Sistema Nacional Anticorrupción: Pocos logros, muchos pendientes por Jacqueline Peschard.


La académica Jacqueline Peschard en entrevista con Proceso. Foto: Germán Canseco

Jacqueline Peschard –quien en los próximos días dejará la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a Marieclaire Acosta– externa su pesimismo por los pocos logros y los innumerables pendientes de su gestión: la ausencia de un fiscal anticorrupción, así como la escasa cooperación interinstitucional y partidista y de la sociedad civil. En otras palabras, dice, el comité “está cojo”, pues le faltan piezas clave para su funcionamiento. Por su parte, Acosta acepta su nueva encomienda y rechaza que el sistema anticorrupción sea un fracaso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de un año en la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la académica Jacqueline Peschard lo admite: “A lo mejor fuimos ingenuos y confiamos en que, con un buen sistema normativamente estructurado, iba a haber resultados”.

Por ley, el SNA debió arrancar en julio pasado, pero hasta ahora no hay fiscal anticorrupción, ni Fiscalía General de la República –una promesa pendiente desde marzo de 2014–; tampoco han sido nombrados los 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa, y muchos gobiernos estatales aún no implementan sus sistemas locales.

Construido sobre una reforma constitucional aprobada en 2015, el SNA –que tanto presumió el gobierno de Enrique Peña Nieto– promete una articulación entre las dependencias que investigan y sancionan la corrupción tanto a nivel federal como estatal, lo anterior bajo la supervisión del Comité de Participación de Ciudadana (CPC).

En entrevista con Proceso, Peschard lamenta que durante su mandato al frente del Comité Coordinador la cooperación entre instituciones, la esencia del SNA, resultó una “simulación”.

Y expone: “Lejos de haber coordinación, la Secretaría de la Función Pública hace lo que tiene que hacer, y lo da a conocer como si estuviera solita en la vida… La Auditoría Superior de la Federación hace sus investigaciones y dice: ‘Yo ya puse las denuncias ante PGR’; el fiscal anticorrupción es parte del Comité Coordinador, pero como no ha sido nombrado…

“Entonces ves porqué hay una especie de simulación. Una simulación de coordinación. ¿De qué ha servido que tengamos un Comité Coordinador, que nos reunamos cada tres meses, si uno sigue por su lado y el otro por el suyo?”.

Doctora en Ciencias Sociales, Peschard admite que, en su forma actual, el Comité Coordinador está “cojo” y que al SNA le faltan piezas claves para su operación.

Fuente: Jacqueline Peschard

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Mario Meneses

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Foro de Opinión: Proceso de Integración del Sistema Anticorrupción de la #CDMX


02 de febrero de 2018
De 15:00 a 19:30h
Auditorio Raúl Baillères, Río Hondo

 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con el propósito de cumplir con un proceso abierto, transparente y apegado a los principios del Parlamento Abierto en los procesos de ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, convocan a los Ciudadanos interesados a participar al “Foro de opinión, deliberación y exposición de ideas sobre Proceso de Integración del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México”, bajo los siguientes subtemas:
I. Las virtudes que deben poseer las próximas personas servidoras públicas que integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
II. Los retos para implementar el Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México.
III. Fortalecimiento del proceso ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

 

Organiza: OTRO
Teléfono: 51301900 ext. 3129
Correo Electrónico:ctccaldfvii@gmail.com
Saludos
Mario Meneses

Sistema Nacional #Anticorrupción está en riesgo de colapsar: Pablo Escudero


CIUDAD DE MÉXICO, 02MARZO2017.- El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Pablo Escudero, toca la campana para abrir la sesión.
FOTO: SENADO DE LA REPÚBLICA /CUARTOSCURO.COM 

El presidente del Senado ,  Pablo Escudero Morales, advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en peligro de colapsar, ante las acusaciones de trampa y  conflictos de interés en el seno de la Comisión de Selección, al momento de elegir el Comité de Participación Ciudadana, así como los señalamientos de opacidad del comité ciudadano para nombrar al Secretario Técnico del Sistema.

Esa situación,  advirtió, pone en riesgo todo el esfuerzo del Congreso de la Unión para crear este andamiaje institucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción.

“Vemos con preocupación que está en riesgo ya que el Sistema ha dado sus primeros pasos entre acusaciones e incertidumbre, por lo que es apremiante atender esto y enderezar el rumbo”, señaló.

