Diplomado en #Educación para la Paz y #DerechosHumanos


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Mancera, el #Policía encubridor


Bien dicen que la esencia del ser humano perdura por sobretodos las cosas. Tal vez por eso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nunca ha dejado de ser policía y decidió defender a sus policías ante la desaparición forzada del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años.

Grave error. Mancera se convierte así en el defensor del fuero. Ese fuero del que gozan los torturadores que son agentes del estado en la Ciudad de México. Ese fuero que ha incrementado las violaciones a los derechos humanos. Ese fuero que es licencia para desaparecer. Ese fueron que significa licencia para matar. Ese fuero que se burla de las leyes. Ese fuero que convierte a los policías de la Ciudad de México en un cuerpo de seguridad por encima de la Constitución. Ese fuero que les permite detener y no presentar al detenido ante el Ministerio Público. Ese fuero que les permite convertirse en verdugos. Ese fuero que les da el poder de hacer “limpieza social”. Ese fuero con el que persiguen jóvenes obstinadamente. Ese fuero que ha hecho de la Ciudad de México la ciudad con más homicidios dolosos denunciados en 20 años. Ese fuero que permitió el establecimiento de 20 mil tienditas del narco en Ciudad de México…Las cifras desastrosas del gobierno de Miguel Ángel Mancera también son producto del fuero de los policías. Eso ha permitido extender la mancha de impunidad. Decenas de uniformados que a ritmo de garrote pretenden pacificar una de las ciudades más violentas.

Miguel Ángel Mancera se equivoca. Y él lo sabe. Conoce perfectamente el camino que siguió el caso del estudiante Marco Antonio. Conoce las pruebas de los dictámenes médicos. Conoce los informes detallados de lo que hicieron sus policías. Sabe que primero lo detuvieron, luego lo desaparecieron y después lo torturaron. Fotografías, documentos y videos así lo demuestran.

Pero su espíritu de policía ha podido más que el de jefe del gobierno capitalino. Han pesado más sus años en la Secretaría de Seguridad Pública donde ocupó el cargo de Director de Investigaciones y Procedimientos (2002), el de director de Seguimiento de Policías Complementarias (2002), el de Director Ejecutivo de la Subsecretaría (2003), el de asesor del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2004), el de Subprocurador de Procesos y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales (2006) y el de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal (2008).

Con semejante curriculum policiaco, es evidente que Mancera conoce a la perfección el trabajo de ese honorable cuerpo de seguridad. Y también las mañas, los excesos, los laberintos de las acciones fuera de la ley, las formas sucias con las que se conducen normalmente los policías capitalinos. Y digo que las conoce, no porque él haya incurrido en delito alguno, sino porque desde los puestos que ha ocupado es evidente que tiene que haber atendido decenas, cientos de casos como el de los policías que detuvieron y no presentaron ante el Ministerio Público, al joven estudiante Marco Antonio.

Por tanto, resulta extraño que Mancera defienda a los cuatro policías involucrados: Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

Y resulta más extraño que Mancera filtre videos editados a la televisión para demostrar lo profesionales que son, aunque para su desgracia se comprueba que dichos elementos no siguen ningún protocolo con el menor y lo tratan como un criminal solo porque tomó unas fotos.

Igualmente, resulta extraño que Mancera organice una ronda mediática para pasear a los policías por los medios de comunicación a fin de que cuenten “su versión” de los hechos bajo un esquema de manipulación informativa a base del chantaje sentimental.

Y más extraño resulta que los defienda y encubra diciendo que no esta “certificado” que los policías golpearon a Marco Antonio, como si existiera el “certificado” de tortura. Y después que afirme desconocer el paradero de los policías que estuvieron fugitivos unos días.

Resulta extraño, pero a la vez revelador de la calidad humana, ética y moral de Miguel Ángel Mancera. La protección que ha brindado a los pésimos uniformados que detuvieron y desaparecieron a Marco Antonio habla muy mal de él y su gobierno. Y lo peor que demuestra la mezquindad de su ser, es la campaña de difamación en contra del joven estudiante. La cadena de manipulaciones informativas para denostar su imagen y así calmar el clamor popular de justicia.

La sucia estrategia del gobierno de Mancera que luego de presentarlo ante el Ministerio Público trasladarlo a un hospital psiquiátrico para sembrar la duda de su estado psicológico, sabiendo que el joven tenía que ser atendido en el Instituto Nacional de Pediatría a donde fue llevado horas después.

Y por último, la maniobra de aislar al estudiante en su proceso de recuperación, de confinarlo al silencio a cambio de su seguridad, habla de un gobierno basado en métodos mafiosos.

