Mancera, el #Policía encubridor


Bien dicen que la esencia del ser humano perdura por sobretodos las cosas. Tal vez por eso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nunca ha dejado de ser policía y decidió defender a sus policías ante la desaparición forzada del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años.

Grave error. Mancera se convierte así en el defensor del fuero. Ese fuero del que gozan los torturadores que son agentes del estado en la Ciudad de México. Ese fuero que ha incrementado las violaciones a los derechos humanos. Ese fuero que es licencia para desaparecer. Ese fueron que significa licencia para matar. Ese fuero que se burla de las leyes. Ese fuero que convierte a los policías de la Ciudad de México en un cuerpo de seguridad por encima de la Constitución. Ese fuero que les permite detener y no presentar al detenido ante el Ministerio Público. Ese fuero que les permite convertirse en verdugos. Ese fuero que les da el poder de hacer “limpieza social”. Ese fuero con el que persiguen jóvenes obstinadamente. Ese fuero que ha hecho de la Ciudad de México la ciudad con más homicidios dolosos denunciados en 20 años. Ese fuero que permitió el establecimiento de 20 mil tienditas del narco en Ciudad de México…Las cifras desastrosas del gobierno de Miguel Ángel Mancera también son producto del fuero de los policías. Eso ha permitido extender la mancha de impunidad. Decenas de uniformados que a ritmo de garrote pretenden pacificar una de las ciudades más violentas.

Miguel Ángel Mancera se equivoca. Y él lo sabe. Conoce perfectamente el camino que siguió el caso del estudiante Marco Antonio. Conoce las pruebas de los dictámenes médicos. Conoce los informes detallados de lo que hicieron sus policías. Sabe que primero lo detuvieron, luego lo desaparecieron y después lo torturaron. Fotografías, documentos y videos así lo demuestran.

Pero su espíritu de policía ha podido más que el de jefe del gobierno capitalino. Han pesado más sus años en la Secretaría de Seguridad Pública donde ocupó el cargo de Director de Investigaciones y Procedimientos (2002), el de director de Seguimiento de Policías Complementarias (2002), el de Director Ejecutivo de la Subsecretaría (2003), el de asesor del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2004), el de Subprocurador de Procesos y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales (2006) y el de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal (2008).

Con semejante curriculum policiaco, es evidente que Mancera conoce a la perfección el trabajo de ese honorable cuerpo de seguridad. Y también las mañas, los excesos, los laberintos de las acciones fuera de la ley, las formas sucias con las que se conducen normalmente los policías capitalinos. Y digo que las conoce, no porque él haya incurrido en delito alguno, sino porque desde los puestos que ha ocupado es evidente que tiene que haber atendido decenas, cientos de casos como el de los policías que detuvieron y no presentaron ante el Ministerio Público, al joven estudiante Marco Antonio.

Por tanto, resulta extraño que Mancera defienda a los cuatro policías involucrados: Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

Y resulta más extraño que Mancera filtre videos editados a la televisión para demostrar lo profesionales que son, aunque para su desgracia se comprueba que dichos elementos no siguen ningún protocolo con el menor y lo tratan como un criminal solo porque tomó unas fotos.

Igualmente, resulta extraño que Mancera organice una ronda mediática para pasear a los policías por los medios de comunicación a fin de que cuenten “su versión” de los hechos bajo un esquema de manipulación informativa a base del chantaje sentimental.

Y más extraño resulta que los defienda y encubra diciendo que no esta “certificado” que los policías golpearon a Marco Antonio, como si existiera el “certificado” de tortura. Y después que afirme desconocer el paradero de los policías que estuvieron fugitivos unos días.

Resulta extraño, pero a la vez revelador de la calidad humana, ética y moral de Miguel Ángel Mancera. La protección que ha brindado a los pésimos uniformados que detuvieron y desaparecieron a Marco Antonio habla muy mal de él y su gobierno. Y lo peor que demuestra la mezquindad de su ser, es la campaña de difamación en contra del joven estudiante. La cadena de manipulaciones informativas para denostar su imagen y así calmar el clamor popular de justicia.

La sucia estrategia del gobierno de Mancera que luego de presentarlo ante el Ministerio Público trasladarlo a un hospital psiquiátrico para sembrar la duda de su estado psicológico, sabiendo que el joven tenía que ser atendido en el Instituto Nacional de Pediatría a donde fue llevado horas después.

