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Diferencia entre inspección de personas y revisión corporal.


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Voz ciudadana contra la #Delincuencia


El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que, desde que en el 2013 se permitió la incorporación de miembros de la sociedad civil a su consejo, estos han aportado en la construcción del sistema de justicia.

 

Desde que se permitió el acceso a representantes de la sociedad civil organizada dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), estos han logrado modificar sustancialmente las acciones del Gobierno federal para el combate a la delincuencia.

Desde el 2013, cuando la Federación permitió que cinco representantes de la sociedad civil asistieran en calidad de Invitados Permanentes a las sesiones del CNSP, las voces ciudadanas han contribuido en “la construcción y definición de protocolos, acciones y modelos que abonan al proceso de consolidación del Sistema de Justicia Penal”, en al menos 13 ejes temáticos de importancia.

Así lo reconoce el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en un documento del que Reporte Índigo tiene copia.

Los nuevos consejeros del CNSP que se integran a partir de la siguiente sesión ordinaria de trabajo son: María Isabel Miranda de Wallace, Orlando Camacho Nacenta, Francisco Rivas Rodríguez, Mario Arroyo Juárez y Ricardo Humberto Preciado Jiménez.

Todos son representantes de organizaciones civiles que han abonado a las propuestas para fortalecer las políticas públicas de combate a la delincuencia. Los cinco consejeros ciudadanos se integran por dos años a la CNSP. Como suplentes quedan Alejandra Wade Villanueva y Juan Manuel Hernández Niebla.

Entrarán en funciones en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP. Permanecerán en su cargo dos años contados a partir de dicha sesión, supliendo a sus homólogos Angélica Garnica Sosa, Adelina Lobo-Guerrero, Elena Azaola Garrido, Luis Wertman Zaslav y Alberto Javier Olvera Rivera, que hasta la semana pasada cumplieron con su encargo.

Aportaciones de peso

Como resultado de la participación ciudadana dentro de la CNSP, se han logrado aportes en al menos 13 acciones de peso en el combate a la delincuencia y la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Destaca el mejoramiento al formato del Informe Policial Homologado con la correspondiente actualización del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que da certeza a la rendición de cuentas de los cuerpos policiales.

También, a través de la consolidación de las Unidades de Atención Temprana de las procuradurías y fiscalías del país, que fue una propuesta ciudadana, se ha logrado promover una mayor eficacia de la justicia alternativa y de los dispositivos de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en todo el país.

Igualmente se ha logrado tener un programa de trabajo para desarrollar el modelo homologado nacional de policía en funciones de seguridad procesal, e implementar un modelo homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Además de instrumentar el sistema integral de justicia penal para adolescentes mediante las acciones coordinadas por el grupo de trabajo interinstitucional.

Destaca el sistema de indicadores que permite evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario en el Sistema de Justicia Penal, “para detectar brechas y estandarizar la operación”.

Actualmente, la propuesta ciudadana dentro del máximo órgano de políticas contra la delincuencia se centra en la promoción de un programa de gestión y reorganización institucional que busca hacer palpables los resultados esperados del Sistema de Justicia Penal.

Sus logros

La Comisión Nacional de Seguridad Pública reconoce el impulso de los ciudadanos incorporados a su consejo:

> Destaca el diseño y evaluación de políticas públicas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

> Es una plataforma unificada que refiera información estratégica en materia de violencia de género, asignación de recursos federales del FORTASEG 2017 en aquellos municipios que registran alerta de género.

> Sensibilización permanente de la población respecto de un uso responsable del 911.

Herramientas para la transparencia

La Comisión Nacional de Seguridad Pública también ha reconocido que los ciudadanos incorporados al consejo de ese organismo han logrado aportar nuevas herramientas que fortalecen la transparencia tanto de las instituciones como de los programas oficiales de aplicación de la justicia penal y de combate a la delincuencia.

