Guardia nacional: otra ocurrencia para agravar la inseguridad


Medio de Comunicación Digital | Seguridad Personal y Profesional

El pasado 4 de enero, López Obrador abundó en sus ocurrencias en materia de seguridad: “Informo que vamos a integrar a todas las fuerzas policíacas y militares del país en una sola corporación; se va a crear una guardia nacional para garantizar la seguridad”, dijo en el acto donde anunció que Alfonso Durazo sería el secretario de Seguridad en caso de ganar la Presidencia. Hay que decirlo de manera rápida y directa: la propuesta no tiene pies ni cabeza.

En caso de ser llevada a la práctica, sería un enorme desastre, peor que el de la desaparición de la Secretaría de Seguridad, que se traducirá en los mismos o mayores niveles de inseguridad. Una de las causas estructurales de la impunidad e inseguridad en el país es el desfase entre la velocidad de fragmentación, expansión y diversificación de las organizaciones criminales y la lentitud con que crecen las capacidades estatales de prevenir, perseguir y castigar los delitos. Crear esa guardia nacional agravaría el desorden y la ineptitud de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. La razón es simple: la propuesta carece de sentido en términos jurídicos, políticos, administrativos y operativos.

Comencemos por lo jurídico. Dicen AMLO y Durazo que la figura ya existe en la Constitución, por lo que no se requeriría ninguna reforma legal. Falso. Es cierto que la Guardia Nacional es mencionada en diversos artículos constitucionales, pero se refieren a otra cosa muy diferente de lo que están proponiendo. En un buen análisis de esto, Pascal Beltrán, director de Excélsior, concluía lo siguiente: (la Guardia) “no puede ser creada por el Ejecutivo. Sus miembros no son militares, sino civiles, que tienen la obligación constitucional de inscribirse en ella. Depende de los gobernadores de cada estado (no del presidente). Un eventual presidente López Obrador sólo podría tener mando sobre ella en la entidad federativa donde él estuviese, a menos de que el Senado autorizara otra cosa. Ah, y no tiene ley reglamentaria”.

En otras palabras, es inviable jurídicamente a menos que modifiquen la Constitución. Suponiendo que lo consiguieran, veamos el galimatías político que se produciría. Agrupar a prácticamente todos los soldados, todos los marinos, todos los policías federales y ministeriales, a los agentes del Instituto Nacional de Migración, etcétera (para llegar a los 400 mil elementos) generaría enormes resistencias políticas. Si el Ejército se opuso a Peña Nieto a pasarle 40 mil soldados para formar la Gendarmería, ¿estarán Sedena y Semar dispuestas a desaparecer prácticamente y ceder casi la totalidad de sus elementos para formar la guardia nacional? No se aclara si las policías estatales y municipales también se incorporarán a esa guardia; en caso de que sí, ¿cree usted que los gobernadores entregarán gustosos esas facultades, presupuestos y recursos? Además, ello implicaría reformar la Constitución y muchas leyes más. Imposible. Pensemos que después de un par de años, AMLO vence las resistencias políticas que supone quitarles poder y presupuesto a muchas secretarias y a gobiernos estatales y municipales.

El caos administrativo y presupuestal de la nueva dependencia sería terrible: igualar plazas, niveles salariales, escalafones, reglamentos, prestaciones, niveles jerárquicos podría llevarse años, mientras la operación sería un completo desastre. Definir el organigrama de la nueva dependencia sería una hazaña. Algo similar, pero de nivel menor, se vivió con la integración de la Secretaría de Seguridad Pública en la de Gobernación. Mientras esos procesos pudieran ser diseñados, aprobados e instrumentados se iría el sexenio. Pero ello significaría que la operación de la Guardia Nacional sería de una ineficacia y un desorden monumentales, para gusto y placer de las organizaciones criminales.

Y eso sin contar que los policías y marinos reconvertidos no serían policías, sino soldados y marinos disfrazados y los policías estatales y municipales igual de malos que siempre. Crearía un monstruo burocrático, pero no una policía eficaz. ¿Alguna otra ocurrencia Sr. López Obrador?

Fuente: Guardia Nacional

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Mario Meneses

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Seguridad interior y uso de la fuerza: el hoyo negro


Seguridad Interior

Seguridad Interior

La Cámara de Diputados aprobaría la Ley de Seguridad Interior que da licencia a las fuerzas federales como la Marina, el Ejército y la Policía Federal para actuar en temas de seguridad pública.

El fracaso rotundo y evidente del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente. Van por más de lo mismo, no importa el tamaño de la tragedia humanitaria de la violencia que asola buena parte del país.

Hoy jueves 30 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, se podría escribir el más grave error por parte del Estado mexicano del que yo tenga memoria en materia de seguridad pública. Se trata de la muy posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estamos ante un inminente golpe de proporciones incalculables en contra de la rendición de cuentas en las políticas e instituciones de seguridad en México.

Centenas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, líderes sociales y víctimas se oponen a la Ley de Seguridad Interior tanto en México como en el extranjero. Los motivos en contra son muchos pero aquí solo destacaré uno de ellos, acaso el más grave: con esta norma se multiplicarán los eventos de uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y no habrá sobre tales eventos rendición de cuentas posible. La Ley de Seguridad Interior es una licencia de uso de la fuerza sin contrapeso efectivo alguno. Dadas las evidencias disponibles, las consecuencias de esto precisamente en contra de la seguridad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos son potencialmente devastadoras.

Desde el 2011 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas han venido estudiando la información disponible respecto al uso de la fuerza por parte de las instituciones federales de seguridad en enfrentamientos con el crimen organizad. El equipo encontró niveles desproporcionados en el uso de la fuerza letal desde aquel año y reportó lo mismo en el 2015. Sin embargo, en este segundo texto llamó la atención sobre algo más: el incremento de la opacidad en el acceso a la información en la materia. Luego de construir sus investigaciones usando información proporcionada por la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, esta última informó que a partir de abril de 2014 “ya no se le da continuidad” a la estadística relacionada con civiles muertos y heridos en enfrentamientos, argumentando que esa información no es necesaria para la dependencia, dado que “el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Ante tal respuesta de la SEDENA, los investigadores comentaron en el mismo texto de 2015 que ello violenta “el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado hagan públicas sus actuaciones y posibiliten su evaluación”, al tiempo que se opone al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que en su artículo 15, c, iii señala que después de una agresión se procederá a “Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarías”. Agregaron los autores: “Es contradictorio y preocupante que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria para la dependencia, cuando el manual que regula su actuación así lo exige e incluso establece responsabilidad legal para los mandos en caso de incumplimiento (art. 23, B, d).”

Pero anotaron una alerta más: “Igualmente preocupante es que al ser preguntada por el número de enfrentamientos registrados, la PGR —dependencia a la que en su respuesta la SEDENA nos sugirió canalizar nuestra solicitud— haya respondido tener conocimiento de cero enfrentamientos en 2011, uno en 2012, cero en 2013 y tres en 2014 (solicitud folio 0001700326814). La generación y disponibilidad de información sobre el uso de la fuerza es necesaria para poder evaluarla y controlarla, especialmente la fuerza letal. Constituye, pues, un mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida de todas las personas”.