Escudero sostuvo que esas acusaciones prenden los focos rojos  en el Sistema Nacional  Anticorrupción por lo cual emplazó a la Comisión de Selección así como al Comité de Participación Ciudadana, a rendir un informe claro y extenso,  además de transparentarlo en su página de internet, a fin de  aclarar las acusaciones de   trampa y en conflictos de interés que se señalan.

“Se debe una explicación puntual y precisa ante el Poder Legislativo, respecto a las designaciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana; pues lo más importante radica en su credibilidad y calidad moral, toda vez que en caso de perderla se colapsará el Sistema Nacional”, alertó

El ex presidente de la comisión anticorrupción del Senado, recordó los  señalamientos puntuales del extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, sobre la existencia de conflictos de intereses de los integrantes de la Comisión de Selección por su relación y vinculación con la Red por la Rendición de Cuentas, y que al final influyó para inclinarse por sus recomendados en la elección del Comité de Participación Ciudadana.

Incluso, dijo, han  sido acusados de incurrir en graves actos de conflicto de interés, como Juan Pardinas, director del IMCO, quien cobró más de 3.5 millones pesos, prestando servicios para la Auditoría Superior de la Federación desde el 2010.

El legislador consideró” inadmisible” que se pretenda justificar con el asunto de que  el método de selección no era perfecto y que se corregirá para los siguientes nombramientos del próximo año,

“El Congreso hizo un gran trabajo y confío en los ciudadanos para encabezar este Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es lamentable lo que se está viviendo, pero sería aún más lamentable que se quede en la opacidad”, advirtió.

En ese sentido, el presidente de la Cámara demandó  una explicación pública y sustentada  del por qué el aspirante Gerardo Lozano Dubernard, quien con una de las mejores puntuaciones no fue elegido y ha denunciado que se privilegiaron a cuates y cuotas.

Escudero Morales consideró imprescindible que el SNA recobre su credibilidad, pues el Congreso de la Unión confió plenamente en los ciudadanos para encabezar y poner en marcha este sistema.

Fuente: www.cronica.com.mx

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Marii Meneses

¿Qué son y cómo funcionan los ‘cárteles de la corrupción’ en México? por @LuisPerezdeAcha


11 exgobernadores están siendo investigados por corrupción y desfalco de recursos públicos.
Un instrumento utilizado para tales efectos han sido las empresas fantasma, como se explica en este reportaje de Univisión.

Fuente Univisión

Entrevista con @EFloresCampbell candidato a la Fiscalía #Anticorrupción habló sobre sus objetivos


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En entrevista con Francisco Zea para la Segunda Emisión de Imagen Informtaiva, Edgardo Flores, candidato a la Fiscalía Anticorrupción habló sobre sus objetivos de llegar a ser elegido el próximo fiscal anticorrupción.

Ante los crecientes casos de corrupción que se viven en el país, especialmente en la escena política, Flores Campbell considera que su perfil y habilidades pueden ser de utilidad en el combate contra estos factores sociales. 

“Me connsidero producto del hartazgo colectivo de este país en términos del binomio de corrupción-impunidad, tengo el perfil y las capacidades técnicas, la experiencia práctica y tengo la idependencia y la autonomía de poder actuar con objetividad y contundencia y sentar las bases de la Fiscalía Anticorrupción”.

Mencionó que las personas deben estar conscientes de que, la “Corrupción no es sólo robar, corrupción es ocupar un puesto sabiendo que no se cuenta con la capacidad de desempeñarlo”. 

Respecto a su experiencia que sustenre su candidatura a este cargo destacó que, desde hace “me respaldan más de 26 años de experiencia en la administración pública y no pertenezco a una corriente de orden político, esta es una aspiración legítima y personal, inicie en el Ayuntamiento de Tijuana en el área de asuntos internos y responsabilidades y he ocupado diferentes cargos en los diferentes poderes de gobierno”.

El Senado de la República tiene hasta el 10 de abril para aprobarl al primer Fiscal Anti Corrupción, por lo que Flores Campbell enfatizó en que ha pugnado por un proceso transparente, “le pido a los Senadores que interpongan la trayectoria, las capacidades, la experiencia y sobre todo los resultados de conducir con objetividad y transparencia los esfuerzos en persecución en los actos de corrupción de este país”.