Como la nueva metodología para el registro de las incidencias delictivas, que hoy permite clasificar e integrar de mejor manera toda la información generada en el tema, en donde se atienden estándares nacionales e internacionales, a fin de proporcionar información más certera.

También los consejeros ciudadano del CNSP han logrado transparentar el uso de recursos federales asignados a entidades y municipios, para atender temas de seguridad pública, mediante la aplicación del Mecanismo de Evaluación y Transparencia, disponible a toda la ciudadanía a través del portal del SESNSP, que permite conocer el avance en el ejercicio del gasto por cada uno de los Programas con Prioridad Nacional.

Cumplen

Ciudadanos que dejan su cargo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública:

>> Angélica Garnica Sosa

>> Adelina Lobo-Guerrero

>> Elena Azaola Garrido

>> Luis Wertman Zaslav

>> Alberto Javier Olvera Rivera

Vital incorporación

La inclusión de las voces ciudadanas en el diseño de las políticas públicas de combate al crimen organizado es un importante avance en nuestra sociedad, reconoce el consejero Orlando Camacho Nacenta.

Por su parte, la consejera María Isabel Miranda de Wallace, reconoció la importancia de que el Gobierno federal incorpore a ciudadanos en la toma de decisiones para el combate a la delincuencia, pues estima que así la ciudadanía puede “influir en Políticas Públicas de Seguridad”, a fin de “que se dé cumplimiento a todos los acuerdos que aún están pendientes, y sobre todo que se mejore la calidad en la procuración y administración de justicia”.

Esta visión de algunos de los consejeros ciudadanos de la Comisión Nacional de Seguridad Publica del Gobierno federal, empata plenamente con el planteamiento que el propio organismo observa desde que se decidió la inclusión ciudadana, en donde se ve “fundamental” la corresponsabilidad entre instituciones, poderes y órdenes de gobierno para el diseño de la estrategia federal para el combate delictivo.

Por mejores leyes

Los consejeros del CNSP que se integran a partir de la siguiente sesión ordinaria:

> Francisco Rivas Cultura de la legalidad

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, y consultor para México del National Strategy Information Center.

Cuenta con diferentes publicaciones en el tema de la cultura de la legalidad, y sus líneas de investigación son reconocidas en el tema de seguridad pública

Ha convertido al Observatorio Nacional Ciudadano en una de las organizaciones civiles más importantes del país para incidir en acciones de la autoridad, para hacerla más eficaz en la instrumentación de políticas públicas de combate a la delincuencia con rendición transparente de cuentas.

> Orlando Camacho Mesas de seguridad

Director de la organización México SOS. A través de Agenda México 12.18 planteó al entonces candidato presidencial, Enrique Peña, la necesidad de la Reforma Penal vigente, y ha sido protagonista en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

También trabajó en la integración de la Red Nacional MSJ, modelo de gestión y colaboración entre ciudadanos y autoridades bajo el esquema de Mesas de Seguridad y Justicia. Promotor de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Pasamos de la protesta y la confrontación a la propuesta y la colaboración”, dice el nuevo consejero.

> Isabel Miranda Contra el secuestro

Presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, que busca visibilizar a las personas víctimas de este delito, e influyó en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de defensa de los Derechos Humanos.

Logró mejorar criterios en transparencia de la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se le atribuyen acciones, colectiva e individual, para la creación de la Ley de Secuestro y Ley de Víctimas.

“Que se dé cumplimiento a todos los acuerdos que aún están pendientes, y sobre todo que se mejore la calidad en la procuración y administración de justicia”, es su intención como consejera.

> Humberto Preciado Activismo por los jóvenes

Encargado del área jurídica de la asociación civil Ánimos Novandi, enfocada en los problemas de la juventud en México, con temas desde la sexualidad hasta prevención de adicciones, para desarrollar modelos de intervención en contextos de violencia.

