaron proponer e impulsar reformas al sistema de justicia penal acusatorio (SPA).

Este debate tiene algunas semanas instalado en la opinión pública, enfatizando que la prisión preventiva por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército no está considerado en la lista de delitos donde la prisión preventiva es automática.

Respecto de este punto precisemos alguna información. En 2008 cuando se aprobó la reforma constitucional para dar paso a la creación del SPA (http://bit.ly/2vSY04K), quedó establecido en el artículo 19 constitucional una lista de delitos en los cuales la prisión preventiva es obligatoria: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Esta lista no significaba que en otros delitos no pueda dictarse la prisión prevista. De hecho en cualquier delito se puede acordar prisión preventiva, para lo que es necesario que el Ministerio Público muestre y argumente la prisión preventiva como necesaria, de acuerdo al artículo 19 constitucional: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la persona acusada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso.

En otras palabras la prisión preventiva no es una castigo anticipado sino una medida que tiene como objetivo que la persona acusada enfrente y acuda al juicio en su contra; cuidar que no vaya a obstaculizar la investigación y tampoco ponga en riesgo a las víctimas o testigos, ya sea intimidándolos o incluso asesinándolos, o bien cuando se demuestre que la persona acusada ya ha sido sentenciado por otros delitos.

Entonces si actualmente, como dicen los gobernadores y el secretario de Gobernación, no se determina prisión preventiva a quienes son detenidos por portación de armas que sólo puede tener el ejército, es porque los Ministerios Públicos no son capaces de dar razones que justifiquen la medida, ni justifican ante el juez por qué es una decisión correcta poner en prisión preventiva a una persona o grupo de personas.

Frente a esta incapacidad, la solución propuesta no es que ayudemos a que los Ministerios Públicos aprendan a argumentar y justificar la prisión preventiva; sino mejor reformar la constitución y la ley para que la prisión preventiva suceda de manera automática.

Es decir se propone una reforma para que los Ministerios Públicos sigan siendo mediocres pues nada hay que exigirles.

Aún no conocemos el contenido preciso de la propuesta de la CONAGO para reformar el SPA, pero si mantiene la tendencia de la prisión preventiva, sin duda lo que van a proponer es una contrarreforma. Más facilidades y facultades al Ministerio Público para que parezca que se hace justicia aunque en realidad lo que prive sean la arbitrariedad y la impunidad.

Será necesario estar atentos y analizar la propuesta de la CONAGO para que la justicia penal no siga siendo rehén de los intereses políticos.

@EdgarCortezm

Imagen de portada: Reunión del 11 de agosto de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.

Fuente: www.somosmass99.com.mx

Saludos

Mario Meneses

 

Gobiernos no aplican bien el sistema de justicia. @angelicadelap #DerechosHumanos


La senadora perredista Angélica de la Peña sugirió que los gobiernos estatales sean autocríticos sobre la aplicación del Sistema de Justicia Penal.

10/08/2017 02:03  Juan Arvizu y Alberto Morales

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), advirtió que se ha generado una crisis en el sistema de justicia penal, porque los tres niveles de gobierno no aplican de manera adecuada el nuevo modelo.

Pidió que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconozca que no fueron suficientes ocho años que se dieron de plazo para la aplicación de la reforma, y llamó a que las autoridades asuman su responsabilidad en las fallas que reporta el cambio.

Consideró que las propuestas de los gobernadores de ampliar el catálogo de delitos que deban ser objeto de prisión preventiva oficiosa —robo de combustibles y portación de arma de fuego—, no van a resolver el problema de la inseguridad pública.

Remarcó: “Los gobernadores lo que proponen son paliativos, y con ello la crisis se profundizaría en el mediano plazo, por lo que el objetivo de la Conago es una contrarreforma”, dijo.

En el Senado, la legisladora perredista afirmó ante los periodistas que en el Congreso “debemos analizar si necesitamos darle más tiempo a los operadores del sistema, a fin de que se capaciten adecuadamente, y a lo mejor los ocho años que dimos de vacatio legis fueron insuficientes”.

Reconoció que organizaciones de la sociedad civil previnieron sobre la capacitación insuficiente que se había impartido a policías, ministerios públicos, fiscales y peritos. Estas advertencias fueron señaladas hace un año, recordó De la Peña Gómez.

Sugirió que los gobiernos estatales sean autocríticos con la calidad con que han aplicado la reforma del Sistema de Justicia Penal, y en ese sentido hagan un balance de los problemas que enfrentan.

Respecto a las propuestas de la Conago sobre robo de combustible y portación de armas, De la Peña dijo que se requiere que las autoridades realicen un trabajo de investigación.