Y por último, la maniobra de aislar al estudiante en su proceso de recuperación, de confinarlo al silencio a cambio de su seguridad, habla de un gobierno basado en métodos mafiosos.

Los padres y familiares de Marco Antonio no tienen duda: los policías lo golpearon, lo detuvieron, lo desaparecieron, lo torturaron y luego, ante la presión social lo narcotizaron con varias tipos de droga para liberarlo y así lograr que el menor no pudiera contar lo que le pasó.

Pero el policía Mancera y sus uniformados a su servicio y bajo su mando, se equivocaron nuevamente. No contaron con la fortaleza del joven, con su espíritu de lucha, con su organismo deportista, que le ha permitido salir adelante e ir contando a los suyos lo que le hicieron.

Nadie con un mínimo de información puede creer la versión oficial. Nadie puede tragarse el cuento de que al joven lo dejaron ir así nomás. Nadie puede creer que durante cinco días anduvo vagando porque era drogadicto o peor aún, porque tenía problemas de salud mental.

Los testimonios, documentos, el expediente judicial y el historial clínico, hablan de un joven estudiante perfectamente “normal”. Así que todo es cuestión de tiempo. Y esperemos que la historia le ofrezca un lugar a cada quien, que los mexicanos no olviden este ominoso caso de desaparición forzada. El gobierno capitalino está obligado a ofrecer una explicación de lo que pasó y a actuar en favor de la víctima no de los verdugos.

La verdad, señor Mancera, pondrá a cada quien en su sitio, incluido a usted mismo…. Veritas liberabit nos.

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La #Tortura se disparó 1,376% en administración de Peña Nieto, señalan ONGs


Datos de la PGR y la CNDH exhiben que casi se triplicaron las quejas por este delito

Ciudad de México.- La tortura en México es una práctica generalizada, alertó desde el 2015 el ex Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas Juan Méndez. La declaración causó molestia en el Gobierno federal, que de inmediato respondió que la aseveración no correspondía “con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que hacía el país en contra de ese delito.

A inicios de este año, el Informe del representante del organismo internacional refrendaba su sentencia.

A dos años de la primera afirmación de la ONU, las cifras sobre tortura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto dan cuenta que esta las denuncias por ese delito no sólo no disminuyeron sino que crecieron de manera exponencial en la presente administración.

Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhiben el aumento de los reportes de este crimen.

El sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual periodo de Gobierno.

Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, expuso que además del número de averiguaciones de la PGR es preocupante la falta de castigo de este tipo de delito.

“El gran problema del Sistema de Justicia es la poca capacidad de investigación. Eso influye mucho porque existe una conciencia entre policías y autoridades que incurren en la tortura de que las posibilidades de ser castigados son pocas”, explicó.

“Generalmente estos temas se investigan y se sancionan de manera individual, sobre un agente policial, sobre un miembro del Ejército. La ley del Ejército es distinta a la ley civil. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que hay una solapación institucional hacia estas prácticas”, dijo Antia Mendoza Bautista, Directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).

El encubrimiento de la tortura se da de forma informal, y muchas de los actos de tortura responden a una presión de las cúpulas policiales para obtener confesiones que respalden las carpetas de investigación por supuestos delitos, detalló la directora.

“Existen sanciones individuales pero eso no ha cambiado, ni genera un incentivo para cambiar estas prácticas en nuestra policía porque no hay sanciones a la institución”, amplió.

Por ejemplo, entre el 2014 y el primer semestre 2017 el Poder Judicial de la Federación registra 22 personas sentenciadas.

Esto representa el 45 por ciento de las 48 causas penales en el mismo periodo, y también representa el 0.28 por ciento de las 7 mil 810 averiguaciones previas y carpetas de investigación (así llamadas en el nuevo sistema de justicia) de esos años.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 161 de 282 quejas por tortura, entre el 2013 y el primer semestre 2017, culpan a la Policía Federal. Lo que es igual al 57 por ciento del total de expedientes en ese periodo.

El conjunto de quejas registradas en la CNDH casi se triplicaron durante el periodo de Enrique Peña Nieto, quien acumuló hasta junio 282, en contraste con su antecesor, el panista Felipe Calderón, quien sumó 99.

