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Policía Federal reincorpora a agente que no activó el código rojo tras fuga de “El Chapo” de El Altiplano.


Manelich Castilla Craviotto, comisionado General de la Policía Federal (PF), informó que se reincorporó a sus labores uno de los elementos de la corporación, Reyes Amir Mota Carrillo, quien había estado preso tras la fuga del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Amyr, policía que estuvo preso tras fuga de Guzmán Loera, se reincorpora al servicio tras cumplir requisitos de reingreso, incluyendo Control y Confianza, caso que recuerda necesidad de reformar el 123 apartado B de nuestra Constitución.”, escribió el comisionado de la PF a través de su cuenta de la red social Twitter.

Mota Carrillo había sido acusado, junto con otros 11 policías federales, por no activar el código rojo tras la fuga de “El Chapo” Guzmán Loera, por lo que estuvo recluido en el Penal de Nayarit, hasta el 23 de agosto pasado, cuando fue liberado por falta de pruebas.

Sin embargo, la PF, a través de una carta enviada a la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que “ninguno de los policías federales adscritos, o comisionados, al área de monitoreo tenía la facultad, ni estaba en el reglamento la activación del código rojo. Su labor era únicamente monitorear. Cabe señalar que los monitores no tenían audio”.

La libertad que se le otorgó al policía federal, ahora reincorporado, fue “bajo reservas de ley por falta de elementos para procesar”, sin embargo, el proceso legal continúa, “siempre y cuando no haya alguna otra circunstancia legalmente”.

Según lo confesó el propio ex líder del Cártel de Sinaloa a las autoridades federales en enero pasado, el kilométrico túnel por el que escapó del penal de máxima seguridad, en julio de 2015, había sido el segundo que se construyó para tal fin, ya que en el primero, sus cómplices llegaron a la celda equivocada.

Así lo informó el semanario Proceso en diciembre del 2016, en un reportaje firmado por Jesús Esquivel, en el que cita declaraciones de uno de los funcionarios que interrogó al narcotraficante, luego de su recaptura, en enero de este año.

“En realidad fue muy fácil, desde que me metieron -a prisión- mis abogados se encargaron de preparar todo”, presuntamente dijo Guzmán Loera a las autoridades en enero pasado, luego que fuera capturado en Los Mochis, Sinaloa.

“No fue nada complicado. La primera vez que quisieron sacarme se equivocaron de celda, pero luego corrigieron y me fui”, según dijo “El Chapo” en sus declaraciones que fueron a su vez narradas por un funcionario al periodista.

“Al hablar de que sus personeros se equivocaron de celda la primera vez que intentaron liberarlo, dejó claro que se construyó otro túnel debajo del penal. De eso ya no quiso dar detalles porque dijo que ya no tenía sentido si lo habían vuelto a agarrar”, contó el funcionario a Proceso.

El pasado lunes, el diario Reforma publicó que un mes antes de la última fuga de “El Chapo” Guzmán, el entonces director de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, propuso a diversos mandos cambiar al capo de celda o de penal, sin embargo nada de eso sucedió y hoy el ex funcionario está en la cárcel.

Según el rotativo, Ramón Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la PF, reconoció ante un juez federal que en una reunión de trabajo que tuvo lugar en la primera semana de junio de 2015, Cárdenas Lerma pidió reasignar a otro penal al presunto líder del Cártel de Sinaloa.

A dicha reunión también acudió Juan Ignacio Hernández Mora, entonces comisionado de Prevención y Readaptación Social, según el testimonio que rindió Pequeño el pasado 31 de julio, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.

Fuente: zetatijuana.com

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Mario Meneses

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Nuevo estudio de WOLA revela el fracaso de la PGR de perseguir violaciones a #DerechosHumanos cometidas por soldados mexicanos


Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones. WOLA, una organización de incidencia e investigación con sede en Washington, DC, logró hacer públicas estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, mismas que también permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la PGR y en los juicios sobre abusos militares.