En un tercer texto publicado en abril pasado, los mismos investigadores reiteraron el altísimo valor del escrutinio en esta materia y una vez más alertaron sobre le progresiva opacidad: “Evaluar el uso de la fuerza implica mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Deberíamos contar con más y mejor información sobre qué hacen y dejan de hacer. Pero en vez de ampliar la transparencia, lo que hemos visto en tiempos recientes es la aprobación de reformas legales que la sofocan. Por ejemplo, el año pasado, fueron aprobadas reformas al Código de Procedimientos Militares para facultar a la SEDENA a realizar levantamiento y reconocimiento de cadáveres. Es decir, lo que tendremos ahora es sólo la versión de la SEDENA o la Marina sobre qué sucedió en un enfrentamiento. A la vez, la propuesta del PRI en materia de Seguridad Interior que se discute en el Congreso propone que toda la información que se genere en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior sea clasificada en términos de la Ley de Seguridad Nacional. En otras palabras, la poca información que hoy tenemos para estudiar qué sucede durante los enfrentamientos, será aún más reducida. En el contexto descrito, donde la autoridad civil no realiza peritajes de los enfrentamientos y donde las denuncias por la comisión de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas, resulta sumamente preocupante que las normas legales que se impulsan vayan en sentido contrario a la transparencia y rendición de cuentas”.

En efecto, según el anteproyecto al que tuve acceso, la Ley de Seguridad Interior que al parecer se aprobará hoy dispone que “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

En un análisis reciente que hice sobre las leyes, reglamentos, protocolos y estándares sobre uso de la fuerza de la policía en el país, confirmé en entrevistas con Forné y Pérez Correa y con varios investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia que es casi imposible encontrar evidencia a lo largo del país de que la policía registra de manera regular los eventos de uso de la fuerza y utiliza la información para el análisis, la identificación de patrones de desempeño y la mejora. Confirmé que la policía en México como regla no cumple con el más básico, delicado e importante estándar de control y rendición de cuentas, es decir: registrar, evaluar y asegurar las consecuencias sobre el uso de la fuerza.

El peor escenario posible. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior metería en una bolsa inaccesible de información confidencial y reservada la operación de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando su actuar se clasifique justamente como parte de operaciones de seguridad interior, en un contexto donde, en particular en torno al uso de la fuerza, la opacidad creciente ya ha sido confirmada por la investigación especializada. Más fuerza y menos rendición de cuentas; la fórmula coloca a México en sentido contrario del paradigma democrático de las políticas de la  seguridad, cuyo norte principal es asegurar su coherencia con el respeto a los derechos humanos.

El Estado mexicano se ha negado a garantizar el gobierno civil de la seguridad bajo parámetros profesionales y de rendición de cuentas. Ahora camina hacia una fase superior que, además de negar lo anterior, habilita a las Fuerzas Armadas para expandir su intervención irregular en tareas que la Constitución no les mandata, pero además, por si fuera poco, cada vez más cobijadas por la opacidad. Más fuerza y más secreto.

Luego de tres décadas dedicándome al tema de la seguridad pública, no tengo memoria de otro evento más peligroso para el país que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El fracaso rotundo del paradigma de las políticas de seguridad que usa el Estado mexicano parece no ser suficiente y han decidido profundizarlo. Está la mesa puesta para reproducir aun más violencia. Terrible.

@ErnestoLPV

Fuente: Seguridad Interior

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Mario Meneses

La Conago y las Fuerzas Armadas. #SeguridadInterior


La violencia e inseguridad siguen creciendo en el país y desafortunadamente las autoridades responsables no ofrecen nuevas y efectivas soluciones. ¿Es a través de la militarización que se resolverá este problema? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobernadores de los estados de la república frente a esta situación? ¿Existen otras alternativas?
¡Entérate en esta cápsula de Edgar Cortez, colaborador de Rompeviento TV, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y #Democracia (IMDHD)!.