Los padres y familiares de Marco Antonio no tienen duda: los policías lo golpearon, lo detuvieron, lo desaparecieron, lo torturaron y luego, ante la presión social lo narcotizaron con varias tipos de droga para liberarlo y así lograr que el menor no pudiera contar lo que le pasó.

Pero el policía Mancera y sus uniformados a su servicio y bajo su mando, se equivocaron nuevamente. No contaron con la fortaleza del joven, con su espíritu de lucha, con su organismo deportista, que le ha permitido salir adelante e ir contando a los suyos lo que le hicieron.

Nadie con un mínimo de información puede creer la versión oficial. Nadie puede tragarse el cuento de que al joven lo dejaron ir así nomás. Nadie puede creer que durante cinco días anduvo vagando porque era drogadicto o peor aún, porque tenía problemas de salud mental.

Los testimonios, documentos, el expediente judicial y el historial clínico, hablan de un joven estudiante perfectamente “normal”. Así que todo es cuestión de tiempo. Y esperemos que la historia le ofrezca un lugar a cada quien, que los mexicanos no olviden este ominoso caso de desaparición forzada. El gobierno capitalino está obligado a ofrecer una explicación de lo que pasó y a actuar en favor de la víctima no de los verdugos.

La verdad, señor Mancera, pondrá a cada quien en su sitio, incluido a usted mismo…. Veritas liberabit nos.

http://www.websanjuanamartinez.com.mx
Twitter: @SanjuanaMtz
Facebook: Sanjuana Martinez

Organizaciones de la #SociedadCivil #FiscalíaQueSirva #DerechosHumanos


Derechos humanos en el Sistema Penal Acusatorio


Derechos Humanos

A partir de la publicación de la primera edición de esta obra, ocurrieron dos importantes reformas constitucionales en México que tienen implicaciones en el nuevo sistema de justicia penal: las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del juicio de amparo.

Descargue el documento en formato PDF.

Autor: IMDHD

Diciembre de 2011

FIRMAN CNDH E INACIPE CONVENIO PARA PROFESIONALIZAR Y CERTIFICAR A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN REGLAS MANDELA Y PROTOCOLO DE ESTAMBUL


Protocolo de Estambul

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2017
Comunicado de Prensa DGC/437/17

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de integrar y formalizar los comités por competencias que desarrollarán los estándares en materia de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).

De esta manera se consolidan las tareas tendentes a la Certificación de Competencias Laborales de los profesionistas comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos para que puedan profesionalizarse y certificarse en estas dos áreas, de conformidad con los estándares a desarrollar, optimizando así su desempeño laboral.

Así lo dio a conocer el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al suscribir el convenio de colaboración con el Director General del INACIPE, Gerardo Laveaga Rendón, ante quien destacó que dicho documento se sustenta en objetivos comunes de ambas instituciones, coincidentes en el fortalecimiento del respeto de
los derechos humanos, que incluye su promoción, divulgación, análisis y estudio.
En la Sala de Consejo de la CNDH, el Ombudsman nacional destacó la importancia de las materias mencionadas y la necesidad de contar con profesionistas especializados y certificados ante los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, así como los
relacionados con el nuevo sistema penal acusatorio.

Agradeció el interés de colaboración del titular del INACIPE y su equipo de trabajo, y expresó su deseo por el fortalecimiento de la alianza entre las dos instituciones.
En su oportunidad, Gerardo Laveaga reconoció el trabajo y valentía del Ombudsman nacional en la defensa de los derechos humanos. Señaló que estas prerrogativas son tema transversal reflejado en todos los ámbitos del país, que deben ir de la mano con las ciencias penales para lograr un sistema penal afilado y eficaz.
Por su parte, Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH, puntualizó que el Convenio permitirá tener herramientas para la creación de cursos, congresos, talleres de divulgación y publicaciones conjuntas, específicamente en la certificación de las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) que son fundamentales para quienes se encuentran en contacto con las personas internas en centros de reclusión; además en la operación del Protocolo de Estambul, para fortalecer la prevención de la tortura.
En este acto también se contó con la presencia de Rafael Ruiz Mena, Secretario General Académico, y Gianni Rueda de León Íñigo, Directora de Capacitación, ambos del INACIPE, así como Rubén Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos; Ninfa Delia Domínguez Leal, Titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la Mtra. Clementina Rodríguez García, Visitadora Adjunta de la Tercera Visitaduría General, estos últimos de la CNDH.