De acuerdo con las sentencias condenatorias de soldados obtenidas por WOLA, sólo hay dos casos en dicho periodo en los que se investigaron a los superiores jerarquicos de soldados, lo que es un fuerte indicio de la impunidad que disfruta el liderazgo militar en México. WOLA encontró que la falta de voluntad de la PGR para reunir la evidencia y perseguir estos casos es constante. Además, de acuerdo con testimonios incluidos en el informe, los soldados que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos mientras que, a la fecha, las órdenes de los superiores jerárquicos de “abatir” civiles o “tirar a matar” han ocurrido prácticamente con total impunidad.

“Mientras sus propios registros revelan el grado al que la PGR ha omitido priorizar la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, también encontramos que las fuerzas armadas son responsables de la situación actual. El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, dijo Suárez.

El reporte detalla las acciones relacionadas con las autoridades militares—como limitar el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados o alterar escenas del crimen—que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles. El informe también identifica las sentencias emitidas por jueces federales que podrían fortalecer la capacidad de la PGR de investigar abusos militares, así como otras decisiones que podrían obstaculizar el progreso de estos casos en los tribunales civiles.

“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

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Mario Meneses

PGR descabezada por @EdgarCortezm


El título nada tiene que ver con Halloween, sino con la realidad política de  las últimas dos semanas.

En sólo cinco días  la Procuraduría  General  de la República (PGR) se quedó al garete. El lunes 16 de octubre el Procurador, Raúl Cervantes, renunció abruptamente al cargo y, sólo cinco días después, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales (FEADLE), Santiago Nieto, fue destituido de su cargo por el subprocurador Alberto Elías.

Las primeras interrogantes tienen que ver con la renuncia del Procurador. ¿Cuál fue la verdadera causa de la renuncia de Raúl Cervantes? Si no tenía expectativas de ser el primer Fiscal ¿por qué dejó truncó su proyecto de nuevo modelo nacional de procuración de justicia? ¿Alguien le pidió que destituyera al Fiscal electoral y optó por renunciar antes que tomar una decisión que sólo aumentaría su desprestigió?

Respecto de la destitución del Fiscal electoral una parte del debate se colocó en torno a si el subprocurador Elías tenía facultades para realizar la destitución y si existía una efectiva justificación para una determinación de esta naturaleza. Mientras que sobre al Fiscal, Santiago Nieto, los cuestionamientos eran si había revelado información de la investigación que seguía en contra de Emilio Lozoya y la posible operación para que recursos provenientes de la corrupción de la empresa Odebrecht hubieran terminado en la campaña presidencial de 2012.

La interrogante de fondo era si la destitución del Fiscal electoral era para cerrar la posibilidad al avance de esta investigación y entonces mantener en pie la práctica del financiamiento ilegal en las campañas políticas. Lo sucedido en Coahuila y el Estado de México, en junio pasado, son evidencia de la vigencia de esa práctica.

Dado que el Senado tiene la facultad de objetar las destituciones de los Fiscales especializados, el diferendo de inmediato se volvió una disputa política entre las fracciones que lo integran. Los priistas en favor de mantener la destitución, mientras que la oposición (Frente Ciudadano por México y Morena) buscando revertir el despido.

La discusión entre estas fuerzas se circunscribió al tipo de voto mediante el cual dilucidar el asunto. ¿Voto secreto o público?

Mientras tanto Emilio Lozoya, persona investigado, presentó un par de denuncias penales en contra de Santiago Nieto. Ahora sabemos que existen cuando menos seis denuncias penales en su contra.

Este affaire duró exactamente una semana, pues el viernes 27 de octubre Santiago Nieto informó que desistía de objetar la destitución para dedicarse a su defensa legal y porque consideraba inviable poder seguir desempeñando el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

Luego de esta breve crónica es necesario desentrañar las razones de fondo del conflicto y las consecuencias del mismo.

Cuando hablamos de autonomía e independencia de una institución a lo que nos referimos es al atributo que hace posible que el Ministerio Público en la investigación de los delitos esté protegido de influencias indebidas así sean externas o internas.

En este conflicto se puso de manifiesto la inexistencia de autonomía e independencia tanto de la PGR como de esta Fiscalía especializada. No olvidemos que hasta la fecha el Procurador General de la República forma parte del Ejecutivo y regularmente la selección recae en una persona cercana y de confianza del Ejecutivo.

En el caso del Fiscal Especializado en Delitos Electorales, el dictamen ciudadano del artículo 102 constitucional diagnostica que en los casos de las fiscalías especializadas […] acusan defectos de diseño por cuento a su falta de autonomía ya que en realidad se mantienen como meras unidades dependientes del Procurador General.

Lo sucedido con Santiago Nieto corresponde exactamente a esta situación.

Otro aspecto que afloró fue el del uso político de la justicia. Finalmente el ex Fiscal de Delitos Electorales tuvo que desistir de objetar su destitución para defenderse pues ahora toda la PGR está en su contra y podrá fabricarle delitos que lo lleven a la cárcel.

Un tercer problema es la politización que tiene atrapados a estos cargos, lo mismo cuando inician como cuando concluyen.

El Senado tiene la facultad de objetar estos nombramientos, bajo la idea que no sea una decisión unilateral y arbitraria del Ejecutivo. Sin embargo éste fue incapaz de ayudar resolver el diferente aplicando reglas de debido proceso. Eso significa, una parte que acusa con claridad y con información objetiva; otra que ejerce su defensa y un tercero imparcial que luego de escuchar a las partes toma una decisión sustentada y es transparente sobre quienes toman la decisión.

Lo que vimos fueron grupos políticos que trataron de usar este asunto para aventajar sus posiciones de cara al proceso electoral del 2018.

A fin de cuentas el resultado es que tanto PGR como FEADLE pierden lo poco que conservaban de credibilidad. Se torna inexistente la capacidad de investigar delitos, sobre todo los electorales, que serán cruciales para el desarrollo de la campaña presidencial del año próximo.

El saldo final es una PGR sin cabezas, sin nadie que asegure su conducción.

Edgar Cortez

Martes 31 de octubre de 2017

Fuente: somosmass99

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Mario Meneses

Gerardo Laveaga Rendón fue nombrado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)


Ciudad de México, 4 de enero 2017.- La Procuraduría General de la República informó que Gerardo Laveaga Rendón fue nombrado por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Haciendo un poco de memoria….

Laveaga y sus mentiras

Aupado por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Gerardo Laveaga fue elegido en el IFAI a pesar de no cumplir con los requisitos. Los senadores prefirieron mirar para el costado y dejar que su designación corra.

ALFREDO JOYNER Y MARÍA IDALIA GÓMEZ

En agosto de 2001 Gerardo Laveaga Rendón fue designado director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), aunque no cubría los requisitos, pero en su currículum hizo parecer que así era.
Ocho años después, en 2009, cuando ya terminaba su segundo periodo al frente del INACIPE, logró ser ratificado para un tercero, a pesar de que el Estatuto Orgánico de ese organismo no lo permitía.
Aunque actualmente en los currículum vitae de Laveaga Rendón, que aparecen en Internet, varían algunos detalles, dependiendo si son para un libro, una conferencia o algún cargo público u honorífico, en varios de ellos oficiales presume que cuenta con dos maestrías cursadas en la Universidad Iberoamericana (UIA), la primera en Derecho y la segunda en Derechos Humanos. Sin embargo, estudió una sola.

Con todos estos antecedentes, Gerardo Laveaga se convertió el miércoles en consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), promovido por el presidente Felipe Calderón, su antiguo compañero de la Escuela Libre de Derecho, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Un nuevo cargo que obtuvo gracias a la omisión de los senadores, a pesar de su trayectoria y de la oposición de organismos no gubernamentales.

De cargo en cargo
En el círculo de juristas a Gerardo Laveaga se le considera como un abogado de derecha, con una carrera ascendente a partir de la llegada del PAN al poder.
Tras recibirse de abogado en 1986, con mención honorífica, de la Escuela Libre de Derecho, en donde coincidió con Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, inició estudios de posgrado en la Universidad de Londres, donde cursó algunas materias durante casi un año, entre 1989 y 1990, pero no obtuvo algún título oficial.
Su primer cargo público destacado fue como director general de Relaciones Institucionales del entonces Departamento del Distrito Federal, cuando era regente Manuel Camacho Solís. En ese cargo apenas permaneció un año entre 1991 y 1992.

Entre 1992 y 1996 transitó por las direcciones generales del Ministerio Público en lo Familiar y Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por la de prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y por la de Prevención del Delito de la PGJDF. En cada dirección estuvo un año en promedio.
Para 1996 saltó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Director General de Comunicación Social, por invitación del ministro Vicente Aguinaco, cargo que ocupó hasta el año 2000 y al año siguiente se mantuvo dentro del Poder Judicial de la Federación como Director General de Publicaciones y Divulgación de la Cultura Jurídica.

El INACIPE
El 9 de abril de 1996, el presidente Ernesto Zedillo, firmó el decreto que creaba el INACIPE, el cual se publicaría dos días después en el Diario Oficial. La intención de revivir este órgano fue contar con una institución que de forma seria y permanente profesionalizara y actualizara, principalmente, a los funcionarios encargados de la procuración de justicia en México.
El Decreto especifica, en su artículo noveno, que el director general del Instituto será designado por el presidente o a indicación de éste a través del coordinador de sector, en este caso el titular de PGR, y debe cumplir tres condiciones, una de ellas, ser mexicano y las otras dos:

“Poseer grado académico superior al de licenciatura que implique conocimiento especializado en alguna de las disciplinas penales. Haberse distinguido en alguna de las áreas relacionadas con las Ciencias Penales, en la labor docente o en la investigación, y tener obra escrita de reconocida calidad científica”.
Ninguno de estos dos requisitos cumplía Gerardo Laveaga, porque no tenía distinción alguna por su labor docente, de investigación u obra reconocida. Para entonces sólo había sido profesor de asignatura en la Universidad La Salle, con la materia de Teoría del Estado, y en la Universidad Iberoamericana, en la materia Sociología Jurídica.

En cuanto las obras publicadas hasta entonces eran tres y en las dos primeras sólo fue coordinador: Juventud en la paz, editada por el CREA en 1986, Entre abogados te veas, editada por EDAMEX, y La cultura de la legalidad, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Pero tampoco cumplía los requisitos porque Laveaga Rendón no contaba con “un grado académico superior al de licenciatura”, como exigía el decreto del INACIPE. Ayer la Universidad Iberoamericana confirmó a un diario mexicano que cuando cursó la maestría en Derecho, entre 1994 y 1996, se le otorgó un diploma, pero “los estudios no eran reconocidos oficialmente por la Secretaría de Educación Pública”, especificó la UIA.
Fue hasta el 29 de junio de 2005, cuando Gerardo Laveaga recibió de esa Universidad el diploma de grado por esa misma maestría, pero ahora con el nombre de Derechos Humanos, porque con ese nombre fue incorporada ante la SEP. Precisamente en esas fechas, Laveaga Rendón logró su reelección al frente del INACIPE.
En una breve entrevista con este diario, Laveaga Rendón comentó: “cursé la maestría en la UIA y me dieron el título. Posteriormente, la UIA registró esa maestría, pero con otro nombre, y me expidieron otro. Tengo una maestría y dos títulos válidos”

“La legalidad y validez de un título depende de la institución que lo emite. En este caso, la Ibero. Tan fue legal que la SEP lo avaló”, añadió el director del INACIPE.

Su nombramiento como director de ese Instituto, sin cumplir los requisitos, se debió al entonces presidente Vicente Fox y, principalmente, al apoyo que recibió del entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, a quien dos años después, en noviembre de 2003, el INACIPE otorgó el doctorado honoris causa.

Tercera reelección
A mediados de 2009, Gerardo Laveaga debía abandonar su cargo como director del INACIPE, porque de acuerdo al Estatuto Orgánico, en su artículo 23, sólo podía reelegirse una vez y eso ya había ocurrido:
“El director general es la autoridad administrativa de mayor jerarquía del Instituto, su representante legal y presidente del Consejo Académico. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser designado por un nuevo periodo”.
Sin embargo, Laveaga Rendón tuvo el apoyo de Felipe Calderón y de Marisela Morales, entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, además de otros funcionarios e integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, por lo que fue reelecto para un tercer periodo que concluirá hasta 2013. La explicación: no era preciso el artículo 23 y se prestaba a distintas interpretaciones.
En 2010, el Estatuto Orgánico del INACIPE sufrió una modificación en varios de sus apartados y actualmente se lee en su artículo 30: El director general es la autoridad administrativa de mayor jerarquía del Instituto. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez”.

Saludos

Mario Meneses