Sistema Nacional Anticorrupción: Pocos logros, muchos pendientes por Jacqueline Peschard.


La académica Jacqueline Peschard en entrevista con Proceso. Foto: Germán Canseco

Jacqueline Peschard –quien en los próximos días dejará la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a Marieclaire Acosta– externa su pesimismo por los pocos logros y los innumerables pendientes de su gestión: la ausencia de un fiscal anticorrupción, así como la escasa cooperación interinstitucional y partidista y de la sociedad civil. En otras palabras, dice, el comité “está cojo”, pues le faltan piezas clave para su funcionamiento. Por su parte, Acosta acepta su nueva encomienda y rechaza que el sistema anticorrupción sea un fracaso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de un año en la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la académica Jacqueline Peschard lo admite: “A lo mejor fuimos ingenuos y confiamos en que, con un buen sistema normativamente estructurado, iba a haber resultados”.

Por ley, el SNA debió arrancar en julio pasado, pero hasta ahora no hay fiscal anticorrupción, ni Fiscalía General de la República –una promesa pendiente desde marzo de 2014–; tampoco han sido nombrados los 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa, y muchos gobiernos estatales aún no implementan sus sistemas locales.

Construido sobre una reforma constitucional aprobada en 2015, el SNA –que tanto presumió el gobierno de Enrique Peña Nieto– promete una articulación entre las dependencias que investigan y sancionan la corrupción tanto a nivel federal como estatal, lo anterior bajo la supervisión del Comité de Participación de Ciudadana (CPC).

En entrevista con Proceso, Peschard lamenta que durante su mandato al frente del Comité Coordinador la cooperación entre instituciones, la esencia del SNA, resultó una “simulación”.

Y expone: “Lejos de haber coordinación, la Secretaría de la Función Pública hace lo que tiene que hacer, y lo da a conocer como si estuviera solita en la vida… La Auditoría Superior de la Federación hace sus investigaciones y dice: ‘Yo ya puse las denuncias ante PGR’; el fiscal anticorrupción es parte del Comité Coordinador, pero como no ha sido nombrado…

“Entonces ves porqué hay una especie de simulación. Una simulación de coordinación. ¿De qué ha servido que tengamos un Comité Coordinador, que nos reunamos cada tres meses, si uno sigue por su lado y el otro por el suyo?”.

Doctora en Ciencias Sociales, Peschard admite que, en su forma actual, el Comité Coordinador está “cojo” y que al SNA le faltan piezas claves para su operación.

Fuente: Jacqueline Peschard

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Mario Meneses

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Organizaciones de la #SociedadCivil #FiscalíaQueSirva #DerechosHumanos


“Así estamos…” Julio 2017 por @causaencomun


El sistema político mexicano está podrido. Son ya 16 gobernadores presos, prófugos o con procesos abiertos y, aún así, el gobernador de Nayarit encuentra pertinente importar caballos pura sangre. Como ningunas otras, las imágenes de un Javier Duarte desquiciado, retratan a una generación de saqueadores delirantes que llevaron la política al ámbito de la psiquiatría. Peor se pone la cosa cuando a la corrupción sólo la alcanza la ineptitud de eso que todavía llamamos, por inercia quizá, “gobierno”. Ineptitud que mata es el resumen del socavón en el que murieron, asfixiados, un padre y su hijo. Para rematar, la inverosímil incapacidad de toda una secretaría de Estado, la SCT, ya no para supervisar un libramiento, ya no para redactar unos cuantos mensajes enérgicos, solidarios, decentes, sino al menos unos que no fueran tan torpes e insensibles. Sorprende incluso tratándose de un gobierno que nunca supo construir proyecto ni discurso.