Ha sido promotor de iniciativas como la Desaparición de la Carta de No Antecedentes Penales, la creación de un Certificado Nacional judicial, reformas para la adecuación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en San Luis Potosí.

“La sociedad debe ser parte de la solución a la inseguridad de nuestro país”, detalla como parte de su expectativa.

> Mario Arroyo Por las mujeres y niñas

Director ejecutivo de Seguridad Humana S.C., donde se elaboró la primera encuesta de victimización y percepción de seguridad pública en México, y se coordinó el Primer Diplomado sobre Violencia Social en la UNAM.

Su aporte se reconoce en la creación de la maestría en victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; precursor de los estudios de homicidio con perspectiva de género, y reducción de violencia contra las mujeres y niñas.

“Realizar un trabajo desde lo local, impulsando el conocimiento técnico como el requisito indispensable para un uso eficiente de los recursos”, es parte de su propuesta como consejero.

Fuente: www.reporteindigo.com

Saludos

Mario Meneses

Análisis integral del #Secuestro en México: Cómo entender esta problemática. @ObsNalCiudadano


>> Descargar reporte

En el ONC estamos conscientes de las múltiples consecuencias generadas por la delincuencia tradicional y organizada, el clima de inseguridad y la impunidad crónica que han afectado las condiciones de vida de los habitantes del país. En virtud de lo anterior,para nosotros cada delito es importante y su análisis debe ser riguroso, balanceado y puntual. Por esta razón, estamos convencidos de que este documento contribuye a comprender con mayor detalle la evolución, dimensiones y alcances del secuestro en México.
Estamos convencidos de que los hallazgos contenidos en este documento contribuirán a que los tomadores de decisiones generen estrategias eficientes para reducir la incidencia de este delito en los años venideros. Asimismo, este estudio es una muestra de que las organizaciones de la sociedad civil están generando conocimiento sobre temas de coyuntura nacional que merecen atención pública.

El objetivo de esta investigación es describir la evolución del secuestro como una problemática social y de seguridad pública desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa que brinde a los lectores un panorama amplio, preciso y enriquecedor. En consecuencia,los alcances de este documento requieren contar con una base conceptual sólida desde disciplinas como el derecho, la economía y la sociología, una visión integradora del secuestro en América Latina así como nociones sobre impactos económicos, políticos y psicosociales a fin de contextualizar y analizar las estadísticas delictivas. En el ONC creemos que documentos como este ayudan a mejorar la calidad del diagnóstico de cara a las estrategias implementadas por el gobierno pues se incorporaron las posiciones de funcionarios, ex funcionarios, académicos, periodistas e integrantes de la sociedad civil.

El contenido de este documento está estructurado en seis apartados: en el primer capítulo se plantean las bases teóricas y conceptuales de los delitos de privación ilegal de la libertad, las modalidades del secuestro, la estructura organizacional de una banda de secuestradores, un análisis comparativo de este delito en América Latina, una clasificación de las consecuencias que se derivan de la comisión del secuestro, entre otros.

3 iniciativas sobre #Seguridad sin resolver en el Congreso


Son tres los temas pendientes en el Congreso de la Unión en materia de seguridad: la ley de seguridad interior, el Mando Mixto Policial y la miscelánea en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. Algunos de éstos han estado en la agenda política desde el 2008 y aún están pendientes.

En el 2009 fue expedida la Ley General de Seguridad Pública. Uno de sus principales objetivos fue distribuir competencias para que existiera una mejor coordinación entre la Federación, los Estados y los municipios para atender la problemática en el tema de seguridad. Además, en los artículos 4 y 5 de ésta se delimitó el campo de acción de cada instancia, instrumento o política que rige el tema.

1. Ley de Seguridad Interior

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no está contemplada en el marco legal. En el artículo 21 de Constitución Política se establece que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación. Los estados y los municipios y que debe existir coordinación entre estos niveles de gobierno para que ésta sea efectiva. De ahí surge una de las discusiones principales y la necesidad de tener un marco jurídico para regular la participación del ejército y la Marina en misiones de seguridad.

Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en distintos estados para enfrentar en conjunto con las autoridades locales, la inseguridad generada por el crimen organizado. Esto se señala el diagnóstico del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 y donde se explica la importancia de impulsar un marco legal para cumplir las nuevas funciones que se les han encomendado.

2. Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial

El 18 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la que el Sistema de Justicia Penal Mexicano pasó de ser inquisitivo mixto a acusatorio adversarial. Una de las principales diferencias de estos dos sistemas es que en el primero la prisión preventiva es una regla y el detenido debe demostrar su inocencia, mientras que en el acusatorio adversarial la presunción de inocencia prevalece y la prisión preventiva se aplica solamente cuando el delito que se imputa es grave.

Sobre el tema existen diversos posicionamientos debido a que hay voces que señalan el incremento de delitos, debido a que las penas son laxas, lo que motiva a las reincidencias; en contraposición, quienes defienden este nuevo sistema advierten que se trata de un importante avance en la procuración de justicia mexicana.

3. Mando Mixto Policial

La creación del Mando Mixto Policial es una iniciativa presentada en un inicio por el senador perredista Héctor Miguel Bautista López para reformar el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política con la finalidad de definir la seguridad pública como función estatal.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto retomó la discusión sobre este tema luego de que la investigación oficial sobre el caso Ayotzinapa revelara la participación de la Policía Municipal de Iguala en la desaparición de los 43 normalistas y presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 con el fin de que, en caso necesario, las corporaciones estatales y federales puedan intervenir en las tareas de seguridad de los municipios.

Asimismo establece que sea posible la remoción de los mando policiacos locales cuando los gobernadores o el presidente de la República lo consideren necesario o los funcionarios locales no cumplan con sus evaluaciones.

Prevé dejar en manos de la federación los temas locales de seguridad cuando exista una alteración grave del orden. En el caso de las policías locales, éstas deberán ser de proximidad y sólo podrán imponer sanciones administrativas.

alejandra.ayala@eleconomista.mx

Saludos
Mario Meneses

OCHO ARGUMENTOS FALSOS DE MANCERA SOBRE LA JUSTICIA PENAL


Bertha Alcalde

A un año de implementación de la reforma penal en todo el país, Miguel Ángel Mancera anunció que la Comisión Nacional de Gobernadores que preside, presentaría un paquete de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), lo que pone en riesgo el futuro del sistema acusatorio. Este anuncio va precedido de constantes críticas y pronunciamientos del jefe de gobierno sobre el sistema acusatorio que son falaces, por ello es fundamental someterlas a debate público.

 

  1. El alza en la inseguridad en la Ciudad de México se debe a la liberación de 12 mil reos que se dio gracias al Sistema Acusatorio[1].

Falso. Con dicha cifra, cuya fuente nunca cita, no se puede llegar a tan atrevida conclusión. Para afirmar que esto causó el incremento en la delincuencia Mancera debió acreditar cuántos de ellos cometieron posteriormente un delito, de lo contrario, su afirmación se basa únicamente en un prejuicio contra personas que probablemente ni siquiera han sido declaradas culpables. Por otro lado, nunca menciona las causas de la liberación, por lo que no justifica que se deba al sistema acusatorio. Esto último es muy improbable, ya que si bien las reglas de prisión preventiva cambiaron, no operan en automático, para que un juez pueda imponer otra medida cautelar se requiere que caso por caso se desahogue una audiencia que le permita concluir que el imputado no implica un riesgo para la víctima o la sociedad o de que evada la acción de la justicia, si el ministerio logra justificar lo contrario no se otorga ese beneficio[2].

