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Vigila #Ejército trenes de carga


Por Mario Luis Ramos Rocha

AGUASCALIENTES, AGS. (OEM-Informex).-

Gracias a la intervención del Ejército Mexicano se logró abatir la alta incidencia de robos a convoyes de carga que cruzaban por nuestra entidad.

Luego de que casi a diario se registraran atracos, especialmente en la zona del Ojo de Agua, actualmente la cifra se redujo a cero, reveló el secretario general de la Sección Dos del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), José Ángel Muñoz Hernández.

Los artículos más sustraídos de los vagones de carga hasta antes de la intervención de la milicia eran partes automotrices, llaves inteligentes para autos de las armadoras automotrices que operan en la entidad; vinos y licores, así como artículos electrodomésticos.

También existía una alta incidencia de robo de combustible a las locomotoras, por parte de delincuentes que obstruían las vías férreas para robar parte de la mercancía que era transportada y aprovechaban para vaciar los tanques de diésel de las máquinas.

“Ante esta situación el dirigente nacional de nuestra organización, Víctor Flores Morales, solicitó el apoyo de la milicia y hoy se ha logrado reducir a cero el número de robos gracias a las labores de vigilancia conjunta que se han implementado”, explicó.

La vigilancia en convoyes que transportan todo tipo de mercancía se realiza de manera conjunta entre elementos castrenses, integrantes de una compañía de seguridad privada que fue contratada exprofeso para ello y elementos de corporaciones policiacas estatales y municipales.

“El Ejército Mexicano participa en el tramo que comprende de la comunidad de Felipe Pescador hasta Aguascalientes”, expresó el dirigente obrero.

Actualmente transitan por nuestra entidad hasta 15 trenes de carga cada día, tanto en dirección norte-sur como sur-norte.

 Fuente: elsoldelcentro
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Mario Meneses
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Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

La actuación de la #Policía en los #Desastres. 


Septiembre fue un mes particularmente desafiante para las zonas Centro y Sur de nuestro país y en particular para el gobierno federal y los gobiernos locales que han sido afectados por los acontecimientos recientes. En poco tiempo, las capacidades del Estado para responder a las necesidades de una población que experimenta no uno, sino dos importantes desastres se han puesto a prueba en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.1

El 7 de septiembre a las 23:49 horas se registró un sismo de magnitud 8.2 en el suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El movimiento telúrico, considerado el de mayor magnitud en el último siglo, activó un importante número de aparatos del Estado para responder a la emergencia, particularmente en las zonas más dañadas por el sismo en Chiapas y Oaxaca. En estas entidades sureñas, el Ejército desplegó sus tropas hacia las comunidades afectadas para implementar las acciones de auxilio. En este desastre, como en otras emergencias, esta institución fue un actor central que brindó asistencia directa e inmediata.

Doce días más tarde, el 19 de septiembre se produjo un nuevo sismo entre la frontera de Puebla y Morelos, ahora de magnitud 7.1. La corta distancia del epicentro con la Ciudad de México diferenció el impacto entre los terremotos acontecidos el 7 y el 19 de septiembre. Este segundo sismo trastocó no sólo las capas del subsuelo de estos estados y de la Ciudad de México, sino toda la estructura y capacidades instaladas de los gobiernos en los estados afectados.

Ante la magnitud de estos eventos surgen algunas interrogantes relativas al papel de nuestras instituciones de seguridad –en particular de la policía–, en situaciones de emergencia. El primer cuestionamiento que surge, una vez pasada la emergencia, es ¿existe algún programa de política pública que defina lo que le corresponde hacer a cada sector o institución pública en situaciones de desastre? En particular, ¿qué acciones debe desempeñar la policía durante una emergencia o un desastre?