En junio, el Nuevo Sistema de Justicia Penal cumplió su primer año de funcionar. Édgar Cortez ve que la entrada puede traer un impacto de disminución a la tortura, aunque aún es pronto para ver resultados.

“Ahora con estos proceso de juicios orales, y audiencias públicas, probablemente contribuirán a que sea más difícil torturar. Si presentas a una persona con signos de tortura en una audiencia pública es mucho más difícil negarlo”, explicó el investigador.

Además, los jueces de control, quienes son los encargados de evaluar en un primer momento los casos, podrán determinar en qué condiciones se han hecho las detenciones u obtenido declaraciones.

Ya con el Nuevo Sistema, los primeros seis meses de 2017 registran mil 482 carpetas de investigación por tortura, una cifra similar a las mil 484 acumuladas en todo el 2016.

Los estados con mayor número de carpetas de investigación por este delito en 2017 son Oaxaca con 101, seguido por Coahuila y Nuevo León con 85.

Caso contrario a los estados de Jalisco, San Luis Potosí con ninguna carpeta; Campeche, con dos; y Baja California Sur, con tres.

LA VOLUNTAD POLÍTICA

El 22 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas realizó un evento, en el marco del la 72 Asamblea General, sobre la tortura durante los interrogatorios, donde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husse, subrayó que esta práctica no sólo ilegal, sino es improductiva a la hora de obtener confesiones y más violencia.

“La tortura alimenta el deseo de venganza, la tortura crea enormes concentraciones de odio y más violencia. Todavía, En algunos países cuando te arrestan eres propenso a ser golpeado, abusado, o torturado”, sostuvo Al Husse.

El artículo 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura resalta que los servidores públicos cometen tortura en procesos de investigación o con el fin de obtener una confesión, no sólo cuando causen dolor o sufrimiento, sino cuando cometan una conducta para anular la personalidad de la víctima, o le realicen procedimientos médicos sin su consentimiento.

La mayor parte de los casos de tortura ocurre durante las primeras horas de una detención, detalló Al Husse. Particularmente, en las horas que los detenidos aún no cuentan con asistencia legal.

En el caso de Chile, las autoridades han aprobado un mecanismo para acabar con la tortura, derivado de los esfuerzos de la Convención contra la Tortura, del cual México también es firmante.

“Este mecanismo asegura a través de visitas periódicas y el diálogo colaborativo con las autoridades, el mejoramiento de las condiciones de las personas privadas de libertad y sus condiciones en los centros de detención”, detalló Lorena Fries, subsecretaria de derechos humanos del Ministerio de Justicia chileno.

Fries señaló que la tortura debe ser reducida con salvaguardas tales como notificaciones inmediatas a la familia a la hora de una detención, acceso a los abogados durante el arresto y reformas a la cultura policial.

En esté sentido la voluntad del Estado es crucial para vencer esta práctica, señaló Mark Fallon, ex agente del Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos.

“Desde que Barack Obama tomó la Presidencia y se inició un programa de investigación. Y ha habido más de 100 estudios de investigación, todos desclasificados”, dijo Fallon sobre los esfuerzos por rastrear cómo se estaba obteniendo información en el sistema penal de los Estados Unidos, lo que sacó a la luz las violaciones de derechos humanos.

Fuente: vanguardia

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Mario Meneses

Policías y #militares, autores de #tortura y asesinatos en México: Depto. de Estado de EU. #DerechosHumanos


Participación de autoridades en abusos, arrestos arbitrarios, tortura y violencia contra periodistas, son algunos de los problemas más graves de México en materia de derechos humanos, de acuerdo con el documento Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos de 2016, publicado por el Departamento de Estado de EU.

Entre las violaciones a derechos humanos en México, el informe menciona la participación de policías y militares en abusos como asesinatos, tortura y desapariciones, así como la corrupción en el sistema legal. También destaca los homicidios, secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado contra periodistas, ciudadanos y defensores de los derechos humanos.

El documento señala, además, que en el país persisten arrestos arbitraros, violencia contra los migrantes e indígenas, agresiones contra la comunidad LGBT y trabajo infantil.

“La impunidad de los abusos a los derechos humanos continúa como un problema a través del país con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento de todas las formas de delitos“, agrega el informe.