Lo anterior no alcanza para terminar de crear a la Fiscalía Anticorrupción ni, para el caso, la nueva Fiscalía General de la República. Quizá porque los partidos políticos están ocupados en eso que se ha dado en llamar “posicionamiento”. Según Mitofsky, la actual fotografía electoral se ve de la siguiente manera: el PAN iría primero en preferencias (18.6%) y tercero en rechazo (34.6%); Morena iría segundo en preferencias (17.7%) y cuarto en rechazo (32.8%); el PRI iría tercero en preferencias (16.6%) y primero en rechazo (59.8%); y el PRD iría en cuarto lugar en apoyos (6.7%) y segundo en rechazo (35.7%). En este contexto de rechazo y escasos apoyos, los escenarios se vuelcan sobre las coaliciones y, ni así, los números dan para que nadie brinque de gusto: un frente de todos los partidos de izquierda, incluidos PRD y Morena, sumaría un 26.7% de las preferencias; una alianza PAN-PRD, un 25.3%; una del PRI con el PVEM y Nueva Alianza, 19%; y una de Morena con el PT, 18.7%.

La único que se movió, de “negativa” a “estable”, fue la perspectiva de la calificación soberana (Standard and Poor’s). Otra cosa es la economía real. La inversión continúa estancada, con un crecimiento promedio de 0.6% anual desde el 2014. El crecimiento económico esperado es cercano al 2%, éste y el próximo año, siendo que, a estas alturas del sexenio, la Secretaría de Hacienda estimaba crecimientos por encima del 5%.

El empleo supuestamente ha crecido, misteriosamente casi al doble que la economía (a junio, la tasa era de 4.4%), lo que implicaría la creación de más de 800 mil empleos en los últimos 12 meses. Sin embargo, la disparidad entre el crecimiento económico y la generación de empleo se explica en buena medida por la formalización de empleos ya existentes (entre el 40%, según la Secretaría del Trabajo, y un 60%, según algunos analistas). Además, de acuerdo al INEGI, el 57% de la población ocupada trabaja en la informalidad y casi la mitad (24.7 millones) ganan hasta dos salarios mínimos al mes (4,800 pesos), mientras que los que ganan más de tres salarios mínimos disminuyeron de 11.3 millones en 2012 a 10.3 el año pasado. Esos son los números de la informalidad, de la precariedad y de la subsistencia.

Deben destacarse las noticias positivas relacionadas con las dos principales reformas estructurales: en el sector energético, el hallazgo de yacimientos en Tabasco que podrían representar hasta 2 mil millones de barriles; en el sector educativo, la “devolución” a las escuelas de 44 mil plazas de “aviadores”, que representan un gasto de 5 mil millones de pesos anuales, mil millones de pesos más que lo que cuesta el Seguro Popular cada año.

Donde no hubo reforma ni nada, y se nota, mes con mes, es en seguridad. Van los números:

  • El 75% de la población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro. Nunca se había registrado una proporción tan elevada desde que el INEGI comenzó el levantamiento de la encuesta en 2013.
  • En junio se cometieron 2,234 asesinatos dolosos (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Es la cifra más alta en la historia reciente, y casi 40% mayor que la de junio del año pasado. El promedio diario de asesinatos en junio fue de 85, cuando en junio de 2014 era de 47. En cuanto a masacres, las hubo al menos en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.
  • El total de homicidios dolosos en el primer semestre del año fue de 13,729, para un incremento del 33% con respecto al año pasado.
  • Según el INEGI, hasta el año pasado se acumularon 88 mil asesinatos en el sexenio, a los que habrá de sumar los cerca de 27 mil de este año. Y, a esos 115 mil, los que se sumen el año entrante…
  • No es todo. Los datos del Secretariado muestran un aumento en el número de secuestros, extorsiones y especialmente en robo de autos. El robo de vehículos se incrementó en 31% durante el primer semestre (42,800 unidades) comparado con el mismo periodo del año pasado, la mayor cifra y el mayor incremento de que se tenga registro.

Los responsables políticos de este desastre van acumulando pretextos y últimamente les ha dado por culpar al nuevo sistema de justicia penal. Después de desperdiciar ocho años para preparar a los policías, los peritos y los ministerios públicos, sólo alcanzan a promover una contrarreforma para ampliar la prisión preventiva y nos recuerdan que existe impunidad. Y sí, claro que existe; de hecho, la impunidad y la injusticia definen al sistema, con o sin reforma. Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra (sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados), tenemos que la “impunidad simple y llana”, es decir, los delitos sin castigo, serían el 99% de los casos (Índice de Impunidad México 2016, Universidad de las Américas). Además, del total de internos en los centros penitenciarios que hay en el país, un 40% no han recibido sentencia (Comisión Nacional de Seguridad).