Descarga información: Derechos Humanos

Saludos

Mario Meneses

Comisión Nacional de los #DerechosHumanos (CNDH). #Seguridad


El Ombudsman nacional al participar en el Foro “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías”, subrayó que el reconocimiento de los derechos de los policías y su dignificación son elementos indispensables de una política pública integral en materia de Seguridad y Justicia.

También mencionó que la defensa de los Derechos Humanos no promueve el incumplimiento de la Ley y enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

 

La Violencia Obstétrica va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de información y negación del tratamiento


Violencia Obstétrica

Violencia obstétrica: puntualizaciones útiles

La Dra. Alicia Márquez Murrieta y el Lic. Ismael Ruiz Ramos, del Instituto Mora, exponen el panorama de la violencia en la salud reproductiva en las mujeres.

La Recomendación General de la CNDH

sobre violencia obstétrica

Desde 1981, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, es una fecha de protesta con el fin de visibilizar las violencias que sufren las mujeres en el mundo.

Este año desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se establece la Campaña “16 Días de activismo contra la Violencia de Género”.

Nuestro texto se inscribe en esta visibilización y resalta una problemática específica: la violencia obstétrica, que es una intersección entre violencia estructural de género y violencia institucional en salud.

Laura es un ejemplo de este tipo de violencia. Ella es portadora de VIH y se encontraba recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Ingresó al Hospital General Torre Médica Tepepan para someterse a una cesárea en la que le practicaron un método anticonceptivo irreversible sin su consentimiento, tras lo cual buscó suicidarse.

Luego de la investigación, la CDHDF emitió la Recomendación 9/2016 a la Secretaría de Salud capitalina por haber violentado sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la salud, a la integridad personal y a una vida libre de violencia.

La forma de violencia de la que fue víctima Laura cuenta hoy con una definición inscrita en documentos normativos de diferente índole: leyes, reglamentos, constituciones locales.

En el ámbito académico, autores que han trabajado muy de cerca la temática y han contribuido a hacerla visible, como Gabriela Arguedas, Roberto Castro o Joaquina Erviti, resaltan que se trata del conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres, adolescentes y niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y de manera más intensa en el periodo del embarazo, parto y posparto.

Violencia obstétrica

La violencia obstétrica aprehendida desde una visión de género también enfatiza que el poder obstétrico es un poder disciplinario que busca producir cuerpos sexuales y dóciles.

Esto quiere decir que están presentes en las interacciones un orden y una jerarquía de género que pueden llevar a que entre el personal de salud y las mujeres embarazadas, los estereotipos o los prejuicios marcados por el género, orienten el tipo de actitudes y tratos hacia ellas, como de hecho ocurre.

Sin ser una lista de prácticas exhaustiva, podemos decir que la violencia obstétrica va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de información y negación del tratamiento, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia, no otorgar información sobre lo que ocurre, coacción para tener consentimiento informado, cesáreas no necesarias, hasta intervenciones más graves en el cuerpo de la mujer como esterilizaciones sin consentimiento (GIRE, 2015).

Cuando hablamos de violencia obstétrica, además del género, se enmarcan las prácticas desde una visión de derechos humanos.

Ello significa enfatizar la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, lo que inmediatamente remite a la responsabilidad estatal para con el derecho a la salud.

La violencia obstétrica y la Secretaría de Salud

Ante este panorama, iniciamos una investigación exploratoria (solamente a través de las versiones electrónicas de diversos diarios) con el fin de rastrear los eventos aparecidos en la prensa a nivel nacional.

Recopilamos un total de 691 notas periodísticas publicadas entre el 1 de septiembre de 2016 y el 6 de junio de 2017 referentes a 197 presuntas violaciones de derechos humanos durante el embarazo, el parto o el posparto.

La información que arrojan estas notas periodísticas (que evidentemente se deberá verificar en otras fuentes más adelante) es que 183 ocurrieron en una institución pública, 6 en una privada y de 8 no aparece el dato. En estas notas, la Secretaría de Salud es la que encabeza las cifras de sucesos en donde han ocurrido presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres embarazadas, en parto o en posparto.

Ahora bien, en la Ciudad de México específicamente encontramos 7 casos, dos de los cuales ya cuentan con recomendación (una para el IMSS y otra para la Secretaría de Saludcapitalina), uno más en que se cesó al médico responsable y 4 sin datos sobre posibles caminos de denuncia ante autoridades judiciales o de derechos humanos.

En julio de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una importante Recomendación General sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud y en ella incluye tanto a servicios públicos como privados.

