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Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

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Fuerzas Especiales de la Marina de México se entrenan en EEUU en el ejercicio internacional Bold Alligator.


La Armada de México participó por primera vez en este ejercicio internacional en 2014 junto con otras 17 naciones, En Esta ocasión los marinos mexicanos se unen a las fuerzas navales de otros nueve países (EEUU, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, España y Gran Bretaña) con un contingente de 414 elementos.

Fuente: www.defensa.com

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Mario Meneses

Arriban #FuerzasArmadas a Hidalgo para combate a #inseguridad


El gobierno del estado informó que al menos 500 elementos del Ejército, Marina y policías recorrerán diversos municipios de la entidad como parte del operativo Fuerza Conago

16/08/2017 14:19 Mota / Corresponsal

El gobierno del estado de Hidalgo dio a conocer que a partir de este día comenzó el arribo del grupo Fuerza Conago, quienes a partir de mañana realizarán operativos en diversos puntos del estado para el combate a la inseguridad.

Informó que son 500 elementos de la Policía Federal, Marina y Ejército, además de elementos de los estados de Guerrero, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo, quienes recorrerán diversos municipios como parte de Fuerza Conago. 

Hidalgo se convierte en el segundo estado en donde se pone en marcha este operativo, luego de que el seis de julio arrancó en Guerrero, donde los elementos policiacos, lograron la detención de 31 personas y la recuperación de 16 unidades con reporte de robo.

En el caso de Hidalgo el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, aseveró que por la ejecución del operativo no se pueden dar a conocer los lugares a donde se llevarán a cabo los operativos, ni las acciones que realizarán.

Precisó únicamente que el operativo arrancó en Tizayuca, “nos da mucho gusto que estén fuerzas de élite de otros estados que se vienen a sumar al compromiso de Omar Fayad, para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.

Será hasta el viernes en que culminen estos trabajos y el sábado se dará un informe de los resultados obtenidos.

Fuente: amp.eluniversal.com.mx

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Mario Meneses

Chocan #ONG y autoridades por Ley de #SeguridadInterior


Autoridades y representantes de la sociedad civil discreparon ayer sobre la Ley de Seguridad Interior, pues mientras los primeros aseguran que dicha legislación no busca militarizar las calles, los segundos están preocupados por la falta de claridad en las facultades que se les daría a las Fuerzas Armadas en caso de aprobarse alguna de las seis iniciativas sobre el tema qué hay en el Congreso.

Durante el foro Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial, organizado por la ONG Causa en Común, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos Flores, aseveró qué hay mitos malintencionados que desinforman a la sociedad, tales como que la Ley de Seguridad Interior es sólo para el Ejército.

Sin embargo, académicos y especialistas que forman la asociación civil Causa en Común mostraron preocupación por la dirección que está tomando la discusión sobre las atribuciones que tendrían las Fuerzas Armadas con la ley, pues se estaría avalando la presencia de militares en las calles para temas de seguridad pública.

“Tal como se presentado, y como está en la discusión, parecería de que lo que se trata es de regularizar una política que a todas luces ha fallado. Llevamos 10 años con las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, y lo que hemos tenido no es ni una reducción en la violencia ni una reducción en el mercado de drogas”, aseguró Jorge Javier Romero Vadillo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Fuente: www.24-horas.mx

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Mario Meneses

 

El #EjércitoMexicano inaugura Exposición en #Querétaro. #Militar #PasiónporServiaaMéxico #SEDENA


 

México, 6 de febrero.- En la Explanada del “Centro de Congresos” de la Ciudad de Querétaro, Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina y el M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Queretaro, presidió la ceremonia de inauguración de la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”.

Durante la ceremonia el Presidente expresó durante su discurso su gratitud hacia las Fuerza Armadas: “quiero dejar aquí constancia particularmente de gratitud y reconocimiento como Presidente de la República a nuestras Instituciones Armadas, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Fuerza Aérea Mexicana, a estas tres grandes instituciones que integran nuestras fuerzas Armadas…”

De igual forma el Gobernador de Querétaro, señaló que: “durante estos 100 años los mexicanos hemos contado con el servicio patriótico de las nuestras fuerzas armadas, siempre en la primera línea de batalla defendiendo lo que somos…”

La exposición está conformada por 19 stands, en los que se destacan el de Bienvenida, Igualdad de Género, Carpa Centenario de la Constitución, Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales, Paracaidistas, Fuerza Aérea, Policía Militar, Nuevas Tecnologías, Viveros, Criadero y Granjas Militares, Planteles Militares, Actividades Interactivas, entre otros.