El documento menciona las ejecuciones extraoficiales cometidas por militares y policías en Tanhuato, Michoacán; Calera, Zacatecas y Tlatlaya, Estado de México.

Además, denuncia los asesinatos cometidos por grupos criminales e informa que de enero a agosto de 2015 “las autoridades descubrieron más de 724 cuerpos en varias fosas clandestinas a lo largo del país”.

El documento denuncia que raramente hay investigación, enjuiciamiento y sentencias por el delito de desaparición. “Hubo muchos reportes de desaparición forzada por parte de fuerzas de seguridad. Hay numerosos casos de desapariciones relacionadas a grupos criminales. En su recolección de datos, el gobierno a menudo juntó personas desaparecidas con personas extraviadas, haciendo difícil recolectar estadísticas correctas sobre la extensión del problema“, agrega.

El secuestro “sigue siendo un problema serio para personas de todos los niveles socioeconómicos, y hubo reportes creíbles de involucramiento de policías en secuestros por rescates, a menudo a nivel estatal y local”.

El Departamento de Estado también asegura que pese a que la tortura está prohibida por la ley, hay reportes de su uso por parte de oficiales gubernamentales para obtener confesiones. “No hay un registro nacional de casos de tortura y existe falta de datos en casos de tortura a nivel estatal”, detalla.

Sobre la libertad de expresión y prensa, “el gobierno generalmente respetó estos derechos” afirma el reporte, pero posteriormente señala que “perpetradores de violencia contra periodistas continuaron con impunidad, con pocos reportes de investigación, arrestos o enjuiciamientos exitosos de sospechosos”.

“Observadores creen que el crimen organizado está detrás de algunos de estos casos, pero ONG’s afirmaron que hubo casos en los que autoridades del gobierno local participaron o condonaron  estos actos”, expresa el documento.

Fuente; aristeguinoticias

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Mario Meneses

Cuerpos policíacos son usados en México por los gobernadores o presidentes municipales, para seguir torturando, extorsionando o arrestando conforme a sus intereses.


Policía en México nos pone nerviosos, en lugar de dar confianza: Dresser

por Redacción AN diciembre 15, 2014 12:02 pm

La politóloga Denise Dresser lamentó que en México las policías provoquen nerviosismo en la ciudadanía, en lugar de brindar confianza.

En la Mesa Política de Noticias MVS, habló sobre el reportaje de Proceso, que señala que la Policía Federal estuvo involucrada en el ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

“Es un vuelco a la historia oficial”, comentó. Y es que el procurador Jesús Murillo Karam había dicho que no fue un crimen de Estado porque no participaron fuerzas federales, sin embargo, a través de la PF sí lo habría hecho.

Recordó que la confianza en la policía cayó 10 puntos porcentuales según recientes encuestas.

Se trata de la policía que nos lleva a estar nerviosos por ser detenidos o, en el otro extremo, asesinados y convertirnos en el número 44.

Por ello, consideró que resulta insuficiente el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y corrupción, porque no encara la crisis que abarca a la policía en el país.

Un cambio con los ojos bien cerrados es un ejemplo más de la ocurrencia política, señaló.

El presidente no responde a qué tipo de policía queremos, aunque ya sabemos cuál no, que es evidentemente la policía de Iguala.

La coyuntura devela una institución que nadie quiere tocar porque sirve como instrumento de control político, indicó Dresser.

La doctora expuso que los cuerpos policiacos son usados en México por los gobernadores o presidentes municipales, para seguir torturando, extorsionando o arrestando conforme a sus intereses.

Son estos cuerpos quienes se vuelven cada vez más odiados en vez de que se les respete. Por ello urgió reformar a la policía, comenzando por responder la pregunta: ¿qué policía queremos?

Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos, la doctora le hizo algunas preguntas a la PGR:

“¿Cómo va a poder afirmar de ahora en adelante que no fue el Estado en (el caso) Ayotzinapa, cuando hubo involucramiento de la Policía Federal y el Ejército?”.

“¿Por qué el procurador se congratuló de que el Ejército no se había involucrado, ahora resulta que el Ejército sí estaba involucrado y del lado de la Policía Federal?”.