El hecho es que los recursos para la reforma se dilapidaron, que no hubo capacitación, que las investigaciones criminales prácticamente no existen y que las detenciones en flagrancia siguen siendo “el pilar” del sistema. Si la solución fuera la encarcelamiento masiva sin juicio y sin sentencia, ya tendríamos la seguridad de un cantón suizo.

Al final, cuanto mejor sean las leyes que se escriban en materia de seguridad y procuración de justicia, con más garantías y más transparencia, más en evidencia quedará el estado que guardan nuestras policías y fiscalías. No tiene mucha ciencia: nos la pasamos discutiendo leyes pero dejamos de construir instituciones, la brecha entre ambas se ensancha, la frustración crece y luego se proponen nuevas leyes que tampoco pueden aplicarse porque el problema es, y siempre ha sido, institucional.

Tan es así, que uno de los principales quejosos del nuevo sistema de justicia penal, el encargado del gobierno de la Ciudad de México y jefe, de paso, de una corporación de alrededor de 95 mil policías, se esmera en explicar, con supuestos tecnicismos, que la capital es la única entidad mágica del país en la que no operan carteles, pero le pide a la Armada que “se haga cargo” de un narcomenudista en Tláhuac. Por su parte, López Obrador y su equipo salen en defensa del delegado, quien tiene probables vínculos con el cartel o con la banda o con la banda del cartel, o lo que sea, en un caso que recuerda al alcalde Abarca y Ayotzinapa.

Así se van entrelazando la ineptitud y las complicidades, y desde luego no sólo en Tláhuac o en Iguala, y así nos va…

Fuente: causaencomun

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Mario Meneses

Entrevista con @EFloresCampbell candidato a la Fiscalía #Anticorrupción habló sobre sus objetivos


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En entrevista con Francisco Zea para la Segunda Emisión de Imagen Informtaiva, Edgardo Flores, candidato a la Fiscalía Anticorrupción habló sobre sus objetivos de llegar a ser elegido el próximo fiscal anticorrupción.

Ante los crecientes casos de corrupción que se viven en el país, especialmente en la escena política, Flores Campbell considera que su perfil y habilidades pueden ser de utilidad en el combate contra estos factores sociales. 

“Me connsidero producto del hartazgo colectivo de este país en términos del binomio de corrupción-impunidad, tengo el perfil y las capacidades técnicas, la experiencia práctica y tengo la idependencia y la autonomía de poder actuar con objetividad y contundencia y sentar las bases de la Fiscalía Anticorrupción”.

Mencionó que las personas deben estar conscientes de que, la “Corrupción no es sólo robar, corrupción es ocupar un puesto sabiendo que no se cuenta con la capacidad de desempeñarlo”. 

Respecto a su experiencia que sustenre su candidatura a este cargo destacó que, desde hace “me respaldan más de 26 años de experiencia en la administración pública y no pertenezco a una corriente de orden político, esta es una aspiración legítima y personal, inicie en el Ayuntamiento de Tijuana en el área de asuntos internos y responsabilidades y he ocupado diferentes cargos en los diferentes poderes de gobierno”.

El Senado de la República tiene hasta el 10 de abril para aprobarl al primer Fiscal Anti Corrupción, por lo que Flores Campbell enfatizó en que ha pugnado por un proceso transparente, “le pido a los Senadores que interpongan la trayectoria, las capacidades, la experiencia y sobre todo los resultados de conducir con objetividad y transparencia los esfuerzos en persecución en los actos de corrupción de este país”.

Asimismo expresó que espera que esta fiscalía no sea “derivada del reparto de cuates y cuotas; comprendo que la esencia del Legislativo es parlar la discusión de las ideas en una democracia moderna, pero me parece que la ciudadanía, los candidatos y la condición país no puede seguir esperando; no hay día de la semana en que no se abra el periódico y se hable del tema de corrupción de la semana; me parece que ese nivel de hartazgo es avasallador”.