En el caso del robo de combustible, el problema, explicó, es la corrupción que ha imperado desde el sexenio pasado, lo cual detonó el crecimiento de casos de este delito. “Se tiene que aplicar la ley, interpretarla de manera correcta”, afirmó.

Indicó que las autoridades tienen la obligación de investigar de manera adecuada, a fin de fundar y motivar que sean vinculados a proceso quienes han cometido delitos, y en esa circunstancia la imposición de la prisión preventiva “es perfectamente posible, en función del riesgo procesal de cada imputado”.

Sobre la propuesta de prisión preventiva oficiosa por portación de arma prohibida, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expuso que se deben atacar las causas del problema, como lo es el hecho de la disponibilidad de artefactos letales.

Dijo que “la mayoría de armas que utiliza la delincuencia provienen del tráfico ilegal, desde EU”. Agregó que también hay armas reportadas como perdidas por policías, soldados y marinos.

Fuente: eluniversal.com.mx

Saludos

Mario Meneses

 

 

OCHO ARGUMENTOS FALSOS DE MANCERA SOBRE LA JUSTICIA PENAL


Bertha Alcalde

A un año de implementación de la reforma penal en todo el país, Miguel Ángel Mancera anunció que la Comisión Nacional de Gobernadores que preside, presentaría un paquete de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), lo que pone en riesgo el futuro del sistema acusatorio. Este anuncio va precedido de constantes críticas y pronunciamientos del jefe de gobierno sobre el sistema acusatorio que son falaces, por ello es fundamental someterlas a debate público.

 

  1. El alza en la inseguridad en la Ciudad de México se debe a la liberación de 12 mil reos que se dio gracias al Sistema Acusatorio[1].

Falso. Con dicha cifra, cuya fuente nunca cita, no se puede llegar a tan atrevida conclusión. Para afirmar que esto causó el incremento en la delincuencia Mancera debió acreditar cuántos de ellos cometieron posteriormente un delito, de lo contrario, su afirmación se basa únicamente en un prejuicio contra personas que probablemente ni siquiera han sido declaradas culpables. Por otro lado, nunca menciona las causas de la liberación, por lo que no justifica que se deba al sistema acusatorio. Esto último es muy improbable, ya que si bien las reglas de prisión preventiva cambiaron, no operan en automático, para que un juez pueda imponer otra medida cautelar se requiere que caso por caso se desahogue una audiencia que le permita concluir que el imputado no implica un riesgo para la víctima o la sociedad o de que evada la acción de la justicia, si el ministerio logra justificar lo contrario no se otorga ese beneficio[2].

 

  1. En el sistema acusatorio se deja que la víctima enfrente toda la carga al momento de enjuiciar al delincuente y de su decisión depende si se procesa o no al imputado[3]

Falso. Lo que hace el sistema es darle la posibilidad a la víctima de que participe en el proceso, incluso que la represente un asesor jurídico distinto al Ministerio Público, pero se trata de un derecho no de una obligación. Esto es algo positivo, ya que la Reforma Penal hizo que la víctima tuviera por fin un rol importante dentro del proceso, que su opinión fuera tomada en cuenta. Sin embargo, sigue siendo el Ministerio Público quién tiene la responsabilidad de investigar, y de probar la culpabilidad del imputado, la Víctima no tiene la carga de aportar pruebas o argumentar en su favor.

 

Por otro lado, también es falso que dependa de la víctima la decisión de si se procesa o no al imputado, esa decisión le compete exclusivamente a las autoridades, pues es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal y un juez quien decide si se inicia un proceso o no contra una persona. Es verdad que existe la posibilidad de que la víctima llegue a un acuerdo con el imputado luego de un proceso de mediación, pero existen candados para poder optar por esta alternativa. Solo proceden para delitos de querella y no intencionales. Soslaya el Jefe de Gobierno que en estos casos, en el sistema anterior, la víctima también podía otorgar el perdón al imputado. La diferencia es que antes no se controlaban los acuerdos informales a los que llegaban las partes y nunca se registraban favoreciendo la impunidad.

 

  1. La laxitud del sistema pone a las víctimas en la disyuntiva de volver a enfrentarse al presunto delincuente, por lo que éstas viven permanentemente con el temor de verse nuevamente en esa situación[4].

Falso. La víctima no está obligada a intentar conciliar con el imputado, ni siquiera tiene que asistir a todas las audiencias. Únicamente en caso de un juicio oral, si quiere que su testimonio sea tomado en cuenta, tendría que presentarse para que el juez la escuche directamente. Incluso en estos casos existen además excepciones y procedimientos especiales para el caso de víctimas vulnerables y delitos vulnerables. Además, en el sistema anterior ya existía la figura del “careo”, en donde la víctima tenía que enfrentarse cara a cara con el imputado.