“Parecería que como en el caso de Tlatlaya, el Ejército participa en un asesinato de civiles, ¿bajo el mando de quién?”.

Todo esto, el gobierno necesita aclararlo y con urgencia, subrayó. 

Los cuerpos policiacos son una institución que nadie quiere tocar porque sirven como instrumento de control político, indicó.

Saludos

@MarioMeneses_

Escenarios de la #Tortura por @InsydeMx


Después de firmar la declaración falsa, el detenido es presentado ante los medios de comunicación y el Ministerio Público como culpable de algún delito.

Por: Ernesto Cárdenas Villarelo

Hablemos de tortura: supongamos que existe un ciudadano que nunca en su vida ha tenido el más mínimo encuentro con representantes de la ley, pero sabe que la policía está facultada para solicitar o exigir la modificación de ciertas conductas que violan las leyes o reglamentos aplicables; además está informado que todo policía, sin excepción, ha sido perfectamente capacitado y entrenado para aplicar la fuerza necesaria, incluido el uso de armas de fuego de acuerdo a normas y procedimientos establecidos y actualizados. No tiene duda de que la policía puede invitarlo, someterlo, detenerlo y conducirlo sin dilatación ante la autoridad correspondiente para deslindar cualquier tipo de responsabilidad que se le impute; tampoco tiene duda que sus derechos serán plenamente respetados y que puede seguir su proceso en libertad porque la ley presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Este ciudadano no tiene el menor asomo de desconfianza porque la policía le subraya sus derechos y con seriedad acude o acata la convocatoria de los representantes de la ley.

Desafortunadamente, el perfil de este ciudadano no existe en México; menos aún las condiciones institucionales para que se desarrolle. La mayoría de las experiencias de primer contacto con policías describen hechos totalmente contrarios al ideal. Cualquier ciudadano tiene suficientes razones para preocuparse en caso de cualquier contacto con la policía y reaccionar, con verdadero terror, cuando se percibe como finalidad la detención sin justificación. El problema con la detención no es en sí el hecho mismo de la detención en un Estado de Derecho, sino la frecuencia de su ilegalidad en un régimen de inseguridad e injusticia como el que vivimos los mexicanos. Aquí comienzan los verdaderos problemas.

Supongamos que este hipotético y desafortunado ciudadano es detenido con violencia cuando circulaba por una calle poco transitada y exige una explicación de su detención; como respuesta recibe insultos, amenazas, golpes y es subido a una patrulla de policía con lujo de violencia, donde se le identifica como socio de una banda de delincuentes, se le extraen sus pertenencias, tarjeta bancaria y se le exige dinero para liberarlo; es conducido a un cajero automático y después a su domicilio para completar el monto requerido; tanto él como la familia es informada de la supuesta conducta delictiva del detenido y todos son advertidos de evitar cualquier denuncia ya que “la situación se puede complicar”.

Este escenario es muy frecuente en zonas urbanas pobres, las víctimas son principalmente jóvenes de sexo masculino −también mujeres son objeto de abusos, nadie está exento. Los patrones de detención registran muchas variaciones: por ejemplo, el detenido puede ser conducido en casos extremos a “casas de seguridad” a merced sólo de la policía; también puede ser obligado a declararse culpable o señalar a terceros incluso desconocidos; con frecuencia la policía “siembra” evidencia como drogas y armas y así los detenidos son presentados ante el agente del Ministerio Público, siempre bajo amenaza; en otros casos, aparece el policía “bueno”, cuya finalidad es pedir sumas de dinero sólo para “ayudarlo”, la escena es acompañada de amenaza subyacente, implícita. En otros casos, cuando la víctima se atreve a denunciar hechos de tortura y extorsión, incluso casos de robo con violencia, se revierte en su contra y el denunciante resulta inculpado, detenido y torturado por los mismos perpetradores, en este caso por los mismos policías. O en situaciones extremas de tortura con resultado de muerte o de serios daños físicos o sicológicos irreparables, el caso se convierte de “alto impacto” y con sorprendente eficacia se ubican culpables (auténticos o designados); con mucha frecuencia estos casos son celosamente resguardados y simplemente no pasa nada.