Asimismo expresó que espera que esta fiscalía no sea “derivada del reparto de cuates y cuotas; comprendo que la esencia del Legislativo es parlar la discusión de las ideas en una democracia moderna, pero me parece que la ciudadanía, los candidatos y la condición país no puede seguir esperando; no hay día de la semana en que no se abra el periódico y se hable del tema de corrupción de la semana; me parece que ese nivel de hartazgo es avasallador”.

“Tenemos que avanzar para que quien venga a construir sobre lo construído…El hartazgo social no sólo radica en temas como el gasolinazo, sino que el problema en gran parte es el cumulo de resentimientos y coraje ciudadano”.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa aquí.

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Fuente: imagenradio

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Mario Meneses

¿Cómo combatir la #Corrupción policíaca en México? por @causaencomun


corrupción
Uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública ha dicho ser víctima o cómplice en un acto de corrupción policial.

Las 7 claves detrás de la corrupción policíaca en México (y cómo combatirla)

Arturo Angel (@arturoangel20)

Un estudio de Causa en Común A.C. revela problemas estructurales que favorecen la corrupción y propone un Modelo ya aceptado por seis estados para remediar el problema.

La corrupción de las distintas corporaciones de policía en México tiene causas y detonantes generales. Un estudio ciudadano las identificó y planteó un modelo para solucionarlo.

El problema es grave: en promedio uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública ha dicho ser víctima o cómplice en un acto de corrupción policial de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. De hecho, según la misma encuesta, la policía es percibida como la institución más corrupta de todas.

La corrupción tiene sus causas. Un diagnóstico elaborado por la organización Causa en Común identificó los factores claves que propician o favorecen la corrupción: falta de leyes y mecanismos claros de disciplina y sanción;ausencia de protocolos para el uso de la fuerza  y carencia de unidades de investigación realmente independientes.

A su vez dicha organización planteó un modelo de tres fases de implementación para revertir y disminuir los niveles de corrupción en las instituciones de seguridad pública. Ayer cuatro  gobernadores del país (Hidalgo, Estado de México, Morelos y Veracruz) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un acuerdo para adoptar y aplicar ese modelo.

“La corrupción policial puede atacarse, si se empiezan a aplicar estrategias que en primer lugar dejen de ver al problema como una cuestión individual, de “malos policías” y empiecen a generarse mecanismos por los que se identifiquen los factores estructurales e institucionales que hacen que los policías y los mandos sigan cometiendo perpetuando este tipo de conductas” dijo Marcela Figueroa, investigadora de Causa en Común.

Las causas de la enfermedad

El estudio denominado “Diagnóstico del Régimen Disciplinario Policial en México” realizado por Causa en Común analizó la normatividad que rige los sistemas disciplinarios de las corporaciones de seguridad públicas de los 32 estados del país; además estudió en terreno la operación de las Unidades de Asuntos Internos de policía en siete entidades.

Animal Político presenta las siete claves que resumen las deficiencias encontradas de acuerdo con el referido diagnóstico

1. Leyes y reglamentos confusos, obsoletos o inexistentes

El sistema de leyes y reglamentos que rige la actuación de los policías en los estados presenta múltiples deficiencias de acuerdo con Causa en Común.

Por ejemplo, hay estados donde ni siquiera existen estas normas que regulen los sistemas disciplinarios, es decir, no hay un reglamento que explique cómo debe de aplicarse lo que las leyes anticorrupción dicen. Tampoco existe claridad sobre que sanción  corresponde a cada falta y el motivo para ello.

A esto se suma que en casi todos los casos no existe un sistema que contemple la reparación del daño cuando un policía es erróneamente acusado, e incluso no existe la posibilidad de impugnar una sanción.

2. No hay protocolos de detenciones y uso de la fuerza

Los investigadores de Causa en  Común corroboraron al visitar seis estados (Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas) que dos de ellos carecen por completo de un protocolo para realizar detenciones y emplear el uso de la fuerza. Esta situación hace imposible al policía conocer cómo actuar en cada situación y  no incurrir en abusos.

3. Deficientes Unidades de Asuntos Internos

Los investigadores detectaron que en las unidades de Chihuahua o Tlaxcala no hay investigación de campo de las posibles irregularidades internas, sino solo un análisis de reportes documentales. En la Unidad de Nuevo León no se atiende de forma debida a los ciudadanos mientras que en la de Tamaulipas no se investiga de plano a ningún mando.

Incluso los expertos alertaron que en varios casos las indagatorias de Asuntos Internos solo se hacen por orden expresa de los jefes superiores.