Los asistentes podrán realizar actividades interactivas en la Torre de Rappel, Escalada, Tirolesa de dos líneas, Área Ecuestre, Pista Murciélago, Camuflaje del rostro, Pista Canófila, Pista de Obstáculos Infantiles, Fotografía con Paracaídas, así como en la exposición estática de aeronaves y vehículos militares.

Se mantendrá abierta a todo público en forma gratuita, del 4 de febrero al 5 de marzo de 2017, en horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo y tendrá el objetivo de crear un ambiente de armonía y convivencia entre el personal militar y la ciudadanía, a fin de que conozcan las actividades que realizan las Fuerzas Armadas en beneficio de la población civil.

Angel Silva Juárez

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Mario Meneses

 

Ley de #SeguridadInterior contradice recomendaciones internacionales


La iniciativa que busca aprobar el Congreso para dar atribuciones de seguridad pública a los militares es contraria a las recomendaciones de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos.

16/01/2017 5:00 AM CST | Actualizado 16/01/2017 8:38 AM CST
Manuel Hernández Borbolla Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014.

La Ley de Seguridad Interior que el Congreso pretende aprobar para legalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, contradice las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes consideran que la militarización de la seguridad pública propicia violaciones graves de los derechos humanos.

Esto, debido a que la lógica militar de abatir al enemigo en lugar de detenerlo para que sea juzgado, ha promovido un incremento notable en violaciones graves de derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, tal como lo evidencian casos como las masacres de Tlatlaya o la ejecución de un civil a manos de ocho marinos en Nuevo León, casos que al día de hoy permanecen impunes.

De acuerdo con las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México, publicado por la ONU en 2014, “es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares; y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno”.

En junio pasado, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En el mismo tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein recomendó al gobierno de México que “las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”.

Ninguna de estas recomendaciones figura en las propuestas de Ley de Seguridad Interior presentadas por el PRI, PAN y PRD.

ONU recomienda a México más controles a militares en su lucha contra el crimen 

Pero no sólo eso, sino que además, el concepto mismo de seguridad interior ha propiciado violaciones graves de derechos humanos, según advierte la CIDH en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

“Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia”, señala el documento.

“La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos ‐en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil, actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial”, añade el informe.

Una situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por los principales partidos políticos que pretenden aprobar la nueva Ley de Seguridad Interior de manera exprés y sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones de derechos humanos.

Congreso busca aprobar en ‘fast track’ ley para militarizar la seguridad pública

“Las fuerzas armadas están inmersas en la lógica bélica que implica anular al enemigo. Y esa lógica en un contexto de despliegue territorial para labores de seguridad pública propicia que se comentan violaciones a derechos humano. En México eso ha sucedido”, explica Santiago Aguirre, subdirector del del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en entrevista con el Huffington Post.

Prácticamente todos los indicadores de violaciones a derechos humanos han aumentado en 10 años de guerra contra el narcotráfico con el agravante de que han ido seguidas de una impunidad recurrente cuando se trata de abusos castrenses. Ese contexto no debería ser dejado de lado en estas discusiones”.Santiago Aguirre, Centro Prodh

De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, otro punto preocupante es que las leyes presentadas por los legisladores plantean puntos que violan la Constitución, además de que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública es un supuesto que no puede sostenerse con los datos oficiales luego de una década en que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para pelear en la llamada “guerra contra el narco”.

La década perdida de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco

“Desde nuestra perspectiva el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir legislación en materia de seguridad interior, pero considerando también que el artículo 21 de la Constitución señala con mucha claridad que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles. Nos parece que hay ahí un primer problema de constitucionalidad preocupante”, añade Aguirre.

“En el Senado se insistió en la pertinencia y necesidad de que las fuerzas armadas aumentaran su presencia en algunos territorios, sugiriendo que esta presencia sería eficaz para combatir la inseguridad. Nosotros consideramos que la evidencia empírica de los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico pone en entredicho este supuesto, pues lo real es que hoy tenemos un país más violento que hace 10 años”, señaló.

Fuente: Huffingtonpost

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Mario Meneses

La #ONU reconoce a #México como modelo en #ProtecciónCivil


La ONU reconoce a México como modelo en protección civil | La Crónica de Hoy

  • por CECILIA TÉLLEZ CORTÉS 2017-01-11 – 02:18:59

Robert Glasser, representante especial del Secretario de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, formuló un reconocimiento a la experiencia de México en materia de protección civil.

“Es conocida y reconocida a nivel mundial la experiencia de México en materia de protección civil. El manejo de las adversidades que enfrentó México en el año pasado es una muestra de la solidez del Sistema Nacional de Protección Civil y la cultura de prevención y unidad de la sociedad mexicana”, señaló el funcionario internacional.

Desde el Salón Adolfo López Mateos, Glasser felicitó al Ejército mexicano y a las Fuerzas Armadas por los 50 años en la conducción del Plan DN-III de auxilio a la población en casos de desastres, al que calificó como “un modelo de actuación y prevención ejemplar”.

Anunció que México será sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo y de Desastres, a realizarse en Cancún, Quintana Roo, del 22 al 26 de mayo próximo.

En su intervención, Edgar Pereda Gómez, representante y presidente de la CIRT, galardonado con el Premio Nacional de Protección Civil en el Campo de la Ayuda, subrayó que la industria de la radio y la televisión “siempre se ha distinguido por abanderar las mejores causas, teniendo como valor supremo a México y a los mexicanos. México siempre se ha caracterizado por su unidad y solidaridad en momentos de dificultades y hoy no debe ser la excepción”.

Indicó que la radio y la televisión mexicanas están unidas y destacó que para muchos tal vez ha cambiado el concepto de noticia e información, “ahora se piensa que se está informando a través de 140 caracteres. Pero, créanme, no es así”.

Refirió que la industria que representa “es responsable y no actúa en el anonimato. Nuestra información es validada y actuamos de forma profesional y responsable al momento de ponerla a disposición de nuestras audiencias. Nosotros verificamos para ser oportunos y veraces. Nuestros medios buscan unidad y concordia, nunca incertidumbre o desunión. Hoy más que nunca, México requiere de la suma de esfuerzos y de una mayor cooperación entre los diferentes sectores del país”.

Fuente: Cronica

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Mario Meneses

Preocupación ante posible imposición de una Ley de #SeguridadInterior contraria a los #DerechosHumanos


Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos.

Ciudad de México a 10 de enero de 2017.- El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció.

Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.

El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad.  En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.

 

Organizaciones Sociales:

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

México Unido contra la Delincuencia

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

Firmas individuales (sugerimos anotar nombre e institución académica entre paréntesis) :

 

Alejandro Madrazo

Antonio Zavala Sánchez

Carolina Pimentel

Denise Dresser

Guadalupe Barrena

Javier Martin Reyes

Jorge Javier Romero

Jorge Javier Romero Vadillo

José Antonio Guevara Bermudez

José Pablo Girault

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Luis F. Fernández

Martha Tagle

Margarita Griesbach

Miguel Concha Malo

Simón Hernández León

Fuente: MUCD

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Mario Meneses

#GobiernoFederal tiene retroceso en materia de seguridad: investigador. Con Jaime Nuñez


 

El investigador del Colegio de México (Colmex), Arturo Alvarado, consideró oportuna la llegara de Renato Sales a la Comisión Nacional de Seguridad, sin embargo, dijo, es necesario que se resuelva el problema de honestidad de la policía y la corrupción de los distintos cuerpos de la autoridad.

Arturo Alvarado, investigador del Colegio de México (Colmex), indicó que la administración de Enrique Peña Nieto llega, en el tema de seguridad, en un momento muy difícil, donde a pesar de los avances que se han logrado, se han tenido golpes y retrocesos.

“El punto principal es como la política de seguridad no ha sido totalmente bien definida y ha habido cambios muy drásticos; lo que estamos viendo el día de hoy es un reacomodo necesario que ya faltaba desde hace varios meses del gabinete de seguridad, pero también frente a esto tenemos varios temas de agenda muy importantes”.