La búsqueda de respuestas a estas inquietudes dio como resultado los siguientes instrumentos: el Programa Nacional de Protección Civil,2 2014-2018 (PNPC)3 el Plan Nacional de Respuesta Mx de la Administración Pública Federal (PNR)4 y, derivado de éste, los Planes de Marina5 y el DN-III-N.6 Entre las principales acciones previstas en el PNR7 es posible identificar operaciones en las que la policía puede participar como agente facilitador. En este sentido, la participación que socializa el gobierno federal respecto a la Policía Federal refiere acciones de rescate y apoyo a la población. Como parte del PNR, sus funciones comprenden la búsqueda; localización; rescate y auxilio a la población; atención médica y prehospitalaria, así como previsión de servicios sanitarios; seguridad, restablecimiento del orden público y protección de la propiedad privada; apoyo para el traslado de personas damnificadas mediante puentes aéreos y colaboración para brindar refugios temporales; acopio y entrega de víveres e integración de grupos de trabajo para remoción de escombros; reconstrucción; limpieza y recuperación de espacios públicos.

En estos días aciagos y profundamente dolorosos hemos visto a la Policía de la Ciudad de México relevando a la Marina y al Ejército en los cercos de seguridad que vigilan los edificios colapsados, abriendo paso a los convoyes de rescatistas y brigadistas, a las ambulancias y a los peatones, motociclistas y ciclistas sumados a las brigadas de apoyo, como tareas adicionales a las que ya realizan.

Después de enunciar las herramientas de planeación en situación de desastre, un hallazgo interesante convoca a una reflexión sobre las acciones en las que la policía puede participar en estos casos. Un artículo en el Journal of International Criminal Justice Researchanaliza las actividades de la policía japonesa en el gran terremoto del Este de Japón en 2011,8 y su incidencia en acciones de prevención del delito, rescate, identificación de cadáveres, y apoyo a víctimas, todo ello sustentado en una Ley Orgánica de Medidas de Control de Desastres.

El artículo subraya el importante papel de la policía en la evacuación y transporte de residentes tanto en las zonas costeras, como en las inmediaciones de la central termoeléctrica de Fukushima, y en el auxilio de algunas poblaciones vulnerables, como el traslado de los residentes de asilos y pacientes hospitalarios hacia los refugios. Una mención aparte refiere la diligencia en las acciones de comunicación radial de la policía para coordinar esfuerzos dictados desde la oficina del Primer Ministro hacia los gobiernos locales, dada la caída de los sistemas de comunicación telefónica, celular e internet.

Como parte de las acciones de búsqueda y rescate, la policía nipona accedió a edificios en colaboración con el cuerpo de bomberos y rescatistas9 para auxiliar a personas atrapadas, colaborando en el rescate de 3,750 víctimas. Por otro lado, la policía estuvo a cargo de todo el proceso de identificación de cuerpos, de dictaminar las causas de muerte, así como de la identificación y entrega de cuerpos a los deudos o de su resguardo. En la atención a víctimas, las áreas especializadas participaron visitando los albergues para brindar asistencia psicológica y servicios de información que redujeran la carga de la población damnificada. El área de comunicación social de la policía también participó solicitando apoyo y amonestando a usuarios que propagaban noticias falsas y rumores.

Además, con la finalidad de prevenir actos delictivos, el operativo policial convocó a distintas comisarías policiales para fortalecer el control de determinados delitos en las áreas de emergencia y en la zona de refugios. En este sentido, aunque es común que después de un desastre se incremente la incidencia delictiva en las zonas de emergencia, este no fue el caso de Japón. Una de las conclusiones del análisis citado apunta que el fortalecimiento del sentido de solidaridad y la provisión de enseres básicos tuvieron dicho impacto en el fenómeno delictivo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en situaciones de desastre hay delitos que no se denuncian, ni registran, por lo que las dudas sobre la confiabilidad de los reportes delictivos son naturales en situaciones de esta naturaleza.

Ante esto, es necesario considerar acciones y esfuerzos adicionales para reducir la ocurrencia de fenómenos que alteren el orden, la seguridad y la integridad de las poblaciones damnificadas por los terremotos de septiembre pasado. En nuestro caso, cabría la previsión de fortalecer la vigilancia policial en los perímetros siniestrados para prevenir saqueos y delitos oportunistas.

Después de toda esta revisión ¿qué plantean y qué hacen nuestras instituciones policiales, desde la federación y desde los gobiernos locales para reducir los riesgos delictivos en las poblaciones afectadas? Es importante cuestionar a las autoridades correspondientes al respecto.