Antes de esta, desde 2015, había emitido 29 recomendaciones por violencia obstétrica, actualmente son ya 33 de las cuales cinco corresponden a la Ciudad de México. Además, desde 2010 se han emitido 41 recomendaciones por violaciones al derecho a la protección de la salud o inadecuada atención médica en casos relacionados con embarazo, de las cuales 6 fueron para la misma entidad.

La Recomendación General 31/2017 es muy clara al señalar que no se trata de criminalizar a los médicos al enfatizar la problemática sino de construir un “marco teórico y conceptual referente para el personal médico en el desempeño de su servicio, una guía para las autoridades al momento de adoptar políticas públicas, y una herramienta útil para las mujeres, víctimas y organizaciones de la sociedad” (p. 5).

Situaciones como la de Laura son de las pocas que alcanzamos a conocer, debido a que, como menciona el organismo “la falta de información estandarizada, exhaustiva y consensuada, criterios de identificación y definiciones sobre el maltrato a las mujeres durante el parto en las instalaciones de salud, complica la investigación y el desarrollo de herramientas para hacer frente a esta problemática” (p. 7).

Finalmente, nosotros añadimos que uno de los retos es saber exactamente en dónde está el problema en la violencia obstétrica, en qué consiste, quiénes son los culpables y quiénes los responsables de resolverlo. Existen muchos intentos por precisar este campo pero todavía se encuentran deslizamientos que impiden la precisa aprehensión de la problemática y con ella las adecuadas acciones públicas a desarrollar.

También puedes leer: Contra la violencia que no se ve

Alicia Márquez Murrieta es Profesora-Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Sociología por el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Miembro del SNI. Ha trabajado desde hace varios años sobre el tema del aborto como problema público. En 2013 publicó el libro El aborto en México del siglo XXI. Acontecimiento y problema público en el Caso Paulina: de víctima a protagonista. amarquez@institutomora.edu.mx

Fuente: Violencia Obstétrica

Saludos

Mario Meneses

Observatorio Internacional para México.


ONG Internacional para México

Por violaciones a derechos, ONG crearán Observatorio sobre México

Resaltan que los índices de violencia siguen aumentando y la impunidad es casi absoluta

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3

Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.

La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.

Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.

El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando, afirmaron.

Indicaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.

Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México, señalaron.

Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

Saludos
Mario Meneses

Seguridad interior y uso de la fuerza: el hoyo negro


Seguridad Interior

Seguridad Interior

La Cámara de Diputados aprobaría la Ley de Seguridad Interior que da licencia a las fuerzas federales como la Marina, el Ejército y la Policía Federal para actuar en temas de seguridad pública.

El fracaso rotundo y evidente del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente. Van por más de lo mismo, no importa el tamaño de la tragedia humanitaria de la violencia que asola buena parte del país.

Hoy jueves 30 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, se podría escribir el más grave error por parte del Estado mexicano del que yo tenga memoria en materia de seguridad pública. Se trata de la muy posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estamos ante un inminente golpe de proporciones incalculables en contra de la rendición de cuentas en las políticas e instituciones de seguridad en México.

Centenas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, líderes sociales y víctimas se oponen a la Ley de Seguridad Interior tanto en México como en el extranjero. Los motivos en contra son muchos pero aquí solo destacaré uno de ellos, acaso el más grave: con esta norma se multiplicarán los eventos de uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y no habrá sobre tales eventos rendición de cuentas posible. La Ley de Seguridad Interior es una licencia de uso de la fuerza sin contrapeso efectivo alguno. Dadas las evidencias disponibles, las consecuencias de esto precisamente en contra de la seguridad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos son potencialmente devastadoras.

Desde el 2011 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas han venido estudiando la información disponible respecto al uso de la fuerza por parte de las instituciones federales de seguridad en enfrentamientos con el crimen organizad. El equipo encontró niveles desproporcionados en el uso de la fuerza letal desde aquel año y reportó lo mismo en el 2015. Sin embargo, en este segundo texto llamó la atención sobre algo más: el incremento de la opacidad en el acceso a la información en la materia. Luego de construir sus investigaciones usando información proporcionada por la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, esta última informó que a partir de abril de 2014 “ya no se le da continuidad” a la estadística relacionada con civiles muertos y heridos en enfrentamientos, argumentando que esa información no es necesaria para la dependencia, dado que “el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Ante tal respuesta de la SEDENA, los investigadores comentaron en el mismo texto de 2015 que ello violenta “el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado hagan públicas sus actuaciones y posibiliten su evaluación”, al tiempo que se opone al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que en su artículo 15, c, iii señala que después de una agresión se procederá a “Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarías”. Agregaron los autores: “Es contradictorio y preocupante que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria para la dependencia, cuando el manual que regula su actuación así lo exige e incluso establece responsabilidad legal para los mandos en caso de incumplimiento (art. 23, B, d).”

Pero anotaron una alerta más: “Igualmente preocupante es que al ser preguntada por el número de enfrentamientos registrados, la PGR —dependencia a la que en su respuesta la SEDENA nos sugirió canalizar nuestra solicitud— haya respondido tener conocimiento de cero enfrentamientos en 2011, uno en 2012, cero en 2013 y tres en 2014 (solicitud folio 0001700326814). La generación y disponibilidad de información sobre el uso de la fuerza es necesaria para poder evaluarla y controlarla, especialmente la fuerza letal. Constituye, pues, un mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida de todas las personas”.

En un tercer texto publicado en abril pasado, los mismos investigadores reiteraron el altísimo valor del escrutinio en esta materia y una vez más alertaron sobre le progresiva opacidad: “Evaluar el uso de la fuerza implica mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Deberíamos contar con más y mejor información sobre qué hacen y dejan de hacer. Pero en vez de ampliar la transparencia, lo que hemos visto en tiempos recientes es la aprobación de reformas legales que la sofocan. Por ejemplo, el año pasado, fueron aprobadas reformas al Código de Procedimientos Militares para facultar a la SEDENA a realizar levantamiento y reconocimiento de cadáveres. Es decir, lo que tendremos ahora es sólo la versión de la SEDENA o la Marina sobre qué sucedió en un enfrentamiento. A la vez, la propuesta del PRI en materia de Seguridad Interior que se discute en el Congreso propone que toda la información que se genere en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior sea clasificada en términos de la Ley de Seguridad Nacional. En otras palabras, la poca información que hoy tenemos para estudiar qué sucede durante los enfrentamientos, será aún más reducida. En el contexto descrito, donde la autoridad civil no realiza peritajes de los enfrentamientos y donde las denuncias por la comisión de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas, resulta sumamente preocupante que las normas legales que se impulsan vayan en sentido contrario a la transparencia y rendición de cuentas”.

En efecto, según el anteproyecto al que tuve acceso, la Ley de Seguridad Interior que al parecer se aprobará hoy dispone que “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

En un análisis reciente que hice sobre las leyes, reglamentos, protocolos y estándares sobre uso de la fuerza de la policía en el país, confirmé en entrevistas con Forné y Pérez Correa y con varios investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia que es casi imposible encontrar evidencia a lo largo del país de que la policía registra de manera regular los eventos de uso de la fuerza y utiliza la información para el análisis, la identificación de patrones de desempeño y la mejora. Confirmé que la policía en México como regla no cumple con el más básico, delicado e importante estándar de control y rendición de cuentas, es decir: registrar, evaluar y asegurar las consecuencias sobre el uso de la fuerza.

El peor escenario posible. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior metería en una bolsa inaccesible de información confidencial y reservada la operación de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando su actuar se clasifique justamente como parte de operaciones de seguridad interior, en un contexto donde, en particular en torno al uso de la fuerza, la opacidad creciente ya ha sido confirmada por la investigación especializada. Más fuerza y menos rendición de cuentas; la fórmula coloca a México en sentido contrario del paradigma democrático de las políticas de la  seguridad, cuyo norte principal es asegurar su coherencia con el respeto a los derechos humanos.

El Estado mexicano se ha negado a garantizar el gobierno civil de la seguridad bajo parámetros profesionales y de rendición de cuentas. Ahora camina hacia una fase superior que, además de negar lo anterior, habilita a las Fuerzas Armadas para expandir su intervención irregular en tareas que la Constitución no les mandata, pero además, por si fuera poco, cada vez más cobijadas por la opacidad. Más fuerza y más secreto.

Luego de tres décadas dedicándome al tema de la seguridad pública, no tengo memoria de otro evento más peligroso para el país que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El fracaso rotundo del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente y han decidido profundizarlo. Está la mesa puesta para reproducir aun más violencia. Terrible.

@ErnestoLPV

Fuente: Seguridad Interior

Saludos

Mario Meneses

Habilitar poderes a fuerzas armadas para participar en tareas de #Seguridad, no es viable y representa un riesgo: Expertos


Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas

(02 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

La cual fue convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las principales conclusiones derivadas del ejercicio de diálogo plural sostenido en el acto fueron: La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla.

Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

Además, se indica que la crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre- transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los derechos humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

A esto han agregado que la prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnóstico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

La vía civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, indican, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia”.

Fuente: Fuerzas Armadas

Saludos

Mario Meneses