Destacó que en México sigue habiendo una tasa de mortalidad por homicidios sumamente alta, enfrentamientos violentos, zonas del país fuera del control de los gobiernos estatales y municipales, así como problemas en Procuración de Justicia y en el sistema de Seguridad Pública.

“En el Sistema Nacional de Seguridad la llegada de Renato Sales es una buena medida, es un buen signo, de que por lo menos en la cabeza va haber una estructura de una persona que ha demostrado ser eficiente, que ha demostrado un desempeño correcto en esto”.

El aspecto malo, dijo, es que hoy día el aparato de seguridad federal no está a la altura de los retos que enfrenta el país.

“Los operativos que se han desarrollado, los problemas consecuentes con los operativos de la excesiva y continua utilización de las Fuerzas Armadas, la incapacidad de las fuerzas de la Policía Federal hoy día para empezar a tomar las riendas correctas y consecuentemente para no sólo prevenir, sino perseguir y además procesar a los delincuentes, seguimos teniendo problemas fuertes, hay una ausencia total de la Procuración de Justicia y la procuradora tiene un gran reto en este sentido”.

Recalcó que el punto central que genera que la seguridad en México no mejore definitivamente es la impunidad, la cual, dijo, empieza en la incapacidad de prevenir, detener y presentar de manera correcta ante el Ministerio Público y los jueces cada uno de los casos.

“Si no tenemos esa capacidad desde la policía, desde los Ministerios Públicos, y las policías ministeriales, esto no va a avanzar”, agregó.
En entrevista para el espacio de “En Fórmula con Jaime Nuñez” Arturo Alvarado comentó que a lo largo de sus estudios ha reiterado que la naturaleza de las fuerzas policiales y de la seguridad deben estar asociadas a la naturaleza del régimen político.

“Si nosotros somos un régimen federalista y municipalista, las autoridades municipales y estatales deben tener funciones con especificación específica en todos los ámbitos del servicio público, por lo tanto, la seguridad no debe de ser una excepción porque la policía debe ser un cuerpo de seguridad para la ciudadanía, por la ciudadanía y con la ciudadanía”.

Recalcó que mientras no se resuelva el problema de la honestidad de la policía y la corrupción de los distintos cuerpos de la autoridad no se puede avanzar.

Para finalizar, señaló que es necesario que se reconstruya la Procuraduría General de la República para que se avance en la comunicación, en el mayor respeto a los derechos humanos y que el trabajo de Renato Sales no se venga abajo como ocurrió con Monte Alejandro Rubido.

“Hay que hacer un trabajo de coordinación muy fuerte y tratar de avanzar en esta agenda, yo lo que pienso es que en su tarea, (Enrique Peña Nieto) él debe fijar una serie de metas, en las cuales a partir de este diagnóstico necesario de qué hace falta, a dónde vamos y cómo vamos a enfrentar, puede él llegar a ofrecer resultados al terminar su administración”.

joa

@MarioMeneses_
Seguridad Personal y Profesional.

Propuestas de Seguridad en Cumbre Ciudadana


 

Propuestas de Seguridad en Cumbre Ciudadana

Seguridad Ciudadana, Justicia y Derechos Humanos

Hacemos públicos los acuerdos y propuestas relativos a Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, derivados de la participación ciudadana en la Cumbre Ciudadana representada por integrantes del Observatorio Ciudadano de Seguridad Publica de Puebla, IMCO, CCCEH, Causa en Común, Justicia Ciudadana, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), México SOS, Consejo Cívico la Laguna, Observatorio Nacional Ciudadano, INSYDE, CIC,Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, etc.

Estas propuestas fueron entregadas en mano propia y en acto público a Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Carlos Lozano presidente de la CONAGO. Respecto a estas propuestas, las autoridades darán respuesta por escrito a más tardar el día 3 de julio del 2014.

A continuación presenteamos las propuestas y acuerdos:

I. DERECHOS HUMANOS

 

Tema 1. Fortalecimiento y puesta en práctica del Programa Nacional de Derechos Humanos

 

Subtema 1.1 Difusión de la Reforma de DH y del Programa, a toda la ciudadanía.