Los sismos nos han dejado enseñanzas que deben tomarse en cuenta para incorporarlos en los manuales de actuación y en protocolos policiales que permitan sumar a la Policía a la atención de emergencias y contribuir de manera efectiva a la seguridad de la ciudadanía. En especial en estas circunstancias de desasosiego, incertidumbre e inseguridad en su sentido más amplio.

Antia Mendoza Bautista tiene estudios de Psicología por la Universidad de las Américas-Puebla y de Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es especialista en temas de seguridad ciudadana, en prevención de la violencia con énfasis en violencia de género y en modelos victimológicos. 


1 De acuerdo con el CENAPRED un desastre es un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la población, o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad afectando, el funcionamiento vital de la misma. 
2 Programa a cargo de la Secretaría de Gobernación que hace parte del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
3 El análisis diagnóstico del PNPC destaca la necesidad imperativa de contar con el Atlas Nacional de Riesgo, que oriente la toma de decisiones en situaciones de desastre, sin embargo, lo reporta desactualizado e inocuo para la identificación de las zonas de mayor riesgo. Se desconoce si la herramienta ha sido actualizada en estos años o si se ha utilizado en alguna emergencia reciente. El PNPC también plantea entre sus líneas de acción un modelo unificado de administración de emergencias y desastres, sería muy importante conocer el estatus de dicha acción, dadas las recientes circunstancias esta herramienta podría haber sido de gran utilidad.  Finalmente, el Programa hace referencia a la participación de Ejército, pero no existe una sola alusión al papel que debe realizar la Policía en situaciones de esta naturaleza en un marco de coordinación y colaboración.
4 Es un instrmento técnico operativo para articular la acción del Estado Mexicano en materia de protección civil, que incorpora y alinea los planes de respuesta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
5 La misión del Plan Marina es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, actuando por sí o conjuntamente con el ejército, fuerza aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, sector social y privado, con el fin de aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presenten en contra de la población y sus propiedades.
6 Es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.
7 El PNR plantea entre sus principales acciones el monitoreo de amenazas y de avisos; la movilización y/o evacuación preventiva o de reacción; habilitación y organización de refugios temporales; la ejecución de planes de continuidad operativa y mitigación de peligros presentes o potenciales; la realización de operaciones de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia; prestación de servicios sanitarios y de salud (incluidos los primeros auxilios y el apoyo psicosocial); la instalación de centros de comando en sitio para reforzar la vigencia de las medidas de seguridad, y en su caso coordinar la implementación de perímetros de seguridad; el establecimiento de rutas de evacuación; la suspensión de actividades; actividades de búsqueda, rescate y auxilio.
8 Yasuda, T., Takayama, Y. y Soma, K. Activities of Japanese police in the Great East Japan Earthquake, pp. 18.
9 Artículo 6 de la Ley de Ejecución de Funciones Policiales de Japón.

Fuente: Nexos

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Mario Meneses

Arriban #FuerzasArmadas a Hidalgo para combate a #inseguridad


El gobierno del estado informó que al menos 500 elementos del Ejército, Marina y policías recorrerán diversos municipios de la entidad como parte del operativo Fuerza Conago

16/08/2017 14:19 Mota / Corresponsal

El gobierno del estado de Hidalgo dio a conocer que a partir de este día comenzó el arribo del grupo Fuerza Conago, quienes a partir de mañana realizarán operativos en diversos puntos del estado para el combate a la inseguridad.

Informó que son 500 elementos de la Policía Federal, Marina y Ejército, además de elementos de los estados de Guerrero, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo, quienes recorrerán diversos municipios como parte de Fuerza Conago. 

Hidalgo se convierte en el segundo estado en donde se pone en marcha este operativo, luego de que el seis de julio arrancó en Guerrero, donde los elementos policiacos, lograron la detención de 31 personas y la recuperación de 16 unidades con reporte de robo.

En el caso de Hidalgo el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, aseveró que por la ejecución del operativo no se pueden dar a conocer los lugares a donde se llevarán a cabo los operativos, ni las acciones que realizarán.

Precisó únicamente que el operativo arrancó en Tizayuca, “nos da mucho gusto que estén fuerzas de élite de otros estados que se vienen a sumar al compromiso de Omar Fayad, para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.

Será hasta el viernes en que culminen estos trabajos y el sábado se dará un informe de los resultados obtenidos.