“Tenemos que avanzar para que quien venga a construir sobre lo construído…El hartazgo social no sólo radica en temas como el gasolinazo, sino que el problema en gran parte es el cumulo de resentimientos y coraje ciudadano”.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa aquí.

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Fuente: imagenradio

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Mario Meneses

#SociedadCivil unida presenta propuesta de Sistema Nacional #Anticorrupción (SNA)


32 organizaciones sociales e instituciones lanzan un comunicado en donde unen sus voces para eliminar la corrupción que aqueja a nuestro país de una manera integral y exigir la creación de un SNA.

Revisa aquí la conferencia de prensa:

SOCIEDAD CIVIL UNIDA PRESENTA PROPUESTA DE SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

  • El SNA debe contener: Tribunal de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción, Reforma de la SFP y de la ASF.
  • Rechazan imposición de un Consejo formado por los integrantes de la clase política.

xico, D.F. a 10 de diciembre 2014.- Eliminar la corrupción que aqueja a nuestro país demanda una respuesta integral. Por ello, y en respuesta a lo que juzgamos han sido respuestas incompletas presentadas por distintas fuerzas políticas, los aquí firmantes unimos nuestras voces para exigir la creación de un SNA sustentado en la armonización y coordinación de cuatro órganos base que a continuación describimos:

 

PRIMERO. Un Tribunal de Cuentas imparcial y autónomo que imponga de manera eficaz sanciones y emita recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción. Deberá contar con:

  • Funcionarios altamente capacitados seleccionados de manera exclusiva por el Senado por periodos predeterminados y con candados a su remoción.
  • Amplias, exclusivas y claras funciones de regulación administrativa para crear, reformar y desaparecer sus propias normas sin constante cuestionamiento jurisdiccional.
  • Capacidad para establecer perfiles, métodos de incorporación, promoción, ascenso, funciones y responsabilidades concretas de cada servidor que ahí labore.
  • Presupuesto suficiente y de carácter autónomo.
  • Un Órgano de Control Interno con autonomía e independencia y competente para conocer y sancionar las eventuales responsabilidades administrativas en que incurran sus miembros.
  • Procesos absolutamente claros y transparentes para evitar cualquier cuestionamiento en el manejo de los recursos a su cargo.
  • Capacidad de atracción en casos graves de corrupción en gobiernos estatales y municipales.
  • Acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos y bancarios que le permitan   conocer y determinar la información patrimonial de los servidores públicos a nivel nacional.
  • Facultad para recibir quejas y denuncias, y la obligación de asegurar su procedencia y proteger a los denunciantes.

SEGUNDO. Una Fiscalía Anticorrupción independiente y especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción. Deberá contar con personal altamente capacitado, autonomía funcional, presupuestal y de gestión, y elevados y eficaces controles de confianza.

TERCERO. Una Secretaría de la Función Pública REFORMADA con mejores facultades para mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público, y para evaluar el desempeño de políticas y programas; mayores recursos presupuestales, humanos y técnicos, y mayores facultades para supervisar y controlar el ejercicio de las funciones del resto de la APF.

CUARTO.- Una Auditoría Superior de la Federación REFORMADA con autonomía e independencia, facultada para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios fiscales anteriores; y obligada a publicar oportunamente sus conclusiones y hallazgos.

El SNA aquí propuesto está basado en la creación de dos leyes:

  1. Ley Anticorrupción que establezca los tipos administrativos de mayor impacto social, económico, político y presupuestal, así como los delitos especiales clasificados como corrupción; y
  2. Ley Nacional de Fiscalización para armonizar los trabajos de la ASF, de la SFP y de los distintos órganos fiscalizadores estatales.

 

Y la reforma a la:

  1. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establecerá los principios básicos del ejercicio del servicio público, y las obligaciones concretas que éstos tienen.

El SNA deberá seguir el siguiente calendario: Creación en la Constitución antes de que concluya 2014, aprobación de legislación secundaria y nombramientos antes de Septiembre de 2015 y creación de la estructura administrativa antes de que concluya el 2015.

 

El SNA debe contrarrestar la fragmentación institucional que hoy prevalece en materia de combate a la corrupción y que ha anulado en la práctica los esfuerzos del Estado en la materia. Debe articular los sistemas de planeación, de evaluación, de gestión de la información, de transparencia y de fiscalización que hoy operan por separado. Por esta misma razón, rechazamos que se le imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública. El Sistema no debe subordinarse a los designios del Presidente y los gobernadores bajo ningún pretexto.

Suscriben el presente comunicado:

Roberto Alonso Muñoz, Rubén Álvarez Mendiola, Sergio Aguayo, Alberto Aziz Nassif, Uri  Barreda, Ricardo Becerra, Eduardo Bohórquez, Leticia Bonifaz, Juan Bautista Casillas, Enrique Cárdenas, Cecilia Cadena Inostroza, Beatriz Camacho, Mariana Campos, Roy Campos, Pedro Carta, María Amparo Casar, Reynaldo Castro Melgarejo, Miguel Castillo Martínez, Diego Ernesto Díaz Iturbe, Gabriela Delgado Ballesteros, Marco Fernández, Ana Elena Fierro, Magdalena García, Nancy García, Pablo Girault, Sergio J. González, Alejandro González, Rogelio Gómez Hermosillo, Ricardo Guadarrama, Felipe Hevia, Gabriel Hinojosa Rivero, Víctor Leonel Juan Martínez, Elisa Gómez, Eduardo Hernández, Edna Jaime, Jorge Juárez Escalona, Max Káiser, Joy Langston, Ana Beatriz Lira, José Octavio López Presa, Sergio López-Ayllón, Eileen Matus, Herlindo Martínez Nepomucemo, Mauricio Merino, Mario Vladimir Monroy Gómez, María José Montiel, Ma. Elena Morera, Ángel Martínez Armengol, Aurora Méndez, Lourdes Morales Canales, Angélica Navarro, Mónica Tapia, Jorge Nacif Mina, Felipe Hevia, Jesús F. Hernández Galicia, Juan Pardinas, Víctor S. Peña, Luis Alberto Ramos, Gustavo Rivera Loret de Mola, Alejandra Ríos, Jorge Javier Romero, José Roldán Xopa, Héctor Rubio, Luis Reygadas, Javier Olivarez Castillo, Alberto Olvera, Viridiana Ríos, Gabriela Vargas Gómez, Alberto Serdán Rosales, Lilia Saúl, Alfonso Valenzuela, Eduardo Villarreal Cantú, Elio Villaseñor, Peter Winkel y María de Jesús Zamarripa Guardado, Héctor Larios Santillán; Cecilia Azuara, Giulliano Lopresti; Roberto Ramírez.

ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES:

  1. ALIANZA CÍVICA., A.C.
  2. ACTÍVATE POR PUEBLA
  3. BUFETE DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS, A.C.
  4. CAUSA EN COMÚN, A.C.
  5. CENTRO DE ESTUDIOS ESPINOSA YGLESIAS, A.C.
  6. CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS, A.C.
  7. CREA MÉXICO
  8. CONSEJO CIUDADANO A LA CONTRALORÍA, PUEBLA
  9. EQUIPO PUEBLO
  10. ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.
  11. FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, A.C.
  12. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN
  13. GESOC, A.C.
  14. IARAC YUCATÁN
  15. IMPACTO LEGISLATIVO
  16. INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO  Y LA CULTURA A.C.
  17. INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL.
  18. INICIATIVA SINALOA
  19. INICIATIVAS HUMANAS Y SOCIALES A.C.
  20. INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C.
  21. INTEGRADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
  22. MÉXICO EVALÚA, A.C.
  23. MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.
  24. MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?, A.C.
  25. MOVIMIENTO G2G
  26. OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COHESIÓN SOCIAL, A.C.
  27. OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO
  28. ONG CONTRALORÍA CIUDADANA
  29. PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ
  30. PROPUESTA CÍVICA GUANAJUATO
  31. SONORA CIUDADANA
  32. UNIVERSIDAD VERACRUZANA

 

Descarga aquí el comunicado completo.

Consulta las videoentrevistas  a María Elena Morera, Mauricio Merino y Max Kaiser: