La ignorancia es más peligrosa que la #LeyDeSeguridadInterior


Miembros de la Marina y soldados marchan en la CDMX, 2016. Foto: Carlos Tischler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

En estos días, leo y escucho por todos lados lo terrible de la Ley de Seguridad Interior, incluyendo que entrarán soldados a nuestras casas, tomarán las calles y cometerán todo tipo de tropelías.

Francamente, creo que hay una incomprensión enorme de conceptos básicos. En México, hay tres instituciones militares permanentes dependientes de dos Secretarías de Estado: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada; el comandante supremo es el Presidente.

El Ejército y la Fuerza Aérea Nacionales tienen la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, presentar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas, sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas.

La Armada de México tiene como misión emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Digo esto porque parece que muchos creen que atribuciones básicas de las Fuerzas Armadas les serán concedidas con la Ley de Seguridad Interior, y otros parecen querer que nuestras Fuerzas Armadas solo tengan funciones ornamentales en el desfile del 16 de septiembre.

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Minuta Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior.


Ley de Seguridad Interior

Ley de Seguridad Interior

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.
Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos
constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se Expide la Ley de Seguridad Interior, con número CD-LXIII-III-lP-
298, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes
Secretario

Descarga Minuta de la Ley de Seguridad Interior

Saludos

Mario Meneses

 

Seguridad interior y uso de la fuerza: el hoyo negro


Seguridad Interior

Seguridad Interior

La Cámara de Diputados aprobaría la Ley de Seguridad Interior que da licencia a las fuerzas federales como la Marina, el Ejército y la Policía Federal para actuar en temas de seguridad pública.

El fracaso rotundo y evidente del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente. Van por más de lo mismo, no importa el tamaño de la tragedia humanitaria de la violencia que asola buena parte del país.

Hoy jueves 30 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, se podría escribir el más grave error por parte del Estado mexicano del que yo tenga memoria en materia de seguridad pública. Se trata de la muy posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estamos ante un inminente golpe de proporciones incalculables en contra de la rendición de cuentas en las políticas e instituciones de seguridad en México.

Centenas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, líderes sociales y víctimas se oponen a la Ley de Seguridad Interior tanto en México como en el extranjero. Los motivos en contra son muchos pero aquí solo destacaré uno de ellos, acaso el más grave: con esta norma se multiplicarán los eventos de uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y no habrá sobre tales eventos rendición de cuentas posible. La Ley de Seguridad Interior es una licencia de uso de la fuerza sin contrapeso efectivo alguno. Dadas las evidencias disponibles, las consecuencias de esto precisamente en contra de la seguridad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos son potencialmente devastadoras.

Desde el 2011 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas han venido estudiando la información disponible respecto al uso de la fuerza por parte de las instituciones federales de seguridad en enfrentamientos con el crimen organizad. El equipo encontró niveles desproporcionados en el uso de la fuerza letal desde aquel año y reportó lo mismo en el 2015. Sin embargo, en este segundo texto llamó la atención sobre algo más: el incremento de la opacidad en el acceso a la información en la materia. Luego de construir sus investigaciones usando información proporcionada por la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, esta última informó que a partir de abril de 2014 “ya no se le da continuidad” a la estadística relacionada con civiles muertos y heridos en enfrentamientos, argumentando que esa información no es necesaria para la dependencia, dado que “el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Ante tal respuesta de la SEDENA, los investigadores comentaron en el mismo texto de 2015 que ello violenta “el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado hagan públicas sus actuaciones y posibiliten su evaluación”, al tiempo que se opone al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que en su artículo 15, c, iii señala que después de una agresión se procederá a “Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarías”. Agregaron los autores: “Es contradictorio y preocupante que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria para la dependencia, cuando el manual que regula su actuación así lo exige e incluso establece responsabilidad legal para los mandos en caso de incumplimiento (art. 23, B, d).”

Pero anotaron una alerta más: “Igualmente preocupante es que al ser preguntada por el número de enfrentamientos registrados, la PGR —dependencia a la que en su respuesta la SEDENA nos sugirió canalizar nuestra solicitud— haya respondido tener conocimiento de cero enfrentamientos en 2011, uno en 2012, cero en 2013 y tres en 2014 (solicitud folio 0001700326814). La generación y disponibilidad de información sobre el uso de la fuerza es necesaria para poder evaluarla y controlarla, especialmente la fuerza letal. Constituye, pues, un mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida de todas las personas”.

En un tercer texto publicado en abril pasado, los mismos investigadores reiteraron el altísimo valor del escrutinio en esta materia y una vez más alertaron sobre le progresiva opacidad: “Evaluar el uso de la fuerza implica mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Deberíamos contar con más y mejor información sobre qué hacen y dejan de hacer. Pero en vez de ampliar la transparencia, lo que hemos visto en tiempos recientes es la aprobación de reformas legales que la sofocan. Por ejemplo, el año pasado, fueron aprobadas reformas al Código de Procedimientos Militares para facultar a la SEDENA a realizar levantamiento y reconocimiento de cadáveres. Es decir, lo que tendremos ahora es sólo la versión de la SEDENA o la Marina sobre qué sucedió en un enfrentamiento. A la vez, la propuesta del PRI en materia de Seguridad Interior que se discute en el Congreso propone que toda la información que se genere en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior sea clasificada en términos de la Ley de Seguridad Nacional. En otras palabras, la poca información que hoy tenemos para estudiar qué sucede durante los enfrentamientos, será aún más reducida. En el contexto descrito, donde la autoridad civil no realiza peritajes de los enfrentamientos y donde las denuncias por la comisión de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas, resulta sumamente preocupante que las normas legales que se impulsan vayan en sentido contrario a la transparencia y rendición de cuentas”.