4. Castigo solo para individuos, no instituciones

En ninguno de los casos analizados Causa en Común encontró que existan mecanismos institucionales para revertir situaciones de corrupción. Los sistemas de sanciones contemplan solamente castigos para los agentes en particular que incurran en una falta sin que siquiera existan recomendaciones a nivel de una base o corporación para evitar malas prácticas.

5. No se fomenta la denuncia ciudadana

Los investigadores de Causa en Común detectaron que en las secretarías de Seguridad Pública de los estados se fomenta muy poco la denuncia ciudadana de los hechos de corrupción e incluso, aunque esta existe, hay prácticas que no contribuyen a que se realice.

6. No hay programas preventivos

Causa en Común detectó que no existen a nivel institucional programas preventivos para prevenir hechos graves de corrupción.

En el análisis a fondo realizado a los seis estados mencionados se detectó que solo uno de ellos (Querétaro) cuentan con algo denominado “sistemas de alerta temprana” que si pueden contribuir a detectar a tiempo situaciones que luego derivan en riesgo de corrupción lo que permite revertirlas con anticipación.

7. Graves violaciones a derechos procesales

Los investigadores encontraron que los policías se encuentran en un total estado de indefensión al no existir elementos normativos que estructuren una posibilidad de una defensa adecuada en caso de denuncias en su contra.

La cura en tres pasos

Para revertir el problema de la corrupción en el país Causa en Común propuso el denominado “Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción Policial”. La premisa es que la clave pasa por el fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos, así como la introducción de mecanismos de control civil interno y externo

En los hechos se trata de una estrategia que requiere tres fases de implementación:

Primera Fase: La investigación interna

El objetivo de esta fase, de acuerdo con el Modelo, es fortalecer las Unidades de Asuntos Internos responsables de indagar los actos de corrupción.

Para ello se sugiere crear una base de ética y normativa con (entre otras cosas) un adecuado régimen disciplinario, un catálogo de faltas y sanciones, un código de ética actualizado, protocolos de uso de la fuerza en todos los casos, entre otros.

También se instruye poner en marcha un sistema de quejas y denuncias seguro para los ciudadanos y que funcione.

Segunda fase: supervisión a fondo

Lo que propone Causa en Común en esta fase es que se integre en cada estado un área de Disciplina y un área Combate a la Corrupción, cada una con su equipo independiente, que se encargue de investigar de forma diferenciada los hechos que sean meras faltas de conducta de aquellos que puedan representar incluso un delito.

Además se sugiere que dichas áreas no solo indaguen la actuación de los policías sino también de personal de civil que labora en las corporaciones de seguridad pública.

Causa en Común propone en esta fase la creación de comités que participen en el funcionamiento de estas áreas y que cuenten con representantes de la sociedad civil separados de las dependencias policiales.

Tercera fase: vigilancia externa

Como tercera fase del modelo para prevenir y erradicar la corrupción Causa en Común propone el diseño de un órgano externo y autónomo a la Policía que supervise periódicamente el funcionamiento de las áreas de Disciplina y Combate a la Corrupción de las corporaciones y que incluso tenga la facultad de ordenas investigaciones totalmente independientes cuando la gravedad de un caso lo amerite.

De acuerdo con la organización este nuevo órgano deberá contar con su presupuesto propio para funcionar adecuadamente y sus protocolos de operación.

Dicho órgano podrá su vez recibir quejas ciudadanas que remitirá a las áreas responsables de investigarlas. Incluso tendrá la capacidad de remitir al Ministerio Público evidencias de la comisión de un delito, de ser el caso.

Fuente: Animal Político

Saludos

Mario Meneses

CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN


 

México puede derrotar la corrupción y reducir la impunidad: @rgilzuarth @PresiSenadoMX
México puede derrotar la corrupción y reducir la impunidad

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DEL SENADO, EN LA CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LLEVADA A CABO EN PALACIO NACIONAL

*”Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla”.

La transición a la democracia prometió la regeneración de nuestro sistema político. En la expectativa de esa evolución, la competencia democrática transformaría los incentivos de todos. El riesgo de la alternancia, del castigo electoral, alentaría mejores gobiernos y haría más auténtica la representación popular. La pluralidad activaría de forma natural, casi automática, las distintas formas de la rendición de cuentas.

