Mancera, el #Policía encubridor


Bien dicen que la esencia del ser humano perdura por sobretodos las cosas. Tal vez por eso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nunca ha dejado de ser policía y decidió defender a sus policías ante la desaparición forzada del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años.

Grave error. Mancera se convierte así en el defensor del fuero. Ese fuero del que gozan los torturadores que son agentes del estado en la Ciudad de México. Ese fuero que ha incrementado las violaciones a los derechos humanos. Ese fuero que es licencia para desaparecer. Ese fueron que significa licencia para matar. Ese fuero que se burla de las leyes. Ese fuero que convierte a los policías de la Ciudad de México en un cuerpo de seguridad por encima de la Constitución. Ese fuero que les permite detener y no presentar al detenido ante el Ministerio Público. Ese fuero que les permite convertirse en verdugos. Ese fuero que les da el poder de hacer “limpieza social”. Ese fuero con el que persiguen jóvenes obstinadamente. Ese fuero que ha hecho de la Ciudad de México la ciudad con más homicidios dolosos denunciados en 20 años. Ese fuero que permitió el establecimiento de 20 mil tienditas del narco en Ciudad de México…Las cifras desastrosas del gobierno de Miguel Ángel Mancera también son producto del fuero de los policías. Eso ha permitido extender la mancha de impunidad. Decenas de uniformados que a ritmo de garrote pretenden pacificar una de las ciudades más violentas.

Miguel Ángel Mancera se equivoca. Y él lo sabe. Conoce perfectamente el camino que siguió el caso del estudiante Marco Antonio. Conoce las pruebas de los dictámenes médicos. Conoce los informes detallados de lo que hicieron sus policías. Sabe que primero lo detuvieron, luego lo desaparecieron y después lo torturaron. Fotografías, documentos y videos así lo demuestran.

Pero su espíritu de policía ha podido más que el de jefe del gobierno capitalino. Han pesado más sus años en la Secretaría de Seguridad Pública donde ocupó el cargo de Director de Investigaciones y Procedimientos (2002), el de director de Seguimiento de Policías Complementarias (2002), el de Director Ejecutivo de la Subsecretaría (2003), el de asesor del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2004), el de Subprocurador de Procesos y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales (2006) y el de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal (2008).

Con semejante curriculum policiaco, es evidente que Mancera conoce a la perfección el trabajo de ese honorable cuerpo de seguridad. Y también las mañas, los excesos, los laberintos de las acciones fuera de la ley, las formas sucias con las que se conducen normalmente los policías capitalinos. Y digo que las conoce, no porque él haya incurrido en delito alguno, sino porque desde los puestos que ha ocupado es evidente que tiene que haber atendido decenas, cientos de casos como el de los policías que detuvieron y no presentaron ante el Ministerio Público, al joven estudiante Marco Antonio.

Por tanto, resulta extraño que Mancera defienda a los cuatro policías involucrados: Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

Y resulta más extraño que Mancera filtre videos editados a la televisión para demostrar lo profesionales que son, aunque para su desgracia se comprueba que dichos elementos no siguen ningún protocolo con el menor y lo tratan como un criminal solo porque tomó unas fotos.

Igualmente, resulta extraño que Mancera organice una ronda mediática para pasear a los policías por los medios de comunicación a fin de que cuenten “su versión” de los hechos bajo un esquema de manipulación informativa a base del chantaje sentimental.

Y más extraño resulta que los defienda y encubra diciendo que no esta “certificado” que los policías golpearon a Marco Antonio, como si existiera el “certificado” de tortura. Y después que afirme desconocer el paradero de los policías que estuvieron fugitivos unos días.

Resulta extraño, pero a la vez revelador de la calidad humana, ética y moral de Miguel Ángel Mancera. La protección que ha brindado a los pésimos uniformados que detuvieron y desaparecieron a Marco Antonio habla muy mal de él y su gobierno. Y lo peor que demuestra la mezquindad de su ser, es la campaña de difamación en contra del joven estudiante. La cadena de manipulaciones informativas para denostar su imagen y así calmar el clamor popular de justicia.

La sucia estrategia del gobierno de Mancera que luego de presentarlo ante el Ministerio Público trasladarlo a un hospital psiquiátrico para sembrar la duda de su estado psicológico, sabiendo que el joven tenía que ser atendido en el Instituto Nacional de Pediatría a donde fue llevado horas después.

Y por último, la maniobra de aislar al estudiante en su proceso de recuperación, de confinarlo al silencio a cambio de su seguridad, habla de un gobierno basado en métodos mafiosos.

Los padres y familiares de Marco Antonio no tienen duda: los policías lo golpearon, lo detuvieron, lo desaparecieron, lo torturaron y luego, ante la presión social lo narcotizaron con varias tipos de droga para liberarlo y así lograr que el menor no pudiera contar lo que le pasó.

Pero el policía Mancera y sus uniformados a su servicio y bajo su mando, se equivocaron nuevamente. No contaron con la fortaleza del joven, con su espíritu de lucha, con su organismo deportista, que le ha permitido salir adelante e ir contando a los suyos lo que le hicieron.

Nadie con un mínimo de información puede creer la versión oficial. Nadie puede tragarse el cuento de que al joven lo dejaron ir así nomás. Nadie puede creer que durante cinco días anduvo vagando porque era drogadicto o peor aún, porque tenía problemas de salud mental.

Los testimonios, documentos, el expediente judicial y el historial clínico, hablan de un joven estudiante perfectamente “normal”. Así que todo es cuestión de tiempo. Y esperemos que la historia le ofrezca un lugar a cada quien, que los mexicanos no olviden este ominoso caso de desaparición forzada. El gobierno capitalino está obligado a ofrecer una explicación de lo que pasó y a actuar en favor de la víctima no de los verdugos.

La verdad, señor Mancera, pondrá a cada quien en su sitio, incluido a usted mismo…. Veritas liberabit nos.

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OSC presentan denuncia ante ONU por desaparición de más de 5 mil menores; 70% sucedieron en sexenio de EPN


 

(02 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2009 el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios documentó dos casos de desaparición de personas menores de edad en el estado de Coahuila. 

El primer caso, ocurrido en el mes de agosto, se trató de un adolescente y el segundo a un niño de 8 años quien viajaba con su padre y su tío. En el año 2010, el número de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes en Coahuila aumentó a 8, con 9 víctimas entre las cuales un infante de 2 años el cual fue puesto en libertad días después de ser abandonado en un camino. 

Las otras 8 víctimas son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, dos de ellas en Tamaulipas. Para el año 2011 se documentaron 11 casos de desaparición de personas menores de edad con 16 víctimas: 10 de los casos ocurrieron en el estado de Coahuila y uno de ellos en el estado de Veracruz, se informó.

Tras abrir las puertas de los cuarteles y sacar a las fuerzas armadas a las calles, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, y cuyas cifras 11 años no arrojan resultados positivos para el país, las desapariciones forzadas, una de las principales acciones que ha padecido la sociedad civil, han alcanzado también a niños y adolescentes en México.

Por lo que concierne específicamente a la situación de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportó 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 niños de entre 0 y 17 años. 

Además, reporta 4 mil 091 mujeres y 18,487 hombres de entre 18 y 99 años desaparecidos. De estas personas, se tiene registro que al menos 64 pertenecen a una etnia. Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30 mil 991), 301 son extranjeras, entre las cuales 41 son niñas, niños o adolescentes, y de 35 se desconoce la edad. 

Cabe señalar que, en general, existe un importante fenómeno de subregistro de los casos de desaparición, que se debe a diferentes razones, entre las cuales están las amenazas u hostigamiento, y afecta en particular a las personas migrantes, que enfrentan obstáculos adicionales a la hora de denunciar estos hechos. Sin embargo, tras haber llevado a cabo una visita a México, la CIDH ha observado “que existiría un crecimiento alarmante en el número de niños no localizados”.

A marzo de 2017, de acuerdo con los datos recogidos en el RNPED 5 mil 452 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años se encontraban desaparecidos. Lo que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados en el RNPED a la misma fecha de corte. 

De acuerdo a nueve organizaciones que presentaron una denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México, a pesar del elevado número de personas desaparecidas, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado. 

Argumentando que hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección. 

La denuncia es relativa a los obstáculos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

“El periodo en el que ha desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante algún año del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”, se informa.

De acuerdo a la investigadora social, Maria Elena Alfaro, “cuando se habla de desaparición de niños generalmente se piensa que los robaron. Pero en muchas ocasiones la violencia es tal como se presenta en un adulto. Y los culpables directos son tanto los grupos armados del narcotráfico como las fuerzas armadas, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO. 

Existe casos donde los niños son levantados y desaparecidos por las mismas fuerzas armadas. También están los ejecutados. Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura no son propias de adultos y también a los menores les inventan delitos o los reclutan como carne de cañón para los grupos delincuenciales”. 

A su vez, la especialista añade que, el Estado es un ausente para ejercer justicia, pero está totalmente presente cuando se trata de estancar averiguaciones, de no nombrar al delito con su nombre correcto, o revictimizar a los pequeños. “El ‘se fue con el novio’ ya es un argumento que debería estar legislado que cualquier funcionario que diga eso reciba un castigo. Quiénes son ellos para condenar a un menor o en este caso niña a no ser buscada, a no ser salvada. Eso también es atacar a las mujeres. 

El Estado también desaparece a la niñez a los adolescentes y después tal vez sean encontrados -con suerte- en una fosa clandestina. Debemos preguntarnos a cuántos se pudieron haber salvado si las autoridades hubieran hecho su trabajo”, cuestiona.

Aseverando que el gobierno federal es el de las respuestas erróneas, el de los silencios eternos, el del desconocimiento arraigado. “Este tipo de gobiernos son de los más grandes peligros para México, porque en cuanto a casos de desaparición de niños, no existe prevención, búsqueda, investigación, persecución y mucho menos sanción de los culpables.

Entonces tenemos ejecuciones, trata de blancas, prostitución infantil, tráfico de órganos, escudos humanos, halconcitos, producto de la impunidad principal característica de estos gobiernos -el anterior y éste-”, indica.

Cabe destacar que cerca de 70% de los menores desaparecidos fueron vistos por última vez en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto y 29% durante el de Felipe Calderón.

Fuente: revoluciontrespuntocero.mx

Saludos

Mario Meneses

Policías y #militares, autores de #tortura y asesinatos en México: Depto. de Estado de EU. #DerechosHumanos


Participación de autoridades en abusos, arrestos arbitrarios, tortura y violencia contra periodistas, son algunos de los problemas más graves de México en materia de derechos humanos, de acuerdo con el documento Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos de 2016, publicado por el Departamento de Estado de EU.

Entre las violaciones a derechos humanos en México, el informe menciona la participación de policías y militares en abusos como asesinatos, tortura y desapariciones, así como la corrupción en el sistema legal. También destaca los homicidios, secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado contra periodistas, ciudadanos y defensores de los derechos humanos.

El documento señala, además, que en el país persisten arrestos arbitraros, violencia contra los migrantes e indígenas, agresiones contra la comunidad LGBT y trabajo infantil.

“La impunidad de los abusos a los derechos humanos continúa como un problema a través del país con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento de todas las formas de delitos“, agrega el informe.

El documento menciona las ejecuciones extraoficiales cometidas por militares y policías en Tanhuato, Michoacán; Calera, Zacatecas y Tlatlaya, Estado de México.

Además, denuncia los asesinatos cometidos por grupos criminales e informa que de enero a agosto de 2015 “las autoridades descubrieron más de 724 cuerpos en varias fosas clandestinas a lo largo del país”.

El documento denuncia que raramente hay investigación, enjuiciamiento y sentencias por el delito de desaparición. “Hubo muchos reportes de desaparición forzada por parte de fuerzas de seguridad. Hay numerosos casos de desapariciones relacionadas a grupos criminales. En su recolección de datos, el gobierno a menudo juntó personas desaparecidas con personas extraviadas, haciendo difícil recolectar estadísticas correctas sobre la extensión del problema“, agrega.

El secuestro “sigue siendo un problema serio para personas de todos los niveles socioeconómicos, y hubo reportes creíbles de involucramiento de policías en secuestros por rescates, a menudo a nivel estatal y local”.

El Departamento de Estado también asegura que pese a que la tortura está prohibida por la ley, hay reportes de su uso por parte de oficiales gubernamentales para obtener confesiones. “No hay un registro nacional de casos de tortura y existe falta de datos en casos de tortura a nivel estatal”, detalla.

Sobre la libertad de expresión y prensa, “el gobierno generalmente respetó estos derechos” afirma el reporte, pero posteriormente señala que “perpetradores de violencia contra periodistas continuaron con impunidad, con pocos reportes de investigación, arrestos o enjuiciamientos exitosos de sospechosos”.

“Observadores creen que el crimen organizado está detrás de algunos de estos casos, pero ONG’s afirmaron que hubo casos en los que autoridades del gobierno local participaron o condonaron  estos actos”, expresa el documento.

Fuente; aristeguinoticias

Saludos

Mario Meneses

El #GobiernoMexicano ha fracasado en materia de #Seguridad.


Durante los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas.
Como reacción, el gobierno mexicano decidió militarizar diversas regiones del país, generando con esto un clima de caos y temor que predomina en todo México, ya que el combate frontal a la delincuencia organizada, ha provocado un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, para combatir la descomposición social e institucional que se vive, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha impulsando un paquete de reformas en materia de seguridad con el objeto de revertir la crisis por la que atraviesa el país, militarizando los cuerpos policiacos e integrando a miles de soldados y marinos a la Gendarmería Nacional para sustituir a la Policía Federal en el combate al crimen organizado, pero es importante mencionarse, que este modelo en el que militares asumieron labores policiacas ya ha fracasado en el pasado, es un cuento autoritario de dictaduras como las de Francisco Franco en España, Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú.
En México, desde 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo, decidió transferir soldados del ejército para formar la Policía Federal, Vicente Fox y Felipe Calderón, siguieron el ejemplo con el mismo resultado negativo, se incrementaron los índices de criminalidad, aumento la violencia, se dispararon los niveles de corrupción y las violaciones a derechos humanos se convirtieron en algo cotidiano. En pocas palabras, la militarización de los cuerpos policiacos y la Gendarmería Nacional, son un remake de otros libretos del pasado, nada original, nada nuevo, nada que vaya a funcionar, pero eso si, con nuevos y más atractivos crímenes cometidos por el Estado como sucedió en Ayotzinapa, Guerrero.
Por lo anterior, la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia organizada a través de la nueva Ley de Seguridad Interior, resultará ineficaz, cuando existen policías y políticos que forman parte de las estructuras criminales, la creación de una nueva policía de mando único con las mismas bases putrefactas es insuficiente, se trata de una propuesta superficial que arrastrará al Presidente Enrique Peña Nieto a un abismo sin fondo.
México, es un país donde la impunidad se ha convertido en una forma de gobierno, mientras los involucrados en la corrupción de alto nivel no sean controlados mediante mecanismos ciudadanos, el país continuará igual o peor a pesar de que nuestros políticos propongan millones de reformas como la Ley de Seguridad Interior. ¿Quizás en estos momentos y ante las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, resulta interesante cuestionarnos si fue adecuado que la Secretaria de Gobernación absorbiera a la Secretaria de Seguridad Pública? 
El Presidente Peña Nieto, debe blindar el sistema de seguridad antes de cualquier intento por modernizarlo. Militarizar los cuerpos policiacos será un grave error del gobierno debido a que en cada región del país se presentan fenómenos sociales distintos y no pueden atacarse de la misma forma. Por ejemplo, tanto en Ayotzinapa como en Noxchitlan, el ejercito intervino en los conflictos, actuando de la misma forma represora que caracteriza al actual gobierno federal, generando con sus acciones un conflicto social severo para los mexicanos.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que la gendarmería nacional, el mando único policiaco y en general la militarización de los cuerpos policiacos son estrategias superficiales para solucionar los problemas de seguridad por los que traviesa México, un policía de la frontera requiere de distinta capacitación que un policía que combate el narcotráfico, por lo que una política pública encaminada a la unidad de los cuerpos policiacos generará ingobernabilidad.

En este sentido, ante el evidente fracaso del gobierno para restaurar la paz social, surge la necesidad de que exista un cambio de rumbo en materia de seguridad, el proyecto de la gendarmería nacional simplemente no funcionó y a falta de policía seria, más bien de políticos capacitados en el tema, la inseguridad continuará creciendo en todo el territorio nacional de forma descontrolada de la mano de los grupos de autodefensa que no han dejado de existir.

México, está en crisis no por sus instituciones, no por sus leyes, no por sus policías, no por su pueblo; sino por sus políticos corruptos, los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción y la delincuencia son un intento de curar un cáncer con una aspirina. Al Presidente Peña Nieto le urgen cambios en materia de seguridad, han fallado todas las estrategias, cada día estamos peor y esta situación está arrastrando a nuestro país a un colapso generalizado de todos los sectores del Estado.
Saludos
Mario Meneses

Creación de sistema #forense ciudadano


 

México D.F., 4 de septiembre de 2014 (Ciencia Forense Ciudadana).- La marcha del pasado 30 de agosto, en el día internacional del detenido desaparecido, fue el preámbulo de una decisión ciudadana histórica que transformará la realidad del sistema de justicia en este país. Los días 2, 3 y 4 de septiembre, familiares de víctimas por desaparición se dieron cita al sur de la Ciudad de México para sumar esfuerzos y crear un sistema forense de ciudadanos que sea capaz de localizar e identificar a las personas desaparecidas en México.

De ahora en adelante alrededor de 20 familiares de víctimas por desaparición conformarán un foro ciudadano que decidirá las líneas generales que regularán las actividades del Proyecto Ciencia Forense Ciudadana (CfC), dirigido a cuestionar, supervisar y consolidar el primer sistema forense dirigido por ciudadanos en el mundo; que sea efectivo, transparente y confiable.

En este país los familiares de las víctimas de desaparición realizan investigaciones de talla mundial para encontrar a sus seres queridos, y evidencian, todos los días, la indolencia y poca preparación del personal encargado de los servicios periciales en todos los niveles de gobierno.

Esa indolencia del gobierno mexicano ha provocado el interés de nuevos actores que desde el mundo académico miran perplejos la disfuncionalidad de la justicia en México. Uno de estos nuevos actores es Gobernanza Forense Ciudadana, apoyada por la Universidad de Durham en Inglaterra, que gracias a la otorgamiento de un premios científico del Economic and Social Research Council (ESRC) de Reino Unido, financiarán la etapa inicial de este proyecto con miras a profundizar los conocimientos de los ciudadanos en materia de investigación forense, para que sean ellos tanto el ojo vigía como el ejemplo de cómo debe hacerse una investigación forense.

La conformación de Ciencia Forense Ciudadana (CfC) promoverá una cultura de observación y rendición de cuentas en los procesos de investigación judicial, que estamos convencidos en el mediano plazo se traducirá en mejores prácticas gubernamentales y abrirá la posibilidad a esquemas de cooperación transparente entre los ciudadanos y el sistema de justicia. A través del fortalecimiento de una cultura de la evidencia y el rigor de investigación, buscamos la anhelada consolidación de un sistema de justicia basado en debido proceso, que privilegie el derecho a la justicia y la verdad, tal como lo prevé la legislación nacional.

Para ello, Ciencia Forense Ciudadana (CfC) tiene previsto conseguir tres resultados específicos:

1. Establecer un mecanismo de gobernanza dirigido por ciudadanos y familiares de las víctimas de desaparición. Dicho mecanismo articulará y desarrollará las guías de la práctica ética y sistematización de las actividades de Ciudadanía Forense en materia de desaparición.

2. Asegurar la operatividad de una base de datos forenses en línea, para la documentación de los casos. A través de ésta, los familiares podrán familiarizarse con distintas técnicas forenses, conceptos de evidencia y los medios para resguardar esta información, sobre sus propios casos, en forma digital. La base de datos estará encriptada y resguardada en un servidor fuera de territorio mexicano.

3. Contar con un bio-banco de ADN que contenga muestras biológicas de las familias de los desaparecidos en México, con el propósito de servir como referencia para la identificación.

Ciencia Forense Ciudadana

Aguilar Jauregui Maria Guadalupe

Alonso Carbajal Julia

Baca Baca Lucia

Bustamante Salas María del Carmen

Herrera Magdaleno María

Hidalgo Rea Irma Leticia

Ledezma Ortega Norma

Mora Nieto Leticia

Moreno Díaz Alfonso

Ocegueda Flores Fernando

Ortiz Villegas Maria del Carmen

Paredes Lachino Janahuy

Perez Rodriguez Graciela

Radilla Martinez Tita

Rangel Ortiz Brenda Ivonne

Rosete Núñez Nancy Raquel

Reyes Maldonado Nadin

Rodríguez Nava Araceli

Sanchez Viesca Lopez Oscar

Trujillo Herrera Juan Carlos

Gobernanza Forense Ciudadana A.C.

 

Contacto:

gobernanza_forense@hotmail.com

http://gobernanzaforense.org/esp/

Saludos

@MarioMeneses_

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