Metas preliminares: Difusión masiva del Programa a nivel nacional (CNDH, Academia, Medios de comunicación, OSCS y Ciudadanía en gral.) Próximos 6 meses.

Actores clave: OSC´s de la Cumbre y CNDH

 

Subtema 1.2 Creación del Consejo Ciudadano previsto en el Programa.

Metas preliminares: Crear el Consejo Ciudadano en un mes (Organismo Ciudadano de Evaluación del Programa con carácter y representación nacional). tomando en cuenta regionalidad, interculturalidad y equidad de género en su conformación. Además, de generar un mecanismo independiente a las autoridades para la designación de los integrantes del Consejo en mención.

Actores clave: SEGOB, OSC´s Cumbre, CNDH

 

Subtema 1.3 Difusión e implementación de los indicadores del Programa (Sistema CIRI)

Metas preliminares: Generar un instrumento accesible para que, regularmente, se den a conocer las evaluaciones aplicadas y resultados de los índices e indicadores de evaluación previstos, con acompañamiento y validación social. Crear un Organismo Ciudadano de Evaluación del Programa, con representación nacional. Próximos 6 meses.

Actores clave: SEGOB, OSC´s Cumbre.

ACCIONES/PROPUESTAS GENERALES

  • Generar un mecanismo (mesa de trabajo) de interlocución con la Dirección General de Política Pública en Derechos Humanos.
  • Entregar en menos de un mes, una propuesta para generar el mecanismo de selección de participantes de la Sociedad Civil en el Consejo Ciudadano.
  • Campaña en medios de comunicación y en redes sociales para difundir el Programa de DH, integrar a Single World A.C.
  • Designar Delegados permanentes de la Cumbre para la mesa de interlocución para que formen parte de la mesa de trabajo citada anteriormente.
  • Asegurar que en un plazo máximo de 6 meses (noviembre de 2014) se diseñe y publique el Instrumento de Evaluación de Resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos. 
  • Convocar a la CNDH para que sea un vehículo de difusión del Programa.

Tema 2. Política de drogas con enfoque de Derechos Humanos.

Subtema 2.1 Despenalización efectiva del uso y posesión de cannabis.

Subtema 2.2 Extender el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Metas preliminares:

  • No criminalización de la portación y consumo de drogas para uso personal y en pequeñas cantidades, particularmente cannabis. Propuesta 1: Modificación del art. 479 de la Ley General de Salud, para incrementar las cantidades máximas consideradas para uso personal (Tabla). Propuesta 2: Apoyar la aprobación de las Iniciativas que se encuentran hoy presentadas en el Congreso de la Unión que solicitan la modificación del artículo citado. Propuesta 3: Participar en el Foro Organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de 29 al 31 de julio de 2014.
  • Que en un año (2015), se reconozca el consumo de Cannabis como parte de la expresión de la personalidad. Propuesta:Que las organizaciones que participan de la Cumbre Ciudadana presenten un Amicus Curiae apoyando el amparo interpuesto por SMART en agosto de 2014 que actualmente se encuentra a espera de ponencia por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Actores clave: Congreso de la Unión, OSC´s Cumbre, SCJN.

Tema 3. Difusión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en particular ante los grupos más vulnerables).

 

Subtema 3.1: Capacitación a servidores públicos, OSC´s y Comunidades desprotegidas.

Metas preliminares:

  • Desarrollar una Campaña de Difusión construida en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 6 meses.
  • Que en tres años (2017), todos los servidores públicos en México sepan y sean conscientes de su responsabilidad ante autoridades “morales” a nivel internacional.
  • En coordinación con la CNDH, se implementen Programas de Formación Ciudadana desde nivel Preescolar, que incluyan este tema. Próximo año.

Actores Clave: CNDH, Gobierno Federal, SEP.

Tema 4. Impulsar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública.

Metas preliminares:

  • Convocar al Poder Legislativo para que, en coordinación con la Sociedad Civil, exija al ejecutivo la presentación de un plan de transición que contemple el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública y su sustitución por las instituciones estatales y municipales.
  • Lograr que el Gobierno de la República presente medidas para acelerar el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública a más tardar en el 3er año de su administración (2016).

Actores Clave: Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión, OSC´s Cumbre.

Tema 5. Garantizar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad.