Las funciones de la #Seguridad


 

Tamaulipas, seguridad. (Cuartoscuro)

La seguridad es un problema de instituciones. Es el resultado de la aplicación de distintas formas de respuesta pública frente a lo socialmente indeseable. Surge del uso eficiente de los instrumentos de disuasión y coacción que ostenta el Estado. Si la seguridad es la ecuación del castigo suficiente y probable, la fuerza inhibitoria de la amenaza depende de los recursos material y legalmente disponibles. La razón democrática de la seguridad exige maximizar la eficacia que cada recurso aporta, con la menor afectación a los derechos. El carterista afecta a la sociedad de manera diferente que una banda de crimen organizado. Un policía con tolete puede ser suficiente para inhibir al ladrón, pero inútil como riesgo para los asaltantes de un banco. Disponer de un batallón para desalentar al carterista es un claro despropósito en la racionalidad entre medios y fines. Y es que el Estado de derecho no reacciona del mismo modo frente a las distintas manifestaciones criminales. Su deber es racionalizar su esfuerzo, porque sus medios son limitados, modular la intensidad de sus intervenciones en función de los bienes y daños involucrados, colocar la sanción ahí donde conviene multiplicar la resonancia social del ejemplo.

Dada la complejidad de las causas, efectos y la diversidad de los fenómenos criminales y de sus causantes, la responsabilidad de la seguridad se desdobla en tramos funcionales que se definen por el tipo de respuesta estatal. Cada adjetivo denota alcances, habilitaciones y fines: la seguridad pública constituye el mandato de cuidar a las personas de otras personas; la seguridad nacional es la custodia de la integridad del Estado frente a desafíos equivalentes. El carterista pone en juego el patrimonio de otros; la invasión extranjera amaga la existencia misma del Estado. Cada función es un inventario de propósitos y recursos: órbitas de atribuciones y poderes para que el Estado pueda responder a distintos grados de agresión o de resistencia.

La realidad ha superado el binomio clásico entre seguridad pública y nacional. Los delitos entre personas no son las únicas tensiones a nuestra tranquilidad. Las amenazas externas a la seguridad nacional provienen ahora de agentes sin territorio, sin gobierno, con alta capacidad de fuego e influencia trasnacional. Hay causas endógenas que, por sus alcances, no pueden ser prevenidas o contenidas sólo desde la dimensión básica de policía. Son delitos con implicaciones que trascienden la vida, la libertad o el patrimonio de las víctimas. Su expansión merma la viabilidad del Estado para ejercer efectivamente el monopolio de la violencia legítima.

Y de eso sabemos bien en México. Las condiciones de inseguridad sobrepasan las dimensiones del delito común. El narcotráfico como negocio ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de extracción de rentas. Las cinco organizaciones criminales que operaron durante los noventa, se han pulverizado en poco más de 208, que compiten en cada trinchera de las actividades ilegales, rivalizan por el control de territorios y disputan la complicidad institucional. Pequeñas corporaciones con altísimas capacidades de reclutamiento, operativas y corruptoras. Escurridizas organizaciones que recurren a la violencia para desplazar al adversario y para someter a la autoridad. Microempresas que se aprovechan de esa debilidad institucional para aumentar sus ganancias e imponer su ley.

De eso se trata la Ley de Seguridad Interior: de regular una función del Estado que sirve para responder a situaciones que comprometen el funcionamiento de instituciones, o bien, para generar espacios de tiempo para la regeneración de capacidades ahí donde están cooptadas, son precarias o no existen. Sus alcances son sustancialmente mayores a la presencia legítima o no de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Su objetivo es normar los supuestos y procedimientos para que la Federación, con todo su instrumental de gobierno, pueda intervenir ante una situación que escala a la posibilidad de acción de los primeros respondientes. Su fin es la presencia oportuna y subsidiaria de una autoridad frente a fenómenos que se han salido de control por desidia, negligencia o corrupción. Nada más y nada menos.

* El autor es senador de la República. Roberto Gil Zuarth

Fuente: elfinanciero

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Mario Meneses

Ley de #SeguridadInterior contradice recomendaciones internacionales


La iniciativa que busca aprobar el Congreso para dar atribuciones de seguridad pública a los militares es contraria a las recomendaciones de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos.

16/01/2017 5:00 AM CST | Actualizado 16/01/2017 8:38 AM CST
Manuel Hernández Borbolla Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014.

La Ley de Seguridad Interior que el Congreso pretende aprobar para legalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, contradice las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes consideran que la militarización de la seguridad pública propicia violaciones graves de los derechos humanos.

Esto, debido a que la lógica militar de abatir al enemigo en lugar de detenerlo para que sea juzgado, ha promovido un incremento notable en violaciones graves de derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, tal como lo evidencian casos como las masacres de Tlatlaya o la ejecución de un civil a manos de ocho marinos en Nuevo León, casos que al día de hoy permanecen impunes.

De acuerdo con las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México, publicado por la ONU en 2014, “es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares; y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno”.

En junio pasado, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En el mismo tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein recomendó al gobierno de México que “las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”.

Ninguna de estas recomendaciones figura en las propuestas de Ley de Seguridad Interior presentadas por el PRI, PAN y PRD.

ONU recomienda a México más controles a militares en su lucha contra el crimen 

Pero no sólo eso, sino que además, el concepto mismo de seguridad interior ha propiciado violaciones graves de derechos humanos, según advierte la CIDH en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

“Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia”, señala el documento.

“La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos ‐en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil, actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial”, añade el informe.

Una situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por los principales partidos políticos que pretenden aprobar la nueva Ley de Seguridad Interior de manera exprés y sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones de derechos humanos.

Congreso busca aprobar en ‘fast track’ ley para militarizar la seguridad pública

“Las fuerzas armadas están inmersas en la lógica bélica que implica anular al enemigo. Y esa lógica en un contexto de despliegue territorial para labores de seguridad pública propicia que se comentan violaciones a derechos humano. En México eso ha sucedido”, explica Santiago Aguirre, subdirector del del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en entrevista con el Huffington Post.

Prácticamente todos los indicadores de violaciones a derechos humanos han aumentado en 10 años de guerra contra el narcotráfico con el agravante de que han ido seguidas de una impunidad recurrente cuando se trata de abusos castrenses. Ese contexto no debería ser dejado de lado en estas discusiones”.Santiago Aguirre, Centro Prodh

De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, otro punto preocupante es que las leyes presentadas por los legisladores plantean puntos que violan la Constitución, además de que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública es un supuesto que no puede sostenerse con los datos oficiales luego de una década en que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para pelear en la llamada “guerra contra el narco”.

La década perdida de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco

“Desde nuestra perspectiva el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir legislación en materia de seguridad interior, pero considerando también que el artículo 21 de la Constitución señala con mucha claridad que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles. Nos parece que hay ahí un primer problema de constitucionalidad preocupante”, añade Aguirre.

“En el Senado se insistió en la pertinencia y necesidad de que las fuerzas armadas aumentaran su presencia en algunos territorios, sugiriendo que esta presencia sería eficaz para combatir la inseguridad. Nosotros consideramos que la evidencia empírica de los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico pone en entredicho este supuesto, pues lo real es que hoy tenemos un país más violento que hace 10 años”, señaló.

Fuente: Huffingtonpost

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Mario Meneses

Preocupación ante posible imposición de una Ley de #SeguridadInterior contraria a los #DerechosHumanos


Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos.

Ciudad de México a 10 de enero de 2017.- El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció.

Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.

El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad.  En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.

 

Organizaciones Sociales:

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

México Unido contra la Delincuencia

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

Firmas individuales (sugerimos anotar nombre e institución académica entre paréntesis) :

 

Alejandro Madrazo

Antonio Zavala Sánchez

Carolina Pimentel

Denise Dresser

Guadalupe Barrena

Javier Martin Reyes

Jorge Javier Romero

Jorge Javier Romero Vadillo

José Antonio Guevara Bermudez

José Pablo Girault

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Luis F. Fernández

Martha Tagle

Margarita Griesbach

Miguel Concha Malo

Simón Hernández León

Fuente: MUCD

Saludos

Mario Meneses