Ciertamente, la transición se ocupó de crear y ajustar instituciones para vigilar el uso de los recursos públicos, para mejorar la gestión de los programas, para hacer más transparente la tarea de gobernar.

Gradualmente, se fueron incorporando a la gramática de las instituciones mexicanas, las contralorías internas, la fiscalización superior y del dinero de las campañas, las auditorías y la evaluación de los programas públicos, las distintas etapas de la transparencia.

Pero la legitimidad de nuestro avance democrático se puso a prueba en el momento mismo en que la corrupción se evidenció como el mayor de los problemas de México y como la principal preocupación de los ciudadanos; cuando en algunos lugares y zonas de gobierno, la corrupción se convirtió en política pública; cuando la impunidad reveló que nuestras instituciones eran ineficaces por diseño o por ausencia de voluntad política para inhibir la transacción ilegal que mercantiliza los bienes de todos en beneficio de unos cuantos.

Como suele suceder en circunstancias límite, la sociedad tomó conciencia a golpe de experiencias, de la condición estructural de la corrupción y su extendida presencia en nuestra vida pública. Empezamos a asimilar los enormes costos económicos y hasta en vidas humanas que provoca; los múltiples factores que inciden en ella; la complejidad de capturar en términos regulatorios todas sus posibles manifestaciones; las zonas grises que no tienen sanción y los círculos viciosos en los que la corrupción gravita; la bajísima capacidad de respuesta del Estado frente al acto corruptor y frente a la subordinación corrupta.

Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla a cambio de eficacia, que la empezamos a convertir en el lubricante de nuestra gobernabilidad.

Se hizo evidente que la corrupción hace más profunda y lastimosa la desigualdad, porque reproduce privilegios y por tanto, condena definitivamente a los que menos tienen.

Amanecimos, en efecto, una mañana en la ensoñación del cambio democrático y de dos alternancias, con la corrupción instalada en la sala, amenazando nuestra forma de convivencia, al acecho de la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Pero entonces, la democracia mexicana dio signos de vitalidad. El impulso por reformar cobró forma y ritmo de manera ejemplar e inédita, con la participación de la sociedad civil. La indignación se convirtió en agenda; el enojo se activó en movimiento cívico; la exigencia social encontró cauce y salida en nuestras instituciones representativas.

Redactamos juntos la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Se organizó un esfuerzo en torno a una iniciativa ciudadana sobre las responsabilidades de los servidores públicos, que encontró eco en el Poder Legislativo. Nos hicimos cargo de los detalles, para asegurarnos de que no habría ningún retroceso en la decisión de combatir a la corrupción.

Me consta personalmente la dedicación de muchos ciudadanos, activistas y académicos que abrazaron esa causa, como también el compromiso plural y responsable de los actores políticos.

Soy testigo directo de la disposición y apertura de legisladores y grupos parlamentarios, empezando por los presidentes de las comisiones dictaminadoras en la cámara de origen, los senadores Pablo Escudero, Fernando Yunes y Alejandro Encinas.

Y también, hay que decirlo, estamos aquí, este día, porque también el Presidente de la República hizo la parte que el sentido del deber le exigía.

Gracias, gracias a la tenacidad de la sociedad civil se lograron contenidos que de otra manera hubieran sido sencillamente impensables.

La Federación nunca perderá jurisdicción sobre los recursos transferidos a estados y municipios.

Se separan y especializan los órganos de auditoría, investigación y sanción.

Se perfecciona la descripción de las conductas que dan lugar a responsabilidad administrativa o penal.

Se garantizan procesos ágiles y un fiscal con dientes; sí, con dientes, porque no comparte con nadie el colmillo del ejercicio de la acción penal.

La prueba del éxito del esfuerzo de la sociedad civil que puso esta agenda como prioridad nacional y de la política que la logró materializar, radica precisamente en el conjunto de las definiciones constitucionales y de las leyes que conforman el nuevo sistema anticorrupción.

La prueba de éxito, es la construcción de un piso común para todos los ámbitos y niveles de gobierno del cual nadie puede evadirse.

El éxito radica en la perspectiva integral de instituciones de prevención, de participación ciudadana, de control y mejora de la gestión, de sanción a los servidores públicos que abusan del Poder, pero también de aquellos particulares que obtienen un beneficio indebido a través de una tentación corruptora.

La victoria de todos es un sistema potente y robusto, de incentivos y disuasivos; de controles y consecuencias.