 

  1. En el sistema acusatorio se deja que la víctima enfrente toda la carga al momento de enjuiciar al delincuente y de su decisión depende si se procesa o no al imputado[3]

Falso. Lo que hace el sistema es darle la posibilidad a la víctima de que participe en el proceso, incluso que la represente un asesor jurídico distinto al Ministerio Público, pero se trata de un derecho no de una obligación. Esto es algo positivo, ya que la Reforma Penal hizo que la víctima tuviera por fin un rol importante dentro del proceso, que su opinión fuera tomada en cuenta. Sin embargo, sigue siendo el Ministerio Público quién tiene la responsabilidad de investigar, y de probar la culpabilidad del imputado, la Víctima no tiene la carga de aportar pruebas o argumentar en su favor.

 

Por otro lado, también es falso que dependa de la víctima la decisión de si se procesa o no al imputado, esa decisión le compete exclusivamente a las autoridades, pues es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal y un juez quien decide si se inicia un proceso o no contra una persona. Es verdad que existe la posibilidad de que la víctima llegue a un acuerdo con el imputado luego de un proceso de mediación, pero existen candados para poder optar por esta alternativa. Solo proceden para delitos de querella y no intencionales. Soslaya el Jefe de Gobierno que en estos casos, en el sistema anterior, la víctima también podía otorgar el perdón al imputado. La diferencia es que antes no se controlaban los acuerdos informales a los que llegaban las partes y nunca se registraban favoreciendo la impunidad.

 

  1. La laxitud del sistema pone a las víctimas en la disyuntiva de volver a enfrentarse al presunto delincuente, por lo que éstas viven permanentemente con el temor de verse nuevamente en esa situación[4].

Falso. La víctima no está obligada a intentar conciliar con el imputado, ni siquiera tiene que asistir a todas las audiencias. Únicamente en caso de un juicio oral, si quiere que su testimonio sea tomado en cuenta, tendría que presentarse para que el juez la escuche directamente. Incluso en estos casos existen además excepciones y procedimientos especiales para el caso de víctimas vulnerables y delitos vulnerables. Además, en el sistema anterior ya existía la figura del “careo”, en donde la víctima tenía que enfrentarse cara a cara con el imputado.

 

  1. Todos los días detenemos personas armadas, gracias al nuevo sistema todos los días ellos saben que no van a tener ningún problema y que van a salir inmediatamente[5].

Falso. Este hecho no se debe a las reglas del sistema acusatorio. Cuando se detiene a una persona en flagrancia, ya sea por portación de arma o por el delito que sea, el Ministerio Público tiene la facultad de mantener a la persona detenida hasta que sea presentada a un juez, no está obligado a liberarlas. Así mismo, si bien la portación de arma no es un delito de prisión preventiva oficiosa, el juez de todas formas puede determinar que se aplique la prisión preventiva si considera que el imputado implica un riego para la sociedad.

 

  1. Es opcional para la víctima que se decrete una prisión preventiva[6].

Falso. La Víctima no decide en ningún caso cuando se aplica la prisión preventiva, esa es una decisión que compete única y exclusivamente al juez a partir de la petición que haga el Ministerio Público.

 

  1. Cuando se trata de delitos por los que no procede la prisión preventiva oficiosa la víctima se ve forzada a aceptar un acuerdo reparatorio[7].

Falso. No existe relación entre la prisión preventiva y el acuerdo reparatorio. La primera es una medida cautelar y el segundo es una mecanismo de solución voluntario que facilita la reparación del daño a la víctima. Además, los acuerdos reparatorios proceden solo por delitos menores sin violencia. Existe una amplia gama de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y aún así no procede el acuerdo reparatorio.

 

Pueden existir casos en lo que se presiona a la víctima a llegar a un acuerdo, pero se debe a conductas indebidas del Misterio Público ligadas con la corrupción. Estás prácticas ocurrían también en el sistema anterior solo que antes se presionaba a la víctima a otorgar el perdón al imputado, lo que generaba mayor impunidad e indefensión.