 

  1. Todos los días detenemos personas armadas, gracias al nuevo sistema todos los días ellos saben que no van a tener ningún problema y que van a salir inmediatamente[5].

Falso. Este hecho no se debe a las reglas del sistema acusatorio. Cuando se detiene a una persona en flagrancia, ya sea por portación de arma o por el delito que sea, el Ministerio Público tiene la facultad de mantener a la persona detenida hasta que sea presentada a un juez, no está obligado a liberarlas. Así mismo, si bien la portación de arma no es un delito de prisión preventiva oficiosa, el juez de todas formas puede determinar que se aplique la prisión preventiva si considera que el imputado implica un riego para la sociedad.

 

  1. Es opcional para la víctima que se decrete una prisión preventiva[6].

Falso. La Víctima no decide en ningún caso cuando se aplica la prisión preventiva, esa es una decisión que compete única y exclusivamente al juez a partir de la petición que haga el Ministerio Público.

 

  1. Cuando se trata de delitos por los que no procede la prisión preventiva oficiosa la víctima se ve forzada a aceptar un acuerdo reparatorio[7].

Falso. No existe relación entre la prisión preventiva y el acuerdo reparatorio. La primera es una medida cautelar y el segundo es una mecanismo de solución voluntario que facilita la reparación del daño a la víctima. Además, los acuerdos reparatorios proceden solo por delitos menores sin violencia. Existe una amplia gama de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y aún así no procede el acuerdo reparatorio.

 

Pueden existir casos en lo que se presiona a la víctima a llegar a un acuerdo, pero se debe a conductas indebidas del Misterio Público ligadas con la corrupción. Estás prácticas ocurrían también en el sistema anterior solo que antes se presionaba a la víctima a otorgar el perdón al imputado, lo que generaba mayor impunidad e indefensión.

 

  1. Con el Nuevo Sistema se lentifica la obtención de las órdenes de aprehensión lo que incrementa los índices de inseguridad[8]

Falso. Todo lo contrario, en el sistema acusatorio se facilita la solicitud y obtención de órdenes de aprehensión, las cuales se pueden pedir por cualquier medio (art. 142 del CNPP), esto podría incluir por medio de correo electrónico o incluso por teléfono, no únicamente por escrito como en el sistema anterior. Además hay que considerar que más del 95% de los casos que se procesan son por detenciones en flagrancia, casos en lo que no se requiere orden de aprehensión, por lo que es equivocado vincularlas con la inseguridad.

 

  1. 70% de los asesinatos en la capital son cometidos durante riñas, en todos los casos ocurridos recientemente serán sueltos gracias al sistema acusatorio[9].

Falso.   En primera el homicidio en riña sí es un delito de prisión preventiva de oficio, lo que quiere decir que cuando se detiene a alguien por este delito la prisión preventiva opera en automático. El art. 19 de Constitucional y el art. 167 del CNPP contempla dentro de esta lista al homicidio doloso, lo que cualquier penalista sabría que incluye al homicidio en riña. Además incluso si no se tratara de un delito de prisión preventiva oficiosa, esto no quiere decir que el juez no pueda imponer la prisión preventiva, lo único que quiere decir es que tiene que hacer una evaluación caso por caso para evaluar su pertinencia.

 

Como se ha demostrado, los argumentos que da el Jefe de Gobierno para descalificar el sistema acusatorio carecen de sustento, lo cuál es especialmente criticable por su condición de gobernante y especialista en materia penal. Doblemente criticable sería que se hicieran con motivos políticos o con el objeto de ganar popularidad. Muchos de ellos son tan ajenos a la realidad que denotan desconocimiento de las reglas del sistema acusatorio, o en el peor de los casos ánimo de confundir a la sociedad. Ello incrementa el enojo social y la desconfianza en el sistema de justicia, el aumento de las cifras negras de delitos y la venganza por propia mano.

 

Los problemas del sistema de justicia y la incidencia delictiva nada tienen que ver con el CNPP o con el sistema acusatorio, se deben a causas imputables a los gobernantes como la falta de profesionalización de sus operadores, de servicios de atención a víctimas eficientes, de modelos de investigación eficaces y de mecanismos para combatir los vicios existentes en los que destaca la corrupción.

[1] http://www.milenio.com/policia/cdmx-violencia-asaltos-sistema_penal_acusatorio-12_mil_liberados-milenio-noticias_0_924507913.html. Consultado el 19/06/2017.