Y si me permiten la licencia: la victoria de todos es un sistema que éste sí, como dicen por ahí, probablemente no lo tiene ni Obama.

Tenemos, amigas y amigos, que reivindicar lo que se ha alcanzado.

Debemos, todos, legitimar con nuestro testimonio no sólo el precedente de participación ciudadana constructiva, sino también el resultado de la voluntad concertada de la política, de la pluralidad.

Debemos, unos y otros, evitar ser víctimas de nuestro propio éxito.

No tenemos derecho a decir a la gente que el sistema está cojo, que es insuficiente o que de poco o nada va a servir.

No tenemos derecho a hacer creer a los ciudadanos que no estamos haciendo nada para abatir la corrupción.

Y es que en los grados de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, no está la conquista del territorio enemigo, el Desembarco de Normandía, o la bandera que simboliza triunfo o derrota alguna.

La Reforma alcanza un balance ponderado entre el principio de máxima publicidad y el derecho a la privacidad que gravita en la protección de los datos personales.

Un equilibrio que establece la obligación de todo servidor público de presentar sus tres declaraciones.

Un equilibrio que somete esas declaraciones a un sistema de seguimiento para detectar sus inconsistencias y sancionar el enriquecimiento ilícito.

Un equilibrio que impone el deber de hacer públicos aquellos datos que determine el Comité Coordinador, a propuesta de la instancia ciudadana.

Es, efectivamente, un equilibrio legal y éticamente correcto.

Es legal, porque debemos tener siempre presente que un servidor público no deja de ser, por ese sólo hecho, un ciudadano en pleno goce de sus derechos.

Y es éticamente correcto, porque debemos recordar que se debilita al Estado cuando se coartan las garantías mínimas de los servidores públicos, cuando se les hace vulnerables frente a los intereses a los que se enfrentan, cuando sienten incertidumbre al momento de actuar o de decidir.

Hay miles de servidores públicos honestos y leales con la República, auténticos patriotas, en todos los partidos y en todas las funciones de gobierno.

Millones de ciudadanos sortean todos los días las trampas burocráticas, sin prestarse a un acto de corrupción.

La corrupción no es un mal que sólo aqueja a unos, ni la honestidad monopolio de bien que siempre ostentan otros.

No está en el ADN de los mexicanos una u otra, la corrupción o la honestidad vive en las decisiones que todos los días tomamos los ciudadanos.

Ser servidor público no debe ser oportunidad para el saqueo, pero tampoco origen o causa de sospecha. Hicimos esta reforma para dejar atrás la perversa tesis de que todo servidor público es corrupto, hasta que demuestre lo contrario. Hicimos esta reforma para devolver dignidad, honor y confianza a la función pública; y eso sólo será posible si trascendemos a la idea de que la corrupción es un problema que sólo ha de enfrentarse desde la política criminal y nos hacemos cargo, de una vez por todas, que la lucha contra la corrupción exige la mejora integral del funcionamiento de nuestro sistema político.

El combatir la corrupción es en realidad una apuesta por el buen gobierno, que la agenda que tenemos por delante es mejorar la calidad de todas nuestras instituciones. Poner fin a la colonización del poder, a la patrimonialización de lo público, a la parcelación de lo común en beneficio propio.

Reformar el fuero para que no sea pretexto de impunidad; mérito y capacidad antes que lealtad de partido; profesionalización en lugar de cuotas; imparcialidad como obligación exigible en toda la gestión pública; estabilidad y digna retribución a los servidores públicos para cerrar los márgenes del subsidio corruptor, porque en la incertidumbre, en la precariedad salarial de soldados y marinos, de policías, de ministerios públicos, de maestros, doctores y enfermeras, y en general de los servidores públicos que hacen que el Estado funcione todos los días, se gesta también el destructivo impulso a la corrupción.

Y por supuesto, reducir el mercado negro de favores recíprocos y los medios por los que se canalizan, ésta legalmente recursos públicos y privados, a la competencia política y electoral.

Señor Presidente. Señoras y señores:

El Sistema Nacional Anticorrupción responde al objetivo de fortalecer la efectiva rendición de cuentas. Pero también tiene un propósito todavía más alto: regenerar la legitimidad del sistema democrático, renovar nuestro pacto de confianza con los ciudadanos, reanimar la credibilidad de los que servimos al Estado.

México puede, en democracia y en su pluralidad, derrotar a la corrupción y reducir la impunidad. No necesitamos justicieros para consolidar un auténtico Estado de Derecho y de derechos; necesitamos incentivos correctos, procesos debidos y autoridades que funcionen bien.

Necesitamos poner en orden, con la razón de la ley y de las instituciones, desde nuestros partidos y hasta los Tribunales, a quienes piensan que el poder les pertenece y lo usan para provecho propio.

Comprometernos todos con la plena eficacia de las nuevas instituciones y sobre todo con la integridad y la decencia públicas. Hacer y exigir buenos gobiernos, reconciliar a la sociedad con la política y con los políticos; darnos la mano sociedad y gobierno, porque en democracia, sociedad y gobierno significan una y la misma cosa.

Por su atención, muchas gracias.

Fuente: www.orosolido.com.mx

Saludos

Mario Meneses

#SociedadCivil unida presenta propuesta de Sistema Nacional #Anticorrupción (SNA)


32 organizaciones sociales e instituciones lanzan un comunicado en donde unen sus voces para eliminar la corrupción que aqueja a nuestro país de una manera integral y exigir la creación de un SNA.

Revisa aquí la conferencia de prensa:

SOCIEDAD CIVIL UNIDA PRESENTA PROPUESTA DE SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

  • El SNA debe contener: Tribunal de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción, Reforma de la SFP y de la ASF.
  • Rechazan imposición de un Consejo formado por los integrantes de la clase política.

xico, D.F. a 10 de diciembre 2014.- Eliminar la corrupción que aqueja a nuestro país demanda una respuesta integral. Por ello, y en respuesta a lo que juzgamos han sido respuestas incompletas presentadas por distintas fuerzas políticas, los aquí firmantes unimos nuestras voces para exigir la creación de un SNA sustentado en la armonización y coordinación de cuatro órganos base que a continuación describimos:

 

PRIMERO. Un Tribunal de Cuentas imparcial y autónomo que imponga de manera eficaz sanciones y emita recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción. Deberá contar con:

  • Funcionarios altamente capacitados seleccionados de manera exclusiva por el Senado por periodos predeterminados y con candados a su remoción.
  • Amplias, exclusivas y claras funciones de regulación administrativa para crear, reformar y desaparecer sus propias normas sin constante cuestionamiento jurisdiccional.
  • Capacidad para establecer perfiles, métodos de incorporación, promoción, ascenso, funciones y responsabilidades concretas de cada servidor que ahí labore.
  • Presupuesto suficiente y de carácter autónomo.
  • Un Órgano de Control Interno con autonomía e independencia y competente para conocer y sancionar las eventuales responsabilidades administrativas en que incurran sus miembros.
  • Procesos absolutamente claros y transparentes para evitar cualquier cuestionamiento en el manejo de los recursos a su cargo.
  • Capacidad de atracción en casos graves de corrupción en gobiernos estatales y municipales.
  • Acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos y bancarios que le permitan   conocer y determinar la información patrimonial de los servidores públicos a nivel nacional.
  • Facultad para recibir quejas y denuncias, y la obligación de asegurar su procedencia y proteger a los denunciantes.

SEGUNDO. Una Fiscalía Anticorrupción independiente y especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción. Deberá contar con personal altamente capacitado, autonomía funcional, presupuestal y de gestión, y elevados y eficaces controles de confianza.

TERCERO. Una Secretaría de la Función Pública REFORMADA con mejores facultades para mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público, y para evaluar el desempeño de políticas y programas; mayores recursos presupuestales, humanos y técnicos, y mayores facultades para supervisar y controlar el ejercicio de las funciones del resto de la APF.

CUARTO.- Una Auditoría Superior de la Federación REFORMADA con autonomía e independencia, facultada para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios fiscales anteriores; y obligada a publicar oportunamente sus conclusiones y hallazgos.

El SNA aquí propuesto está basado en la creación de dos leyes:

  1. Ley Anticorrupción que establezca los tipos administrativos de mayor impacto social, económico, político y presupuestal, así como los delitos especiales clasificados como corrupción; y
  2. Ley Nacional de Fiscalización para armonizar los trabajos de la ASF, de la SFP y de los distintos órganos fiscalizadores estatales.

 

Y la reforma a la:

  1. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establecerá los principios básicos del ejercicio del servicio público, y las obligaciones concretas que éstos tienen.