 

  1. Con el Nuevo Sistema se lentifica la obtención de las órdenes de aprehensión lo que incrementa los índices de inseguridad[8]

Falso. Todo lo contrario, en el sistema acusatorio se facilita la solicitud y obtención de órdenes de aprehensión, las cuales se pueden pedir por cualquier medio (art. 142 del CNPP), esto podría incluir por medio de correo electrónico o incluso por teléfono, no únicamente por escrito como en el sistema anterior. Además hay que considerar que más del 95% de los casos que se procesan son por detenciones en flagrancia, casos en lo que no se requiere orden de aprehensión, por lo que es equivocado vincularlas con la inseguridad.

 

  1. 70% de los asesinatos en la capital son cometidos durante riñas, en todos los casos ocurridos recientemente serán sueltos gracias al sistema acusatorio[9].

Falso.   En primera el homicidio en riña sí es un delito de prisión preventiva de oficio, lo que quiere decir que cuando se detiene a alguien por este delito la prisión preventiva opera en automático. El art. 19 de Constitucional y el art. 167 del CNPP contempla dentro de esta lista al homicidio doloso, lo que cualquier penalista sabría que incluye al homicidio en riña. Además incluso si no se tratara de un delito de prisión preventiva oficiosa, esto no quiere decir que el juez no pueda imponer la prisión preventiva, lo único que quiere decir es que tiene que hacer una evaluación caso por caso para evaluar su pertinencia.

 

Como se ha demostrado, los argumentos que da el Jefe de Gobierno para descalificar el sistema acusatorio carecen de sustento, lo cuál es especialmente criticable por su condición de gobernante y especialista en materia penal. Doblemente criticable sería que se hicieran con motivos políticos o con el objeto de ganar popularidad. Muchos de ellos son tan ajenos a la realidad que denotan desconocimiento de las reglas del sistema acusatorio, o en el peor de los casos ánimo de confundir a la sociedad. Ello incrementa el enojo social y la desconfianza en el sistema de justicia, el aumento de las cifras negras de delitos y la venganza por propia mano.

 

Los problemas del sistema de justicia y la incidencia delictiva nada tienen que ver con el CNPP o con el sistema acusatorio, se deben a causas imputables a los gobernantes como la falta de profesionalización de sus operadores, de servicios de atención a víctimas eficientes, de modelos de investigación eficaces y de mecanismos para combatir los vicios existentes en los que destaca la corrupción.

[1] http://www.milenio.com/policia/cdmx-violencia-asaltos-sistema_penal_acusatorio-12_mil_liberados-milenio-noticias_0_924507913.html. Consultado el 19/06/2017.

[2] Diversos Tribunales de Circuito ya se han pronunciado en ese sentido: Tesis I.3o.P.55 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, p. 2765. Marzo 2017; Tesis XXVII.1o.3 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio 2017.

[3] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017

ue caso por caso se desahogue . ivos polraciones se hicieransentido: la prisicidio en riña. quien riña tengan que ser liberadas.

[4] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera. Consultado el 16/06/2017.

[5] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/17/1170376. Consultado el 19/06/2017.

[6] http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/urge-ampliar-catalogo-de-delitos-para-imponer-prision-preventiva-mancera-31. Consultado el 19/06/2017.

[7] http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-06-15/analisis-nuevo-sistema-justicia-penal-despierta-loret/. Consultado el 19/06/2017.

[8] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017.

[9] http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/capital/030n1cap. Consultado el 19/06/2017.

Fuente: reformapenal.org

Saludos

¿Subieron los #homicidios porque los jueces liberan a personas detenidas con armas? Renato Sales


El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que aumentaron los homicidios con el nuevo sistema de justicia penal y la liberación de detenidos con armas, pero los datos demuestran que su argumento es falso.