Metas preliminares:

  • Legislar en caso de no existir, o que se ponga en práctica, la obligación del MP/Juez de otorgar la orden de protección o medidas cautelares sin discrecionalidad, sin discriminación de género.
  • Garantizar la imparcialidad de los operadores procesales del sistema de impartición de justicia, sobre todo en comunidades rurales, mediante la capacitación y la promoción de mujeres a los efectos de afrontar la problemática detectada en las comunidades, consistente en la discriminación de las mujeres en la impartición de la justicia.
  • Crear una instancia ciudadana que vigile a las autoridades locales: jueces de paz y agentes subalternos municipales.
  • Generar una obligación legal para la declaración de “Alerta de Género” en las entidades federativas, con criterios y objetivos no discrecionales (que se haga efectiva donde ya está considerada).

 

Tema 6. Fortalecer la autonomía de las Comunidades Indígenas, vinculando el derecho a la identidad con el territorio. Tomando en cuenta los usos y costumbres desde una perspectiva inclusiva.

 

Meta preliminar: Que los Presidentes municipales de cada entidad pidan al Gobernador restituir las funciones de Registro Civil a las Comunidades.

Actores clave: OSC´s Cumbre, Gobernadores, Alcaldes.

 

II. JUSTICIA

Tema 1. Nuevo Sistema de Justicia Penal

Subtema 1.1 Planeación y desarrollo en la implementación del nuevo sistema de justicia penal

Metas preliminares:

  • Que las 32 entidades federativas dispongan de un plan de implementación inclusivo que responda a los estándares federales en 2016. Para ello, que el gobierno proceda a una revisión del status actual de los avances en su ejecución:

a) A los estados que ya la implementaron, se les revise y corrijan sus deficiencias.

b) Aquellos que parcialmente la implementaron, avancen a la implementación total de forma correcta y efectiva.

c) Aquellos que no iniciaron el proceso, dispongan de un plan revisado de implementación en un plazo de 3 meses.

  • Que cada 6 meses y con participación ciudadana, se revise la aplicación del presupuesto asignado de acuerdo a las metas de la implementación de la Reforma Penal y se establezca un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.
  • Que el Gobernador de cada estado, sea el principal responsable de la correcta implementación, impulso y desarrollo de la Reforma Penal en su estado. Para ello es necesario que se conforme un órgano implementador de acuerdo a los lineamientos establecidos y cuente, además, con participación de la sociedad civil.
  • Que los gobiernos estatales, a través de los órganos implementadores, tomen en cuenta las recomendaciones y revisiones hechas por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y efectúe las reformas y/o correcciones procedentes.
  • Que los gobiernos estatales publiquen en todos los medios de comunicación, los estudios e informes confeccionados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.2 Coordinación en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Metas preliminares:

  • Aumentar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); y con los actores participantes en el Sistema de Justicia Penal en su conjunto.
  • Homologar los protocolos, métodos, bases de datos e instrumentos de los órganos de análisis de información de las procuradurías en un máximo de 5 años.
  • Incrementar la coordinación entre procuradurías.
  • Implementar protocolos de actuación adecuados al nuevo sistema de justicia penal de tal forma que :
  • Se confeccionen protocolos unificados allí donde no existan.
  • Se capacite en ellos al personal responsable de su aplicación
  • Se evalúe el conocimiento de los mismos y se establezcan consecuencias de carácter administrativo y/o penal para el caso de incumplimiento de su aplicación.
  • Que los protocolos de actuación sean de libre acceso y que para su confección y/o modificación se tengan en consideración las opiniones y experiencias de la sociedad civil.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.3 Modelo de gestión en la implementación del nuevo sistema de justicia penal

Metas preliminares:

  • Adecuar las estructuras y funciones de procuración y administración de justicia al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
  • Acercar los órganos jurisdiccionales a lugares remotos como vía de ampliar el acceso a la justicia.
  • Incrementar el grado de autonomía de las procuradurías tomando como base la reciente reforma a la Procuraduría General de la República.
  • Evaluar los modelos de gestión que ya funcionan en los estados para replicar el más conveniente a las necesidades del propio estado.