Fuente: amp.eluniversal.com.mx

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Mario Meneses

Chocan #ONG y autoridades por Ley de #SeguridadInterior


Autoridades y representantes de la sociedad civil discreparon ayer sobre la Ley de Seguridad Interior, pues mientras los primeros aseguran que dicha legislación no busca militarizar las calles, los segundos están preocupados por la falta de claridad en las facultades que se les daría a las Fuerzas Armadas en caso de aprobarse alguna de las seis iniciativas sobre el tema qué hay en el Congreso.

Durante el foro Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial, organizado por la ONG Causa en Común, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos Flores, aseveró qué hay mitos malintencionados que desinforman a la sociedad, tales como que la Ley de Seguridad Interior es sólo para el Ejército.

Sin embargo, académicos y especialistas que forman la asociación civil Causa en Común mostraron preocupación por la dirección que está tomando la discusión sobre las atribuciones que tendrían las Fuerzas Armadas con la ley, pues se estaría avalando la presencia de militares en las calles para temas de seguridad pública.

“Tal como se presentado, y como está en la discusión, parecería de que lo que se trata es de regularizar una política que a todas luces ha fallado. Llevamos 10 años con las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, y lo que hemos tenido no es ni una reducción en la violencia ni una reducción en el mercado de drogas”, aseguró Jorge Javier Romero Vadillo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Fuente: www.24-horas.mx

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Mario Meneses

 

Ceremonia de clausura del curso básico de formación #Militar 2016-2017, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar.


Se gradúan 1,092 cadetes del curso básico de formación militar

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso básico de formación militar 2016-2017, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar,  ubicado en Tlalpan,  Ciudad de México, la cual fue presidida por el titulas de la secretaría, Salvador Cienfuegos.

Fueron graduados 1,092 cadetes, de los cuales 236 son mujeres y 855 hombres, provenientes  de los planteles educativos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, entre ellos del Heroico Colegio Militar, Escuela Médico Militar, Escuelas Militares de Ingenieros, Transmisiones, Odontología, Oficiales de Sanidad, Enfermería, Escuela Militar de Aviación y de Especialistas de la Fuerza Aérea.

Este curso está diseñado para que los cadetes de nuevo ingreso se adapten a la vida militar dentro de los planteles que eligieron para iniciar su carrera, tiene una duración de seis meses y se divide en tres fases. Es este paso el inicio de su formación militar.

El cadete encargado de brindar el discurso de graduación aseguró:

“Ahora puedo decir, a diferencia de hace apenas muy corto tiempo, que conocemos el significado de lo que representa portar el uniforme e insignias de las fuerzas armadas mexicanas y que comprendemos la enorme responsabilidad de velar por el futuro y bienestar de miles de familias, que han depositado su confianza en nosotros.”

Fuente: revistamasseguridad

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Mario Meneses

MÉXICO SE PREPARA PARA SER EL ANFITRIÓN DE LA PLATAFORMA GLOBAL 2017. #ProteccionCivil


México se está preparando para ser el anfitrión de la Plataforma Global 2017, la conferencia multilateral más importante del mundo sobre la reducción de muertes y pérdidas económicas por desastres.

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Mario Meneses

El #GobiernoMexicano ha fracasado en materia de #Seguridad.


Durante los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas.
Como reacción, el gobierno mexicano decidió militarizar diversas regiones del país, generando con esto un clima de caos y temor que predomina en todo México, ya que el combate frontal a la delincuencia organizada, ha provocado un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, para combatir la descomposición social e institucional que se vive, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha impulsando un paquete de reformas en materia de seguridad con el objeto de revertir la crisis por la que atraviesa el país, militarizando los cuerpos policiacos e integrando a miles de soldados y marinos a la Gendarmería Nacional para sustituir a la Policía Federal en el combate al crimen organizado, pero es importante mencionarse, que este modelo en el que militares asumieron labores policiacas ya ha fracasado en el pasado, es un cuento autoritario de dictaduras como las de Francisco Franco en España, Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú.
En México, desde 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo, decidió transferir soldados del ejército para formar la Policía Federal, Vicente Fox y Felipe Calderón, siguieron el ejemplo con el mismo resultado negativo, se incrementaron los índices de criminalidad, aumento la violencia, se dispararon los niveles de corrupción y las violaciones a derechos humanos se convirtieron en algo cotidiano. En pocas palabras, la militarización de los cuerpos policiacos y la Gendarmería Nacional, son un remake de otros libretos del pasado, nada original, nada nuevo, nada que vaya a funcionar, pero eso si, con nuevos y más atractivos crímenes cometidos por el Estado como sucedió en Ayotzinapa, Guerrero.
Por lo anterior, la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia organizada a través de la nueva Ley de Seguridad Interior, resultará ineficaz, cuando existen policías y políticos que forman parte de las estructuras criminales, la creación de una nueva policía de mando único con las mismas bases putrefactas es insuficiente, se trata de una propuesta superficial que arrastrará al Presidente Enrique Peña Nieto a un abismo sin fondo.
México, es un país donde la impunidad se ha convertido en una forma de gobierno, mientras los involucrados en la corrupción de alto nivel no sean controlados mediante mecanismos ciudadanos, el país continuará igual o peor a pesar de que nuestros políticos propongan millones de reformas como la Ley de Seguridad Interior. ¿Quizás en estos momentos y ante las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, resulta interesante cuestionarnos si fue adecuado que la Secretaria de Gobernación absorbiera a la Secretaria de Seguridad Pública? 
El Presidente Peña Nieto, debe blindar el sistema de seguridad antes de cualquier intento por modernizarlo. Militarizar los cuerpos policiacos será un grave error del gobierno debido a que en cada región del país se presentan fenómenos sociales distintos y no pueden atacarse de la misma forma. Por ejemplo, tanto en Ayotzinapa como en Noxchitlan, el ejercito intervino en los conflictos, actuando de la misma forma represora que caracteriza al actual gobierno federal, generando con sus acciones un conflicto social severo para los mexicanos.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que la gendarmería nacional, el mando único policiaco y en general la militarización de los cuerpos policiacos son estrategias superficiales para solucionar los problemas de seguridad por los que traviesa México, un policía de la frontera requiere de distinta capacitación que un policía que combate el narcotráfico, por lo que una política pública encaminada a la unidad de los cuerpos policiacos generará ingobernabilidad.

En este sentido, ante el evidente fracaso del gobierno para restaurar la paz social, surge la necesidad de que exista un cambio de rumbo en materia de seguridad, el proyecto de la gendarmería nacional simplemente no funcionó y a falta de policía seria, más bien de políticos capacitados en el tema, la inseguridad continuará creciendo en todo el territorio nacional de forma descontrolada de la mano de los grupos de autodefensa que no han dejado de existir.

México, está en crisis no por sus instituciones, no por sus leyes, no por sus policías, no por su pueblo; sino por sus políticos corruptos, los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción y la delincuencia son un intento de curar un cáncer con una aspirina. Al Presidente Peña Nieto le urgen cambios en materia de seguridad, han fallado todas las estrategias, cada día estamos peor y esta situación está arrastrando a nuestro país a un colapso generalizado de todos los sectores del Estado.
Saludos
Mario Meneses

El #EjércitoMexicano inaugura Exposición en #Querétaro. #Militar #PasiónporServiaaMéxico #SEDENA


 

México, 6 de febrero.- En la Explanada del “Centro de Congresos” de la Ciudad de Querétaro, Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina y el M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Queretaro, presidió la ceremonia de inauguración de la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”.

Durante la ceremonia el Presidente expresó durante su discurso su gratitud hacia las Fuerza Armadas: “quiero dejar aquí constancia particularmente de gratitud y reconocimiento como Presidente de la República a nuestras Instituciones Armadas, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Fuerza Aérea Mexicana, a estas tres grandes instituciones que integran nuestras fuerzas Armadas…”

De igual forma el Gobernador de Querétaro, señaló que: “durante estos 100 años los mexicanos hemos contado con el servicio patriótico de las nuestras fuerzas armadas, siempre en la primera línea de batalla defendiendo lo que somos…”

La exposición está conformada por 19 stands, en los que se destacan el de Bienvenida, Igualdad de Género, Carpa Centenario de la Constitución, Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales, Paracaidistas, Fuerza Aérea, Policía Militar, Nuevas Tecnologías, Viveros, Criadero y Granjas Militares, Planteles Militares, Actividades Interactivas, entre otros.