[2] Diversos Tribunales de Circuito ya se han pronunciado en ese sentido: Tesis I.3o.P.55 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, p. 2765. Marzo 2017; Tesis XXVII.1o.3 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio 2017.

[3] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017

ue caso por caso se desahogue . ivos polraciones se hicieransentido: la prisicidio en riña. quien riña tengan que ser liberadas.

[4] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera. Consultado el 16/06/2017.

[5] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/17/1170376. Consultado el 19/06/2017.

[6] http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/urge-ampliar-catalogo-de-delitos-para-imponer-prision-preventiva-mancera-31. Consultado el 19/06/2017.

[7] http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-06-15/analisis-nuevo-sistema-justicia-penal-despierta-loret/. Consultado el 19/06/2017.

[8] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017.

[9] http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/capital/030n1cap. Consultado el 19/06/2017.

Fuente: reformapenal.org

Saludos

El objetivo de #AMESP es impulsar una ley única para las empresas de #SeguridadPrivada en #Mexico


ROBERTO RIVERA MIER, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA (AMESP)

“Nuestro objetivo más importante es impulsar una ley única que regule la actividad de la seguridad privada en México”

20/06/2017 – Por Bernardo Valadés.

En la actualidad, en México conviven normativas federales y estatales de seguridad privada, un escenario, según Roberto Rivera Mier, “que ha dado lugar a la informalidad y el incumplimiento”. Por ello, el máximo responsable de AMESP anhela la aprobación de una ley nacional que ponga orden en el sector, así como una capacitación constante de sus profesionales. De esta forma, comenta a ‘Segurilatam’, “conseguiremos que se contraten empresas responsables que cuenten con trabajadores competentes”.

-¿Cuándo se fundó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y cuáles son sus principales objetivos?

AMESP se creó en junio de 2012 con el fin de ser una asociación democrática e incluyente, crear mejores estándares de servicio en beneficio de nuestros clientes fomentando la competitividad, hacer escuchar los intereses legítimos de los asociados entre las autoridades y contribuir a la creación de la Cámara Nacional de Seguridad Privada.

Somos una asociación civil que surgió porque el sector necesitaba unirse y organizarse con bases firmes, claras y transparentes. Y, al mismo tiempo, para ser un órgano que colaborase con el Gobierno para diseñar, divulgar y ejecutar políticas, programas e instrumentos que posibilitasen fomentar la industria de la seguridad privada en México.

AMESP tiene como asociados a las empresas nacionales e internacionales más grandes y representativas que operan en el territorio nacional en todas sus modalidades: monitoreo de alarmas, guardias intramuros, traslado de valores, seguridad canina, seguridad electrónica, seguridad logística, protección de ejecutivos, consultoría de seguridad, seguridad aeroportuaria, etc.

-Al frente de AMESP, ¿qué iniciativas le gustaría materializar durante el presente año?

El objetivo más importante es impulsar una ley única que regule la actividad de seguridad privada. Actualmente, en México existen regulaciones federales y estatales, un marco que ha dado lugar a la informalidad y el incumplimiento. Y de ello se han beneficiado las empresas que operan irregularmente.

Otro de nuestros anhelos es la creación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada. Este es un reclamo constante a la Secretaría de Economía, que lleva más de 12 años sin crear ni otorgar reconocimiento a una nueva cámara industrial. En el caso de la de la seguridad privada, cumple ya con todos los requisitos para gozar del respaldo que se merece.

Asimismo, entre los objetivos de AMESP figuran la profesionalización y el desarrollo responsable del sector. Mediante la capacitación constante, se busca convertir a un inexperto en un profesional con el fin de generar valor y dignificar el sector. Y a través de la promoción de los procesos de certificación del personal de seguridad privada conseguiremos que se contraten empresas responsables que cuenten con trabajadores competentes. Al respecto, ya se está preparando a los primeros grupos de oficiales y supervisores de empresas asociadas a AMESP para que se desarrollen profesionalmente.

-Teniendo en cuenta el primer objetivo de la asociación, parece claro que AMESP coincide con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en que es necesaria una nueva ley de seguridad privada que garantice una operación homogénea y regulada a nivel nacional.

Así es. Coincidimos con Coparmex por las razones anteriormente esgrimidas, que, por supuesto, buscan que nuestro sector mejore y siga contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos y al desarrollo económico del país.

-¿Qué conversaciones mantienen con el ámbito público?

Tenemos una excelente relación con las autoridades locales, estatales y federales. En el caso de estas últimas, en numerosas ocasiones hemos manifestado que estamos dispuestos a colaborar, siempre que se nos solicite, para lograr la regularización, profesionalización y dignificación del sector. Para el Gobierno, AMESP es un interlocutor confiable, serio y responsable. Lejos de llamar la atención de las autoridades a través de gestos, deseamos marcar la diferencia y trabajar con ellas de una manera conjunta.

-Bajo su punto de vista, al margen de la legislación, ¿qué aspectos han de mejorarse para que el sector de la seguridad privada mexicano siga creciendo tanto profesional como económicamente?

En primer lugar, como he mencionado anteriormente, debe existir una sola ley que regule la actividad de seguridad privada. Igualmente, han de simplificarse los procesos y reducirse la burocracia, las empresas tienen que seguir comprometiéndose en el desarrollo profesional de sus empleados y la autoridad ha de ejercer su función reguladora, especialmente sobre quienes operan al margen de la ley.

-¿Cuál es el grado de colaboración existente entre las seguridades pública y privada en México? En el caso de la segunda, ¿qué papel juega en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en 2016?

Junto a la Dirección de Seguridad Privada entrenamos a instructores de empresas de nuestros afiliados, quienes, a su vez, han formado a otros empleados. Por ello, podemos concluir que nos hemos preocupado de capacitar al personal y contribuir ante cualquier hecho que se pudiese presentar en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por lo tanto, en relación a este último todos los guardias de seguridad privada adscritos a AMESP se encuentran capacitados para participar en calidad de auxiliares, ya que los elementos de seguridad privada no son ni pueden ser considerados como autoridad; de ser así, estarían invadiendo esferas y usurpando funciones. Según esta reforma constitucional, el personal de seguridad privada es auxiliar de la policía y del Ministerio Público, en el caso de la comisión de un delito, y de la citada cartera, durante su procesamiento, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por iniciativa propia, previa autorización y validación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, AMESP puso en marcha una serie de cursos de capacitación para el personal de seguridad privada. Hoy podemos decir con orgullo que los empleados de las empresas adscritas a la asociación están debidamente capacitados.

-A finales del año pasado, usted manifestó que en México operaban en torno a 6.000 empresas de seguridad privada, de las cuales sólo la mitad estaba en regla. ¿Cómo afecta esta situación irregular al buen funcionamiento del sector?

La existencia de empresas al margen de la ley tiene un impacto muy negativo para nuestro sector: perdemos competitividad y los usuarios se arriesgan a contratar servicios que pueden ocasionarles pérdidas, en el mejor de los casos, e incidentes graves. Consideramos que las empresas de seguridad privada que no cumplen con ningún ordenamiento legal carecen de capacitación y equipos adecuados. Y además de ser un riesgo para la sociedad y quienes las contratan, representan una competencia desleal para las que sí están en regla.

-¿Hasta qué punto contribuye el sector de la seguridad privada a reducir los índices delictivos en el país?

La actual normativa deja claro que nuestro sector es colaborador de la seguridad pública en casos de catástrofes, emergencia, etc. En ese sentido, tenemos presente que nuestra labor es ayudar a la comunidad. De igual manera, actuamos como elemento disuasorio ante la ausencia de la autoridad formal.

Fuente: www.segurilatam.com

Saludos

Mario Meneses

Investigaciones de la PGR, en riesgo por filtraciones.


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Tras su detención en mayo pasado, Dámaso López, El Licenciado, decidió no declarar ministerialmente, porque, aseguró: No diré nada porque antes de que termine de hablar ya lo sabrán afueraFoto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 19 de junio de 2017, p. 14

La afirmación los tomó por sorpresa:No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá. Los funcionarios trataron de hurgar: A ver, cuéntenos, díganos quiénes. Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, concluyó con un ¿para qué?, no quiero que me maten.

Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en la colonia Anzures, de la Ciudad de México.

Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos ministeriales de comparencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.

El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo. Ex jefes de la Policía Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los mandos de cárteles de las drogas.

En 2005, fue dejado en libertad, porfalta de elementos para procesar, Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.

Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.

Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto narcotraficante que opera en Morelos.

En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un elemento de la Policía Federal.

Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de la Policía Federal, desaparecieron.

La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido. Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera México-Cuernavaca.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera. Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a los límites de Cuernavaca y Huitzilac.

El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.

Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones previas, mandamientos ministeriales de presentación.

Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos, así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los ciudadanos.

El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto. La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.

La infiltración de los grupos criminales o la existencia de funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.

El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado, con una hora de patio y sin contacto con otros internos.

Fuente: jornada.unam.mx

Saludos

Mario Meneses