Los casos de tortura se convierten en un hecho público hasta que son denunciados por organizaciones nacionales o internacionales especializadas en la defensa, la promoción y el litigio de casos graves de violación a los derechos humanos, aunque son poco reconocidos por las autoridades aun cuando las disposiciones provengan de las cortes internacionales de derechos humanos. Se generan observaciones, recomendaciones y con cierta frecuencia se declaran compromisos oficiales para erradicar la tortura. En otros casos todo se niega: “aquí no hay tortura”. Con todo, el ciclo de la tortura se reproduce en todos lados, la tortura se multiplica en circunstancias y escenarios propicios donde la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas se constituyen en cultura institucionalizada. La tortura es generalizada pero también sistemática, al menos en zonas específicas, donde existe evidencia de una clara intencionalidad; hay estudios en proceso que demostrarán que la sistematicidad en zonas específicas existe o se presentó con especial gravedad en el último sexenio.

Volviendo a nuestro hipotético ciudadano, su caso seguramente pasará a engrosar las estadísticas de la impunidad, si acaso se registrará en una base datos de nula utilidad y será muy difícil identificar si fue objeto de actos de tortura o no. Nadie lo sabrá, nadie lo investigará y nadie reparará el daño sufrido. Recordemos que la ley permite tres formas de detención: en flagrancia, en caso urgente (por riesgo de evasión o falta de otras condiciones) y por orden judicial. A este ciudadano no le aplica ninguna de las tres, aun así es detenido. Fin de la historia.

La razón de su detención la podemos apreciar desde otro ángulo nada anecdótico, por razones incluso ajenas al mal desempeño policial. Las estadísticas judiciales señalan que el 60% de las detenciones en México son en flagrancia (muchas de ellas en realidad son “flagrancia simulada”). Nuestros policías son buenísimos para identificar sospechosos con tan sólo su mirada penetrante y, por esa vía, detectar “actitudes nerviosas” y “descubrir” culpables de delitos; a veces es suficiente el olor de la persona, que es un recurso muy utilizado para sumar “casos de éxito” y abultar las estadísticas de eficacia policial. La publicidad de estos datos es un auto engaño. Entre 2006 y 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) arraigó a 6 mil personas, de las cuales sólo fueron consignadas 120; desde entonces el nivel de ineficacia en el uso y abuso de esta figura ha sido reiterado en múltiples ocasiones por especialistas nacionales e internacionales.

A pesar de las demandas para eliminar el arraigo del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerarlo espacio donde la tortura se practica, la figura llegó constitucionalmente para quedarse desde la reforma penal de 2008. Es claro que una persona detenida en flagrancia (o flagrancia simulada) tiene mayores probabilidades de ser objeto de algún tipo de abuso o tortura que una persona detenida por orden judicial, y en el primer supuesto muchos ciudadanos estamos de hecho (probabilístico) en situación de riesgo. Los resultados de una encuesta difundida por Amnistía Internacional (AI) no dejan lugar a dudas, sostienen que el 64% de los mexicanos temen ser torturados en caso de detención y otros muchos afirman estar de acuerdo con la tortura. Sin duda la defensa judicial de las víctimas para la reparación del daño por tortura es indispensable, pero surge una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con las policías y el Ministerio Público cuando existe en la práctica un 100% de impunidad histórica en casos de tortura?

Insyde desarrolla actualmente un esfuerzo institucional para impulsar la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México. Hace dos años comenzamos unos cuantos, hoy estamos en 15 entidades federativas, en donde un cada vez mayor número de actores oficiales, mandos, operativos y personal administrativo y de las áreas jurídicas, académicos, sociedad civil organizada y víctimas participan en “Acciones contra la tortura”.

Decidimos posicionar el tema de la tortura en la agenda de seguridad pública y de procuración de justicia mediante la difusión de las siguientes herramientas: 1) Una ley especial para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos de tortura, para promocionarla en los congresos de los estados con la esperanza de que se apruebe; tampoco perdimos de vista la necesidad de impulsar un iniciativa de orden general y en eso seguimos trabajando. 2) Una guía para investigar el delito de tortura para agentes del Ministerio Público, porque falta profundizar en los aspectos y estrategias efectivas para cambiar la tradición que menosprecia el problema de la tortura en los procesos judiciales; esto no ha sido fácil.3) Un protocolo para el ejercicio y control de uso de la fuerza legítima con enfoque de derechos humanos y centrado en la detención, ya que confirmamos que la cultura policial se asienta en procesos reactivos antes que preventivos y es necesario desarrollar efectivos controles internos y externos al desempeño policial; la Campaña sigue trabajando junto con las policías y sus mandos en acciones para su implementación. 4) Un sistema de registro de personas detenidas por cualquier autoridad sobre una plataforma en línea de captura, para su implementación en cada etapa del proceso judicial, comenzando con la detención, esto porque confirmamos que las resistencias reales al control interno son abrumadoras y es necesario romper el ciclo de la tortura por diversos frentes. 5) Una base de datos en línea para el registro de casos de tortura, con el objetivo de evidenciar su incidencia y prevalencia en todo el país; no pretendemos sustituir la función del estado en materia de información, pero sí la negligencia de las autoridades para generar información estadística confiable sobre tortura. Y 6) Una guía para promover la defensa de los derechos de las víctimas de tortura basada en la ley general de víctimas.

Como complemento a las herramientas de la Campaña diseñadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos de tortura, y con la finalidad de impulsar su conocimiento sistemático, se diseñó una estrategia de promoción, posicionamiento y capacitación, articulada a una población objetivo compuesta de: policías, agentes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Asimismo, se diseñó una plataforma de capacitación a distancia para involucrar de manera directa a sectores amplios de la población objetivo; este método se complementa con la distribución de discos compactos y la difusión por medio de conferencias, talleres presenciales, mesas redondas y foros. Con la base de acuerdos interinstitucionales de la Campaña, se permitirá involucrar a 3 mil servidores públicos y ciudadanos de manera directa; y aproximadamente a 9 mil funcionarios y ciudadanos de manera indirecta.

Hemos avanzado pero no lo suficiente, es necesario que la población esté informada y asuma una posición de lucha contra la incidencia del flagelo que es la tortura. Es imprescindible que las autoridades sepan que somos más los que no queremos más tortura, que aquellos que la practican y la encubren; y que no cederemos un paso a la tortura en México. Los invitamos a seguir nuestras acciones y a sumarse a esta Campaña, dará mucho qué hablar en los próximos meses y años.

* Ernesto Cárdenas Villarello es coordinador Técnico de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México, de Insyde ecardenas@insyde.org.mx

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2014/09/09/escenarios-de-la-tortura/#ixzz3CsaSNdGw

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@MarioMeneses_

Protocolo de Estambul (Tortura,Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos y Degradantes.)


El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.

Tortura policial.

Fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2000. El propósito del protocolo de Estambul es el servir como una guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura, y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

El manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente de cómo reconocer y documentar síntomas de tortura, asi la documentación puede ser útil como evidencia válida en la corte.

Como tal, el Protocolo de Estambul provee una guía útil para los doctores y abogados que desean investigar el si una persona ha sido torturada o no, y reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

El Protocolo de Estambul no es un Acuerdo ni un Tratado que requiera de la firma y ratificación de los países para su aplicación. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (el Protocolo de Estambul) es el primer conjunto de líneas básicas internacionales para la investigación y documentación de la tortura. Facilita guías prácticas y comprensivas para la valoración de aquellas personas que alegan haber sido torturadas y maltratadas, para la investigación de casos. En ese sentido, las aportaciones del Protocolo son propuestas técnicas de investigación interdisciplinaria (médica, psicológica y jurídica), y por lo tanto dirigidas tanto a peritos, como a abogados e investigadores. También el Protocolo es muy claro en señalar que la validez de los resultados de investigación implican garantías de PRONTITUD, EXHAUSTIVIDAD, IMPARCIALIDAD e INDEPENDENCIA.

El protocolo de Estambul fue creado por mas de 75 expertos en leyes, salud y derechos humanos durante tres años de esfuerzo colectivo, involucrando mas de 40 organizaciones diferentes incluyendo al Consejo Internacional de Rehabilitación de las Víctimas de Tortura. El extenso trabajo fue iniciado y coordinado por la Comisión de Derechos Humanos de Turquía (Human Rights Foundation of Turkey – HRFT) y lo Médicos por los Derechos Humanos de Estados Unidos (Physicians for Human Rights – PHR USA).

Descarga: la Guía del Protocolo de Estambul

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@MarioMeneses_