Los asistentes podrán realizar actividades interactivas en la Torre de Rappel, Escalada, Tirolesa de dos líneas, Área Ecuestre, Pista Murciélago, Camuflaje del rostro, Pista Canófila, Pista de Obstáculos Infantiles, Fotografía con Paracaídas, así como en la exposición estática de aeronaves y vehículos militares.

Se mantendrá abierta a todo público en forma gratuita, del 4 de febrero al 5 de marzo de 2017, en horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo y tendrá el objetivo de crear un ambiente de armonía y convivencia entre el personal militar y la ciudadanía, a fin de que conozcan las actividades que realizan las Fuerzas Armadas en beneficio de la población civil.

Angel Silva Juárez

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Mario Meneses

 

Ley de #SeguridadInterior contradice recomendaciones internacionales


La iniciativa que busca aprobar el Congreso para dar atribuciones de seguridad pública a los militares es contraria a las recomendaciones de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos.

16/01/2017 5:00 AM CST | Actualizado 16/01/2017 8:38 AM CST
Manuel Hernández Borbolla Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014.

La Ley de Seguridad Interior que el Congreso pretende aprobar para legalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, contradice las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes consideran que la militarización de la seguridad pública propicia violaciones graves de los derechos humanos.

Esto, debido a que la lógica militar de abatir al enemigo en lugar de detenerlo para que sea juzgado, ha promovido un incremento notable en violaciones graves de derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, tal como lo evidencian casos como las masacres de Tlatlaya o la ejecución de un civil a manos de ocho marinos en Nuevo León, casos que al día de hoy permanecen impunes.

De acuerdo con las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México, publicado por la ONU en 2014, “es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares; y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno”.

En junio pasado, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En el mismo tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein recomendó al gobierno de México que “las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”.

Ninguna de estas recomendaciones figura en las propuestas de Ley de Seguridad Interior presentadas por el PRI, PAN y PRD.

ONU recomienda a México más controles a militares en su lucha contra el crimen 

Pero no sólo eso, sino que además, el concepto mismo de seguridad interior ha propiciado violaciones graves de derechos humanos, según advierte la CIDH en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

“Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia”, señala el documento.

“La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos ‐en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil, actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial”, añade el informe.

Una situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por los principales partidos políticos que pretenden aprobar la nueva Ley de Seguridad Interior de manera exprés y sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones de derechos humanos.

Congreso busca aprobar en ‘fast track’ ley para militarizar la seguridad pública

“Las fuerzas armadas están inmersas en la lógica bélica que implica anular al enemigo. Y esa lógica en un contexto de despliegue territorial para labores de seguridad pública propicia que se comentan violaciones a derechos humano. En México eso ha sucedido”, explica Santiago Aguirre, subdirector del del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en entrevista con el Huffington Post.

Prácticamente todos los indicadores de violaciones a derechos humanos han aumentado en 10 años de guerra contra el narcotráfico con el agravante de que han ido seguidas de una impunidad recurrente cuando se trata de abusos castrenses. Ese contexto no debería ser dejado de lado en estas discusiones”.Santiago Aguirre, Centro Prodh

De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, otro punto preocupante es que las leyes presentadas por los legisladores plantean puntos que violan la Constitución, además de que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública es un supuesto que no puede sostenerse con los datos oficiales luego de una década en que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para pelear en la llamada “guerra contra el narco”.

La década perdida de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco

“Desde nuestra perspectiva el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir legislación en materia de seguridad interior, pero considerando también que el artículo 21 de la Constitución señala con mucha claridad que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles. Nos parece que hay ahí un primer problema de constitucionalidad preocupante”, añade Aguirre.

“En el Senado se insistió en la pertinencia y necesidad de que las fuerzas armadas aumentaran su presencia en algunos territorios, sugiriendo que esta presencia sería eficaz para combatir la inseguridad. Nosotros consideramos que la evidencia empírica de los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico pone en entredicho este supuesto, pues lo real es que hoy tenemos un país más violento que hace 10 años”, señaló.

Fuente: Huffingtonpost

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Mario Meneses