En efecto, según el anteproyecto al que tuve acceso, la Ley de Seguridad Interior que al parecer se aprobará hoy dispone que “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

En un análisis reciente que hice sobre las leyes, reglamentos, protocolos y estándares sobre uso de la fuerza de la policía en el país, confirmé en entrevistas con Forné y Pérez Correa y con varios investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia que es casi imposible encontrar evidencia a lo largo del país de que la policía registra de manera regular los eventos de uso de la fuerza y utiliza la información para el análisis, la identificación de patrones de desempeño y la mejora. Confirmé que la policía en México como regla no cumple con el más básico, delicado e importante estándar de control y rendición de cuentas, es decir: registrar, evaluar y asegurar las consecuencias sobre el uso de la fuerza.

El peor escenario posible. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior metería en una bolsa inaccesible de información confidencial y reservada la operación de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando su actuar se clasifique justamente como parte de operaciones de seguridad interior, en un contexto donde, en particular en torno al uso de la fuerza, la opacidad creciente ya ha sido confirmada por la investigación especializada. Más fuerza y menos rendición de cuentas; la fórmula coloca a México en sentido contrario del paradigma democrático de las políticas de la  seguridad, cuyo norte principal es asegurar su coherencia con el respeto a los derechos humanos.

El Estado mexicano se ha negado a garantizar el gobierno civil de la seguridad bajo parámetros profesionales y de rendición de cuentas. Ahora camina hacia una fase superior que, además de negar lo anterior, habilita a las Fuerzas Armadas para expandir su intervención irregular en tareas que la Constitución no les mandata, pero además, por si fuera poco, cada vez más cobijadas por la opacidad. Más fuerza y más secreto.

Luego de tres décadas dedicándome al tema de la seguridad pública, no tengo memoria de otro evento más peligroso para el país que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El fracaso rotundo del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente y han decidido profundizarlo. Está la mesa puesta para reproducir aun más violencia. Terrible.

@ErnestoLPV

Fuente: Seguridad Interior

Saludos

Mario Meneses

Habilitar poderes a fuerzas armadas para participar en tareas de #Seguridad, no es viable y representa un riesgo: Expertos


Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas

(02 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

La cual fue convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las principales conclusiones derivadas del ejercicio de diálogo plural sostenido en el acto fueron: La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla.

Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

Además, se indica que la crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre- transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los derechos humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

A esto han agregado que la prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnóstico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

La vía civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, indican, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia”.

Fuente: Fuerzas Armadas

Saludos

Mario Meneses

Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

Fuerzas Especiales de la Marina de México se entrenan en EEUU en el ejercicio internacional Bold Alligator.


La Armada de México participó por primera vez en este ejercicio internacional en 2014 junto con otras 17 naciones, En Esta ocasión los marinos mexicanos se unen a las fuerzas navales de otros nueve países (EEUU, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, España y Gran Bretaña) con un contingente de 414 elementos.

Fuente: www.defensa.com

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Mario Meneses

Arriban #FuerzasArmadas a Hidalgo para combate a #inseguridad


El gobierno del estado informó que al menos 500 elementos del Ejército, Marina y policías recorrerán diversos municipios de la entidad como parte del operativo Fuerza Conago

16/08/2017 14:19 Mota / Corresponsal

El gobierno del estado de Hidalgo dio a conocer que a partir de este día comenzó el arribo del grupo Fuerza Conago, quienes a partir de mañana realizarán operativos en diversos puntos del estado para el combate a la inseguridad.

Informó que son 500 elementos de la Policía Federal, Marina y Ejército, además de elementos de los estados de Guerrero, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo, quienes recorrerán diversos municipios como parte de Fuerza Conago. 

Hidalgo se convierte en el segundo estado en donde se pone en marcha este operativo, luego de que el seis de julio arrancó en Guerrero, donde los elementos policiacos, lograron la detención de 31 personas y la recuperación de 16 unidades con reporte de robo.

En el caso de Hidalgo el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, aseveró que por la ejecución del operativo no se pueden dar a conocer los lugares a donde se llevarán a cabo los operativos, ni las acciones que realizarán.

Precisó únicamente que el operativo arrancó en Tizayuca, “nos da mucho gusto que estén fuerzas de élite de otros estados que se vienen a sumar al compromiso de Omar Fayad, para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.

Será hasta el viernes en que culminen estos trabajos y el sábado se dará un informe de los resultados obtenidos.

Fuente: amp.eluniversal.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Chocan #ONG y autoridades por Ley de #SeguridadInterior


Autoridades y representantes de la sociedad civil discreparon ayer sobre la Ley de Seguridad Interior, pues mientras los primeros aseguran que dicha legislación no busca militarizar las calles, los segundos están preocupados por la falta de claridad en las facultades que se les daría a las Fuerzas Armadas en caso de aprobarse alguna de las seis iniciativas sobre el tema qué hay en el Congreso.

Durante el foro Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial, organizado por la ONG Causa en Común, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos Flores, aseveró qué hay mitos malintencionados que desinforman a la sociedad, tales como que la Ley de Seguridad Interior es sólo para el Ejército.

Sin embargo, académicos y especialistas que forman la asociación civil Causa en Común mostraron preocupación por la dirección que está tomando la discusión sobre las atribuciones que tendrían las Fuerzas Armadas con la ley, pues se estaría avalando la presencia de militares en las calles para temas de seguridad pública.

“Tal como se presentado, y como está en la discusión, parecería de que lo que se trata es de regularizar una política que a todas luces ha fallado. Llevamos 10 años con las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, y lo que hemos tenido no es ni una reducción en la violencia ni una reducción en el mercado de drogas”, aseguró Jorge Javier Romero Vadillo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Fuente: www.24-horas.mx

Saludos

Mario Meneses