El SNA deberá seguir el siguiente calendario: Creación en la Constitución antes de que concluya 2014, aprobación de legislación secundaria y nombramientos antes de Septiembre de 2015 y creación de la estructura administrativa antes de que concluya el 2015.

 

El SNA debe contrarrestar la fragmentación institucional que hoy prevalece en materia de combate a la corrupción y que ha anulado en la práctica los esfuerzos del Estado en la materia. Debe articular los sistemas de planeación, de evaluación, de gestión de la información, de transparencia y de fiscalización que hoy operan por separado. Por esta misma razón, rechazamos que se le imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública. El Sistema no debe subordinarse a los designios del Presidente y los gobernadores bajo ningún pretexto.

Suscriben el presente comunicado:

Roberto Alonso Muñoz, Rubén Álvarez Mendiola, Sergio Aguayo, Alberto Aziz Nassif, Uri  Barreda, Ricardo Becerra, Eduardo Bohórquez, Leticia Bonifaz, Juan Bautista Casillas, Enrique Cárdenas, Cecilia Cadena Inostroza, Beatriz Camacho, Mariana Campos, Roy Campos, Pedro Carta, María Amparo Casar, Reynaldo Castro Melgarejo, Miguel Castillo Martínez, Diego Ernesto Díaz Iturbe, Gabriela Delgado Ballesteros, Marco Fernández, Ana Elena Fierro, Magdalena García, Nancy García, Pablo Girault, Sergio J. González, Alejandro González, Rogelio Gómez Hermosillo, Ricardo Guadarrama, Felipe Hevia, Gabriel Hinojosa Rivero, Víctor Leonel Juan Martínez, Elisa Gómez, Eduardo Hernández, Edna Jaime, Jorge Juárez Escalona, Max Káiser, Joy Langston, Ana Beatriz Lira, José Octavio López Presa, Sergio López-Ayllón, Eileen Matus, Herlindo Martínez Nepomucemo, Mauricio Merino, Mario Vladimir Monroy Gómez, María José Montiel, Ma. Elena Morera, Ángel Martínez Armengol, Aurora Méndez, Lourdes Morales Canales, Angélica Navarro, Mónica Tapia, Jorge Nacif Mina, Felipe Hevia, Jesús F. Hernández Galicia, Juan Pardinas, Víctor S. Peña, Luis Alberto Ramos, Gustavo Rivera Loret de Mola, Alejandra Ríos, Jorge Javier Romero, José Roldán Xopa, Héctor Rubio, Luis Reygadas, Javier Olivarez Castillo, Alberto Olvera, Viridiana Ríos, Gabriela Vargas Gómez, Alberto Serdán Rosales, Lilia Saúl, Alfonso Valenzuela, Eduardo Villarreal Cantú, Elio Villaseñor, Peter Winkel y María de Jesús Zamarripa Guardado, Héctor Larios Santillán; Cecilia Azuara, Giulliano Lopresti; Roberto Ramírez.

ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES:

  1. ALIANZA CÍVICA., A.C.
  2. ACTÍVATE POR PUEBLA
  3. BUFETE DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS, A.C.
  4. CAUSA EN COMÚN, A.C.
  5. CENTRO DE ESTUDIOS ESPINOSA YGLESIAS, A.C.
  6. CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS, A.C.
  7. CREA MÉXICO
  8. CONSEJO CIUDADANO A LA CONTRALORÍA, PUEBLA
  9. EQUIPO PUEBLO
  10. ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.
  11. FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, A.C.
  12. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN
  13. GESOC, A.C.
  14. IARAC YUCATÁN
  15. IMPACTO LEGISLATIVO
  16. INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO  Y LA CULTURA A.C.
  17. INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL.
  18. INICIATIVA SINALOA
  19. INICIATIVAS HUMANAS Y SOCIALES A.C.
  20. INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C.
  21. INTEGRADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
  22. MÉXICO EVALÚA, A.C.
  23. MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.
  24. MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?, A.C.
  25. MOVIMIENTO G2G
  26. OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COHESIÓN SOCIAL, A.C.
  27. OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO
  28. ONG CONTRALORÍA CIUDADANA
  29. PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ
  30. PROPUESTA CÍVICA GUANAJUATO
  31. SONORA CIUDADANA
  32. UNIVERSIDAD VERACRUZANA

 

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Consulta las videoentrevistas  a María Elena Morera, Mauricio Merino y Max Kaiser: