Mancera, el #Policía encubridor


Bien dicen que la esencia del ser humano perdura por sobretodos las cosas. Tal vez por eso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nunca ha dejado de ser policía y decidió defender a sus policías ante la desaparición forzada del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años.

Grave error. Mancera se convierte así en el defensor del fuero. Ese fuero del que gozan los torturadores que son agentes del estado en la Ciudad de México. Ese fuero que ha incrementado las violaciones a los derechos humanos. Ese fuero que es licencia para desaparecer. Ese fueron que significa licencia para matar. Ese fuero que se burla de las leyes. Ese fuero que convierte a los policías de la Ciudad de México en un cuerpo de seguridad por encima de la Constitución. Ese fuero que les permite detener y no presentar al detenido ante el Ministerio Público. Ese fuero que les permite convertirse en verdugos. Ese fuero que les da el poder de hacer “limpieza social”. Ese fuero con el que persiguen jóvenes obstinadamente. Ese fuero que ha hecho de la Ciudad de México la ciudad con más homicidios dolosos denunciados en 20 años. Ese fuero que permitió el establecimiento de 20 mil tienditas del narco en Ciudad de México…Las cifras desastrosas del gobierno de Miguel Ángel Mancera también son producto del fuero de los policías. Eso ha permitido extender la mancha de impunidad. Decenas de uniformados que a ritmo de garrote pretenden pacificar una de las ciudades más violentas.

Miguel Ángel Mancera se equivoca. Y él lo sabe. Conoce perfectamente el camino que siguió el caso del estudiante Marco Antonio. Conoce las pruebas de los dictámenes médicos. Conoce los informes detallados de lo que hicieron sus policías. Sabe que primero lo detuvieron, luego lo desaparecieron y después lo torturaron. Fotografías, documentos y videos así lo demuestran.

Pero su espíritu de policía ha podido más que el de jefe del gobierno capitalino. Han pesado más sus años en la Secretaría de Seguridad Pública donde ocupó el cargo de Director de Investigaciones y Procedimientos (2002), el de director de Seguimiento de Policías Complementarias (2002), el de Director Ejecutivo de la Subsecretaría (2003), el de asesor del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2004), el de Subprocurador de Procesos y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales (2006) y el de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal (2008).

Con semejante curriculum policiaco, es evidente que Mancera conoce a la perfección el trabajo de ese honorable cuerpo de seguridad. Y también las mañas, los excesos, los laberintos de las acciones fuera de la ley, las formas sucias con las que se conducen normalmente los policías capitalinos. Y digo que las conoce, no porque él haya incurrido en delito alguno, sino porque desde los puestos que ha ocupado es evidente que tiene que haber atendido decenas, cientos de casos como el de los policías que detuvieron y no presentaron ante el Ministerio Público, al joven estudiante Marco Antonio.

Por tanto, resulta extraño que Mancera defienda a los cuatro policías involucrados: Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

Y resulta más extraño que Mancera filtre videos editados a la televisión para demostrar lo profesionales que son, aunque para su desgracia se comprueba que dichos elementos no siguen ningún protocolo con el menor y lo tratan como un criminal solo porque tomó unas fotos.

Igualmente, resulta extraño que Mancera organice una ronda mediática para pasear a los policías por los medios de comunicación a fin de que cuenten “su versión” de los hechos bajo un esquema de manipulación informativa a base del chantaje sentimental.

Y más extraño resulta que los defienda y encubra diciendo que no esta “certificado” que los policías golpearon a Marco Antonio, como si existiera el “certificado” de tortura. Y después que afirme desconocer el paradero de los policías que estuvieron fugitivos unos días.

Resulta extraño, pero a la vez revelador de la calidad humana, ética y moral de Miguel Ángel Mancera. La protección que ha brindado a los pésimos uniformados que detuvieron y desaparecieron a Marco Antonio habla muy mal de él y su gobierno. Y lo peor que demuestra la mezquindad de su ser, es la campaña de difamación en contra del joven estudiante. La cadena de manipulaciones informativas para denostar su imagen y así calmar el clamor popular de justicia.