El récord de homicidios que se alcanzó en mayo de este año se debe a que, con el nuevo sistema de justicia penal vigente desde junio de 2016, los jueces liberan a quienes son detenidos con armas, y tras ser liberados cometen ese delito, según el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

El funcionario lo explicó así en entrevista con Ciro Gómez Leyva el pasado 22 de junio, y éste se ha convertido en el argumento del gobierno federal para justificar el aumento de la violencia en el país.

Sin embargo, no existen datos públicos oficiales que sostengan esa afirmación. Además, El Sabueso verificó que el aumento en los homicidios ocurrió antes de la entrada en vigor del sistema penal. El argumento del Comisionado Nacional de Seguridad y el gobierno federal es Falso.

El nuevo sistema de justicia penal

El 18 de junio de 2016 el Sistema Penal Acusatorio entró en vigor en todo el país. Con dicho sistema, la prisión automática (oficiosa) sólo se aplica para seis delitos considerados graves, entre los que no se encuentra la portación y/o posesión de armas aún cuando sean de alto poder.

Así quedó establecido en el artículo 19 de la Constitución.

Según Renato Sales, eso provoca que criminales y homicidas queden en libertad: el funcionario dijo que con el nuevo sistema solo 1 de cada 100 personas detenidas con armas permanecen en prisión.

Pero hasta ahora, el gobierno federal no cuenta con datos que respalden dicha afirmación, y tampoco hay información pública disponible. Este viernes 23 de junio, en el programa Atando Cabos de Denise Maerker, se le preguntó al comisionado de Seguridad, Renato Sales, la cantidad de personas que cometieron homicidio y que antes fueron detenidos y liberados por posesión de armas, y reconoció que no tenían ese dato disponible.

Y hay más.

El Sabueso revisó las estadísticas oficiales sobre la incidencia del homicidio doloso, y confirmó que el repunte de los homicidios comenzó desde el año pasado, mucho antes de que entrara en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal en todo el país.

Entre enero y mayo de 2016 se registraron 7 mil 656 averiguaciones por homicidio doloso que, comparadas con las 6 mil 718 averiguaciones de homicidio del mismo periodo de 2015, dan un aumento de 14% en los asesinatos en el país.

Si se hace el cálculo por tasa, los homicidios crecieron de una tasa de 5.5 casos por 100 mil habitantes de enero a mayo de 2015, a una tasa de 6.2 asesinatos en el mismo periodo de 2016.

Todo ello sin el nuevo sistema penal

Si hablamos solo de mayo de 2016, el mes fue suficientemente malo en homicidios sin que entrara en vigor el nuevo sistema. Los mil 736 homicidios registrados en ese mes significaron un incremento del 18.3% de los homicidios, respecto a mayo de 2015.

Por otro lado, sólo en el caso de la Ciudad de México, El Sabueso publicó el pasado 3 de abril un análisis de una frase del Jefe de Gobierno Miguel Mancera que sostenía —al igual que Sales— que los delitos en la capital iban en aumento porque más presos han alcanzado la libertad, a causa del nuevo sistema de justicia. Sin embargo, no se encontró relación entre los delitos en la Ciudad y la población penitenciaria.

Debido a que el gobierno no tiene datos que sostengan su hipótesis de que la violencia sube por delincuentes liberados, y a que los datos de homicidios evidencian que el repunte en asesinatos inició desde antes de que entrara en vigor el nuevo sistema penal, El Sabueso concluye que la frase de Sales es Falsa.

Fuente: www.animalpolitico.com

Saludos

Mario Meneses

Investigaciones de la PGR, en riesgo por filtraciones.


Foto
Tras su detención en mayo pasado, Dámaso López, El Licenciado, decidió no declarar ministerialmente, porque, aseguró: No diré nada porque antes de que termine de hablar ya lo sabrán afueraFoto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 19 de junio de 2017, p. 14

La afirmación los tomó por sorpresa:No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá. Los funcionarios trataron de hurgar: A ver, cuéntenos, díganos quiénes. Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, concluyó con un ¿para qué?, no quiero que me maten.

Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en la colonia Anzures, de la Ciudad de México.

Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos ministeriales de comparencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.

El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo. Ex jefes de la Policía Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los mandos de cárteles de las drogas.

En 2005, fue dejado en libertad, porfalta de elementos para procesar, Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.

Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.

Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto narcotraficante que opera en Morelos.

En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un elemento de la Policía Federal.

Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de la Policía Federal, desaparecieron.

La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido. Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera México-Cuernavaca.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera. Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a los límites de Cuernavaca y Huitzilac.

El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.

Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones previas, mandamientos ministeriales de presentación.

Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos, así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los ciudadanos.

El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto. La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.

La infiltración de los grupos criminales o la existencia de funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.

El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado, con una hora de patio y sin contacto con otros internos.

Fuente: jornada.unam.mx

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Mario Meneses

Inseguridad es culpa de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública. ONG @ObsNalCiudadano @frarivasCoL


Ante los señalamientos del gobierno de la Ciudad de México de que la inseguridad en la capital es por culpa del nuevo Sistema de Justicia Penal, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) aseguró que la culpa es de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública por no capacitar adecuadamente a su personal.

Francisco Rivas, director del ONC, consideró que es una debilidad de la autoridad responsable que se cumplan los objetivos que mandata el nuevo Sistema.

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“¿Pues qué están haciendo para subsanar estas deficiencias? Me parece que nadie puede descartar que exista una posible corrupción en otros poderes, sin embargo, no podemos siempre justificar las fallas por debilidades del sistema.

“Porque las debilidades del nuevo sistema penal son debilidades de la autoridad, si el nuevo sistema de justicia penal no funciona es por que las procuradurías y las secretarías de seguridad pública no lograron capacitar bien a su gente, es admitir que quienes no hicieron su trabajo son las cabezas de las autoridades”

Rivas aseguró que en cierta forma es parcialmente válido que hayan fallas en la ejecución de las nuevas normas, pero rechazó que sea utilizado como una justificación para “maquillar” los registros de violencia que han aumentado en la capital del país.

Fuente: www.noticiasmvs.com

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Mario Meneses

México Alternativo. #MxAlternativo @CIDAC


mexico

México Alternativo es una aplicación web que te ayuda a entender mejor los derechos que tienes dentro de un proceso penal acusatorio, y te explica cómo y cuándo ejercerlos. También te ofrece herramientas para ir preparado a las audiencias, compartir tu experiencia con otros usuarios y evaluar el desempeño de jueces, abogados y agentes del ministerio público.

En el #MxAlternativo creemos que ejercer y respetar nuestros derechos es el camino para construir una mejor justicia. También estamos convencidos de que la justicia no es castigo, sino diálogo y reparación. Por eso te invitamos a conocer tus derechos y a participar en este esfuerzo por hacer de México un país más justo.

¡Únete al #MxAlternativo!

Fuente: mexicoalternativo 

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Mario Meneses

Preocupación ante posible imposición de una Ley de #SeguridadInterior contraria a los #DerechosHumanos


Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos.

Ciudad de México a 10 de enero de 2017.- El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció.

Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.

El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad.  En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.

 

Organizaciones Sociales:

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

México Unido contra la Delincuencia

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

Firmas individuales (sugerimos anotar nombre e institución académica entre paréntesis) :

 

Alejandro Madrazo

Antonio Zavala Sánchez

Carolina Pimentel

Denise Dresser

Guadalupe Barrena

Javier Martin Reyes

Jorge Javier Romero

Jorge Javier Romero Vadillo

José Antonio Guevara Bermudez

José Pablo Girault

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Luis F. Fernández

Martha Tagle

Margarita Griesbach

Miguel Concha Malo

Simón Hernández León

Fuente: MUCD

Saludos

Mario Meneses