Propuesta:

  • A partir del 1 de julio de 2014, establecer como base en el modelo de gestión la exigencia de calidad de los procedimientos organizacionales, y para ello: Desde dicha fecha, en el plazo de 3 meses, seleccionar una procuraduría y realizar sobre ella una prueba de diagnóstico piloto, y en otros 3 meses más, producir el modelo tipo de excelencia en la calidad. Con base en el modelo piloto, establecer una certificación que sea replicable, aunque adaptable a cada circunstancia, en el resto de las procuradurías. Lo anterior con el compromiso de un calendario obligatorio.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.4 Socialización en la implementación del nuevo sistema de justicia penal

Metas preliminares:

  • Para incrementar la certidumbre de la ciudadanía frente nuevo sistema de justicia penal, establecer mecanismos para incrementar el nivel de información de la ciudadanía a través de programas de difusión:

El programa de difusión tendrá que estar listo y conformado dentro de 6 meses.

La meta a alcanzar será un incremento del 20% adicional a la población que actualmente conoce el sistema.

Este 20% adicional se medirá a partir de las evaluaciones que actualmente dispone la SETEC.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.5 Profesionalización

  • Conseguir que la obligatoriedad de carrera profesional legalmente establecida se desarrolle y ejecute en la totalidad del país antes del 2016.
  • Establecer pruebas de control de confianza y de conocimientos para todo el personal dentro de las instituciones de justicia, incluidos los directivos.
  • En relación al control de confianza, definir las herramientas para determinar la aptitud de los servidores públicos del sistema penal.
  • Asegurar el cumplimiento de la ley en orden para que las plazas del sistema de justicia sean cubiertas a través de un sistema de concurso.
  • Antes del 30 de septiembre de 2014, obtener un calendario detallado de las acciones de implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los ramos ministerial y pericial con el objeto de contrastar los avances.
  • Proporcionar asistencia psicológica al personal para mantener su salud mental y puedan afrontar las situaciones de estrés propias de sus funciones.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.6 Evaluación del sistema

Metas preliminares:

  • Creación de un sistema de evaluación ciudadana con la misión de monitorear los resultados del sistema penal, con base en indicadores estandarizados. Como primer paso, el sistema de evaluación ciudadana, antes de noviembre de 2014, determinará los parámetros (reincidencia, estadísticas delictivas, georeferenciación del delito, percepción ciudadana de seguridad, etc.) con base en los cuales se llevará a cabo semestralmente la evaluación de la eficacia del sistema.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

 

III. SEGURIDAD

TEMA 1. Prevención social de la violencia y la delincuencia

Subtema 1.1 Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias

Metas preliminares:

  • Crear un fideicomiso, antes de que termine el 2015, destinado a garantizar la generación y/o fortalecimiento de observatorios locales de seguridad que cuenten con una metodología común y que en su composición incluyan la participación ciudadana a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de su funcionamiento.
  • Construir, para el 2015, un modelo común de intervención comunitaria que promueva una cultura de la legalidad y que haga uso de los distintos recursos existentes para los mismos territorios
  • Consolidar la instauración y funcionamiento de los centros estatales de prevención social y promover la creación, en los municipios, de áreas especializadas equiparables con conocimientos técnicos y presupuesto suficiente para la prevención social de la violencia y la delincuencia

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

Subtema 1.2 Evaluación y medición del desempeño

Metas preliminares:

  • Solicitar que, a partir del 2015, el CONEVAL realice informes anuales sobre desempeño e impacto de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
  • Garantizar que, antes del 2016, todos los programas de prevención de la violencia y la delincuencia estén basados en evidencia científica.
  • Transparentar, en el transcurso del 2015, los padrones de beneficiarios (municipios, instituciones, organizaciones sociales y/o individuos) asociados a programas federales en la materia.
  • Promover el uso de redes sociales para la medición y prevención del delito mediante organizaciones civiles que generen bases de datos derivadas de la información  obtenida a partir de dichas redes sociales.

Actores clave: SEGOB, CONEVAL, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

Subtema 1.3 Asignaciones presupuestales

Metas preliminares:

  • Crear un mecanismo único de transferencias federales en materia de prevención del delito que, para el 2016, incorpore a SUBSEMUN, FASP y PRONAPRED.
  • Flexibilizar las reglas de operación  para que la aplicación de los recursos no se limite a los años fiscales en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
  • Crear, para el 2015, un padrón público de consultores en materia de seguridad pública donde se transparente y justifique la metodología a través de la cual fueron elegidos.
  • Asegurar, durante el trascurso del 2015, la participación ciudadana en los órganos y/o procesos de fiscalización de los programas de prevención de la violencia y la delincuencia.

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

TEMA 2. Reforma Policial

Subtema 2.2. Mecanismos de evaluación y certificación

Metas preliminares:

  • Garantizar que, para principios del 2015, el modelo focalizado de control de confianza -en los términos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad- se encuentre en operación en las 32 entidades federativas del país y se aplique a la totalidad del personal de seguridad pública.
  • Depurar y transparentar los datos estadísticos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública para el 2015
  • Implementar efectivamente el Certificado Único Policial (mismo que incluye los resultados de control de confianza, desempeño y conocimientos) en la federación y las 32 entidades federativas del país para 2015.
  • Establecer, a partir del 2015, una certificación institucional a la policía en términos de procesos basados en estándares profesionales
  • Definir los mecanismos de baja del personal de seguridad pública no aprobado por control de confianza en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

Subtema 2.3 Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera Policial

Metas preliminares:

  • Actualizar, en el 2015, el Programa Rector de Profesionalización y establecer los mecanismos adecuados que supervisen su correcta implementación
  • Incorporar a los procesos de formación policial una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos y cultura de la legalidad a partir del 2015
  • Capacitar y certificar, a más tardar en el 2016, a los policías de las 32 entidades federativas y los municipios para la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
  • Establecer, para el 2016, condiciones laborales adecuadas para el quehacer policial, mismas que incluyan el establecimiento de un salario mínimo policial, equipamiento adecuado, equidad de género, límites en la jornada de trabajo y un régimen complementario de seguridad social.
  • Garantizar la suficiencia presupuestal para hacer cumplir los principios de profesionalización y servicio profesional de carrera policial.
  • Instrumentar y transparentar los procesos de ascenso y promoción en la policía federal, las 32 entidades federativas y los municipios a partir del 2015.
  • Institucionalizar los criterios para el uso legítimo de la fuerza en las entidades y municipios donde no existan y monitorear su correcta aplicación a través de mecanismos que involucren la participación ciudadana.
  • Proporcionar asistencia psicológica a los agentes para mantener su salud mental y que puedan afrontar las situaciones de estrés propias de sus funciones.

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

 

Subtema 2.4 Controles internos y externos de la policía

Metas preliminares:

  • Crear unidades de supervisión interna en todas las policías estatales y  municipales que cuenten con más de 100 agentes para el 2016
  • Establecer, para el 2016, mecanismos de supervisión externa de la policía federal, policías estatales y policías municipales que cuenten con más de 100 agentes. Entre los mecanismos a considerar se encuentran: auditor policial, oficinas de quejas y ombudsman policial, por mencionar algunos.
  • Incluir, en el transcurso del 2015, la participación ciudadana en los órganos disciplinarios de las instituciones policiales en el país.
  • Diseñar e instrumentar, para el 2016, mecanismos de videograbación de la función policial con fines de control.

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

Subtema 2.5. Grupos de autodefensa y policías rurales

Meta preliminar:

  • Establecer, a más tardar en el 2015, legislación que regule la existencia y que limite la operación de los grupos de autodefensa en el país.

Actores clave: SEGOB, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana, Poder Legislativo Federal

 

Subtema 2.6 Reconciliación policía–comunidad

Metas preliminares:

  • Promover, a partir del 2015, la sensibilización de la sociedad en su conjunto sobre los derechos, facultades y funciones de los policías a la vez que se sensibiliza a las policías respecto a cuál es su papel en la sociedad
  • Establecer, a partir del 2015, unidades de policía de proximidad o similares en todos los cuerpos policiales del país, mismos que además deberán incorporar mecanismos de participación ciudadana
  • Diseñar una campaña, a través de los distintos medios de comunicación, que permita mejorar la imagen de la policía a nivel nacional y promover su dignificación como persona y como servidor público
  • Promover la participación vinculante de los consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana, medios de comunicación.

Fuente: Observatorio Ciudadano Puebla

Saludos

@MarioMeneses_