La sucia estrategia del gobierno de Mancera que luego de presentarlo ante el Ministerio Público trasladarlo a un hospital psiquiátrico para sembrar la duda de su estado psicológico, sabiendo que el joven tenía que ser atendido en el Instituto Nacional de Pediatría a donde fue llevado horas después.

Y por último, la maniobra de aislar al estudiante en su proceso de recuperación, de confinarlo al silencio a cambio de su seguridad, habla de un gobierno basado en métodos mafiosos.

Los padres y familiares de Marco Antonio no tienen duda: los policías lo golpearon, lo detuvieron, lo desaparecieron, lo torturaron y luego, ante la presión social lo narcotizaron con varias tipos de droga para liberarlo y así lograr que el menor no pudiera contar lo que le pasó.

Pero el policía Mancera y sus uniformados a su servicio y bajo su mando, se equivocaron nuevamente. No contaron con la fortaleza del joven, con su espíritu de lucha, con su organismo deportista, que le ha permitido salir adelante e ir contando a los suyos lo que le hicieron.

Nadie con un mínimo de información puede creer la versión oficial. Nadie puede tragarse el cuento de que al joven lo dejaron ir así nomás. Nadie puede creer que durante cinco días anduvo vagando porque era drogadicto o peor aún, porque tenía problemas de salud mental.

Los testimonios, documentos, el expediente judicial y el historial clínico, hablan de un joven estudiante perfectamente “normal”. Así que todo es cuestión de tiempo. Y esperemos que la historia le ofrezca un lugar a cada quien, que los mexicanos no olviden este ominoso caso de desaparición forzada. El gobierno capitalino está obligado a ofrecer una explicación de lo que pasó y a actuar en favor de la víctima no de los verdugos.

La verdad, señor Mancera, pondrá a cada quien en su sitio, incluido a usted mismo…. Veritas liberabit nos.

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La #Tortura se disparó 1,376% en administración de Peña Nieto, señalan ONGs


Datos de la PGR y la CNDH exhiben que casi se triplicaron las quejas por este delito

Ciudad de México.- La tortura en México es una práctica generalizada, alertó desde el 2015 el ex Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas Juan Méndez. La declaración causó molestia en el Gobierno federal, que de inmediato respondió que la aseveración no correspondía “con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que hacía el país en contra de ese delito.

A inicios de este año, el Informe del representante del organismo internacional refrendaba su sentencia.

A dos años de la primera afirmación de la ONU, las cifras sobre tortura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto dan cuenta que esta las denuncias por ese delito no sólo no disminuyeron sino que crecieron de manera exponencial en la presente administración.

Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhiben el aumento de los reportes de este crimen.

El sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual periodo de Gobierno.

Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, expuso que además del número de averiguaciones de la PGR es preocupante la falta de castigo de este tipo de delito.

“El gran problema del Sistema de Justicia es la poca capacidad de investigación. Eso influye mucho porque existe una conciencia entre policías y autoridades que incurren en la tortura de que las posibilidades de ser castigados son pocas”, explicó.

“Generalmente estos temas se investigan y se sancionan de manera individual, sobre un agente policial, sobre un miembro del Ejército. La ley del Ejército es distinta a la ley civil. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que hay una solapación institucional hacia estas prácticas”, dijo Antia Mendoza Bautista, Directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).

El encubrimiento de la tortura se da de forma informal, y muchas de los actos de tortura responden a una presión de las cúpulas policiales para obtener confesiones que respalden las carpetas de investigación por supuestos delitos, detalló la directora.

“Existen sanciones individuales pero eso no ha cambiado, ni genera un incentivo para cambiar estas prácticas en nuestra policía porque no hay sanciones a la institución”, amplió.

Por ejemplo, entre el 2014 y el primer semestre 2017 el Poder Judicial de la Federación registra 22 personas sentenciadas.

Esto representa el 45 por ciento de las 48 causas penales en el mismo periodo, y también representa el 0.28 por ciento de las 7 mil 810 averiguaciones previas y carpetas de investigación (así llamadas en el nuevo sistema de justicia) de esos años.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 161 de 282 quejas por tortura, entre el 2013 y el primer semestre 2017, culpan a la Policía Federal. Lo que es igual al 57 por ciento del total de expedientes en ese periodo.

El conjunto de quejas registradas en la CNDH casi se triplicaron durante el periodo de Enrique Peña Nieto, quien acumuló hasta junio 282, en contraste con su antecesor, el panista Felipe Calderón, quien sumó 99.

En junio, el Nuevo Sistema de Justicia Penal cumplió su primer año de funcionar. Édgar Cortez ve que la entrada puede traer un impacto de disminución a la tortura, aunque aún es pronto para ver resultados.

“Ahora con estos proceso de juicios orales, y audiencias públicas, probablemente contribuirán a que sea más difícil torturar. Si presentas a una persona con signos de tortura en una audiencia pública es mucho más difícil negarlo”, explicó el investigador.

Además, los jueces de control, quienes son los encargados de evaluar en un primer momento los casos, podrán determinar en qué condiciones se han hecho las detenciones u obtenido declaraciones.

Ya con el Nuevo Sistema, los primeros seis meses de 2017 registran mil 482 carpetas de investigación por tortura, una cifra similar a las mil 484 acumuladas en todo el 2016.

Los estados con mayor número de carpetas de investigación por este delito en 2017 son Oaxaca con 101, seguido por Coahuila y Nuevo León con 85.

Caso contrario a los estados de Jalisco, San Luis Potosí con ninguna carpeta; Campeche, con dos; y Baja California Sur, con tres.

LA VOLUNTAD POLÍTICA

El 22 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas realizó un evento, en el marco del la 72 Asamblea General, sobre la tortura durante los interrogatorios, donde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husse, subrayó que esta práctica no sólo ilegal, sino es improductiva a la hora de obtener confesiones y más violencia.

“La tortura alimenta el deseo de venganza, la tortura crea enormes concentraciones de odio y más violencia. Todavía, En algunos países cuando te arrestan eres propenso a ser golpeado, abusado, o torturado”, sostuvo Al Husse.

El artículo 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura resalta que los servidores públicos cometen tortura en procesos de investigación o con el fin de obtener una confesión, no sólo cuando causen dolor o sufrimiento, sino cuando cometan una conducta para anular la personalidad de la víctima, o le realicen procedimientos médicos sin su consentimiento.

La mayor parte de los casos de tortura ocurre durante las primeras horas de una detención, detalló Al Husse. Particularmente, en las horas que los detenidos aún no cuentan con asistencia legal.

En el caso de Chile, las autoridades han aprobado un mecanismo para acabar con la tortura, derivado de los esfuerzos de la Convención contra la Tortura, del cual México también es firmante.

“Este mecanismo asegura a través de visitas periódicas y el diálogo colaborativo con las autoridades, el mejoramiento de las condiciones de las personas privadas de libertad y sus condiciones en los centros de detención”, detalló Lorena Fries, subsecretaria de derechos humanos del Ministerio de Justicia chileno.

Fries señaló que la tortura debe ser reducida con salvaguardas tales como notificaciones inmediatas a la familia a la hora de una detención, acceso a los abogados durante el arresto y reformas a la cultura policial.

En esté sentido la voluntad del Estado es crucial para vencer esta práctica, señaló Mark Fallon, ex agente del Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos.

“Desde que Barack Obama tomó la Presidencia y se inició un programa de investigación. Y ha habido más de 100 estudios de investigación, todos desclasificados”, dijo Fallon sobre los esfuerzos por rastrear cómo se estaba obteniendo información en el sistema penal de los Estados Unidos, lo que sacó a la luz las violaciones de derechos humanos.

Fuente: vanguardia

Saludos

Mario Meneses